JNE SE ENFRENTA AL PODER JUDICIAL: ROBERTO TORRES VUELVE A SENTARSE EN EL SILLÓN EDIL

Pese a que el alcalde se reconoce como sentenciado al ajustarse a las normas de conducta, firmar el registro ante el juzgado y pagar parte de la reparación civil, el Tribunal Electoral se enmienda de la suspensión al reconocer que se vulneró el debido proceso y la tutela del líder de Manos Limpias. De esta forma, Roberto Torres Gonzales recobra sus capacidades como burgomaestre de Chiclayo, luego que el Jurado Nacional de Elecciones declarara fundado el recurso de reconsideración que solicitó en octubre.

Con la resolución N° 968-2012, del 26 de noviembre, el JNE por mayoría dispuso declarar fundado el recurso extraordinario interpuesto por Roberto Torres Gonzales contra la Resolución N.° 858-2012, del 25 de septiembre pasado, con la que se aprobó por unanimidad suspenderlo en el ejercicio edil. En consecuencia, el organismo electoral también declaró improcedente la solicitud efectuada por la doctora Yolanda Gil Ludeña, jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, quien pidió la suspensión del alcalde al remitir las copias certificadas de la sentencia que el 22 de mayo dio la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque contra Roberto Torres al hallarlo culpable del delito de peculado de uso en agravio del Estado (Municipalidad de Chiclayo).

Como se recuerda, el pedido de la jueza versó en hacer efectiva la inhabilitación considerada para un período de dos años en la sentencia judicial. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones, que al suspender de manera provisoria al alcalde encargó la titularidad de la comuna a la regidora Elizabeth Montenegro Dávila, declaró suspendida la credencial que extendió a favor de esta, al igual que la conferida a Fernando Herrera Bustamante, quien asumió provisionalmente el cargo de regidor.

Quiere decir que el JNE restablece todas las facultades de Roberto Torres como alcalde, luego de haberlo separado durante dos meses del cargo en el que fue reelecto en octubre del 2010 para el período 2011 – 2014. En el quinto artículo de la parte resolutiva, el JNE dispone también remitir a la Fiscalía Suprema de Control Interno y a la Oficina de Control de la Magistratura, para los fines correspondientes, las copias certificadas del Oficio N.° 1488-2011, del 19 de setiembre de 2012, presentado por Gil Ludeña al Tribunal Electoral con el que dio cuenta de la sentencia dada contra el alcalde, así como del Oficio N.° 2012-1247, que el juez Óscar Tenorio Torres, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo alcanzó al JNE comunicando que aún se mantiene vigente la segunda medida cautelar que expidió a favor del edil, suspendiendo los efectos de la sentencia.

Argumentos a favor
Según los magistrados Baldomero Ayvar Carrasco, Luis Legua Aguirre y José Velarde Urdanivia, quienes votaron a favor de la reconsideración que Roberto Torres solicitó al JNE el uno de octubre, el recurso extraordinario se declaró fundado porque si bien el 25 de setiembre se decidió inhabilitar al alcalde, en fecha posterior se remitió oficio al juez del Tercer Juzgado Civil para requerir información sobre el proceso constitucional en curso.

Al respecto, con fecha 25 de octubre de 2012, el juzgado remitió las copias certificadas de la medida cautelar que declaró la suspensión total de los efectos jurídicos de la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones contra el edil. “Al ser esto así, la medida cautelar se encuentra vigente en razón del artículo 16 del Código Procesal Constitucional, que señala que ‘la medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada’, hecho que hasta el momento no se ha verificado, pues no se ha emitido resolución final en el proceso de amparo a través del cual se dictó dicha medida. En ese sentido, se observa que la Resolución N.° 858-2012-JNE, de fecha 25 de setiembre, sí ha vulnerado el debido proceso y la tutela procesal efectiva del recurrente”, fallaron los tres integrantes del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, dándole plena razón a Roberto Torres.

