octubre 22, 2013

QUE SE JUEGA EN AMÉRICA LATINA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

El informe del Panel de Alto Nivel ha enfatizado que el avance del desarrollo no es posible sin lograr sociedades pacíficas. La violencia ocurre más a menudo cuando las instituciones –gobiernos efectivos, cortes, policías, una burocracia estable y el estado de derecho– son débiles o inexistentes. La inseguridad física, la vulnerabilidad económica son algunas de las causas que se identifican en el Informe del Panel para explicar los índices de violencia. Sin embargo, factores adicionales como la composición demográfica de la población, la desigualdad y los altos índices de desempleo –particularmente de los jóvenes, son factores que se han excluido y que son clave para explicar la violencia que se ha registrado en la región.

Datos provenientes de UNODC indican que en el 2008, América Latina tenía, en promedio, la tasa de homicidios más alta del mundo (22.5 por cada 100 mil habitantes) en comparación con otras regiones. En el 2010, datos provenientes de la misma fuente indican que los cinco países con mayores tasas de homicidio a nivel mundial (para los que hay datos disponibles) pertenecían a la región de América Latina y el Caribe. Por ello, el tema de la reducción de la violencia es clave en la agenda de desarrollo de la región, lo que se confirma en las consultas nacionales post-2015. En Jamaica, por ejemplo, uno de los mensajes principales es que hay un alto nivel de preocupación sobre el desempleo, los niveles de crimen y violencia, así como la falta de transparencia por parte de las instituciones gubernamentales. De manera similar, una encuesta en línea que sirvió como fuente complementaria para la consulta en Honduras, arrojó que empleo y seguridad ocupan juntas el tercer lugar entre la lista de prioridades. En Brasil, donde la violencia también fue un tema comentado con frecuencia, se agregó que una parte del problema reside en la ausencia de seguridad pública. Similarmente, en la República Dominicana se avocó la necesidad de reformar y modernizar a la policía nacional, lo que incluye la instalación de procesos de rendición de cuentas.

Encuestas adicionales de percepción ciudadana también señalan esto como la principal problemática. Según la encuesta Latin American Public Opinion Project (LAPOP) del 2012, la mayor proporción de los ciudadanos de la región consideran que el problema más grave que enfrentan al interior de sus países es la delincuencia y el crimen. La encuesta global MI Mundo confirma que una de las principales prioridades en algunos países de la región es la protección contra el crimen y la violencia: en Honduras y Venezuela es la principal preocupación, mientras que en El Salvador, Belice y Jamaica es la segunda.

Como lo indica el informe, remediar la situación ciertamente requiere de instituciones fuertes, mayor transparencia y eliminación de la corrupción. El desempeño de la región es aún débil en estas áreas. Los datos indican que el 13% de los ciudadanos de la región expresan “nada de confianza” en el sistema de justicia de sus respectivos países. Los índices de corrupción son igualmente alarmantes. Dos de los 10 países con el peor índice de percepción de corrupción (Corruption Perceptions Index-CPI) en el 2012 están en la región.

Aunque remediar los factores anteriormente descritos es clave para lograr sociedades pacíficas, también es necesario hacer énfasis en el papel central de los jóvenes en esta problemática en América Latina. Los altas tasas de desempleo de los jóvenes –que representan más del doble que la de los adultos – en conjunción con la presencia de pandillas (sobre todo en Centroamérica, región que tiene los índices más altos de violencia) y la expansión del crimen organizado –cuyos reclutas son cada vez más jóvenes– en un contexto de profundas desigualdades económicas (que aunque se han reducido, no han sido enteramente erradicadas) deben forzosamente ser considerados como factores que obstaculizan la creación de sociedades pacíficas en el caso de América Latina.
Revista Humanum

octubre 21, 2013

MÁS DE MILLÓN Y MEDIO DE CASAS HACEN FALTA EN EL PERÚ

El hacinamiento de familias en viviendas precarias, desprovistas en muchos casos de servicios elementales como agua, desagüe o energía eléctrica, es uno de los tantos problemas irresueltos en el país. Cubrir la demanda actual significaría la construcción de no menos de un millón y medio de casas que bien podrían impulsarse desde con efectivos programas estatales. Sin embargo, el incremento del precio de los terrenos es un factor que juega en contra.
El economista Manuel Pablo Fernandini Capurro, magíster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y docente de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, señala que en los últimos años se ha generado una tendencia de encarecimiento del metro cuadrado de terreno para construcción, elevando la valla de acceso a viviendas dignas para las familias de escasos recursos. “Cuando el terreno es caro es imposible hacer vivienda social”, manifiesta.

Explica que aún cuando el gobierno impulse programas, subsidios, bonos o amplíe la cobertura de iniciativas como Techo Propio, lo que se necesita es un punto de partida favorable para la edificación de viviendas sociales y ese es el suelo barato.“El boom inmobiliario que está sucediendo en Lambayeque, tan igual como en el resto del país, ha originado que el precio de los lotes para vivienda se incremente y por consecuencia que quienes accedan a la compra de casas sean no necesariamente los que más la necesiten. La contradicción es clara”, señala.

