MOVIMIENTO CÍVICO FRENTE A PROBLEMÁTICA PROVINCIAL

En histórica sesión del 31 de enero se resolvió luchar por Chiclayo.

La organización institucional como respuesta a la inercia de las autoridades es el mecanismo al que entidades públicas, gremios empresariales, universidades y agrupaciones de la sociedad civil recurren a fin de expresar su rechazo al desgobierno municipal, el caos urbano y la insensibilidad que impera en Chiclayo, asumiendo el compromiso de sentar posiciones firmes que manifiesten el malestar de los vecinos, así como de formular propuestas técnicas y viables que contribuyan a solucionar los problemas de la ciudad.

Autoconvocados a raíz del pronunciamiento dado por el Colegio de Arquitectos de Lambayeque, y reunidos precisamente en la sede de la orden profesional, los representantes de las más importantes instituciones de la región dieron nacimiento al Movimiento Cívico de Chiclayo, organización colectiva sin fines políticos que en adelante servirá de canal para la expresión concertada del sentir ciudadano y el tratamiento técnico – profesional de la situación local.

Tras analizar la inestable situación del gobierno municipal, así como los problemas de limpieza, orden, seguridad y ornato de Chiclayo, los asistentes a la sesión del viernes pasado, dirigida por el decano del Colegio de Arquitectos, Carlos Paredes García; el gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Lindon Vela Meléndez y el director general de la Universidad César Vallejo – Chiclayo, Raúl Valencia Medina, esquematizaron el plan de acción del colectivo, sustentado en la base de organizaciones plenamente representativas e independientes.

Acciones a desarrollar
Entre las decisiones adoptadas en la asamblea auroral del Movimiento Cívico de Chiclayo, los líderes institucionales aprobaron la formulación de un pronunciamiento público que recoja lo manifestado por la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil – ADOSCIL, el Colegio de Arquitectos y la Cámara de Comercio, incluyendo además la postura firme de exigir al gobierno central y al Tribunal Constitucional pongan fin a la incertidumbre existente en la comuna provincial.

También la realización de una acción cívica que permita concitar la atención nacional por la crisis que atraviesa la ciudad, así como convocar a las escuelas profesionales de Ingeniería de las universidades de la región para conformar un Comité de Vigilancia integrado por especialistas con capacidad de emitir informes periódicos sobre el avance y calidad de las obras municipales, en especial de las de saneamiento que ejecuta en el Centro Histórico el Consorcio Chiclayo.

Otro de los planteamientos más firmes es la intención del solicitar al Poder Ejecutivo, a nombre de la institucionalidad lambayecana, la disolución del actual gobierno municipal e instalación de una junta transitoria, similar a la que asumió el manejo de la comuna en septiembre del 2006, tras el incendio al palacio edil consecuencia del enfrentamiento de poder generado entre los ex alcaldes Arturo Castillo Chirinos y José Barrueto Sánchez.

Reacción ciudadana
El politólogo Jorge Luis Vallejo Castelo, quien acudió en representación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, explica que la constitución del Movimiento Cívico de Chiclayo es un proceso natural de reacción ciudadana e institucional frente a la coyuntura local, agravada por el inestable ejercicio municipal.

“La ciudadanía tiene que empezar a despertar y darse cuenta que la política no es solamente para quienes están cumpliendo una función de representación, que es temporal además. La política la vivimos todos nosotros y en el día a día y ahora la gente empieza a reclamar porque encuentra una calle en mal estado, basura o inseguridad”, indica.

Vallejo Castelo añade que la consolidación institucional, representada por la participación de organizaciones, gremios y universidades, por ejemplo, sirve como resguardo a la acción política, en este caso de quienes fueron elegidos para gobernar.

“La participación de las instituciones en movimientos como el que se ha formado es bastante positiva, pero también hay que exigir a que cada organización sea transparente en su interior, porque cada una de ellas representa a un colectivo de personas que deben ser coherentes con lo que reclaman y la mejor forma de hacerlo es dando el ejemplo”, señala el académico.

