Ordenamiento minero y protesta "popular"

Tras décadas de infructuosas denuncias ciudadanas sobre la minería ilegal en Madre de Dios, finalmente el Gobierno Nacional decidió actuar. Más vale tarde que nunca. Se dispuso una moratoria de petitorios mineros, zonas de exclusión minera, la producción de un plan de recuperación de pasivos ambientales, apoyo técnico para la formalización (laboral, ambiental y tributaria) y se prohibió el uso de dragas, que revuelcan y destruyen irremisiblemente los ríos y bosques más biodiversos del mundo. En respuesta, la Federación Minera de Madre de Dios-Fedemin (gremio regional) y la Federación de Mineros Artesanales del Perú-Fenamarpe (gremio nacional) pidieron la cabeza del ministro del Ambiente, hubo hostilizaciones contra los ciudadanos y gremios de Madre de Dios que rechazan el caos minero y contra las ONG ambientalistas que trabajan en esa bella y convulsa región. Anunciaron, también, un paro. Madre de Dios sabe de paros: El 2002 ardió el Inrena y los Registros Públicos fueron vandalizados; el 2008, una turba redujo a brasas la sede del Gobierno Regional. El paro anunciado empezó el domingo pasado, con una marcha masiva y pacífica de la Fedemin, en Puerto Maldonado. Una marcha ejemplar. En trágico contraste, en Ica y Arequipa hubo brotes violentos, aparentemente coordinados por la Fenamarpe. Ya van seis muertos.

Ningún peruano de bien puede desestimar la batalla por la ley y el orden que en este momento libra el Estado, en su intento de ordenar la minería aurífera ilegal. Debemos apoyar esta voluntad. Es destacable el espíritu intersectorial de los dispositivos emitidos. Pero quedan notables cabos sueltos en la acción del Gobierno, y eso puede llevar a un fracaso estrepitoso, que establecería un antecedente de espanto. La minería ilegal recluta mano de obra entre millares de compatriotas desposeídos; pero no es un negocio de gente pobre. El grueso de la actividad se sustenta en operaciones de gran envergadura e intensivas en capital, que usan maquinaria pesada e insumos vendidos libremente por empresas formales y obscenamente irresponsables. El detonante de la protesta “popular” ha sido la prohibición de dragas, que cuestan un ojo de la cara. Alguien (legal) recibe y lava el oro. Alguien (oficial) ha propiciado la ilegalidad año tras año. Existen peces gordos y redes de delito organizado. Los dispositivos emitidos son ciegos a esto, y corren riesgo de ser ineficaces. Un motivo central de esa ceguera es el rudimentario diálogo que el Gobierno ha mantenido con los sectores ciudadanos informados, locales y nacionales, antes y después de los dispositivos. Ante la crisis del paro, recién se empieza a ampliar el diálogo, con intervención directa de la PCM. Esto es bueno; pero tardío. Por supuesto, no ayudan los habituales epítetos presidenciales. Mejor sería, calladamente, producir inteligencia sobre las redes delictivas mineras, incluidas las redes de trata de púberes y adolescentes. Y si queremos fulminar a alguien, ¿qué tal a los proveedores formales de los ilegales? Gentuza que frecuenta los enclaves mineros, mira los prostibares, las jóvenes forzadas y sigue con su negocio como si nada.

Esta crisis también nos obliga a reflexionar sobre las diferencias entre lo popular y lo justo en el Perú. Muchos han olvidado que el derecho al trabajo no defiende cualquier quehacer que dé dinero, sino exclusivamente a los esfuerzos que respetan la dignidad humana. Estafadores y proxenetas no tienen ningún derecho a sus “trabajos”. Los actores visibles de la protesta minera son ciudadanos pobres; pero detrás hay azuzadores muy bien desayunados y agremiaciones de orden nacional que en efecto parecen promover el subempleo y la abyección entre sus afiliados. Cuando se utiliza la angustia económica para reclutar carne de cañón, como vemos con la protesta minera en Ica y Arequipa, cabe preguntarnos quién ha distorsionado el anhelo popular de justicia social… y quién mueve esos hilos.

Por: Ernesto Ráez*
* DIRECTOR DE CIENCIA Y DESARROLLO, CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL-UPCH

Nuevo golpe y mayor desprecio a los docentes

Hubo un tiempo en que la profesión docente gozaba de un status social distinto, casi opuesto, al que goza en la actualidad. Entonces, era motivo de orgullo que en alguna familia hubiera un maestro y, del mismo modo, la sociedad en general veía con ojos distintos a quienes se dedicaban a esta profesión.

En la actualidad, la debilidad del magisterio es tan fuerte que los golpes que este gobierno le ha dado desde el inicio pasan desapercibidos y, en ocasiones, son motivo de aprobación ciudadana.

