EDUCACIÓN, POBREZA URBANA Y VIOLENCIA

Uno de los retos más grandes en América Latina y el Caribe (ALC) hoy en día gira alrededor de los temas de violencia juvenil. ALC es la única región en el mundo que tuvo un incremento en el número de homicidios entre 1995 y 2010 según el estudio global de la ONUDD sobre homicidios. ALC posee la segunda tasa más alta en violencia juvenil del mundo. En ALC, el diálogo sobre seguridad y violencia juvenil es continuo, y está claro que no hay una respuesta sencilla. Uno de los enfoques considerados más prominentes es el multidisciplinario o multisectoral, basado en el reconocimiento de que ningún sector (como la educación o la salud) puede solucionar los factores incontables que impactan negativamente a la juventud y los exponen a mayores riesgos.

 

Lugares con niveles altos de desigualdad, pobreza e inseguridad a menudo experimentan niveles altos de violencia. En medio de la violencia urbana y la pobreza, ¿cuál es el rol de la educación y las escuelas?, No hay una respuesta clara aquí tampoco. Sin embargo, nosotros sabemos que el espacio más importante y seguro para los niños y jóvenes, después de su hogar, es la escuela. En muchas comunidades de ALC, las escuelas desempeñan el papel principal de servir como un espacio de encuentro comunal, y en algunas comunidades violentas, las escuelas han permanecido intactas y funcionan como refugios seguros.

 

Evidencia sugiere que las escuelas proporcionan la oportunidad de sobrellevar algunos de los desafíos que enfrentan niños en áreas de pobreza alta y comunidades afectadas por la violencia. La importancia de la educación en circunstancias adversas es tan importante que es uno de los pilares fundamentales para considerar durante circunstancias de emergencia, violencia o crisis crónica, en adición a comida, agua, salud y refugio. Por qué? Porque la escuela crea un ambiente de normalidad entre niños y jóvenes, ya que proporciona la oportunidad de que los miembros de la comunidad participen en eventos positivos y ofrece un espacio de aprendizaje para que niños y jóvenes aprendan con protección y seguridad a su alrededor.La educación abre un futuro de oportunidades para los jóvenes por medio de iniciativas apropiadas, y las escuelas proveen seguridad, protección y oportunidad.

 

Las escuelas pueden tomar varios pasos para proteger a los niños afectados por la violencia urbana. Estos pasos incluyen:

 

• Hacer una actividad en la escuela y la comunidad con un mapa de la zona para asegurarse que los alumnos sepan cuales son las zonas seguras y las peligrosas a su alrededor. A veces con estas actividades se obtienen resultados sorprendentes. Respuestas en materia de seguridad y zonas de altor riesgo difieren entre adultos, niños y jóvenes.
• Proveer apoyo general a toda la escuela y sus integrantes, ya que todos los estudiantes se ven afectados por la delincuencia, la violencia y otros factores en la escuela y la comunidad, y el impacto negativo puede ser muy fuerte. Dicho apoyo puede incluir la garantía de la protección y seguridad en la escuela, incrementar el involucramiento de los alumnos y proporcionar oportunidades para las actividades de arte, música y deportes en un espacio seguro, en particular donde espacios recreacionales afuera de las escuelas no siempre existen.  
• Proporcionar apoyo específico (por ejemplo, terapia grupal) o intervenciones tempranas a aquellos alumnos que experimentan dificultades mayores, como problemas en el hogaro la escuela, delincuencia u otras adversidades.  
• Ofrecer un servicio de remisión a aquellos estudiantes que se encuentran afectados severamente por delincuencia, violencia y otros problemas que pueden enfrentar y a quienes requieran asistencia más allá de la capacidad de la escuela y su personal.  
• Proveer apoyo a los tutores de los estudiantes, quienes también se ven afectados por la violencia en las comunidades y se beneficiarían del apoyo o la oportunidad de participar en las iniciativas de la escuela. 
• Proveer un espacio para generar confianza dentro de la escuela, en un ambiente donde la confianza es limitada.  
• Asociarse con los organizadores de la comunidad, tales como centros de salud o programas de formación para ofrecer actividades adicionales para niños y jóvenes después de las horas normales de clase, incluyendo actividades dentro de la escuela durante las tardes y los fines de semana.El programa de escuelas abiertas en Brasil, donde las escuelas ofrecen actividades los fines de semana, por ejemplo, ha sido atribuido a ayudar a reducir los actos delictivos un 45.5% entre el año 2003 y 2006.