Dijeron que no
En oposición al fallo de la resolución, los doctores Hugo Sivina Hurtado, reciente expresidente del JNE, y José Pereira Rivarola, votaron en contra de declarar fundado el recurso de reconsideración que beneficia a Torres Gonzales, argumentando que si bien el alcalde obtuvo una medida cautelar favorable en el marco del proceso constitucional de amparo en el que viene cuestionando la sentencia penal en la que se le impuso la sanción de inhabilitación, en lo que respecta a los pronunciamientos sobre el fondo de la pretensión, debe indicarse que, en segunda instancia, su demanda de amparo constitucional fue declarada infundada por la Sala Constitucional de Lambayeque que preside el magistrado Manuel Huangal Naveda y conforman los jueces Enrique Rodas Ramírez y Edwin Figueroa Gutarra, lo que ha motivado que el alcalde interponga el respectivo recurso de agravio constitucional, generando ante el Tribunal Constitucional el Expediente N.° 4298-2012-PA/TC, el mismo que fue visto el miércoles último en audiencia pública.

“En el presente caso, el alcalde no agotó los recursos internos previstos por la jurisdicción penal, ya que encontrándose dentro del plazo legal para interponer el recurso de casación, optó por interponer directamente la demanda de amparo constitucional. No solo ello, sino que, al momento de interponer la demanda antes mencionada, la resolución judicial cuestionada – es decir, la sentencia condenatoria – no se encontraba firme, precisamente porque cabía la posibilidad de interponer el recurso de casación. Si esto es así, la demanda y, consecuentemente, el pedido de otorgamiento de medida cautelar, resultaban manifiestamente improcedentes”, exponen Sivina Hurtado y Pereira Rivarola.

“No pueden desconocerse las graves consecuencias que genera la inadecuada regulación no solo de las medidas cautelares, sino, en general, la estructura del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. En efecto, resulta cuestionable y contrario a la estructura orgánica y jerarquía jurisdiccional, que un órgano constitucional de primera instancia se encuentre legitimado normativamente para dejar sin efecto una sentencia firme emitida por la más alta instancia jurisdiccional, como es la Corte Suprema o, en general, un superior jerárquico y el agotamiento de vía previa”, argumentaron los magistrados, reconociendo con ello que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones genera un enfrentamiento de poderes que a la postre perjudica la gobernabilidad e institucionalidad en la provincia de Chiclayo.

Y es que debe tenerse en cuenta que Torres Gonzales está inhabilitado para el ejercicio de la función pública, por lo que no podría ejecutar acto administrativo alguno en la comuna como la remoción de los gerentes y funcionarios que ingresaron con Elizabeth Montenegro cuando esta fue encargada de la municipalidad.

Feo momento
El retorno de Roberto Torres a la comuna se da un clima poco favorable para la segunda gestión que inició en enero del año pasado, debido a las denuncias que se han hecho públicas sobre malos manejos económicos y administrativos al interior de la comuna. Uno de esos casos es el de 12 cartas fianzas falsas que fueron presentadas por empresas contratistas con la municipalidad para la ejecución de obras, algunas de ellas hoy abandonadas.

Una carta fianza fue otorgada por una persona identificada como Fernando Levaratto Huamán, quien aparece en la RENIEC como fallecida. Por este tipo de irregularidades, el Ministerio Público abrió la Carpeta Fiscal N° 1020-2012, en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, donde están inmersos como investigados José María Cajo Ramírez y Genaro Segura Azaña, ambos comprendidos en un proceso penal por el presunto delito de falsificación de documentos, al haber presentado cartas fianzas para el proceso de buena pro de la adjudicación de menor cuantía N° 21-2010-MPCH-CAP para la obra “Mejoramiento de la capacidad operativa de las redes de agua potable y alcantarillado de la avenida Prolongación Bolognesi”.

