A fin que sea mucho más didáctico el entendimiento ciudadano de la trascendencia que tiene el rol de nuestras futuras autoridades, el economista, investigador y docente universitario Lindon Vela Meléndez comparte con Expresión algunas apreciaciones de su análisis al que ha denominado ‘La Gran Contratación’, referida a los agentes que a partir del uno de enero deberán cumplir con el encargo del pueblo en el nivel regional y local. El catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, refiere que ´´La Gran Contratación´ es un comparativo al proceso de elecciones de gobiernos locales y regionales con la actividad empresarial, donde los Principales (accionistas, dueños del capital), contratan a los Agentes (gerentes) para encargarlos que manejen sus recursos y cumplan los objetivos trazados de acuerdo a los intereses de los primeros. Así, en el plano de la política peruana, los Principales son los ciudadanos (verdaderos dueños de los recursos) y los políticos que fueran elegidos son los Agentes encargados de cumplir las aspiraciones del pueblo.
La democracia representativa
“Según la carta magna, nuestro país es una República democrática y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. El poder del Estado emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. A la luz de los hechos en nuestro país, cabe la siguiente interrogante: ¿Existe democracia?, Si existiera ¿Qué tipo de democracia es la que tenemos? Teniendo en cuenta que estamos próximos a un proceso de elecciones de alcaldes y presidentes regionales como representantes del pueblo en estas instancias de gobierno, en teoría reconocemos la existencia de una democracia representativa. Al respecto, Enrique Mendoza, ex Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, refiere que una definición clásica de la democracia como sistema de gobierno es: ‘El gobierno del pueblo, por el pueblo…’. Si fuera cumplida a cabalidad esta definición, todos los ciudadanos en forma unívoca y multitudinaria tendrían que tomar las decisiones del Estado y como tal situación es imposible de ejecutar por razones obvias, la democracia se ejerce a través de representantes designados en elecciones periódicas conducidas por un cuerpo electoral. Los elegidos actuarán de manera coherente con los intereses de quienes los eligieron, asumiendo responsabilidad política ante ellos. En consecuencia, estamos ante la denominada democracia representativa”, explica el investigador.
Sin embargo, Vela Meléndez anota que considerando los hechos sucedidos en los gobiernos regionales Áncash y Tumbes, por ejemplo,la elección de autoridades que generalmente están desalineadas con los intereses de la sociedad o la actuación de un Presidente de la República que plantea un programa de gobierno en la campaña electoral y luego da un viraje sustancial hacia otras acciones, sepuede afirmar que no se ejerce una auténtica democracia representativa en el país.
“Una gama de disfunciones en la vida política de nuestro país nos llevan a repensar sobre uno de los temas centrales para la sustentabilidad de la democracia, la rendición de cuentas. Para su análisis es importante tomar el enfoque neoinstitucionalista.La inquietud de abordar el tema crece cuando se acerca una elección a gobiernos locales y regionales a lo que en el título llamo ‘La Gran Contratación’, extrapolando la frase desde el contexto empresarial, imagen de que los representantes son empleados por la ciudadanía para que actúen en su nombre y para su beneficio. Según Millan, ‘el gobierno no es más que el depositario del poder que le suministra su verdadero dueño –el pueblo– para que trabaje a su favor’”, comenta.
Principales y agentes
Vela Meléndez refiere que en este caso es interesante buscar una explicación desde la Teoría Principal- Agente (TPA), la misma que fue utilizada originalmente para estudiar la relación entre el dueño de una empresa (principal) y sus administradores (agente), cuando aquel cede a este el control de misma. Comenta que su problema clásico radica en inducir la conducta del agente hacia sus propios objetivos (generalmente, la maximización de ganancias), dado que el agente tiene su propios intereses y que el principal tiene escasa capacidad para monitorear las acciones del agente y para ejercer su poder y disciplinario, si fuera preciso. Es decir, la fuente del problema es, generalmente, la asimetría en la información entre ambos y, por tanto, sus costos para monitorear al agente —que sí posee esta información— son altos.
“El problema de la TPA ha sido trasladado al terreno de la política y en especial a la teoría de la democracia, por un sinnúmero de estudios abocados a la rendición de cuentas, en los que se equipara al Principal con el ciudadano y al Agente con funcionarios públicos elegidos, para que actúen en su nombre y beneficio. Extrapolando los actores a la situación de la sociedad peruana se puede mencionar que relación de agencia implica siempre la existencia del problema del riesgo moral: la posibilidad de que el agente (gestor político), busque objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (los ciudadanos). Puede comprobarse que el problema así enfocado permite analizar los problemas de las decisiones económicas de Estado y mercado desde una visión unificada. Habrá una pérdida de eficiencia siempre que los costes y perjuicios ocasionados por una decisión no recaigan sobre el individuo que decide. Las autoridades elegidas pueden utilizar su capacidad de decisión para obtener maliciosamente beneficios personales a expensas del elector miembro no autoridad. Esos beneficios pueden tomar la forma de gratificaciones extras, oficinas grandes y lujosas, uso privado de vehículos; pueden promover subordinados por razones de simpatía o parentesco; pueden tomar decisiones demasiado arriesgadas o que sean beneficiosas para la institución a corto plazo pero perjudiciales en el largo plazo; pueden además tomar decisiones que aumenten su poder personal y permitan esquivar el control de los principales”, señala.