Destaca la participación de los jóvenes que poco a poco se van sumando a las causas colectivas y también tienen presencia en el flamante movimiento, organizados a través de grupos que sin fines políticos han hecho sentir su descontento por la problemática de la ciudad en los últimos meses. “Ha llegado el momento de articularnos, de unir fuerzas, de dejar de hacer cosas de manera independiente y ponernos a trabajar por nuestra ciudad que tanto nos necesita”, enfatiza.

La sociedad civil
Magdalena Santamaría Chimbor, presidenta de ADOSCIL, considera que el nacimiento del movimiento es un paso importante en la participación de las instituciones públicas y privadas de cara al gobierno local, tarea que antes solo cumplían las organizaciones de la sociedad civil.

“A fines del año pasado la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil fijó la firme posición de exhortar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en relación a la inestabilidad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, acto que hasta el momento no cumple. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la serie de quejas de los vecinos por el lento y deficiente trabajo de renovación de las redes de saneamiento. Las obras son buenas y necesarias, pero el modo en que estas se realizan es malo, por lo que debe darse un cambio inmediato en el proceso. También hemos puesto sobre la mesa la vulnerabilidad sanitaria que presenta la ciudad por la exposición de aguas servidas en la vía pública, por lo que solicitamos la declaratoria de emergencia sanitaria de Chiclayo”, precisa.

La representante de ADOSCIL añade que el pedido no solo está dirigido al gobierno central y al Tribunal Constitucional, también al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Congreso.

“Tenemos cinco congresistas que hasta ahora no han realizado ninguna acción colectiva frente a los problemas de Chiclayo, dejadez que lamentamos. Por ello saludo y felicito la formación del movimiento cívico, porque la iniciativa que tuvo ADOSCIL en diciembre del año pasado está teniendo continuidad, primero con la acción de los jóvenes, luego con el pronunciamiento de los arquitectos y ahora con el movimiento cívico”, afirma.

Acto memorable
“El 31 de enero queda registrada como una fecha histórica para Lambayeque porque es el día en que nace un movimiento constituido para velar por el desarrollo de Chiclayo y su población, involucrando naturalmente al sistema universitario que nunca más estará de espaldas a la realidad local”, señala por su parte Raúl Valencia Medina, director general de la UCV – Chiclayo.

El académico afirma que corresponde a las casas superiores de estudio tener presencia activa en la elaboración de propuestas y alternativas de cambio, planes de desarrollo y proyectos que generen bienestar a la comunidad, respondiendo de esta forma al rol que la universidad debe cumplir en la sociedad.

“El primer paso lo están dado las universidades César Vallejo, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo y Particular de Chiclayo al formar parte del conjunto de instituciones que dan nacimiento al movimiento cívico, ejemplo que deben seguir las demás casas superiores y centros de formación profesional, porque el cambio en Chiclayo beneficiará a todos”, añade.

Paralización cívica
Gremios como la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación Regional de Exportadores también participan del movimiento cívico, demostrando la voluntad del empresariado regional de trabajar por el bien de la provincia.

Precisamente el sector empresarial, representado por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – CCPL, propone la realización de un paro provincial, que abarque también al sector transportes, para hacer sentir el rechazo de la colectividad a la falta de planificación con la que se dirige Chiclayo.

“En sesión de directorio de la Cámara de Comercio se aprobó por unanimidad convocar a un paro cívico provincial que nos permita expresar nuestra incomodidad y preocupación por el desgobierno y las obras mal ejecutadas en Chiclayo, propuesta que hacemos extensiva a las demás organizaciones y que con el movimiento cívico se espera llegar a concretar”, explica Lindon Vela Meléndez, gerente general de la centenaria institución.

“Los empresarios están dispuestos a sacrificar un día de sus ventas, a cerrar sus negocios, para demostrar que la situación de Chiclayo se ha tornado intolerable. Los malos trabajos en la obra de saneamiento, por ejemplo, están causando cuantiosas pérdidas debido al cierre de calles, aniegos y lentitud en las obras físicas, problemática que evidentemente se ha salido del control de nuestras autoridades locales, hoy más preocupadas en su permanencia en el cargo que en el progreso y tranquilidad de los ciudadanos”, añade.

