marzo 14, 2013

OBRAS DE SANEAMIENTO EN LAMBAYEQUE SERÍAN INTERVENIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO:


POR FIN. El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, determinó que sí existen razones de peso para que se inicien las investigaciones correspondientes a nivel fiscal y se busque determinar la comisión de una serie de presuntos delitos en la obra de renovación de las redes de agua y alcantarillado en la Ciudad Evocadora y el cambio de los colectores Sur y Ramón Castilla.
Mediante la Disposición Fiscal N° 03, del 28 de febrero pasado, la fiscal Magali Velásquez Vela, considera que a dos años de haberse iniciado la ejecución de las obras de saneamiento en la ciudad de Lambayeque, a cargo del Consorcio “San Pedro”, y sin que a la fecha se haya concluido, se evidencia demora en la ejecución de los trabajos, “tal es así que el 70% de las calles se encuentran sin reposición del pavimento”.

Señala que el Consorcio “Santiago”, a quien la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, encargó el cambio del colector de la Avenida Ramón Castilla, también realiza trabajos de forma lenta, lo que ocasiona que las calles de la ciudad se hayan tornado intransitables, perjudicando al turismo, a los vecinos, a los transportistas y al comercio.

“Estos trabajos han ocasionado que se genere estancamiento de aguas que emanan un olor putrefacto y constituyen un foco infeccioso para la población”, refiere.

CONTRA LA SALUD
La Fiscalía también toma en consideración el documento alcanzado el diez de enero pasado por el Colectivo “Lambayecanos Unidos”, con el que se denunció que el Consorcio “San Pedro” habría incurrido en la comisión de los delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente, por cuanto al abrir el desagüe del colector Norte, frente al mercado modelo de la ciudad, ha generado que todos los gases y vapores de los excrementos se esparzan, motivando contaminación e infección de productos de primera necesidad, pese a que en el proyecto se habría considerado un programa de mitigación del impacto ambiental.

Ya el cuatro de octubre del año pasado con la Disposición N° 01, la Fiscalía dispuso abrir investigación preventiva por el pazo de 45 días multa, y el 24 de enero de este año, en respuesta al documento cursado por “Lambayecanos Unidos”, se dispuso la ampliación del proceso por 45 días más, a efecto de realizar las diligencias relacionadas a la presunta comisión de los delitos antes citados.

PLAZO VENCIDO
La fiscalía resalta que el 29 de marzo del 2010 se suscribió el contrato de ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillad de la Localidad de Lambayeque”, por un monto de 51 millones 892 mil 704.20 soles, entre la municipalidad de la vecina provincia y el Consorcio “San Pedro”, quedando obligado este último a la realización de los trabajos en un plazo de 540 días calendarios, plazo que luego se amplió por 25 días más el ocho de agosto del año pasado, mediante Resolución de Gerencia N° 0697 de la comuna lambayecana. Es decir, la obra debió culminarse el 26 de agosto del 2012.


“El plazo se ha excedido largamente sin que hasta la fecha se haya cumplido con hacer entrega de la obra culminada, siendo necesario además determinar si las ampliaciones de plazos tramitadas y concedidas al Consorcio ‘San Pedro’ se ajustan a lo preceptuado en los artículos 200 al 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, señala la disposición fiscal.

El despacho de la doctora Velásquez Vela es claro al precisar que a pesar de ello, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque no han tomado las acciones legales pertinentes antes de la dilación de plazo en la ejecución de la obra, “por lo que existen indicios de la comisión del delito de omisión de actos debidos, previsto y sancionado por el artículo 377 del Código Penal”.

MÁS PRESUNTOS DELITOS
Por otro lado, la constatación fiscal efectuada el 29 de enero pasado en la Avenida Ramón Castilla, respecto a la obra del renovación del colector Sur de la UNPRG y del colector Castilla, proyecto que ejecuta el Consorcio Santiago, teniéndose a EPSEL como unidad ejecutora, el Ministerio Público evidenció que no se están tomando las medidas pertinentes para mitigar el impacto ambiental que ocasiona una obra de esta naturaleza. Según el ingeniero residente, Enrique Varías Ramos, la única medida de mitigación es el regado de agua “para evitar que el polvo se levante”.