Características básicas
Explica que la vivienda social debe cumplir características básicas como contar con agua potable, desagüe conectado a la red pública, energía eléctrica, piso enlucido y, sobre todo, ambientes definidos para comodidad de sus ocupantes. “Como mínimo deben existir dos dormitorios: uno para los padres y el otro para los hijos, esto por un criterio de salud, intimidad y respeto. Que los padres y los hijos duerman en una misma habitación, en la que los primeros tienen intimidad mientras los pequeños duermen, es algo que no puede admitirse. Lo básico es que la vivienda tenga una sala, un espacio para cocina, un baño y, como mínimo, dos dormitorios. Posteriormente esta puede crecer en la medida que la familia va progresando, pero por lo pronto su necesidad ya es atendida”, expone.

Destaca que desde hace diez años el Ministerio de Vivienda y Construcción mantenga un programa orientado a la construcción de pisos en casas precarias a fin de elevar la calidad de vida de las familias. Empero considera que aun cuando la iniciativa es buena, resulta insuficiente para resolver la problemática habitacional en el país, que en regiones de la sierra y selva son más agudas aún.

Tarea común
Fernandini Capurro, también magíster en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, asevera que la situación configura un desafío para el gobierno central como para los gobiernos regionales y locales, las empresas inmobiliarias y las universidades, llamadas a contribuir en generar ideas de solución para atender la demanda de vivienda de miles de familia que habitan espacios precarios o en condiciones de hacinamiento.

“Para mí la solución al gran problema de la vivienda es que los gobiernos regionales o municipales ofrezcan suelos baratos para la construcción de programas habitacionales de mayor impacto social, pero que estos espacios cuenten con servicios básicos instalados antes de la edificación y se entregue de forma inmediata la formalidad de las propiedades a los beneficiarios”, comenta, acotando que es mucho más oneroso para el Estado habilitar servicios básicos en una zona ya urbanizada que en áreas libres.

Con servicios
El docente universitario enfatiza que ejecutar programas sociales de vivienda no pasa únicamente en la tarea de habilitar módulos donde las familias puedan instalarse, sino por generar las condiciones más favorables para su desarrollo y vida en comunidad, teniendo libre accesibilidad y facilidades para salud, educación y recreación. “Hay quienes dicen que en el Perú se está generando una burbuja inmobiliaria, sin embargo para que esta se configure debe existir especulación y para eso aún estamos lejos. Con un país que requiere más de un millón y medio de viviendas para atender la necesidad de la población, es difícil hablar de burbuja inmobiliaria. Países donde sí se ha presentado un problema como este son Estados Unidos y España, generando crisis tan agudas de las que aún no pueden salir”, explica.

Manuel Pablo Fernandini refiere que la actividad inmobiliaria no se ha detenido y esa es una feliz noticia para el país. Empero, sigue vigente el reto llevar el acceso a la vivienda digna para los sectores más deprimidos.

“En un panorama como este es urgente que los precios se estabilicen. No tiene sentido que los terrenos para vivienda sigan incrementándose en su valor porque así solo se ponen barreras para la inversión, sea pública o privada. Si el precio de una hectárea para cultivo se ha elevado 12 veces, no es difícil imaginar cuánto se ha elevado el metro cuadrado para edificaciones. Yo estimo que en el caso de la urbanización Santa Victoria, por ejemplo, el metro cuadrado de terreno actualmente es diez veces mayor al de hace cinco años”, asevera.

Ordenar el crecimiento 
El economista sugiere que otra alternativa para cubrir la demanda de vivienda en la población de escasos recursos es habilitar proyectos inmobiliarios, a precios asequibles, en la zona rural. Esto debido a que la concentración de las familias en la zona urbana es otro factor determinante para que sigan subiendo los precios por cada lote.

“La población quiere vivir cerca de su lugar de trabajo, cerca de donde estudian sus hijos y por lo tanto aspira a inmigrar hacia las grandes concentraciones urbanas, donde sus posibilidades para acceder a una vivienda digna quizá sean menores. Aquí el Estado juega un rol determinante, porque mientras más servicios de calidad se generen en la zona rural y se interconecten los centros productivos con las ciudades a través de las carreras, menos será el interés de desplazarse de un lugar a otro para vivir”, detalla.

Aspecto en el que también pone énfasis es en el Ordenamiento Territorial. Fernandini Capurro sostiene que una vez definidas las áreas para desarrollo urbano, actividad industrial y productiva, será mucho más sencillo saber en qué espacios del departamento debe atenderse con inmediatez la instalación de servicios básicos y acelerar los procesos de saneamiento físico legal.

Asimismo, esto ayudará a que las inversiones inmobiliarias dejen de concentrarse en las zonas urbanas y miren otras alternativas de desarrollo poblacional en espacios donde se pueden vender viviendas con beneficios adicionales, como zonas libres de contaminación, proximidad a áreas naturales o de actividad turística.

“El Gobierno Regional está trabajando en el Plan de Ordenamiento Territorial que esperamos pueda concretarse lo más pronto posible. Sin embargo, desde hace más de dos años la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por ejemplo, tienen encarpetado el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad y no lo aprueba, tremendo error que sigue limitando la capacidad de gestionar adecuadamente el crecimiento de la capital departamental y, lógicamente, mejorar la condición de habitabilidad de sus pobladores”, comenta.
Semanario Expresión