Entra las empresas que contrataron con la gestión de Torres Gonzales valiéndose presuntamente de documentos falsos se encuentran “General S.A.C”, “Consorcio Arizola”, “K y L”, “Consorcio Supervisor Chiclayo” y “J.M Contratistas”.

Los anticipos
A ello se suma la no rendición de cuentas sobre más de seis millones de soles que la municipalidad otorgó a autoridades y funcionarios desde 1999 por concepto de mil 205 anticipos, entre ellos el propio alcalde Torres y regidores de su agrupación política. El monto asciende a seis millones 398 mil 481 soles dados por viáticos, obras por convenio del presupuesto participativo, así como anticipos a contratistas y proveedores.

Según documento remitido por el área de Contabilidad entre los beneficiados figura Roberto Torres Gonzales, por tres anticipos que suman un total de mil 645 soles. A él lo acompañan los ex funcionarios César Regalado Rodríguez, Miguel Quevedo Ubillús, Juan Linares Zapata, Yolanda Benavides Campos, Luis Bazán Centurión, Jesús Yesquén Bances, Julio García Torres, Iván Pérez Solf, Percy Quesquén Díaz, Norma Muro del Castillo, Germán Vásquez Merino, Manuel Fernández Rodríguez, Martín Villanueva Velezmoro, Cristhian Soriano Castro, Manuela Pejerrey Campodónico, Juan Porturas Quijano, Jorge Incháustegui Samamé, Fernando Buendía Fernández, Carlos Santa Cruz Alarcón, José Sosa Saavedra, José Cárdenas Reynaga y Antonio Durand Vásquez.

Asimismo, no rinden cuentas los regidores oficialistas Marco Arrascue Pasapera, Rolan Alarcón Rojas, Celinda Ortíz Prieto, Guido Sánchez Requejo y Fernando Herrera Bustamante.

Denuncia por patrocinio ilegal
Por otro lado está la reciente denuncia penal formulada por el Ministerio Público contra Torres Gonzales en la que también se incluye al alcalde leonardino Raúl Cieza Vásquez, su hermano, ex funcionario de la comuna provincial, y a la presunta pareja sentimental del edil chiclayano. El fiscal superior Enrique Morales Saldaña pidió a la fiscalía provincial penal acusar a Torres Gonzales y a Katiuska Del Castillo Muro, así como al alcalde de José Leonardo Ortiz, Raúl Cieza Vásquez y a su hermano Filiberto Cieza Vásquez, por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado.

Los hechos materia del proceso se infieren de la denuncia presentada por el ciudadano Wilder Joel Rojas Salcedo, quien señaló que Katiuska Del Castillo se encuentra sentimentalmente relacionada con el alcalde Roberto Torres Gonzales y fue favorecida con una plaza en la función pública en la comuna leonardina, y que de la misma forma Filiberto Cieza Vásquez, hermano del alcalde distrital fue beneficiado con un cargo de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

El fiscal superior penal, en su análisis y sustento, advierte que durante la investigación preparatoria se han recabado los indicios razonables, suficientes y fundados que permite colegir que entre los imputados Roberto Torres y Raúl Cieza, ha existido un recíproco patrocinio en su condición de alcaldes.

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GUILLERMO SEGURA DÍAZ: “SE HA VIOLENTADO UNA VEZ MÁS EL ORDEN CONSTITUCIONAL”

El regidor provincial Guillermo Segura Díaz muestra su disconformidad ante la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, señalando que el fallo agudiza la inestabilidad institucional de la comuna. “Considero que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones ha violentado una vez más el orden constitucional y se ha puesto en duda la existencia de un Estado de Derecho. La Constitución fija los organismos y poderes del estado con facultades de administrar justicia, el Estado de Derecho exige el cumplimiento de las sentencias y así una efectiva tutela jurisdiccional, es obvio que la cosa juzgada es inmodificable y debe ser ejecutada”, señala el concejal.

