La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales retos del país, más aún porque el número de funcionarios involucrados en irregularidades contra el Estado sigue en aumento y por ende la fuga de los recursos de todos los peruanos. Sin embargo, existen casos de aquellos que a pesar de tener sentencia en su contra al comprobarse su responsabilidad en delitos contra la administración pública, hacen caso omiso a una de sus obligaciones: pagar las reparaciones civiles que el Poder Judicial les impuso.
Hasta el 31 de mayo pasado son en total 55 los procesados y sentenciados por el sistema judicial, en razón de las denuncias presentadas en su contra por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque. De ellos, la gran mayoría, tras conocer el fallo de los magistrados, ha olvidado pagar los montos económicos fijados para reparar al Estado peruano por el perjuicio que su inconducta generó a su paso por el aparato público. “Existe una verdadera resistencia por parte de los procesados para resarcir al Estado por el daño que le causó la comisión de diversos delitos, se está perdiendo dinero que le pertenece al erario nacional a pesar que los casos son ganados y se prueba fehacientemente que los denunciados sí incurrieron en delitos de corrupción”, señala Julio Lazo Gallo, Procurador Anticorrupción de Lambayeque.
DEUDAS POR BENEFICENCIA
Ese es el caso de Jaime Cruzado Rivero, sentenciado por el 5to Juzgado Penal Liquidador por el delito de Peculado en agravio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo - SBCH, a quien se le impuso el pago de una reparación civil ascendente a mil soles, monto del cual no ha abonado nada hasta el momento.
Allí también se encuentra Alejandro Alvarado de los Santos, a quien se le sentenció en el 5to Juzgado Penal Liquidador por el delito de Peculado, también en perjuicio de la Beneficencia de Chiclayo, sin que haya hecho efectivo el pago de los 30 mil soles que se le asignó por concepto de reparación civil al Estado.
Por ese mismo delito, con expediente N° 3175 - 01 se sentenció a Oscar Mendoza Sialer, imponiéndole la suma de 500 soles como reparación por haber perjudicado también a la SBCH; mientras que Sergio Gastulo Marcelo, quien cometió Peculado en afección de la entidad benefactora, aún no abona los tres mil soles impuestos por el sistema de justicia.
MÁS MOROSOS
A Miguel Sánchez Cornejo, el 4to Juzgado Penal Liquidador lo halló responsable del delito de Corrupción de Funcionarios en agravio del Poder Judicial, imponiéndole una reparación civil de 500 soles, impagos a la fecha. Con expediente N° 1298 – 01, fueron sentenciados José Silva Rivas, Edgardo Soto Heredia, Orlando Torres Zevallos, Hugo Gutiérrez Saavedra, Celso Vallejos Rodas y Elsa Goycochea Carrasco, tras ser declarados culpables de la comisión del delito de Peculado en agravio de la Dirección Regional de Salud, por el 5to Juzgado Penal Liquidador. A Silva Rivas se le asignó pagar mil soles y a los demás sentenciados 50 soles por concepto de reparación, sin embargo ninguno de ellos ha hecho efectivo el abono al Estado.
Por el delito de Concusión fueron sentenciados por el Juez de Paz de Ferreñafe, José Chunga Ruiz y Eduardo Julca Chunga, quienes causaron perjuicio a la Municipalidad Distrital de Manuel Mesones Muro, sin que hasta el momento hayan pagado los mil soles que se le impuso a cada uno por reparación civil, al igual que Edilberto Gastulo Montalvo, sentenciado por el delito de Peculado en agravio de la Municipalidad Distrital de Incahuasi, quien aún no paga los 15 mil soles impuestos por repreación.
Del mismo modo, el 1er Juzgado Penal Liquidador sentenció por Corrupción de Funcionarios a Raúl Huamacto Ochante, quien incurrió en el ilícito penal en agravio del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, y aún debe abonar cinco mil soles de reparación. Del mismo modo, Santos Huamán Grados aún no paga los 500 soles que se le impusieron, tras ser sentenciado por el delito de Peculado en agravio del Ministerio de Salud.
LOS LEONARDINOS
Por el mismo ilícito fueron sentenciados, el ex alcalde de José Leonardo Ortiz, Carlos Morales Sosa junto a Segundo Oblitas Cotrina, Jorge Gómez Pulache, Oscar Oliden Hurtado y Marco Morales Ferreyra, quienes fueron procesados con expediente N° 212-05 y aún deben los tres mil 300 soles que se le asignó a cada uno para resarcir al Estado, por perjudicar a la municipalidad del distrito. “El caso del ex alcalde Carlos Morales Sosa es muy particular, toda vez que como Procuraduría hemos solicitado el embargo de sus bienes para asegurar el pago de la reparación civil que se le impuso en la sentencia, sin embargo, grande ha sido nuestra sorpresa que en los Registros Públicos no figura ningún bien a su nombre. No hay nada por embragarle. Lo que pasa es que hay quienes delinquen con sabiduría, sapiencia y con prevención, evitando poner propiedades a su nombre para trabar, precisamente, que se les cobre por el perjuicio que le causaron al Estado”, señala Lazo Gallo.