Vela Meléndez precisa también que se está pensando en la organización de una gran marcha y un plantón en el Parque Principal, así como de otro tipo de intervenciones cívicas para despertar el interés de los vecinos en sumarse a la causa del movimiento.

“No perseguimos otro propósito que no sea el bienestar común y que Chiclayo recupere la tranquilidad y el brillo que antes tuvo, el movimiento es un espacio democrático que dista de los intereses político-partidarios y busca reafirmar la participación ciudadana. No podemos seguir tolerando una situación de ingobernabilidad que nos resta competitividad como zona comercial, oportunidades de desarrollo e inversión”, precisa.

A su turno, el decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Carlos Paredes García, considera que las demás órdenes profesionales también deben pronunciarse sobre lo que sucede en la ciudad e integrarse al Movimiento Cívico de Chiclayo, en razón de ser este un espacio meramente institucional.

“Reconforta saber que no estamos solos y que muchas instituciones y organizaciones sociales, así como empresas piensan como nosotros y tienen la misma preocupación por Chiclayo. Como colegio profesional deseamos lo mejor para la ciudad que nos cobija y ese deseo lo manifestamos poniéndonos al servicio de la autoridad local para juntos buscar vías de solución a los problemas que hoy, además de agobiarnos nos avergüenzan frente a quienes nos visitan”, expresa.

+ NOTICIAS
Organizaciones que dan nacimiento al Movimiento Cívico de Chiclayo:
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque
Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lambayeque
Universidad César Vallejo – Chiclayo
Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Universidad de Chiclayo
Asociación Regional de Exportadores
Sociedad Nacional de Industrias – Lambayeque
Gobierno Regional de Lambayeque
Mesa de Concertación Contra la Violencia
Grupo Expresión
Programa Llachay
ACYULAM
ADOSCIL
Defensoría del Pueblo
Asociación de Personas con Discapacidad “Jorge Gastelo Vallejo”
Sindicado de Enfermeras de EsSALUD
Asociación de Mujeres Líderes
Colectivo Chiclayano Despierta
Colectivo Justicia Anticorrupción
Semanario Expresión

OBRA DE SANEAMIENTO QUEDARÍA INCONCLUSA

Un panorama sombrío se vislumbra para la ciudad de Chiclayo debido a que la obra de renovación de redes de agua potable y alcantarillado que ejecuta la comuna, podría quedar inconclusa.

Foto: Grupo Epensa

El congresista Virgilio Acuña Peralta dio a conocer que el presupuesto asignado por el Ministerio de Vivienda para la ejecución de dicha obra es insuficiente, lo que explica que Chiclayo "esté paralizado".

El parlamentario verificó los avances de la obra en compañía del alcalde Roberto Torres Gonzáles y del gerente municipal Ciro Chávez, a quienes les ofreció su apoyo para gestionar el presupuesto restante.
"Cuando la Municipalidad presentó el expediente técnico al Ministerio de Vivienda por más de S/. 40 millones, fue observado y solamente le asignaron S/. 18 millones; ahí comenzó el problema. Vamos a esperar que se termine con la reformulación del expediente técnico para saber cuánto es el dinero que se requiere y luego iremos al Ministerio para exigir que nos asignen los recursos", dijo Acuña Peralta, quien en su momento resaltó la el estado de ingobernabilidad en que se encuentra Chiclayo.

El legislador dijo que como miembro del Comité de Vivienda del Congreso pudo verificar que a otras ciudades más pequeñas se le ha asignado más de 145 millones de soles para la ejecución de obras, por lo que estimó que la citada obra en Chiclayo puede terminar costando entre 60 a 80 millones de soles.

