Para el presidente del Centro de Planeamiento Estratégico, Carlos Anderson Ramírez, antes de exigir la ejecución de grandes obras, las poblaciones deben ser conscientes del costo – beneficio que estas representan, porque invertir en proyectos de mínimo impacto no significa alcanzar el desarrollo que el Perú necesita.Y es que a su entender, pasiones, chauvinismo y falsos regionalismos abundan en el país para presionar al gobierno central en la realización de obras que demandan ingentes gastos presupuestales y no significan beneficios que tengan resultados favorables para la generación de empleo, reducción de la pobreza e incremento de la producción nacional, por ejemplo.
En ese sentido, Anderson Ramírez, magíster en Economía por la Universidad de Londres, que en marzo pasado asumió la presidencia del CEPLAN, refiere que debe quedar claro que las inversiones grandes que ejecute el Estado deben estar desprovistas de cargas emocionales. “Porque las cargas emocionales nos llevan a levantar banderas regionales en defensa de proyectos que, desde el punto de vista de la Nación, muchas veces no son los mejores”, afirma.
El caso de Olmos
Comenta, por ejemplo, que el costo del Proyecto Olmos es altísimo por metro cuadrado y que aún no se sabe qué tipo de rentabilidad social tendrá la irrigación de las 38 mil nuevas hectáreas, aun cuando grandes compañías como el Grupo Gloria se han hecho, a través de la subasta del 2011, de grandes extensiones de tierras y se estima que 80 mil nuevos empleos han de generarse en los próximos años.
“Lo que se ha hecho es construir el proyecto sin antes haber calculado los flujos futuros de la inversión. No es mi intención hacer una crítica sobre Olmos o cualquier otro proyecto que ya está, porque mi tarea es la planificación a mediano y largo plazo, y estas son decisiones que se tomaron hace diez años. Insisto, los grandes proyectos hay que mirarlos sin apasionamientos, sin falsos regionalismos, sin chauvinismo, porque finalmente es la plata de todos. Lo que yo veo con demasiada frecuencia en las regiones del Perú es que la gente se casa con sueños sin haber analizado cuál será el beneficio real de las inversiones”, enfatiza.
Reducción de la pobreza
Empeñado en inyectarle realidad a las cosas, el funcionario, reconocido articulista y docente universitario de asuntos económicos, sostiene que también es necesario pisar tierra respecto a las proyecciones que se tienen de cara al 2021, año en que se cumple el Bicentenario de la República y para el que el CEPLAN, durante el gobierno aprista, elaboró el un plan estratégico que ahora su gestión ha sometido a reajuste, debido a que muchas de las metas trazadas o se cruzan o son difíciles de medir.
El Plan Bicentenario, formulado cuando Agustín Haya de la Torres ocupó la presidencia del CEPLAN, plantea, por ejemplo, que al 2021 la pobreza en el Perú debe reducirse al 10%, teniendo en cuenta que entre el 2000 y el 2011 esta bajó de 54 a 26%.
Sin embargo, Carlos Anderson explica que si bien la medida monetaria de la pobreza se ha reducido en los índices antes indicados, esta referencia es la más escueta para analizar la disminución de este problema social. Señala que una persona no deja de ser pobre por tener como mínimo el ingreso diario de dos o tres dólares.“Dejar de ser pobre significa tener otro tipo de posibilidades con cierta permanencia en el tiempo. En ese sentido, nosotros preferimos otro tipo de medición de la pobreza que se basa en el modelo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD por tener un enfoque multidimensional. Viéndola desde esa perspectiva la tarea aún es muy grande”, declara.
Bajo este criterio, dejar de ser pobre significa tener acceso a salud y educación de calidad, poseer servicios de agua, desagüe y electricidad, mejorar la alimentación de los menores y contar con mayor accesibilidad a través de carreteras. Esto proporciona – precisa – condiciones mínimas que hacen a las personas menos vulnerables ante la pobreza.