Una escuela que se encuentra inmersa en un lugar donde hay pobreza urbana y violencia a menudo se convierte en más que un espacio para el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. Se convierte en un espacio seguro, donde los estudiantes pueden actuar como niños y los jóvenes como jóvenes. Crear tal espacio en las escuelas requiere mucho esfuerzo y también el compromiso de los profesores, directores y otro personal de la escuela, estudiantes y tutores. En este proceso, se puede ver la diferencia entre motivar a los niños para que permanezcan en la escuela y transformarse en una persona resistente y productiva dentro de la comunidad a tener a un niño que participa o es víctima de la violencia urbana.

TERRORISMO SE INFILTRA EN LAMBAYEQUE: MOVADEF ENTRA A COLEGIOS Y EX SUBVERSIVOS A CAÑARIS

Dircote recomienda detención de Segundo Narva para evitar violencia en distrito altoandino.

Información obtenida por Expresión de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), da cuenta de cómo docentes que purgaron cárcel por terrorismo y representantes del Movadef –entre ellos José Romero Gastelumendi y Carlos Albújar Ortiz –supuestamente estarían empezando a desplazar su aparato ideológico, cuyo radio de acción comprende los colegios de la región. Por otro lado, la misma fuente policial precisa cómo exsubersivos, liderados por Segundo Narva Vásquez estarían pretendiendo sembrar el terror en Cañaris, so pretexto de la lucha antiminera.

En el primero de los casos, no es un secreto que el terrorismo en el país ha cambiado sus tácticas y ahora busca introducirse en la sociedad que quiso destruir con la violencia en las décadas del 80 y 90, adoctrinando con mentiras a la juventud; lo cual –desde donde se mire– es una malsana actitud. Pues bien, asumiendo la directiva de contrarrestar la presencia de quienes lo representan, sea en gremios, instituciones educativas o desde la sociedad civil, agentes de la Dircote de Lima han detectado en la región a varios de ellos.

El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) es uno de ellos, donde a raíz de la propalación de un reportaje en un medio de comunicación capitalino, ha permitido poner al descubierto el plan que en regiones como la nuestra se pretendería ejecutar, alineándose a docentes miembros del Comité Nacional de Reorganización y Reorientación del SUTEP (Conare), como Carlos Arturo Albújar Ortiz y José Wilson Romero Gastelumendi, Secretario General y de Organización en Chiclayo, respectivamente, que estarían ligados estrechamente a la nueva fachada política de Sendero Luminoso, y que por cierto, han sido denunciados por la Procuraduría Antiterrorismo.

De acuerdo con lo investigado por los agentes policiales, los principales dirigentes del Conare no solo se adhieren a los postulados del Movadef y el ideario de Abimael Guzmán ("pensamiento Gonzalo"), sino que participan en esta organización desde sus bases en varias regiones del país, con el fin de revivir a Sendero Luminoso, a través de su participación en las protestas que se organizan en el país y –lo más riesgoso– mantienen un vínculo muy estrecho con los escolares.

El Conare también agrupa a docentes que purgaron condena por terrorismo y aboga porque vuelvan a las aulas, pero ¿quiénes son, cuál es su pasado y en qué colegios estatales laboran?, son interrogantes que los agentes encubiertos detallan luego de un minucioso trabajo de seguimiento, al que este medio de comunicación tuvo acceso.

Además de los docentes Carlos Albújar Ortiz, que labora en la institución educativa 11001, ubicada en la calle Leoncio Prado–San Antonio; y de José Wilson Romero Gastelumendi en una institución educativa en el distrito de Picsi; la fuente revela también la participación activa -en la provincia de Lambayeque – de Isidro Guerrero Fernández, quien labora en la I.E 10112 del P.J San Martín. Junto a ellos también aparecerían “vinculados” Rolando Roger Aguilar Pacheco, secretario general del Comité Ejecutivo del SUTE Clasista Regional de Lambayeque, y Carmen Vásquez, de la Base de la I.E. José María Arguedas, del distrito de La Victoria. Su participación, según nuestra fuente policial, es so pretexto de la intensa brega magisterial, a pesar de haber manifestado su deslinde con posiciones como las del Movadef y Patria Roja, esta última a la que aparecería “ligado” Domingo Hurtado Sipión, actual secretario general del SUTEP.