Añade que la jurisdiccional penal ha concluido con una sentencia firme y ejecutoriada y el sentenciado concurre a firmar al juzgado como lo hace todo sentenciado que cumple una condena en libertad.

“La jurisdicción constitucional ha revocado la primera irregular medida cautelar otorgada por un juez procesado por la ODECMA y por una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte de Lambayeque se revoca el amparo a favor del sentenciado, por lo que queda solo por resolver un recurso de agravio constitucional por el Tribunal Constitucional. Por último la jurisdicción electoral, ha dejado sin efecto una inhabilitación aplicada a solicitud de la juez de ejecución Penal, pero el JNE tiene vencido todos sus plazos para pronunciarse sobre el pedido de suspensión y vacancia inevitable en estricta aplicación de lo sancionado por la Ley Organiza de Elecciones. Por Lo Tanto, el final de la corrupción es un tema ya zanjado y el regreso del señor Torres es breve, mientras se pronuncian estos organismos sobre el tema de fondo: suspensión y vacancia de un condenado con sentencia firme y ejecutoriada. He aquí el fundamento legal y político de nuestra posición”, asevera Guillermo Segura.

Cifras
• En los dos últimos que Elizabeth Montenegro estuvo al frente de la alcaldía, la Procuraduría municipal presentó 15 denuncias contra ex funcionarios de Roberto Torres.
Semanario Expresión 

ACUERDO PARA UNA RED DE CIUDADES SURAMERICANAS

La Red de Ciudades Sudamericanas nació en Bogotá impulsada por el alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro, quien asumirá la coordinación inicial de este nuevo ente que agrupa a quince grandes urbes latinoamericanas y tiene como objetivo promover un espacio de integración en el continente.

El acto de constitución de este espacio se celebró en la Alcaldía de Bogotá con la participación de Petro, del alcalde de Quito, Augusto Barrera, y de su colega de Lima, Susana Villarán. Petro destacó la importancia de que las ciudades y las capitales se coordinen para hacer frente a problemáticas comunes ante unos Estados muchas veces inoperantes, al tiempo que deseó que la nueva asociación sea una "voz política en el contexto mundial".

"Estamos lanzando un grito, un grito de trabajo conjunto entre ciudades", una alerta que se da en el momento en que "se agota la relación entre naciones", explicó Petro frente a sus colegas andinos.

"Las naciones, reunidas, no son capaces de resolver los problemas fundamentales de la humanidad como el cambio climático", agregó Petro, que fue más allá: "las naciones terminan convocando a la guerra y las ciudades convocan a la paz".

En la agenda común del nuevo ente destacan la salud, la equidad y el medio ambiente.
Forman la Red las 12 capitales de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur): Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, La Paz, Asunción, Brasilia, Quito, Lima, Bogotá, Caracas, Paramaribo y Georgetown, así como las brasileñas Rio de Janeiro y Sao Paulo, al igual que Ciudad de México, en condición de invitadas.

En la constitución, el alcalde de Quito señaló que los mayores desafíos de los países suramericanos los representan sus ciudades, aunque también apuntó que "las potencialidades de resolver esos problemas también radican allí".

La Red de Ciudades Sudamericanas nace al tiempo con la celebración de la Cumbre de Ciudades y Cambio Climático en la capital colombiana, que durante tres días debate políticas comunes que pongan freno a los efectos del calentamiento global.

La Cumbre, que se inauguró ayer con la presencia de una treintena de representantes de grandes urbes de América Latina y el Caribe, discute durante tres días problemáticas como el transporte o la recogida de basuras para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Bogotá asume la coordinación inicial y la construcción de esta asociación que celebrará su próximo encuentro en Quito.

El texto del acuerdo suscrito es el siguiente:

ACUERDO DE VOLUNTADES

Hacia una Red de Ciudades Suramericanas

Nosotros los alcaldes de la Ciudad de Bogotá Distrito Capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima, El Distrito Metropolitano de Quito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Municipalidad de Caracas, la Municipalidad de Asunción, la Ciudad de Montevideo, la Prefeitura do Rio de Janeiro; reunidos en la Ciudad de Bogotá el 20 de noviembre de 2012.