LARGA LISTA
Alfredo Jiménez Quispe, aún adeuda los 15 mil soles impuestos en su sentencia, a pesar que su expediente judicial data de 1998 y en el proceso se le encontró responsable del delito de Peculado en agravio del Poder Judicial. Asimismo, Gianina Ghersi Oliveros, quien fue sentenciada por el delito de Colusión en agravio de la Municipalidad de Ferreñafe aún no abona los dos mil 500 soles fijados como reparación civil, situación en la que también se encuentra Miguel Villanueva de la Oliva, procesado por Concusión en perjuicio del Gobierno Regional de Lambayeque, quien debe los dos mil soles impuestos en su sentencia; caso en el que también se encuentra la ex Directora Regional de Trabajo, María Vargas Díaz, a quien se le impuso el pago de una reparación a favor del Estado ascendente a ocho mil soles.
Por la comisión del delito de Peculado por Extensión, fueron sentenciados Wilder Méndez Fernández, en agravio del Ministerio de Trabajo, quien mantiene impagos los dos mil soles que fijó el Poder Judicial; y Blanca Azucena Roque, quien incurrió el ilícito penal en perjuicio del Poder Judicial, debiendo aún los mil soles de su reparación.
Por su parte, Ramiro Villarreal Huamán, debe los 800 soles impuestos en su contra tras ser sentenciado por Corrupción Pasiva, y Armando Huayama Guevara, quien debe dos mil soles por incurrir en el delito de Cohecho Pasivo, ambos en perjuicio del Ministerio de Educación; Felipe López Panda, adeuda dos mil soles de reparación al Estado al ser sentenciado por Peculado en perjuicio del Ministerio de la Producción; mientras que Antero Monsalve Gonzales y Edgardo Yamunaque Samamé deben 500 soles cada uno, al no hacer efectivo el pago de la reparación contemplada en su sentencia por el delito contra la Tranquilidad Pública en perjuicio del Ministerio de Transportes.
Con expediente N° 1860-07 fue procesado y sentenciado por el delito de Rehusamiento en perjuicio del Poder Judicial, José Mejía Zavaleta, sin que haya efectuado hasta el momento el pago de 500 soles por reparación civil. Por Peculado fue sentenciado César Salas Santacruz, quien debe pagar mil soles para resarcir por el daño causado contra el Ministerio del Interior.
Por el delito de Peculado por Extensión, Guillermo Monja Piscoya y Juan Velasco Juárez, fueron sentenciados y obligados a hacer efectivo el pago de dos mil soles en reparación por el perjuicio causado a la Municipalidad Provincial de Lambayeque; por Corrupción de Funcionarios corrieron la misma suerte Julio Alva Rebaza y Elizabeth Julcarima Castro, quienes en perjuicio al Ministerio de Educación deben abonar mil 500 soles cada uno.
SÍ CUMPLIERON
A diferencia de los personajes antes mencionados, existen quienes sí han cumplido con pagar la reparación civil que se les asignó en sus sentencias por la comisión de delitos contra la Administración Pública. Uno de ellos es el ex candidato a la presidencia regional, Juan José Salazar García, quien tras reconocer su participación en el delito de Colusión en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, cuando fue alcalde, recibió la imposición de dos mil 500 soles por concepto de reparación civil, monto que ha cancelado en tu totalidad.
“Salazar García se acogió a la confesión sincera reconociendo su responsabilidad en los cargos que se le imputaron, lo que le permitió la reducción de la sentencia, que pudo ser de siete años, a tres años suspendida en su ejecución. De esa manera, él quedó expedito para poder postular a la presidencia regional en las elecciones pasadas”, explica el Procurador Anticorrupción.
Elvira Oliva de Pejerrey y Víctor Andonayre Hernández, también han cumplido con pagar, cada uno, los mil soles que se les asignó tras ser sentenciados por la comisión del delito de Peculado en agravio de la Municipalidad Distrital de Lagunas – Mocupe.
Entre las excepciones también figura Eusebio Piscoya Bances, quien pagó los mil soles de reparación, tal como lo dispuso la sentencia del 1er Juzgado Penal de José Leonardo Ortiz, al encontrarlo como responsable del delito de Peculado en perjuicio del Ministerio de Educación.