Pero Conare Modavef no solo se ha articulado en los colegios. Información de Dirección contra el Terrorismo da cuenta además sobre la presencia de ideología radical en las esferas de la Gerencia Regional de Educación, específicamente en la UGEL Lambayeque, que en su momento tuvo como director a Carlos Díaz Junco, cuyo entorno más cercano estaba conformado por su hermano Elvis, libre tras purgar condena por terrorismo, laborando actualmente como docente en la I.E. “Sara Bullón” de Lambayeque.

En ese mismo entorno también se mantuvo el abogado Jorge Gilberto Casusol Acosta, exasesor jurídico de la UGEL Lambayeque (profesor en I.E. “Rosa Flores de Oliva en Chiclayo), quien también purgó condena por terrorismo; y como asesor externo en la misma entidad el docente Víctor Manuel Pozo Chávarry, director del colegio primario San Martín de Lambayeque. Asimismo, la Dircote también ha centrado su accionar en otras instituciones educativas como la Unidocente de Mórrope, Caserío Positos de Olmos, Narcisa Arenas de Motupe, que -según la información policial que se tiene– contaría en sus aulas a docentes militantes del Movadef y otras facciones.

La misma fuente informa también sobre acciones de vigilancia a otros docentes que purgaron condena por terrorismo y salieron libres, algunos cumpliendo sus penas y otros porque el Gobierno Central les otorgó libertad, y que hoy desempeñan funciones en instituciones educativas de la región. Entre ellos, se señala a Teresa Isabel Tirado Cancino (I.E. 10005 “Santa Rosa de Lima” en Pimentel, esposa de Gilberto Casusol Acosta), Elmer Atilio Paredes Abanto (Instituto Superior Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús”), Óscar Víctor Díaz Cisneros (I.E. 11534 –“José Campos Peralta en Pítipo"), Roberto Rodolfo Flores Ramírez (I.E. Manuel Mesones Muro de Ferreñafe), Juan Nicolás Parraguez Capitán (I.E. “Santa Lucía” de Ferreñafe) y Robert Guadalupe Campojó (I.E. “San Pablo” de Pacora), Romel Santiago, entre otros.

Exsubersivos en Cañaris
Por otro lado, otro reporte de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), obtenido en exclusiva por Expresión brinda detalles de cómo se “elucubrarían” algunos actos violentistas tras la consulta popular que se desarrollará en el distrito de Cañaris este fin de semana. Este informe señala que aprovechando la situación de convulsión que se vive por la lucha antiminera en diferentes partes del país, en esta localidad han sido detectados elementos insurgentes que buscan ganar un espacio haciendo un trabajo político-ideológico donde se ubica el proyecto minero Cañariaco, a cargo de la empresa Candente Cooper, zona donde residen aproximadamente unos cuatro mil comuneros agrupados en la Comunidad Campesina “San Juan Bautista”, cuyo presidente es Cristóbal Barrios Carrillo y el autodenominado Frente de Defensa y Protección del Medio Ambiente, a cargo de Segundo Narva Vásquez, presunto organismo de fachada de clara tendencia antiminera.

Respecto a Narva Vásquez, Inteligencia asegura que es un militante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pues registra antecedentes por terrorismo, habiendo cumplido condena desde 1992 hasta el 2003, reingresando al penal por los delitos de Robo Agravado y Secuestro, estando sujeto en la actualidad al cumplimiento de normas. “…se sabe que porta un arma de fuego, no radica en Cañaris; conjuntamente con Santos Cristóbal Barrios Carrillo son líderes del movimiento de oposición a la explotación minera, constantemente realizan reuniones, pegan y distribuyen afiches de clara tendencia subversiva, efectuando un trabajo de concientización, azuzando a los comuneros contra la minería en dicho lugar, acciones que de no ser controladas a tiempo es factible que se generalicen en hechos de violencia”, dice textualmente la Nota Informativa Nº 077-DIV-CH emitida el pasado 12 de julio con destino a la Dirección de Inteligencia Contra el Terrorismo en Lima.