Riego moral
Precisa que el riesgo moral es la tendencia de que el agente tenga un comportamiento indebido o inmoral, y este riesgo aumenta cuando no existen, o son débiles, los mecanismos de control. Además, hay un aspecto que agrava ese riesgo. En las relaciones agente - principal suele haber información asimétrica, en el sentido de que el agente siempre está mejor informado. En el caso de la sociedad peruana, los alcaldes, presidentes regionales, regidores y consejeros son los agentes de este modelo y los ciudadanos constituyen el principal; es decir los agentes reciben el encargo de la ciudadanía para que ejecuten acciones en línea con los intereses del principal. Cuando el Principal (el pueblo) observa que el Agente (autoridad elegida) se está desviando o desalineando de los intereses se deben activar mecanismos de democracia directa para minimizar los efectos de la asimetría de información respecto a los verdaderos intereses de los agentes, lo cual se convierte en una acción oculta en su actuar y se configura un problema de riesgo moral.
En el Perú la Constitución Política, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización y la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales se establece taxativamente lo siguiente: “La Administración Pública Regional está orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación de desempeño. Los gobiernos regionales incorporarán a sus programas de acción mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será una de ellas. Los titulares de la administración pública regional son gestores de los intereses de la colectividad y están sometidos a las responsabilidades que la ley establezca”.
“Sin embargo, a luz de los hechos y teniendo una sociedad civil debilitada, ineficientes y débiles mecanismos de control, las audiencias públicas se han convertido en espacios de manipulación y por el contrario mecanismo propagandístico de las autoridades que rinden las cuentas los cuales se comportan oportunistamente aprovechándose de las asimetrías de información en materia de gestión pública y marco normativo frondoso complejo a la comprensión de la mayoría de los ciudadanos. Aquí aparece otro problema conocido como el problema del polizón o free rider. Como otras personas ya se ocupan del problema, para qué me voy a complicar la vida. Eso explica, por ejemplo, la poca participación ciudadana en las acciones de contraloría social. Solo las personas que se sienten más afectadas, o las que están más interesadas participan, y repito, no es que a los otros no les interese, es que son free riders”, comenta Lindon Vela,
Retos de la sociedad
En atención a ello, el también presidente del Instituto de Economía y Desarrollo y miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina de la Universidad Alicante de España, indica que un reto de la sociedad peruana es propiciar la demanda de mejores instituciones que minimicen el riesgo moral, y le haga más barata la vida a sus ciudadanos con la eliminación de los costos de agencia.
“La falta de institucionalidad y álgidos problemas de corrupción en nuestro país representan rasgos estructurales que trascienden las pericias y las mejores voluntades gubernamentales. En este sentido, las intenciones de uso democrático del aparato estatal pueden tropezar con esos obstáculos, que se encuentran fuera del control del agente (el gobierno), cuando se trata de promover el bienestar de la ciudadanía (el principal). Pero en sentido contrario están disponibles para servir de pretexto para justificar resultados inferiores a los esperados, que obedecen a que el gobierno y sus principales responsables actúan anteponiendo sus propios intereses a los de la colectividad. El problema de agencia se presenta, entonces, de forma redonda: existe una ciudadanía que delega en sus principales representantes la dirección de la nación, con el mandato de gestionar el bienestar social en múltiples direcciones. Para ello le otorga un margen de maniobra lo suficientemente grande para que actúe, de acuerdo del marco legal determinado, conforme a su real entender. Pero ese margen delimita no solo la libertad del agente, sino que también representa un campo propicio para desarrollar conductas oportunistas, en la medida en que, por ser de naturaleza discrecional, invita a ocultar las acciones y la información en el que se desarrollan en ese territorio decisional”, explica.
Acota que es precisamente debido a esta combinación de restricciones, libertades y condicionantes exógenos, sean estos de índole histórico estructural o sencillamente coyunturales, donde la función de la rendición de cuentas destaca como instrumento de control ciudadano y de preservación de la democracia, su papel es la de deslindar lo más nítidamente posible la responsabilidad del agente en los resultados y procedimientos, a efecto de que las sanciones sean justas, y no un mero instrumento de venganza o de lucha política, que puede utilizarse por las fuerzas de oposición para distorsionar la realidad de gestión gubernamental y conculcar de nuevo el derecho de la ciudadanía a la verdad.
“En otro extremo se encuentra la indiferencia de la ciudadanía y el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, que entregan el control total de los asuntos públicos a la autoridad –el agente– y acepta todos sus resultados. El problema conocido como del polizón o free rider. En este marco de análisis resulta imperativo promover el desarrollo de grupos de interés y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la vigilancia yla reducción de la corrupción; el desarrollo de una prensa independiente, capaz y dispuesta a realizar investigaciones sobre el tema de la corrupción; promover un cabal cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; fortalecer el trabajo de la Contraloría General de la República estableciendo mecanismos de coordinación con otros entes de similares responsabilidades y dotan de independencia real a las Oficina de Control Interno en los Gobiernos Regionales y Locales, y fortalecer y vigilar que los mecanismos de rendición de cuentas como las Audiencias Públicas se cumplan en su verdadera dimensión. Por este derrotero estaremos avanzando a recuperar el sitial de los actores principales a los ciudadanos, razón de ser de las actuaciones de los agentes, los políticos elegidos para representarnos”, concluye.
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