“Esta negligencia por parte de las entidades a cargo de la referida obra, a pesar que dentro del proyecto se habría considerado un programa de mitigación del impacto ambiental, que no se estaría cumpliendo, ha conllevado a que el índice de contaminación en la ciudad de Lambayeque se eleve, así como la incidencia de enfermedades oculares y gastrointestinales entre la población”, señala el documento, precisando que por ello se habría incurrido en la comisión de los delitos de contaminación del ambiente y contaminación de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano. Artículos 304 y 286 del Código Penal, respectivamente.

Asimismo, considerando lo denunciado por el Colectivo “Lambayecanos Unidos”, el siete de febrero pasado, la fiscalía también incluye la presunta comisión del delito de colusión entre los representantes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el Consorcio “San Pedro”, por la obra de renovación y ampliación de redes de agua y alcantarillado, y entre los representantes de EPSEL y el Consorcio “Santiago” en la ejecución del cambio del colector Sur de la UNPRG y el colector Castilla.

Eso se motivaría porque las empresas contratistas no reúnen las condiciones para habérseles adjudicado las obras, razón por la que también se cuestiona el capital social de ambos consorcios y se solicita se reciban las declaraciones de los miembros del comité que les otorgó las buena pro, así como de los representantes de las empresas encargadas de las supervisiones.

Dadas estas consideraciones, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, a través de su Primer Despacho de Investigación, dispone dar por concluida su intervención en la vía de prevención del delito y notificar a la coordinación del despacho fiscal para que inicie la investigación preparatoria contra los que resulten responsables de los delitos de omisión de actos debidos, contaminación del ambiente, contaminación de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano y colusión, presuntamente cometidos por representantes de la comuna lambayecana, EPSEL y los consorcios “San Pedro” y “Santiago”, en la ejecución de las obras saneamiento básico y renovación de colectores de la Ciudad Evocadora.
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Los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque no han tomado las acciones legales pertinentes antes de la dilación de plazo en la ejecución de la obra.
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LAMBAYECANOS ESTÁN CANSADOS
Los ciudadanos de Lambayeque, que en más de oportunidad han salido a protestar por el mal manejo de las obras de saneamiento y la pasividad de las autoridades municipales, aseguran sentirse cansados del caos y la contaminación que los trabajos causan a diario.

TOLOMEO ALIAGA QUISPE
“De todas las formas posibles y legales hemos reclamado a la Municipalidad de Lambayeque informe a los vecinos qué ha hecho para salvaguardar los intereses, la salud y tranquilidad de la ciudadanía frente a una obra que evidentemente nos perjudica demasiado. Los malos trabajos de los consorcios ‘San Pedro’ y ‘Santiago’ atentan contra la seguridad, la vida y la salud de los lambayecanos”.

CARMEN SALINAS SAAVEDRA
“Tal es la ineficacia con la que se ejecutan estos trabajos que hasta nos han dejado cinco días seguidos sin el suministro de agua potable. En realidad no entendemos por qué nuestra autoridad municipal se mantiene tan tranquila e indiferente al malestar de los vecinos que hace meses exigimos se intervenga la obra y se sancione a los responsables del caos en el que se ha sumido a la ciudad”.