Esta misma dependencia confirma además que Segundo Narva Vásquez frecuenta a los internos por Terrorismo del penal de Picsi, presumiblemente para efectuar coordinaciones; que periódicamente viaja hacia la ciudad de Cajamarca para sostener reuniones con los líderes del movimiento antiminero de dicha ciudad y para agenciarse de fondos para la lucha en Cañaris; habiendo incluso tomado parte activa en las protestas contra el proyecto Conga, tanto en Cajamarca como en Chiclayo.

Un hecho importante detectado por la policía y que es consignado en el mismo reporte policial, señala que Narva Vásquez cuenta con apoyo externo para sus propósitos. Con exactitud se precisa que el pasado 8 de julio de este año, se trasladó hasta la localidad de Cañaris a bordo de la camioneta con logotipo de una universidad lambayecana, de placa POB 123 Nissan Frontier, color blanco, registrada a nombre de la Corporación Universitaria de la Costa SAC; secundado por la camioneta Toyota Hi Lux, de placa PGN 138, cuyo propietario según SUNARP es el CTAR Cajamarca.

Dadas las condiciones que se registran en Cañaris, los agentes de Inteligencia señalan que “el movimiento de Segundo Narva está en alerta, por lo que viene solicitando el apoyo de las Rondas Campesinas de todos los caseríos aledaños para evitar de la manera que sea el inicio de trabajos en el lugar, lo que vendría a ser una apología a la violencia que puede entenderse como un tipo de terrorismo contra quienes no piensan como ellos”, por lo que -conocidos sus antecedentes- recomiendan se proceda a su inmediata captura, más aún si estando con normas de conducta que respetar, esté activando el movimiento antiminero en la zona, con el agravante de portar un arma de fuego, convirtiéndolo en una persona peligrosa y ofensiva, poniendo en riesgo la vida e integridad física de las personas que están a su alrededor.

Aunque conocido, no deja llamar la atención el hecho que Dircote reporta que sobre la estructura de un grupo de organizaciones que vienen desarrollando acciones de fuerza contra la actividad minera en Cajamarca y Lambayeque, aparecen las figuras de Gregorio Santos Guerrero (presidente regional de Cajamarca), Marco Arana Zegarra (exsacerdote, sociólogo y actual político ecologista) y Wilfredo Saavedra Marreros (exterrorista y extremista protestante), a quienes califican de “profundamente antimineros y comparten la intransigencia y radicalismo”.

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OPINAN ESPECIALISTAS
Dr. Jorge Vallejo Castello - Politólogo
“En las escuelas y sobre todo en varias universidades privadas, por temor a que el debate se desborde, simplemente se ha suprimido el diálogo sobre la realidad nacional y los temas complejos, incluyendo lo ocurrido con el terrorismo. Los medios de comunicación han guardado silencio por mucho tiempo; es así como tenemos toda una generación que no conoce del tema. Muchas organizaciones y partidos políticos se han limitado a cuestionar el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que es claro en señalar que Sendero Luminoso y el MRTA fueron los principales responsables en esos años que desangraron el país. Muchos de los presos por terrorismo están por cumplir sus condenas, ¿se habrán reconciliado con el país?, ¿hay una política de reconciliación nacional?, ¿se les ha hecho ver su error? Tarea pendiente es la labor de las dependencias de inteligencia nacional, aquellos que conspiran contra la democracia deben ser investigados dentro de los gremios, dentro del magisterio, desde las cárceles y demás. Todos pueden hacer vida política activa y difundir sus ideas y planteamientos, siempre y cuando se mantenga el irrestricto respeto por la vida y por el Estado democrático”.