Roberto Torres aseguró que la reformulación del expediente técnico se realizará en corto tiempo y precisó que por lo pronto solo se podrá pavimentar 40 mil, de los 200 mil metros cuadrados que comprende el área de ejecución de la obra. A la vez agradeció el apoyo de Virgilio Acuña, quien en su momento solicitó la salida de éste de la MPCH.
Correo

LA MINERÍA RESPONSABLE SÍ DEBE DESARROLLARSE EN LAMBAYEQUE

La negativa de los pobladores de Cañaris a la continuidad de los trabajos exploratorios de la compañía canadiense Cadente Copper ha merecido la postura firme del presidente regional respecto al desarrollo de la actividad minera en Lambayeque. A decir de la autoridad, solo la minería que respete el medioambiente, sea socialmente responsable e integre a las comunidades en modos de vida sostenible tiene las puertas abiertas del departamento. 

Humberto Acuña Peralta sostiene que el conflicto en torno al proyecto cuprífero Cañariaco solo podrá solucionarse estableciendo el diálogo entre los campesinos de la Comunidad San Juan de Cañaris, el gobierno central y la compañía minera, a fin de evitar más enfrentamientos entre los pobladores del distrito altoandino, que se mantienen en paro desde el 20 de enero pasado, y la Policía Nacional.

“El diálogo es lo último que se puede romper. Necesitamos discrepar, tener posiciones diferentes, pero al final saber conciliar, aprender a convivir y salir adelante solamente pensando en el beneficio y desarrollo de nuestra sociedad”, indica el mandatario, cuya administración – aclara – no tiene potestad para determinar si Candete Copper continúa o no en Cañaris, debido a que esta es una competencia exclusiva del gobierno central a través del Ministerio de Energía y Minas.

“Los pobladores se quejan que el 80% de las tierras de Cañaris e Incahuasi está concesionado, pero ese es un tema que nosotros no lo manejamos, sino que corresponde al ministerio explicar. También se me ha tratado de relacionar con los denuncios mineros que tiene mi hermana en la zona, trámite en los que no tengo nada que ver y que han sido seguidos directamente ante el portafolio de Energía y Minas, que es el que los ha entregado”, sostiene.

Mary Acuña Peralta, ex candidata al parlamento de la República por Alianza Por el Gran Cambio, tiene la titularidad de un denuncio minero de 200 hectáreas en el distrito altoandino, concesión que obtuvo pasadas las elecciones generales del 2011.

MEDIACIÓN
“Nosotros hemos tratado de mediar constantemente con la población para evitar que se adopten medidas radicales que dejen saldos lamentables, como ya lo es el grupo de personas que resultaron heridas durante la protesta el viernes pasado. Los funcionarios de la región han viajado cada vez que la población solicitó nuestro apoyo y el tema minero de Cañarico se abordó junto al Frente de Defensa desde marzo del 2011”, comenta la autoridad.

Acuña Peralta añade que ha hecho llegar al presidente del Consejo de Ministros la solicitud del presidente de la comunidad campesina, Santos Cristóbal Barrios, quien plantea el retiro de la empresa del campamento que mantiene en el distrito altoandino, así como la instalación de una mesa de diálogo en el mismo Cañaris.

“El presidente de la comunidad dice textualmente en su carta que la protesta no tiene un sentido antiminero, sino que la oposición del pueblo es a que se dé una explotación de los yacimientos de cobre a tajo abierto. La posición de los alcaldes de Cañaris e Incahuasi, al igual que la del Gobierno Regional es que se dé una paralización temporal de los trabajos para que se instale la mesa de diálogo. El gobierno central ya no debe perder más tiempo y designar a sus representantes para solucionar a través del entendimiento este problema. El gobierno le está dando muchas vueltas al asunto”, reclama el presidente.

EN MANOS DEL GOBIERNO
Indica que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, quien declaró a los medios nacionales que no se dialogará con los comuneros de Cañaris si estos insisten en la salida de Candente Copper, debería reflexionar por la tranquilidad de Lambayeque y el país, toda vez que expresiones como esas solo generan mayor malestar entre los campesinos. “Nosotros tampoco queremos que la empresa se vaya, solo que se paren por unos días las actividades del campamento para que se inicie el diálogo”, anota Acuña Peralta.