Este desprestigio y deslegitimidad magisterial tiene dos causas principales. La primera es el abandono estatal en el tema educativo, lo cual ha permitido la proliferación de docentes sin que exista la regulación necesaria para que la calidad sea aceptable. Pero, otra causa importante, es que buena parte de dirigentes sindicales del SUTEP han antepuesto al bien común de los ciudadanos a sus intereses gremiales y partidarios. Esta actitud dirigencial es conocida como “pensamiento arcaico” una mezcla perversa de supuesta ideología revolucionaria con clientelismo. El SUTEP, por ello, ha perdido legitimidad y esto tiene como consecuencia la poca capacidad de respuesta magisterial en la actualidad para hacer frente a los golpes que da el gobierno de turno contra los docentes.
Un nuevo golpe fue dado el 4 de marzo de este año, día en que se aprobó la Ley 29510 que permite a cualquier profesional ejercer la docencia en instituciones de Educación Básica Regular, públicas y privadas, en áreas afines a su especialidad. Para lograr esto, se exceptúa el requisito de colegiación a profesionales con títulos distintos al de educación. La aprobación de esta ley resulta polémica y constituye una derrota del magisterio que, en otros tiempos, no hubiera podido darse sin que los docentes reclamaran inmediatamente por este hecho.

Primero, en la experiencia nacional e internacional no hay relación directa entre la participación de profesionales de otras áreas y la mejora de calidad educativa, lo que quiere decir que la nueva ley se basa en una falacia. En segundo lugar, no se puede relativizar la profesión docente pues existe una especificidad en la carrera pedagógica ya que los maestros, más allá de dictar materias determinadas, deben ser capaces de promover el aprendizaje en general.

En tercer lugar, cabe mencionar que los profesionales que laboran en el sector público tienen una remuneración aproximada de 1020 nuevos soles. Este monto resulta poco atractivo para otros profesionales de calidad. Esto quiere decir que los profesionales de otras áreas que hayan resultado exitosos no considerarán la posibilidad de ejercer como docentes pues la remuneración es insuficiente, comparada con la que tienen en sus áreas de desempeño.

Finalmente, esta ley relativiza, por un lado, el rol del Colegio de Profesores del Perú, con lo cual se minimiza, aún más, la importancia de la organización profesional del magisterio. Al relativizar este rol, se está relativizando también la profesión magisterial y, por ende, la representación del cuerpo docente. Resulta curioso, además, que sea Mercedes Cabanillas quien propone esta ley cuando hace varios años, durante su gestión como Ministra de Educación, fue ella misma quien permitió que varios maestros sin título pedagógico fueran nombrados. Muchos de ellos, a la fecha, no han sacado sus respectivos títulos y gozan de todos los derechos que el nombramiento les otorga.

Este nuevo golpe contra los docentes ha pasado desapercibido debido al desprestigio que rodea al magisterio en la actualidad. Sin embargo, resulta necesario que se realicen las acciones pertinentes para revertir esta ley que, antes de fomentar la mejora educativa en el país, no solo perjudica a los docentes, sino también debilita la educación nacional.
Otra Mirada

Gobierno casi no ejecuta presupuesto

El congresista por Unidad Nacional, Juan Carlos Eguren, presentó el ranking del avance de ejecución de inversiones en el Poder Ejecutivo, al primer trimestre del presente año, el cual revela que los pliegos del gobierno nacional apenas ejecutaron el 8.3% de su presupuesto para obras, nivel menor al 9.7% y 17.3% de los gobiernos regionales y locales.

De acuerdo con el reporte al 31 de marzo de 2010, el promedio de ejecución de inversiones del Gobierno Nacional apenas alcanzó el 8.3%, siendo el sector trabajo el de mayor avance con un 19.5%, seguido por Justicia 18.9% y energía y Minas 18.4%.

En cuanto a los sectores que menos invirtieron figuran Interior (3.7%), y los ministerios de salud y Mujer y Desarrollo Social con 2.9%, respectivamente, precisó Eguren.

De acuerdo al congresista, en general el avance de la ejecución de inversiones en el sector público (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), al primer trimestre del 2010 ha sido lento (11.5%) cuando se esperaba que estos niveles se ubicaran entre el 20% a 25%.

Tras indicar que el ranking está elaborado en base a cifras del ministerio de Economía y Finanzas, el legislador explicó que en algunos sectores los niveles de ejecución del primer trimestre usualmente son bajos, en muchos casos debido a la ocurrencia de fenómenos naturales que suelen presentarse los primeros meses del año.

Eguren llamó la atención sobre la ejecución de inversiones del Gobierno Nacional que está por debajo del resto de niveles de gobierno y, de otro lado, sobre el lento avance de los gobiernos regionales ubicados en la costa, donde no se han presentado fenómenos naturales de magnitud.