El Índice de Desarrollo Humano - IDH 2013 del PNUD, revela, por ejemplo, que en el Perú el 20% más rico de la población tiene 13 veces más ingresos que el 20% más pobre, mientras que en los países desarrollados la diferencia es de cinco veces únicamente.
Incluir nuevas prioridades
“El Plan Bicentenario que se elaboró en el gobierno anterior tiene 91 indicadores y eso hace que sea imposible seguirle la pista”, expone Anderson Ramírez, agregando que debido a ello el CEPLAN trabaja en la formulación de ajustes que permitan reducir los indicadores y hacerlos mucho más precisos para su cumplimiento.
Acota que a ello se suma la necesidad de incluir los lineamientos que el actual gobierno considera prioritarios, como el factor de inclusión social y protección al medio ambiente.“Parte de la necesidad de ajustar el Plan Bicentenario es que como estaba no incluía los acentos de este nuevo gobierno, que son la inclusión social, la importancia de inversiones en ciencia y tecnología y también el respeto a los aspectos medioambientales en la búsqueda del crecimiento económico”, indica.
Oportunidad y no problema
Sobre esto último, el presidente del CEPLAN asevera que las actividades extractivas, como la minería, no pueden verse como un problema para el país. Por el contrario, constituyen oportunidades de desarrollo sobre las que hay necesidades de definir el cumplimiento de normas que garanticen el respeto al medio ambiente y a las comunidades.
“Quizá hayan aspectos por mejorar en la regulación de las actividades mineras, y así ello también es importante trabajar para revertir posiciones de carácter ideológico que ponen a la minería como una actividad negativa en su totalidad”, expresa.
Comenta que otro aspecto a trabajar es hallar el modo para dejar de ser tan dependientes económicamente de la exportación de minerales, teniendo en cuenta que estos registran amplia volatilidad en el mercado externo y cuyos valores no son definidos por el país.
“Por más que nosotros seamos el segundo productor de plata en el mundo y uno de los primeros en producción de oro, fijar los precios de los minerales no depende de nosotros y por ello debemos tratar de darle balance a la economía nacional dinamizando y fortaleciendo otros sectores que nos den fuerza y así estar preparados cuando se presenten períodos de volatilidad en los mercados internacionales”, acota.
Otros objetivos del Plan Bicentenario original es que al 2021 el país triplique el Productor Bruto Interno – PBI y las exportaciones, metas sobre las que – según Carlos Anderson – también hay que realizar reajustes, debido a que en los últimos años se han alcanzado escenarios favorables respecto a la economía nacional que permiten avizorar que ambos propósitos se lograrán mucho antes.
“Ese tipo de objetivos nos sirven como motivadores, pero las proyecciones de corto plazo tienen muchos problemas porque hay ciertos aspectos que cambian con frecuencia y sobre estos es un poco impredecible decir qué sucederá”, señala.
Respetar los planes
Por otro lado, Anderson Ramírez aborda la problemática que se vive en diversas regiones del país donde los planes de Desarrollo Concertado, herramientas formuladas por los espacios de gobierno local y la sociedad civil, no son respetados por las autoridades de turno y, en la mayoría de casos, estas no los conocen.
A ello agrega la debilidad de no aplicar adecuados mecanismos de difusión colectiva que permitan a las poblaciones conocer qué contienen dichos planes, qué persiguen y lograr la institucionalización de los mismos para que sean los ciudadanos quienes exijan su respeto y cumplimiento por parte de los gobernantes.
“Los planes no deben tener muchas camisas de fuerza y tienen que ir evolucionando. Fijar presupuestos, por ejemplo, va contra el sentido de la planificación y no resulta favorable para la cristalización de los objetivos. En el caso del CEPLAN, entendiendo que el 2021 está prácticamente a la vuelta de la esquina, estamos trabajando en la formulación de un Plan de Desarrollo al 2050, que nos proporciona un mayor horizonte de tiempo no solo para hacerlo conocido, sino para concretarlo”, finaliza.
El Plan Bicentenario vigente traza los objetivos de eliminar la desnutrición y mortalidad infantil, así como desarrollar políticas de gobierno que efectivicen la ejecución de programas sociales.
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