Sin animarse a responsabilizar al gobierno central por lo que pueda suceder en Cañaris si no se escucha a los interlocutores de los comuneros, la autoridad refiere que lo más importante por ahora es tender todos los puentes posibles para lograr un punto de consenso entre el ejecutivo y la población.

“La nuestra es una región pacífica, que ha tenido menos conflictos sociales que cualquier otra región y por ello nos preocupa lo que está pasando. Como gobierno regional nosotros también apostamos por el cuidado del agua, de los bosques húmedos, de las cabeceras de cuenca, así como de las inversiones privadas y los proyectos responsables que generen empleo y bienestar. La minería responsable sí debe desarrollarse en Lambayeque”, asevera el presidente.

OTRA CONSULTA
Humberto Acuña señala que se plantearía al gobierno central la realización de una nueva consulta a los pobladores de Cañaris para determinar si estos otorgan o no la licencia social que Candente Copper asegura poseer tras los resultados de la primera votación realizada en julio del 2012. Para el ministerio esta es la consulta que tiene validez, en razón de que se alcanzó de manera oportuna la relación de comuneros convocados para votar. Para la comunidad campesina, la consulta que tiene peso es la del 30 de septiembre pasado, en la que el 95% de los pobladores dijo no a la presencia de la minera.

“Lo importante es que la población está pidiendo el diálogo y creo que ambas partes, tanto el gobierno como la comunidad, deben ceder. Queremos que se conforme la mesa para que sean los propios dirigentes quienes negocien con los representantes del ejecutivo, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en el tema. La protesta ahora ya no solo es de Cañaris, también es de Incahuasi y los frentes populares que se están solidarizando con la población altoandina”, asevera.

INVERSIÓN Y DESARROLLO
Acuña Peralta destaca que su gestión realiza todos los esfuerzos posibles para llevar la presencia del Estado a la parte alta de la región, relevando, por ejemplo, la ejecución de la carretera que unirá, por primera vez, Cañaris e Incahusi, vía carrozable de nivel IV que demandará una inversión de seis millones de soles. “Recién el martes los comuneros han permitido el ingreso de la maquinaria para realizar estos trabajos y esperamos iniciar cuanto antes la construcción de la carretera que será de suma importancia para interconexión de ambos distritos. Además, vamos a realizar el mejoramiento de escuelas y de canales de regadío para el sector agrario”, explica.

El mandatario refiere que al haberse incrementado el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA del Gobierno Regional de 36 a 136 millones de soles, ahora es posible realizar más obras en los distritos con mayores índices de pobreza como los ubicados en la zona altoandina.

“Lambayeque tiene proyectos importantísimos para la generación de más empleos y progreso para la población como es el caso del Plan Hidráulico Regional, que plantea la construcción de 19 presas con una inversión de dos mil 300 millones de soles que harían posible la incorporación de 119 mil hectáreas a la frontera agrícola. Eso nos haría la región agroexportadora más importante del país”, sostiene.

En ese contexto, la autoridad oficializa la conformación del Comité Especial de Promoción de Inversiones – CEPRI para revisar la iniciativa privada presentada por Agro Negocios Génesis para la explotación agrícola de mil 300 hectáreas de terreno eriazo ubicado en la pampa de Mata Indio, sector La Otra Banda en el distrito de Zaña. El CEPRI, bajo la presidencia del gerente de Desarrollo Productivo, Francisco Rojas Roalcaba, deberá evaluar la propuesta de la empresa y en base a ello lanzar una licitación pública a fin de determinar si otra compañía interesada en el proyecto presenta una mejor oferta económica. Agro Génesis plantea pagar mil 200 dólares por hectárea.

BOLIVARIANOS EN RIESGO
Por otro lado, Humberto Acuña expresa su preocupación por el riesgo que se corre de que las obras programadas para la construcción del complejo deportivo Elías Aguirre, con miras a los Juegos Bolivarianos de noviembre próximo, no se concluyan, toda vez que por segunda ocasión el proceso de licitación internacional fue declarado desierto.