Dr. Eddie Cóndor Chuquiruna –Coordinador Área de Gobernabilidad Democrática de Comisión Andina de Juristas
“Los peruanos tenemos que comprender que mientras haya injusticias e impunidad y nuestras instituciones muestren su fragilidad por donde se las mire, habrá motivos y justificaciones para que cualquier banda de criminales no solo justifiquen sus acciones, sino que actúe con libertad supina, como aparentemente viene ocurriendo en el caso de quienes promueven el llamado Movadef. En esa línea, más allá de lo que hagan, porque por mandato legal les corresponde hacerlo, las instituciones tutelares y promotoras del Estado de Derecho, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y, en este caso específico, la Procuraduría del Sector Educación, una buena sanción y castigo a iniciativas del orden de MOVADEV, debería ser el reproche moral colectivo de los lambayecanos; en la línea de demostrar -en la práctica- que desde otros ámbitos (una movilización social y pacífica, por ejemplo) también se puede aportar a la construcción de la paz y democratización de nuestro país. Miremos los ejemplos que en esos escenarios ha dado Colombia, en su proceso de pacificación. Deberíamos propender al ejercicio de una ciudadanía plena, pero entendiéndola como acciones individuales y/o colectivas que nos ayuden a evitar que la historia se repita y que sean los más vulnerables quienes más sufran. Por ello, promover ante estos hechos, el uso de medidas violentas desde el Estado, o permitir que estas se den desde fuera, es algo que debemos rechazar tajantemente”.

● Congresista Yehude Simon considera que Conare Sutep está integrado por quienes solo quieren aprovecharse de la justa lucha de los maestros para sacar ventajas políticas.
● El Presidente Regional Humberto Acuña descartó retirar del aparato estatal a exsubersivos, considerando que todos tienen derecho a laborar.

+ NOTICIAS
● Existe una página web de estudiantes de Comunicación Social, llamada Comude Comunicación, que linkea artículos vinculados al Movadef.
● José Peláez, Fiscal de la Nación, considera que fiscales y jueces deben comenzar a denunciar y sancionar con rigurosidad a las personas que incurran en el delito de apología al terrorismo.
● Congresista Daniel Mora refiere que desde la Comisión de Educación se ha pedido a ministra Patricia Salas “actúe para evitar que esta gente envenene las mentes de nuestros niños”.
Semanario Expresión

CIUDADES FRONTERIZAS

Las ciudades no pueden existir aisladamente. Mientras en sus orígenes la relación de las urbes con el campo fue su razón de ser, hoy es imposible comprenderlas por fuera de su esencia interurbana, más aún en las regiones transfronterizas. Las relaciones entre las ciudades de frontera conforman sistemas urbanos que las estructuran -según las características de los estados partes- bajo la lógica de la asimetría complementaria; esto es, que las diferencias existentes entre los lados de las fronteras permiten su integración porque son funcionales entre sí.

En esa perspectiva, dos elementos son claves: las economías de frontera crecen, porque la separación de los Estados ayuda al delito y frena a lo legal, y porque los poderes locales son fortalecidos por los procesos de descentralización. En América Latina vemos que la integración-separación de las fronteras se constituye a partir de sistemas urbanos plurinacionales, adoptando la forma de una cremallera. En los lugares donde se encuentran dos Estados operan ciudades binarias o binucleares, como es el caso de las ciudades de la frontera Estados Unidos-México.

Este sistema interurbano está compuesto por 22 ciudades intermedias, 11 a cada lado, donde sobresale la situación de la Ciudad Binaria Juárez-El Paso. El binomio opera a la manera de una Metrópoli, donde la línea divisoria señala hasta dónde va Ciudad Juárez y desde dónde El Paso; sin embargo de esta unidad urbana, cada una de las partes son diversas, tanto que la primera tiene una tasa de 280 homicidios por 100 mil habitantes y en El Paso no llegue a uno.

Existen fronteras donde coinciden tres Estados a través de las respectivas ciudades; es el de mayor visibilidad el caso de la llamada "Triple Frontera". En un mismo territorio se encuentran tres ciudades que producen la integración de tres Estados: Foz de Iguazú en Brasil, Ciudad del Este en Paraguay y Puerto Iguazú en Argentina; que lo que las separa es un río Paraná y lo que las integra es la dinámica interestatal.

Esta ciudad Trinuclear juega un rol muy importante en el proceso de transformación del contrabandista internacional en traficante global. Otra frontera interesante es aquella que encuentra cuatro países con una base urbana compuesta por cuatro ciudades; allí está Manaos en Brasil, Iquitos en Perú, Leticia en Colombia y Sucumbíos en Ecuador que, a diferencia del ejemplo anterior, no logran conformar una ciudad sino un sistema urbano, que nace del río convertido en la base material de integración.

La búsqueda del Pacífico que hace el Brasil permite pensar en un futuro común de las cuatro ciudades, debido a la carretera Manaos-Manta; pero también, en sentido contrario, por la necesidad de controlar el flujo de narcóticos al Brasil, hoy convertido en un gran consumidor de coca.

