Lambayeque, Cajamarca y La Libertad - Impulsaran Pejeza en el 2010

El 2010 será un año significativo para el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (Pejeza) porque iniciará una nueva etapa en la ejecucion de obras de ingeniería, optimización del uso del recurso hídrico, promoción de la siembra alternativa e incentivo de la inversión privada.
Los presidentes regionales de Lambayeque, Nery Saldarriaga; de La Libertad, José Murgia; y de Cajamarca, Jesús Coronel, quienes sesionaron en la víspera en la sede del gobierno lambayecano, lo informaron de esta manera.
El impulso del Pejeza, proyecto cuyo ámbito de influencia abarca a los tres departamentos, incluirá un proceso de reestructuración en la gestión administrativa, actualización de los planes estratégicos y operativos, la regularización y modernización de las adjudicaciones de la venta de tierras, entre otras actividades.
En la segunda etapa del Pejeza se ejecutarán dos importantes obras como el embalse de Quengococha, en el valle de Condebamba, provincia de Cajabamba (Cajamarca), y otra en Chepén (La Libertad).
La Predsidenta regional de Lambayeque Nery Saldarriaga afirmo:“Convocamos a los presidentes regionales de Cajamarca y La Libertad para establecer una mesa de diálogo y superar algunas dificultades administrativas que habían en el proyecto. La conclusión de la reunión es orientar nuestro esfuerzo a su relanzamiento en beneficio de los agricultores de los tres departamentos”.
Aclaró que los presidentes regionales no están facultades para intervenir en las decisiones finales que se tomarán en Pejeza, pero tienen una permanente coordinación con los miembros del Consejo Directivo del proyecto, quienes los representan.
“El Pejeza es dirigido por un consejo directivo que está formado por los representantes de los gobiernos regionales de Lambayeque, Cajamarca y La Libertad, además de un representante del Ministerio de Agricultura. Son ellos los que toman las decisiones y nosotros respaldamos su actuación en el marco de la legalidad”.
Se informó que el miércoles 25 de noviembre, el Consejo Directivo sesionará en la ciudad de Cajamarca, donde redefinirán el plan de desarrollo del Pejeza después de más de 30 años de funcionamiento.
En enero del próximo año se reunirán con todo el personal del proyecto para poner en marcha esta segunda etapa.
“Uno de los cambios será designar a los gerentes a través de concursos públicos que estarán a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), a quien se convocará para seleccionar al personal de manera técnica y no política”, manifestó la titular de Lambayeque.
En esta cita también participaron los ingenieros Segundo Carbajal Fanso y Herbet Millán Rojas, representantes de los gobiernos regionales de Lambayeque y Cajamarca ante el Consejo Directivo, respectivamente.
El gobierno regional de La Libertad designará en los próximos días a su nuevo representante ante la renuncia de Walter Novoa, quien asumirá otro cargo en Lima.
Fuente: Andina

Presupuesto olvida a la agricultura y reduce aporte a regiones

El aumento del Presupuesto General de la República para el 2010 no va orientado a sectores básicos como salud, educación y vivienda de forma descentralizada, sino que se concentra en Lima. Para Javier Azpur, coordinador del grupo Propuesta Ciudadana, no destinar mayor presupuesto a sectores claves es cuestionable. Entre ellos se encuentra el de agricultura, vital para muchas regiones.

“Ese sector debería ser el prioritario, debería tener mayor cantidad de recursos, y se le recorta. Lo cual es incomprensible, porque la agricultura ha demostrado que es el sector que tiene más capacidad en generación de empleo, tendría un impacto directo en los distritos y provincias más pobres del país; y generaría una dinámica económica local y de ingresos monetarias que podrían servir para atenuar el impacto de la crisis en ese sector”, expresó.