Teniendo en cuenta los procesos de urbanización, de transformación y crecimiento de las ciudades y la dinámica de la movilidad humana que ha conducido a que hoy 4 de cada 5 personas vivan en zonas urbanas como resultado de la metropolización acelerada de la región, especialmente en Suramérica.

Reconociendo el papel que los Gobiernos Locales han adquirido como gestores del desarrollo sustentable, el buen gobierno, la promoción de los derechos de los ciudadanos y la interculturalidad; y su rol en la solución de problemas y desafíos globales tales como la seguridad ciudadana, la ecomovilidad, la planificación urbana, el desarrollo económico y el medio ambiente sustentable.

Confirmando el liderazgo activo que tienen los gobiernos locales en los diferentes escenarios internacionales para encontrar espacios de cooperación, incluyendo la cooperación Sur-Sur que permiten abordar y buscar estrategias conjuntas para lograr la cohesión y la equidad social y territorial.

Reconociendo la importancia de establecer un espacio de integración, participación y diálogo entre las ciudades suramericanas para avanzar en el desarrollo sustentable y el buen vivir de nuestros pueblos, así para contribuir a abordar y resolver los problemas que aun afectan la región a través del fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los gobiernos locales.

Renovando el compromiso de los pueblos suramericanos por la no violencia y ratificando la vocación de paz de nuestros pueblos como base fundamental para la convivencia y el progreso.

Basados en la autonomía y competencias propias de las ciudades y sus respectivos gobiernos para promover la cooperación regional como instrumento para el logro de sus objetivos de desarrollo.

Acuerdan trabajar hacia la construcción de una Red y constituir de manera participativa y consensuada, una plataforma de integración y unión que fomente el diálogo entre los gobiernos locales, que contribuya a fortalecer una identidad y ciudadanía suramericana, que promueva e intercambie buenas prácticas para fortalecer políticas de cohesión y equidad social. Este espacio de integración, buscará soluciones innovadoras a problemas comunes para afrontar conjuntamente los desafíos de Siglo XXI y avanzar en el desarrollo económico, social, cultural y político entre sus pueblos, mediante modelos ambientalmente sustentables y fortaleciendo la democracia participativa e intercultural.
Diariovasco.com

INVESTIGAN PRESENCIA DEL MOVADEF EN LA PEDRO

La ideología del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) estaría filtrándose en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, reveló el jefe de la II Diterpol, coronel Jorge Linares Ripalda, luego de recibir importante información de la Unidad de Inteligencia.

El oficial dijo que ya se han identificado a los universitarios que apoyarían a la agrupación; sin embargo, esto fue desmentido tanto por el rector de la casa superior de estudios, Agustín Ramos García, como el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, David Vílchez Estela. “Nosotros estamos en contra de estas versiones de la policía que señalan que hay 25 estudiantes de la universidad (Pedro Ruiz Gallo) con tendencias al Movadef. Incluso dicen que hay 11 que pertenecen al comedor universitario, pero lo descartamos, aquí todos los estudiantes estamos tranquilos y sin agitaciones de ese tipo de ideología”, declaró el representante de los universitarios.

Indicó que en respuesta a ello han programado una marcha este 5 de diciembre para deslindar cualquier acercamiento con la cuestionada agrupación.

Ramos García reveló que hasta el momento no se ha podido encontrar ningún indicativo que pueda demostrar la existencia del Movadef en la universidad. “Aquí hay cerca de 15 mil alumnos, 900 docentes y mil administrativos, y hasta el momento no tenemos ningún indicio de este tipo de agrupación. Lo que estamos impulsando es mantener a los alumnos más ocupados en actividades académicas y no en otras cosas que o estén relacionadas con la ciencia y el conocimiento”.