Del mismo modo, Marilú Colchón Antón, sentenciada por el delito de Peculado en agravio del Poder Judicial, pagó los 500 soles impuestos por reparación civil; mientras que José Lumbre Santisteban, sentenciado por el mismo delito en perjuicio de la ex CTAR – Lambayeque, ha pagado sólo 100 de los cinco mil soles que se asignó por reparación. A éste le sigue José García Cerna, sentenciado por Cohecho Pasivo contra el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, quien ha abonado únicamente 240 de los mil soles de reparación que se le asignó.
EMBARGADOS
Como medida forzosa para lograr el cumplimiento del pago de las reparaciones civiles a favor del Estado, la Procuraduría inició acciones de embargo sobre cinco sentenciados, siendo uno de ellos Gilberto Ramírez Vásquez, sobre quien pesa un embargo en inscripción a una unidad vehicular de su propiedad que figura en los Registros Públicos, para que se cumpla el pago de los dos mil soles que le impuso el 4to Juzgado Penal Liquidador, al ser responsabilizado del delito de Corrupción de Funcionarios en agravio del Poder Judicial.
En el caso de Genaro Sánchez Vides se ha aplicado la figura del embargo de retención al 10% de sus haberes mensuales, para que se haga efectivo el pago de los 15 mil soles de reparación civil por haber incurrido en el delito de Peculado en agravio de la Dirección Regional de Salud.
A Lino Llatas Gastulo, sentenciado por Peculado por Extensión en agravio del Poder Judicial se le aplicó el embargo en forma de depósito, con el propósito de efectuar el cobro de dos mil soles por extensión; a Juan Urtega Marín, involucrado en el delito de Peculado, se le ha impuesto el embargo por inscripción a un camión que figura a su nombre en los Registros Públicos. Vale decir que éste es el único que reporta propiedades en el caso del ex alcalde leonardino Carlos Morales Sosa.
CAMBIO NECESARIO
El Procurador Público Anticorrupción de Lambayeque, Julio Lazo Gallo considera necesaria la modificación del Código Penal en cuanto a las normas de conducta, a fin de que en ellas se incluya la obligatoriedad del pago de las reparaciones civiles a favor del Estado.
“El pago de la reparación civil debe ser una obligación dentro de las normas de conducta, lo que permitiría por ejemplo, que al sentenciado a pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, que no cumpla con pagar la reparación al Estado, se le revoque la suspensión y se haga la pena efectiva, es decir, sea recluido en un establecimiento penitenciario”, precisa.
Es importante señalar que cuando un procesado cumple el período de sentencia y no ha hecho efectivo el pago de la reparación civil, ésta se convierte en deuda y de acuerdo al Código Civil las deudas caducan a los 10 años, por lo tanto, existen vacios legales que permiten que los infractores al Estado puedan pasarse la vida entera sin resarcir el perjuicio generado.
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• Con Expediente 1979-09 fueron sentenciados Alejandro Simon Chiroque Mondragón y Carlos Antonio Reupo Farro, por la comisión de delito de Peculado en agravio de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe. A ellos se les procesó en el marco del Nuevo Código Procesal Penal y se les impuso una reparación civil de mil soles a cada uno, la misma que aún no hacen efectiva.
• En el caso del ex director del Instituto Nacional de Cultura, Carlos Mendoza Canto, y los demás procesados por el delito de Peculado, el Poder Judicial dispuso el pago de 500 soles a cada uno como reparación civil a favor del Estado.
• Según la sentencia, éstos pagos deben hacerse efectivos, toda vez que Mendoza Canto presentó un recurso de apelación el que fue declarado extemporáneo.
• Hasta el momento la Procuraduría Anticorrupción sólo ha podido cobrar cinco mil 810 soles por reparaciones civiles a favor del Estado.
Semanario Expresión
"Se ha convertido en un icono de la región, cuya economía se ha visto muy favorecida, por ejemplo, con la construcción de hoteles tanto en Lambayeque -donde se encuentra Sipán-, como en Chiclayo", añadió. El arqueólogo recordó la "profunda emoción" que sintió cuando las labores de excavación sacaron a la luz las primeras señales de lo que prometía ser la tumba de un antiguo gobernante de la Cultura Moche, que se desarrolló en la costa norte peruana entre los siglos I y VIII después de Cristo. "Dar con algo así supone la culminación de la carrera de un arqueólogo y se trabaja con gran cariño, pero también tienes que mantener la cabeza fría, como un cirujano con su paciente, para no cometer errores", explicó.