Estos sistemas urbanos particulares empiezan a ser administrados localmente produciendo, por ejemplo: un importante debate sobre el Área Metropolitana de Ciudad Juárez-El Paso; la firma de convenios de hermanamiento entre Manaos-Leticia-Iquitos-Sucumbíos: la constitución de una Asociación Municipal fronteriza con 45 municipios en la zona sur ecuatoriana y norte peruana; o el caso de Tulcán-Ipiales que administran mancomunadamente algunos servicios. En otras palabras, son sistemas urbanos con alta potencialidad, siempre y cuando, se los entienda como elementos de integración que deben ser fortalecidos.
Hoy.com.ec

QUE DETERMINA LA DELINCUENCIA EN EL PERÚ Y EL MUNDO

América Latina y África tienen las mayores tasas de delincuencia entre las regiones del mundo. Perú aún tiene crecientes tasas de homicidio y altísi-ma incidencia de robos y hurtos. La tasa de robos casi duplica la del resto de América Latina y es ¡130 veces la de Japón!. Más del 40% de los hogares, algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo y un 55% de la población ha de-nunciado haber sido víctima de un delito en los últi-mos seis meses.

No sorprende que más del 70% de los peruanos sufren de niveles medios o altos de temor a la delin-cuencia. Peor aún, estas cifras del año 2011 son par-te de una tendencia creciente de delitos y sus se-cuelas en los últimos, al menos, 10 años.

En el mundo y en Perú se ha perdido la guerra (¿batallas?) contra las drogas hoy ilegales, así como EE.UU. perdió la guerra contra el tráfico y consumo del alcohol durante la prohibición del mismo (1920-33). En producción, consumo, y tráfico de drogas, estamos en el ranking mundial.

¿Qué determina la delincuencia?
La evidencia científica muestra que la delincuencia disminuye con el crecimiento, la prevención social, la persecución penal eficaz y la confianza social. En cambio, la delincuencia aumenta con las drogas ilegales, los hogares con mujeres jefas de hogar, el porcentaje de jóvenes, el desempleo, la concentración del ingreso y el tamaño de las ciudades (E&N, junio 2012).

Costos directos de la delincuencia
La delincuencia tiene costos directos: aquellos im-puestos a víctimas (pérdidas de vidas, salud, días laborales y propiedad), el coste público (en preven-ción, investigación, persecución y penalización de delincuencia) y gasto privado en prevención (alarmas, guardias privados, rejas, primas de segu-ros). Por ejemplo, en Chile, el Instituto Libertad y Desarrollo estima que los costos directos de la delincuencia equivalen al 2,2% del PIB de Chile. En el Perú no debe ser menos del 3% del PBI.

También hay costos indirectos 
La delincuencia impone dos costos indirectos adi-cionales. Están los daños terribles que infligen los criminales a sus víctimas, lacerando sus mentes y sus almas. Están los costos indirectos pagados por toda la po-blación. La delincuencia destruye la confianza inter-personal y es un impuesto al trabajo, al ahorro, al emprendimiento y a la recreación fuera del hogar, reduciendo la calidad de vida y el crecimiento económico.

Modelo del delito:
Cuál es la probabilidad (P) de pensar como opción el delito; y de serlo, cuál es la P de ser detectado; de ser captura-do; de ser juzgado; de ser sentenciado; y, de que se cumpla la sentencia. Nótese cuáles son los actores responsables en cada etapa (la intervención debe ser integral) y lo rentable que resulta en el Perú en las condiciones actuales, dada las bajas Ps desde la detección.

Insuficientes avances contra la delincuencia 
Frente al aumento de este mal en más de una década, el Perú ha respondido tratando de refor-mando leyes e instituciones y destinando más recursos al combate de la delincuencia. Si bien las detenciones y condenas han aumentado en los últimos años así como los recursos destinados a su control, ello ha conllevado a una explosión de la población carcelaria, con excesivo hacinamiento y una baja exposición a programas de rehabilitación. No hay acción sólo reacción.

Un enfoque integral
Como se podrá inferir del 2do recuadro en esta página, el enfoque debería ser integral, mucho más allá de más comisarías y más policías. Hay que reformar el Estado, hay que institucionalizarlo.
Instituto de Economía y Empresa