La primera

Regiones deben explicar medidas adoptadas para frenar minería informal, sostienen

El congresista de Unidad Nacional Hildebrando Tapia sostuvo que las autoridades regionales deben explicar cuáles son las medidas adoptadas para frenar la minería ilegal dentro de sus jurisdicciones. De acuerdo con ello, señaló que las regiones no pueden buscar otros responsables, cuando son sus autoridades las que tienen una responsabilidad directa en este tema. “Hay que retomar el principio de autoridad y los gobiernos regionales deben actuar, ellos son los responsables de administrar la región.”

Agregó que no es posible que las autoridades regionales busquen otros culpables cuando ellos tienen una corresponsabilidad al no haber frenado a tiempo la minería ilegal.
Dijo que corresponde a los servicios de inteligencia del país elaborar un plan preventivo, que permita identificar a quienes estarían detrás de las protestas organizadas por un sector de la minería informal.

Ello, con la finalidad de establecer si detrás de las mismas puede haber algún tipo de maniobra azuzada por grupos extremistas.
“Lo que no puede perder el país es el diálogo, debe haber una reacción inmediata.. Yo entiendo al Presidente de la República, y hay que buscar soluciones porque si no podemos generar una confrontación innecesaria.”
En todo caso, sostuvo que la informalidad en la minería sólo le está trayendo violencia al país. “Hay abuso, hay niños que trabajan, y creo que es momento de ponerle punto final a esto y dar espacio a los temas formales.”
ANDINA

EVALÚAN LABOR DE DIRECTORES REGIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

La presidenta Nery Saldarriaga de Kroll inició hoy la evaluación a los directores regionales para conocer las actividades y metas alcanzadas durante el primer trimestre del año, de acuerdo a lo establecido en cada uno de sus planes operativos. El titular de Salud, Víctor Echeandía Arellano, refirió que de enero a marzo, la Disa ha cumplido con aplicar la dosis completa de vacuna a 4 mil 254 niños menores de un año, y 4 mil 348 niños de un año de edad.

También manifestó que se ha avanzado con la ejecución del programa estratégico nutricional, con el suministro de suplemento de hierro y vitamina a 4 mil 509 niños.

Igualmente, se han atendido alrededor de 31 mil casos de Infecciones Respiratorias Agudas, IRAS, y más de cinco mil casos de Enfermedades Diarreicas Agudas, EDAS, en los menores de edad.

Por su parte, el director de Educación, Walter Zunini Chira, informó que se incrementaron los logros de aprendizaje, de los estudiantes del segundo grado de primaria de la región Lambayeque, en comparación con lo obtenido en el 2008.

Zunini explicó que de acuerdo a la evaluación censal aplicada en el 2009, por el Ministerio de Educación, los niños lambayecanos han incrementado el logro de aprendizaje, en un 7.5% en comprensión lectora; mientras que en matemática, aumentó en 4.3% .

Asimismo, señaló que en estos tres primeros meses de gestión, se han formado los Consejos Participativos Locales de Educación, COPALEs, en Lagunas, Mórrope y Pueblo Nuevo. Igualmente se viene trabajando en el proceso de reasignaciones a los docentes de acuerdo al orden prioridades.

En tanto, el director regional de Trabajo, Jorge Rojas Córdova, dio a conocer que su despacho ha aplicado multas a diversas empresas por infringir las normas laborales, por un monto total que supera los 350 mil nuevos soles, especialmente por no incluir en planillas a sus trabajadores.

Agregó que su labor proseguirá en reducir conflictos laborales en la región y promover e incrementar el acceso a oportunidades de empleo digno y de calidad.

El funcionario destacó, además, que siete de los ocho inspectores que laboran en la Dirección Regional de Trabajo, lograron aprobar un examen que les pemitirá seguir un curso de especialización, en una importante universidad de la ciudad de Lima.

Por su parte, la directora regional de Transportes, María Estrada de Silva informó que 1,350 licencias de conducir se han emitido en Lambayeque desde que el 1 de marzo se pusiera en marcha el sistema descentralizado de emisión de este documento.

Mientras que se vienen haciendo gestiones ante el Ministerio de Transportes para que en el más breve plazo se complete la doble vía de la carretera Chiclayo-Pimentel, en un tramo de 4 kilómetros, que va desde el Puente El Trébol hasta la altura de la Universidad Señor de Sipán.

En la jornada de hoy también fue evaluado el director regional de Vivienda, Raúl Cieza Vásquez. Mañana proseguirá este proceso con la exposición de los titulares regionales de Agricultura, Turismo, Energía y Minas, Producción y del Proyecto Olmos Tinajones.