Teniendo el tiempo en contra, el presidente regional ha cursado comunicación con el presidente del Instituto Peruano del Deporte – IPD, Francisco Boza Dibós, a fin de buscar una salida a la contingencia, considerando que la entidad tiene la unidad ejecutora del proyecto valorizado en 144 millones de soles. “He solicitado una entrevista con el presidente de la República para ver el tema de los Bolivarianos, de la conectividad regional y del Terminal Marítimo, porque necesitamos que el Estado se convierta en garante de Lambayeque para encaminar la construcción de nuestro megapuerto. Todos estos temas son importantes y el más prioritario es el de los Bolivarianos, porque nos preocupan los plazos que prácticamente se están venciendo”, explica.

El mandatario señala con claridad que es probable que Lambayeque no desarrolle todas las actividades que se le habían asignado como sub sede de la competencia internacional, debido a la premura del tiempo para la ejecución de las obras. En ese sentido, refiere que lo más importante es que el Ministerio de Educación ratifique la asignación de los recursos para el complejo Elías Aguirre con la finalidad que la infraestructura deportiva se construya sí o sí.

LA PAPA CALIENTE
Sobre el Proyecto Olmos, el presidente regional asegura que fue “una papa caliente que le dejó la gestión humanista”, debido a las complicaciones que ha tenido que superar para que se garantice la continuidad de la obra y se dé pase a la etapa de irrigación, tras las subasta de las 38 mil hectáreas.

Humberto Acuña destaca, además de los impases superados por las dos paralizaciones en la perforación del Túnel Trasandino sucedidas en junio y agosto del 2011, destaca de sobremanera el triunfo del Gobierno Regional ante la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO en la demanda iniciada por esta ante la Sala Comercial de Lima para el reconocimiento de 74 millones de dólares por concepto de sobrecostos en la ejecución de ducto, debido a los estallidos de roca que se registraron como eventos no imputables a la empresa constructora.

“Con nuestro triunfo en el escenario judicial hemos ahorrado 69 millones de dólares al país, porque según el análisis económico realizado por el experto Jorge Alva Hurtado, a CTO solo se le deben reconocer cinco millones y no los 74 que reclamó”, asevera. Este triunfo de la gestión regional ha valido para que se publique un panfleto en el que responsabilizan a la administración anterior, desarrollada por los ex presidentes Yehude Simon, Nery Saldarriaga y Luis Becerra, de haber propiciado la coyuntura a favor de CTO, avalando el pago de los 74 millones de dólares.

“Deslindo totalmente cualquier tipo de responsabilidad con esa publicación. Yo no tengo nada que ver con ese tema. He dicho bien claro que en mis dos años de gestión no he dedicado mi tiempo a criticar a la gestión anterior, por el contrario, he concentrado mi trabajo en buscar más recursos y mejoras para Lambayeque porque esa es la tarea que la población me ha encomendado”, indica.

Sin embargo, Humberto Acuña considera que Odebrecht no habría tenido chance de llegar a los fueros judiciales presentando una demanda contra el Gobierno Regional si la gestión humanista no hubiera permitido que la Universidad del Pacífico, a través de su Centro de Investigación, elabore el análisis que determinó el pago de 74 millones de dólares a favor de CTO.

“Olmos fue una papa caliente porque nos ha quitado mucho tiempo, ha demandado mucho trabajo y nos ha generado múltiples preocupaciones. Este es un proyecto importante para Lambayeque y para el país y lo que hemos logrado es sacarlo adelante sin perjudicar al Gobierno Regional. Si la gestión anterior no hubiera autorizado la realización del informe a cargo de la Universidad del Pacífico, quizá nada hubiera pasado”, enfatiza.
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Lo importante es que la población está pidiendo el diálogo y creo que ambas partes, tanto el gobierno como la comunidad, deben ceder”.
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