Sin embargo reconoció que un grupo de agentes de la Dircote intervino en la universidad para recabar valiosa información, por lo que dijo que se mantienen alerta ante esta situación. “No lo descarto porque eso lo deben hacer los especialistas, nos solidarizamos con la Universidad San Marcos por esto y desde la Asamblea Nacional de Rectores hemos rechazado todo tipo de terrorismo venga de donde venga, porque nos enmarcamos al respeto de la Constitución”,  expresó.
RPP

PLANES DE ORDENAMIENTO DE CHICLAYO

AÚN NO ESTÁN APROBADOS, PERO DESDE EL 2013 EMPEZARÁN A SER OBSOLETOS
A fines del 2008 la Municipalidad de Chiclayo convocó a los colegios profesionales e instituciones de la sociedad civil para participar de la elaboración de los planes de Acondicionamiento Territorial de la provincia y Desarrollo Urbano, herramientas que desde hace dos años están encajonadas en algún rincón de la comuna y que hasta el momento no han sido sometidas a la aprobación del concejo. Lo triste es que en unos meses, los valiosos documentos empezarán a ser inutilizables.

Casi tres años de trabajo concertado y aproximadamente 500 mil soles que no le costaron a la Municipalidad de Chiclayo se perderían de continuar el desinterés de la actual gestión edil en aprobar y poner en ejecución dichos documentos, desinterés al que debe sumarse el que evidenció durante más de año y medio, desde el 2011 hasta septiembre pasado, el ex titular de la comuna Roberto Torres Gonzales. Desde que se inició el proceso de elaboración de ambas herramientas técnicas, el arquitecto Carlos Paredes García, hoy decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, fue una de las figuras más visibles del trabajo, liderando el equipo de profesionales que laboró representando a diversas instituciones, como universidades, organizaciones civiles, municipios distritales y el Gobierno Regional.

En compás de espera 
Ad portas de cumplirse dos años desde que los estudios fueron finalizados, Paredes García expresa su preocupación, toda vez que la no aplicación de los planes de ordenamiento y desarrollo han agudizado los problemas de la ciudad, complicándose aún más el desorden, el caos vehicular, el crecimiento habitacional sin parámetros urbanísticos, el deterioro de las zonas monumentales y el daño mediambiental. “El Colegio de Arquitectos se comprometió fuertemente en la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, estuvimos liderando proceso e incluso se han logrado las aprobaciones del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la falta de decisión política del alcalde pasado y, me parece, de la alcaldesa actual, evita que estos planes se lleven al concejo para su debate y aprobación”, señala Paredes García.

El decano de la orden profesional refiere que una de las posibilidades por las que la burgomaestre Elizabeth Montenegro Dávila no ha realizado acción alguna que posibilite la aprobación de los estudios es que no tiene mayoría en el pleno edil, hecho que truncaría la votación favorable que se requiere para poner en marcha la ejecución de dichas herramientas técnicas. “Quizá exista el temor de que no sean aprobados y ella no quiere perder una votación, pero ya desde el próximo año los planes empezarán a ser obsoletos, porque se cumple un período de tres años y a partir de él se tiene que volver a realizar el trabajo de diagnóstico y formulación. Estos planes tienen parámetros de periodicidad de cinco años”, explica.

Aporte de la sociedad
Precisa que la elaboración de ambos planes no significó la asignación de presupuesto alguno a la comuna, toda vez que el aporte lo solventaron las propias instituciones que se convocaron para trabajar en los estudios técnicos. “Creo que es ese el asunto. Si a la municipalidad le hubiera costado, quizá hubiera puesto más énfasis en la concretización de dichos planes, pero como los actores (organizaciones) intervenimos de buena fe para que la municipalidad no tuviera que gastar en eso, se logró un gran ahorro a la comuna porque no tenía presupuesto disponible. Son casi 500 mil soles en los que se puede contabilizar todo el aporte de los colegios profesionales, universidades, ONG y demás instituciones. Es una pena que esa misma cantidad deba gastar ahora sí el municipio para renovar los planes”, informa.