DANIEL VIZCONDE MELÉNDEZ
“Me parece grosera la forma en que el consorcio ‘San Pedro’ y el consorcio ‘Santiago’ se burlan de la ciudadanía ejecutando obras con tanta incapacidad técnica y sin tener el mínimo reparo por el daño ambiental que están causando en Lambayeque, pero también me parece vergonzoso el silencio de nuestro alcalde que no ha sabido responder a los llamados de la población que está cansada de todo esto”.
Semanario Expresión

marzo 11, 2013

MOVIMIENTO CÍVICO LLAMA A TÉCNICOS PARA TRATAR PROBLEMAS DE CHICLAYO

Foto: Jean Pear Guerrero Baca.
Los resultados de la primera gran jornada convocada por el Movimiento Cívico de Chiclayo - MCCH para el viernes 1 de marzo fueron sorprendente. Más de cinco mil personas, voluntariamente, salieron a las calles a participar de la marcha que paralizó la ciudad exigiendo con firmeza la solución a la ingobernabilidad que atraviesa la comuna provincial, así como la atención del poder político para solucionar los problemas de orden, planificación y desarrollo, agravados por la ineficacia del actual mandato edil.

Tres semanas de espontánea organización fueron suficientes para que la sociedad civil, reunida en el Movimiento Cívico de Chiclayo, nacido el 31 de enero pasado, concite la adhesión de los vecinos que respondieron positivamente al paro y movilización programados para el viernes último.

La estrategia, desde un inicio, fue demostrar que con medidas pacíficas, sin intereses políticos ni grandes financiamientos, se podía aglutinar el malestar de la población por el caótico estado de la ciudad, situación que se hace más aguda por la lentitud de los trabajos comprendidos en la renovación de las redes de agua y alcantarillado en el centro histórico, obra a cargo del Consorcio Chiclayo y que demanda la inversión de más de 28 millones de soles.

MANOTAZOS DE AHOGADO
Pese a las acciones montadas por la municipalidad y los seguidores del aún alcalde Roberto Torres Gonzales con el propósito de desvirtuar la naturaleza del movimiento cívico, y aun cuando los principales voceros de este, como el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Otto Zoeger Navarro; el decano del Colegio de Arquitectos, Carlos Paredes García y el vicerrector académico de la Universidad César Vallejo, Raúl Valencia Medina, fueron blanco de actos difamatorios y hasta amenazas contra su seguridad, lo acordado por la asamblea plena del MCCH se realizó y con éxito.

Un día antes a la jornada cívica, el jueves 28 de febrero, seguidores del alcalde movilizados por su agrupación política, “Manos Limpias”, y liderados por la pareja sentimental de este, Katiuska del Castillo Muro, se desplazaron por el centro de la ciudad aún sin tener autorización ni garantías de la Gobernación Política del Departamento y trasgrediendo la norma municipal que restringe el ingreso de vehículos menores al casco histórico, toda vez que a las menos de 200 personas que marcharon a favor de Torres Gonzales le siguió una caravana de mototaxistas informales.

Quienes participaron en la marcha que exigía “justicia” para el sentenciado burgomaestre fueron en su mayoría madres de las organizaciones populares como comedores y comités del Vaso de Leche, a quienes después de la movilización se les entregó aceite, fideos y carbón mediante improvisados recibos que llevaban los sellos de agencias municipales sectoriales.

“Fue la manera más vil y cobarde de intentar comprar la conciencia del pueblo y que nos remonta a los tiempos de la dictadura fujimontesinista, que con regalos y dádivas creía asegurar el apoyo popular”, expresó Raúl Valencia Medina, rechazando la contramarcha del jueves y los ataques salidos de funcionarios municipales y algunos locutores de radio que se plegaron a la defensa cerrada de la gestión municipal.

TRANSPORTES SÍ PARÓ
El viernes, desde tempranas horas, la población sintió la realización de la jornada cívica por la participación directa de los transportistas urbanos, quienes en apoyo a la medida de protesta contra el desgobierno y la incapacidad edil, dejaron de trabajar en su totalidad, frenando la circulación de las camionetas rurales que conectan a las zonas periféricas con el centro de Chiclayo.

Días antes dirigentes como Juan Vásquez García, Adelmo Campos Díaz y Luis Guevara Dávila, anunciaron la participación efectiva de más de mil 500 transportistas, los mismos que salieron a marchar junto a las demás organizaciones convocadas por el MCCH.