De otro lado, y ante el planteamiento del Gobierno Central de no aumentar el presupuesto a las regiones, porque éstas no tienen proyectos de inversión, no saben en qué invertir o porque el dinero entregado aún no ha sido gastado, Azpur responde que “en los últimos cuatro años 2004-2008 los gobiernos regionales ha aumentado su capacidad de inversión en 300%, cifra similar los gobiernos locales, es decir un promedio de 40% anual de incremento de la capacidad de inversión. Eso, acá o en la China, se llama mejora de la eficiencia del gasto. ¿Cuánto ha mejorado el Gobierno Nacional? 20%”.

Si se aplicaría el criterio del MEF, la conclusión debería ser menos recursos para el Gobierno Central y más para los municipios y regiones. Sin embargo, el concepto más recursos a quienes menos eficiencia han demostrado, tiene una lectura más política que técnica, “porque se está priorizando Foncodes, se está priorizando Agrorual que son programas nacionales, que tiene como eje de referencia los famosos Núcleos Ejecutores. Y es allí donde se está poniendo los recursos”.
Javier Azpur - Coordinador Ejecutivo Grupo Propuesta Ciudadana

Un gobierno sin estrategia para el mundo rural

Desde que se implantó el modelo neoliberal con el fujimorismo autoritario y corrupto durante la década de 1990, el mundo rural de los Andes peruanos es visto como una traba para la modernización. En casi 20 años, la única respuesta para este sector ha sido la aplicación de programas sociales. Luego de tres años del segundo gobierno de Alan García, podemos afirmar que esta política no sólo se ha mantenido, sino que se ha profundizado.

El gobierno se ubica así en una posición más conservadora que los organismos multilaterales, los cuales señalan que es fundamental promover el sector agrario y la oferta alimentaria para enfrentar el hambre, reducir la pobreza y generar empleo. El ciego convencimiento presidencial en los beneficios de la gran inversión le impide ver la importancia que tienen los productores agrarios –costeños, andinos y amazónicos– para el desarrollo nacional.

La poca valoración del rol que pueden cumplir las pequeñas unidades productivas agrarias en la economía nacional se puso de manifiesto durante la crisis alimentaria que antecedió a la actual crisis económica mundial. El gobierno no aprovechó el fuerte incremento de los precios de los alimentos para potenciar a la pequeña y mediana agricultura que se orienta a los mercados regionales y al nacional. No se tomó ninguna medida para que una parte significativa de los ingresos adicionales se quedara con estos productores.

Muchos países se preparan hoy para enfrentar los problemas estructurales que origina el aumento de los precios de los alimentos, así como los efectos negativos del cambio climático sobre la oferta de los mismos. Mientras que estos gobiernos señalan como uno de sus objetivos estratégicos la seguridad alimentaria, en el Perú se recorta el presupuesto para el agro y el medio ambiente. A los dos programas definidos como estratégicos en el presupuesto del sector agricultura –sanidad agraria y productividad rural– se les otorgan fondos absolutamente insuficientes en relación con la importancia que tiene este tema para la sociedad peruana en su conjunto.

A las instancias más cercanas a los productores, que son los gobiernos regionales y locales, se les recortan los fondos, lo que bloquea su posibilidad de promover políticas concertadas en sus jurisdicciones. En cambio, se prioriza una estrategia centralista y clientelista, para lo cual se refuerza Agro Rural y se impulsan los denominados núcleos ejecutores. Nos encontramos con un gobierno que desconoce la importancia del desarrollo rural y la potencialidad que tiene el fortalecimiento de las instancias subnacionales de gobierno para abordar el desafío de la seguridad alimentaria.

Esto es particularmente grave si tomamos en consideración la política de apertura comercial extrema del gobierno que se expresa, por ejemplo, en los tratados de libre comercio que suscribe con las economías más fuertes del mundo. El efecto de estas medidas será el deterioro aún mayor de las condiciones de vida de los productores agrarios orientados al mercado interno. El “TLC hacia adentro” y las compensaciones prometidas a las organizaciones agrarias han quedado sepultados bajo la cifras de un presupuesto 2010 profundamente centralista y de un modelo que niega la posibilidad de implementar políticas efectivas de promoción y protección de las pequeñas unidades productivas agrarias, que es justamente donde se concentra la exclusión y la pobreza.