Datos que se pierden
Paredes García refiere que tal como están los planes actualmente aún son vigentes, pero cada día que pasa sin que éstos se ejecuten se van desactualizando los datos que contiene. De querer aplicarse a partir del próximo año, será imperiosa la revisión de los documentos. “Dos años demoró la elaboración del trabajo y mucha información que se tiene es de los años 2009 y 2010 en que se elaboraron las propuestas, datos que han variado lógicamente y que se deberán actualizar”, manifiesta.

El decano del Colegio de Arquitectos señala que sin dirección y una visión clara de saber hacia dónde irá la ciudad en los próximos años, será muy difícil aprovechar de manera adecuada las oportunidades de desarrollo que presenta la provincia de Chiclayo. “Los planes vigentes son los que se formularon en el 92 (Plan Director elaborado en el gobierno de Arturo Castillo Chirinos), y aunque tienen mucha validez y muy buena formulación, lamentablemente ya no son aplicables porque Chiclayo de hace veinte años no es el mismo al de ahora. Hoy estamos en un momento de crecimiento, avizorando tener un puerto, con una nueva carretera que cruzará la provincia rumbo a Piura (Autopista del Sol), con más inversión inmobiliaria y movimiento económico, pero lamentablemente no tenemos un plan que permita orientar el desarrollo de la ciudad en función de todo eso”, asevera.

Acciones aisladas
El arquitecto indica que pese a que los planes siguen sin ser aprobados, muchas de las propuestas que se han formulado a partir de los estudios se han ido ejecutando de manera dispersa por el Gobierno Regional, municipios distritales y la misma comuna de Chiclayo. “Una de esas obras es el inicio de la construcción del puente Huaca Rajada – Sipán y otra es la habilitación de la avenida Fitzcarrald, que si se culminara en la parte norte podría empatar con la avenida Chiclayo y ésta conectarse con la Vía de Evitamiento lográndose el primer gran anillo vial de la ciudad”, expone.

Considera importantes los avances que se están dando entre la comuna provincial y la Cooperación Suiza para la ejecución del proyecto de manejo integral de residuos sólidos en la ciudad, sin embargo precisa que existen otros aspectos en los que urge aplicar estrategias de gestión, como el transporte, el comercio, el crecimiento inmobiliario y la conservación patrimonial. “Cada aspecto merece un proyecto específico. Por ejemplo, Chiclayo tiene el peor sistema de transporte urbano del país, y lo llamo sistema aunque no lo es, porque en lo real este no existe, debido a que los transportistas se articulan solos, hacen lo que quieren, cobran lo que quieren y nadie dice nada. Hasta ahora no se ha podido aplicar una respuesta técnica al ordenamiento del transporte público”, refiere.

En su opinión, el transporte desencadena otro tipo de problemas en la ciudad como el caos del comercio, por ejemplo. Indica que al no existir un Plan Regulador de Rutas aprobado por la comuna, hoy todas las líneas de transporte urbano diseñan su circulación de tal forma que buscan acercarse al Mercado Modelo o al complejo de Moshoqueque, agudizando aún más las limitaciones existentes para el libre tránsito.  Paredes García comenta que el Colegio de Arquitectos ha expuesto al gerente de Urbanismo de la comuna, Óscar García Checa, su disposición de contribuir en la gestión de proyectos que hagan posible la solución de los problemas que presenta Chiclayo.

“Entendemos que él está haciendo todo lo posible desde su posición y consideramos también que por el momento todos los cargos funcionales en la municipalidad pasan por un momento de incertidumbre porque hay aún inestabilidad en el gobierno edil. Ahora, yo no creo que exista temor por parte de los técnicos en emprender los cambios que la ciudad necesita, pero debe quedar claro que muchas de esas acciones son resultado de las políticas que se deciden en el concejo municipal, pero si este no se reúne o se concentra en temas intrascendentes, entonces la ciudad seguirá sin dirección”, señala Carlos Paredes.