La respuesta del sector transporte a la movilización desmintió la afirmación del gerente general de la comuna, Ciro Chávez Martos, quien trató de minimizar la protesta, señalando que solo el 15% de los hombres del volante frenó sus actividades, cuando en realidad, hasta en horas de la noche del viernes, la ciudad lució sin combis circulando por sus principales avenidas.

“Una de las razones por las que nos sumamos al paro es el desgobierno que existe en la ciudad. Nosotros tenemos una serie de reclamos que no son atendidos por la municipalidad porque vivimos en la incertidumbre de no saber quién es el alcalde. Nosotros queremos una autoridad que responda a las exigencias de la ciudad y consideramos que ya no es posible que, por ejemplo, circulen más de 200 camionetas rurales informales yendo en contra de quienes legalmente tenemos concesiones de rutas. A ellos se suman más de 30 mil taxis y 70 mil mototaxis informales. Las vías de la ciudad también están abandonadas y eso se complica con las obras del saneamiento mal ejecutadas”, dijo Guevara Dávila, exponiendo las razones por las que transportes acató el paro cívico.

MASIVA RESPUESTA
En total fueron más de 45 organizaciones sociales, entre gremios empresariales, industriales, exportadores; universidades y colegios profesionales; sindicatos y centrales de trabajadores; asociaciones vecinales, pueblos jóvenes y de la Sociedad Civil; grupos juveniles y colectivos, así como medios de comunicación y empresas las que se volcaron a las calles de Chiclayo sumando el mar humano que se preconcentró en la Plazuela Elías Aguirre, el Parque Obrero, el Óvalo Eloy Ureta y la Avenida Federico Villarreal.

La participación independiente de familias enteras y grupos de vecinos organizados de manera voluntaria marcó la diferencia con la contramarcha del jueves 28. Destacó de sobremanera la presencia de las mujeres, quienes ataviadas de prendas negras marcharon mostrando su indignación por el estado de la ciudad y la inestabilidad que se genera ante el no pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación a la situación legal del alcalde, condenado a dos años de prisión suspendida e inhabilitado por el mismo período de tiempo para el ejercicio de cargo público por incurrir en el delito de peculado de uso.

“Esta es la respuesta del pueblo que se siente cansado, que está diciendo basta al caos, a la inseguridad, al desorden y a la falta de capacidad. Aquí estamos los que desconocemos la validez de este gobierno municipal que no tiene legalidad”, expresó Otto Zoeger Navarro, quien fue el único orador en el mitin realizado en la intersección de la Avenida Balta y la calle Manuel María Ízaga.

“No hay nada más fuerte que el pueblo y una democracia lo hace mucho más fuerte, por ello viva Chiclayo y vivan sus ciudadanos”, exclamó el presidente de la Cámara de Comercio, quien añadió que la mejor respuesta al temor de la gestión municipal y a las amenazas lanzadas contra los voceros del Movimiento Cívico, fue la masiva protesta de los vecinos.

“Que los que se escondieron en la hipocresía y la cobardía hoy deben entender que Chiclayo no es más un pueblo pacífico que tolera el mal gobierno y que sus autoridades hagan lo que quieran con la ciudad. Este es el claro mensaje que se da a los que ahora están en el municipio, pero también a los que pretenden ingresar a él”, señaló.

“No hubo ninguna pretensión política en la realización del paro, por el contrario, fue la expresión ciudadana la que lo hizo exitoso. La jornada del uno de marzo es el inicio de un trabajo arduo para borrar la incapacidad, el chantaje, la coima; para acabar lo que está llevando a Chiclayo a la peor situación que lo convierte en el principal pueblo joven del Perú”, dijo Carlos Paredes García, decano del Colegio de Arquitectos.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI Lambayeque, Manuel García Peña, refirió que existe preocupación porque debido a la lentitud de los trabajos en la obra de saneamiento básico se están perjudicando directamente negocios en los sectores confecciones y manufactura, toda vez que muchos negocios se ven obligados a cerrar por la intransitabilidad en la calles, la exposición de aguas servidas y la no reposición del pavimento.