Transcurridos más de tres años del segundo gobierno aprista es imposible lograr cambios significativos. En ese sentido –y sin dejar de señalar posiciones y ejercer el legítimo derecho a la protesta–, nos parece de primera importancia construir desde hoy las condiciones para hacer realidad un nuevo pacto agrario nacional. Las confrontaciones democráticas de 2010 y 2011 son una excelente oportunidad para promover un amplio debate de propuestas sobre temas que nos parecen de primera importancia.

Un punto clave se refiere a las políticas necesarias para que las pequeñas unidades agropecuarias aporten de manera significativa a la seguridad alimentaria, elevando su productividad y mejorando los ingresos de las familias campesinas. Otro tema relevante está relacionado con medidas que propicien la transformación de la institucionalidad del sector, requisito para estar en mejores condiciones de enfrentar los desafíos que vivimos y los enormes riesgos que nos amenazan por el calentamiento global. El rol de los gobiernos regionales y locales, así como las formas de articulación y colaboración entre ellos y con el gobierno nacional son aspectos fundamentales a trabajar.

Se pierden S/. 600 millones en regalías

La recuperación del precio de los minerales desde el segundo semestre del año ha vuelto a traer a debate la posibilidad de ampliar el pago de regalías a todas las empresas mineras, pues las principales compañías están exceptuadas de este impuesto debido a los contratos de estabilidad tributaria.En su último reporte sobre las Industrias Extractivas, la ONG Propuesta Ciudadana recomienda generalizar el pago de regalías a todas las empresas mineras, no solo como una forma de compensar la caída de la recaudación por canon, sino que ello daría una mayor equidad al sistema tributario, como sucede con el pago de regalías en el sector de hidrocarburos.

Privilegio para los grandes
En ello coincide el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Manco Zaconetti, quien refiere que a pesar de que existe una Ley de Regalías Mineras promulgada a fines del 2004, están exceptuadas del pago las empresas de la gran minería como Yanacocha, Antamina, Cerro Verde, Tintaya, entre otras, además de la pequeña minería y minería artesanal.
“Si todas las mineras pagaran regalías, esto podría significar por lo menos S/. 600 millones adicionales (en el 2007 se recaudaron S/. 500 millones por regalías).
Cabe indicar que las regalías mineras se pagan de acuerdo con el valor del recurso minero extraído. Así, las mineras pagan el 1% de regalías si venden concentrados hasta por US$ 60 millones anuales.
Si venden entre US$ 60 millones y US$ 120 millones, pagan 2% de regalías; y por cantidades superiores a los US$ 120 millones, las mineras pagan 3%.

Compensaría un menor canon
Los analistas señalan que de no haber excepciones en el cobro de regalías, esta mayor recaudación (S/. 600 millones) habría atenuado la caída que tendrá la recaudación del cánon minero, el cual según proyecciones de Propuesta Ciudadana, este año ascenderá a S/. 3,434 millones, 23% menos que en el 2008 (S/. 4,436 millones).
Sin embargo, el gobierno aún se mantiene reacio a incluir a las grandes mineras en el pago de regalías. Ayer el viceministro de Minas, Fernando Gala, señaló que se respetarán los contratos de estabilidad tributaria, pues aplicar regalías no sería lo más conveniente en un contexto en que las mineras están saliendo de la crisis.
“En todo caso cualquier cambio podría ser propuesto por el Congreso. Pero no hay ninguna iniciativa desde el Ejecutivo”, sostuvo.

Las mineras se oponen al cambio
1] Desde el sector minero es conocido el rechazo a la aplicación de regalías generalizadas, pues sostienen que les restaría competitividad y alejaría las inversiones.
2] En ello coincidió Xennia Forno, presidenta del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía (consultora legal del gremio minero). “Nos preocupa que las reglas de juego no se respeten. No se puede decir que las regalías deben cambiar porque a algunos les parece bajo, es poco técnico”, señaló.

Fuente: La República