Propuestas a la comuna
El representante de la orden profesional indica que como iniciativa del Colegio de Arquitectos se empezarán a formular alternativas de cambio, a fin de alcanzarlas a la municipalidad para su consideración técnica. “En vista que la decisión política es tan lenta para asumir con verdadero compromiso el ordenamiento de la provincia, el colegio ha decidido convocar a una serie de concursos de diseño e ideas arquitectónicas que nos planteen propuestas para la recuperación de espacios urbanos, sobre todo en el centro de la ciudad. Con estos diseños se determinará qué es lo más recomendable para Chiclayo, si peatonalizar total o parcialmente algunas calles, retirar algún tipo de mobiliario o reconvertir y mejorar espacios en el casco histórico. El objetivo es evitar que el centro decaiga ante la fuerza que tienen los centros comerciales. Un mall más en Chiclayo y el centro cae totalmente”, afirma Carlos Paredes.

A fin de generar capacidades entre los profesionales de la arquitectura para tengan mayor conocimiento de cómo elaborar proyectos de gestión en el desarrollo urbano de la ciudad, el Colegio de Arquitectos, en convenio con la Universidad Católica de Paraná – Brasil y la Universidad Nacional de Trujillo, está dictando una maestría en Ciencias con mención en Gestión Urbana y Vulnerabilidad Socioambiental. “El Colegio de Arquitectos tiene la obligatoriedad de brindar constante capacitación a sus agremiados en el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo. Ya se han dictado con la Universidad de Piura dos maestrías relacionadas a sistemas de vulnerabilidad y riesgo, por eso esta vez estamos más orientados a la preparación en diseño y organización de las ciudades a través de la gestión de espacios, recursos y sectores”, explica.

Son 30 arquitectos entre académicos, funcionarios e investigadores los que están participando en la maestría y uno de los objetivos es que su tesis consista en elaborar proyectos de gestión urbana para Chiclayo.

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Pedido formal
El regidor Manuel Cabrejos Tarrillo solicitó el pasado 16 de noviembre a la alcaldesa provincial, Elizabeth Montenegro Dávila, retomar el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad, pedido que se aprobó por el concejo edil días atrás.

En el documento cursado a la autoridad municipal, el concejal pide remitir una copia del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental al INDECI, a fin de solicitar opinión técnica; organizar por lo menos tres jornadas de trabajo para que se exponga y perfeccionen los aportes del plan, y programar una sesión de concejo para la aprobación del mismo. Los planes fueron alcanzados al concejo para su análisis y elaboración de propuestas el año pasado y en atención a ello se plantearon una serie de aportes, que en mi caso, por ejemplo, versaron sobre la necesidad de incluir los mapas de riesgo y vulnerabilidad que elaboraron el PNUD y el INDECI en el 2004 con el Proyecto de Ciudades Sostenibles. Sin embargo, después de ello no hemos sabido más sobre estas herramientas técnicas, lo que ha llevado a una postergación que perjudica a la ciudad”, precisa Cabrejos Tarrillo.

El regidor coincide con el decano del Colegio de Arquitectos en el riesgo que se corre por la desactualización de los planes, razón por la que se suma al pedido de aprobación que debe darse en el pleno del concejo. “He conversado con el arquitecto García Checa y la misma alcaldesa para buscar la aprobación de los planes, pero si quienes tienen que realizar la exposición y poner el tema en agenda no lo hacen, quien pierde es la provincia”, manifiesta.

CIFRA:
• En mayo pasado, en nuestra edición 716, la arquitecta Genny Guado Zavaleta, quien asumió la supervisión de los planes en la Gerencia de Urbanismo, declaró que dichas herramientas iban a ser sometidas a aprobación del concejo municipal en las semanas siguientes. Han transcurrido 16 meses y aún no se tiene ningún resultado.