PROPUESTAS PARA CHICLAYO
Sin embargo, el paro cívico del uno de marzo no lo es todo. Las organizaciones que forman parte del Movimiento Cívico de Chiclayo asumieron, desde el principio, el compromiso firme de trabajar en función a dos objetivos claros: convertir al MCCH en canalizador del malestar generalizado que sienten los vecinos por la condición de la ciudad, y trabajar con sustentos técnicos y participativos en la formulación de propuestas viables para que en el corto, mediano y largo plazo se revientan los problemas y carencias urbanas de la provincia.

Por ello, el Movimiento Cívico de Chiclayo ha constituido hasta el momento cuatro mesas temáticas que apuntarán a la realización de los análisis, debates y elaboración de planes. La primera trabajará en el aspecto de Gobernabilidad en aras de promover la solución de la incertidumbre institucional que existe actualmente en la comuna frente a la inacción del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y el gobierno central por atender la compleja condición legal del burgomaestre de la ciudad.

Este grupo de trabajo contará con la asistencia técnico legal de profesionales de las universidades, el politólogo Jorge Luis Vallejo Castelo, el colectivo Chiclayano Despierta y la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil – ADOSCIL.  La segunda mesa es la de Vigilancia, que se constituye con el propósito de generar espacios de control ciudadano a la gestión municipal y el manejo de recursos, apoyándose en el Concejo de Coordinación Local – CCL y la asistencia técnica de los colectivos, ADOSCIL y las organizaciones vecinales.

También se ha constituido una mesa especial para abordar la Obra de Saneamiento de Chiclayo, compuesta por los colegios profesionales, técnicos especialistas en materia ambiental, estructural y de saneamiento básico; la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, las universidades César Vallejo y Santo Toribio de Mogrovejo, así como la Asociación Regional de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias.

Este equipo deberá evaluar el actual proceso constructivo de la renovación de redes y alcanzar sus observaciones y planteamiento para el correcto desarrollo de la obra, sumando para ello el respaldo de los órganos de vigilancia.

Finalmente se ha formado la mesa sobre Priorización de Proyectos y Sistema Integral de Transporte, compuesta por organizaciones públicas y privadas, entidades técnicas y gremiales en el afán de buscar la ejecución de los estudios de desarrollo urbano que obran en la comuna y han sido postergados por la gestión municipal. Dicho equipo centrará su acción en proponer medidas que permita organizar el avance urbano de Chiclayo a fin de convertir a la ciudad en un polo competitivo, moderno y con mayores oportunidades de bienestar poblacional.

“La tarea recién empieza y estamos verdaderamente comprometidos a no defraudar el apoyo de los miles de chiclayanos que salieron a protestar con nosotros y la mejor forma de hacerlo es mostrarles resultados de un trabajo transparente, ordenado y que ayude a mejorar el estado de la ciudad. El Movimiento Cívico no muere con la marcha, continúa y por ello requiere que más organizaciones sigan sumándose y que los técnicos independientes que verdaderamente aman a la ciudad participen de las acciones que desde ya estamos organizando”, señala Raúl Valencia.

+ NOTICIAS
El mismo día del paro cívico ingresó al Ministerio Público el pedido formal de las organizaciones aglutinadas en el movimiento para que este actúe de oficio y mediante su Fiscalía de Prevención del Delito intervenga la obra de saneamiento en el centro de la ciudad.
El Movimiento Cívico de Chiclayo expresa su solidaridad con los gremios del transporte en razón de las medidas de amedrentamiento dadas por funcionarios de la municipalidad con la imposición indiscriminada de papeletas.
En el transcurso de las semanas se decidirá si se da el formalismo legal al MCCH a través de la personería jurídica ante registros públicos.
El procurador público municipal, Eder Medina Zelada, denunció a los voceros del MCCH ante el Ministerio Público en prevención de actos de violencia. Sin embargo su denuncia, si siquiera digna de un estudiante de primer ciclo de Derecho, fue archivada.
Semanario Expresión