Luego de la protesta y toma del campus por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo quienes denunciaron irregularidades en los comicios de esta casa de estudios.
El rector interino José Montenegro, responsabilizó al rector Francis Villena, y al jefe del Comité Electoral de la universidad, Oswaldo Mendoza Otianiano de ser “los que han ocasionado esta gravísima crisis que vive nuestra universidad por su actitud parcializada a determinados estamentos olvidándose de la mayoría de estamentos estudiantiles y docentes”.
Montenegro anunció que la asamblea universitaria resolvió vacar al rector Villena en sus funciones y anular la resolución que autorizaba el comité electoral. Sin embargo, ante el posible daño en la imagen de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, Montenegro expresó: “Queremos que la sociedad y los padres de familia devuelvan su confianza a nuestra institución”.
Enlace Nacional
noviembre 11, 2010
noviembre 10, 2010
VENTA DE ACCIONES DEL ESTADO EN POMALCA
Bajo el signo del escándalo
La venta de acciones estatales en la empresa azucarera Pomalca habría estado manejándose de manera irregular en beneficio de consultores que estaban encargados de tasar las acciones del Estado en dicha empresa, según denunció esta semana en Lima el periódico Diario16 que dirige el periodista Juan Carlos Tafur.
Juan Manuel Calisaya Medina, asesor principal de Corporación Azucarera del Perú (Coazúcar) que formaba parte del equipo encargado de valorizar las acciones estatales de la azucarera Pomalca para su posterior venta al sector privado, fue destituido el pasado miércoles 3 de noviembre por la consultora Deloitte & Touche.
Según publicó el Diario 16 en su edición matutina del jueves 4. La destitución de Calisaya Medina fue informada por el propio director ejecutivo de ProInversión, Jorge León Ballén, durante su presentación en la Comisión de Economía del Congreso, en la que expuso sobre el panorama de las inversiones en el país. Según la versión de León Ballén publicada por Diario 16, la consultora Deloitte & Touche desconocía que Calisaya laboraba en el “holding” azucarero del grupo Gloria (que gerencia Casa Grande), y al saberlo lo destituyó. “La presencia de Calisaya como miembro del equipo encargado de la valorización generó un conflicto de interés y favoritismo hacia una empresa, según una denuncia interpuesta por Felipe Mondragón, accionista y vicepresidente de la Asociación de los Trabajadores interesados en adquirir las acciones de esa empresa”, cita el diario.
De acuerdo a la denuncia, ProInversión otorgó la buena pro del concurso para realizar la valorización del paquete de acciones estatales (equivalente al 32.9%) a la consultora Deloitte & Touche en donde laboraba Calisaya Medina. Coazúcar –donde Calisaya es uno de los asesores principales– tiene más del 50% del mercado del azúcar y está interesado en participar en la subasta pública de la venta de las acciones estatales en la empresa agroindustrial Pomalca. “Por ello, la presencia de uno de sus asesores en la consultora que determinará el precio a pagar por esos títulos, no garantiza un buen valor para los papeles de propiedad del Estado”, señala Diario 16.
DETRÁS DE LAS BAMBALINAS
Una breve cronología de los hechos –en base a la fuente periodística que estamos citando– permitirá al lector comprender mejor este problema. El 26 de mayo del 2010, ProInversión otorgó a Enfoca, la buena pro del concurso para seleccionar una empresa que determine el precio de las acciones estatales a ser vendidas. “Sin embargo, la decisión fue anulada el 7 de junio al descubrirse el vínculo de Enfoca con el grupo Gloria, puesto que en la página web de la consultora se anuncia como uno de sus clientes al Complejo Agroindustrial Cartavio, de propiedad de Coazúcar”, señala Diario 16. Luego de ello, Proinversión no corrigió el procedimiento y convocó a un segundo concurso, para lo cual nuevamente invita a Enfoca y a Deloitte & Touche, proceso en el cual hay una notoria ventaja a favor de la segunda consultora por las razones señaladas.
¿TODO QUEDA ENTRE NOS?
Pero ahí no acabala historia. Según Diario 16, dentro del equipo técnico principal de Deloitte & Touche, tanto en el primer como en el segundo concurso, figura Calisaya Medina, quien trabaja como asesor de Coazúcar, según consta en sus boletas de remuneración entre julio y agosto del 2010, en las cuales se percibe una remuneración neta de S/. 12,764.25. “Este ´detalle´ fue omitido por Deloitte & Touche al momento de presentar a ProInversión el curriculum vitae de Calisaya como parte de su equipo técnico. Tampoco indica que Calisaya es asesor de Coazúcar desde marzo de este año”, dice el diario. Nosotros preguntamos: ¿fue pura casualidad o fue una jugada premeditada?
Según la denuncia, ProInversión conocía la posición laboral de Calisaya, pues en ambos concursos se adjuntó tres constancias de participación de proyectos, con fecha 20 de mayo de 2010, expedida por el denunciado en calidad de asesor de Gerencia General de Casa Grande, a favor de Carlos Loayza, Jorge Loayza y Salomón Helfgott, los tres integrantes del equipo técnico de Enfoca.
“Todo esto muestra que se otorgó la buena pro a una consultora que estaba impedida legalmente de participar en el concurso pues, según el acuerdo ProInversión 346-03-2010 que modifica el reglamento para la contratación de servicios y adquisición de bienes, establece los impedimentos para ser postores”, refiere la publicación.Por esta razón, Mondragón Flores interpuso denuncia penal contra el director ejec utivo de ProInversión Jorge León Ballén; el jefe de Asuntos Azucareros de ProInversión, Mario Hernández Rubiños, y el representante de Deloitte & Touche, Edmundo Beltrán Villamizar.
Sin embargo, León Ballén dijo durante su exposición ante la Comisión de Economía del Congreso que no había ningún impedimento para contratar a Calisaya, pero que la consultora prefirió curarse en salud”. Esta situación de presuntos malos manejos y favoritismo en la venta de las acciones estatales en Pomalca denunciada por Diario 16, es a todas luces un síntoma de que las cosas no están marchando bien.
Y lo que está en juego no es poca cosa. Según la página web de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), el Estado tiene el 32.9% de Pomalca a través del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) con el 15%, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el 8.6% y EsSalud con el 9.3%.
Por su parte el grupo Oviedo tiene el 14.1% y el resto está en manos de accionistas con menos del 5%. Asimismo Coazúcar controla las azucareras Casa Grande, Cartavio, Sintuco (en donde elevó su participación recientemente), Chiquitoy y San Jacinto, y expresó su interés en adquirir Cayaltí, en donde el Estado tiene una participación accionaria de 23.5%, según cifras publicadas por el Diario 16.
Semanario Expresión
La venta de acciones estatales en la empresa azucarera Pomalca habría estado manejándose de manera irregular en beneficio de consultores que estaban encargados de tasar las acciones del Estado en dicha empresa, según denunció esta semana en Lima el periódico Diario16 que dirige el periodista Juan Carlos Tafur.
Juan Manuel Calisaya Medina, asesor principal de Corporación Azucarera del Perú (Coazúcar) que formaba parte del equipo encargado de valorizar las acciones estatales de la azucarera Pomalca para su posterior venta al sector privado, fue destituido el pasado miércoles 3 de noviembre por la consultora Deloitte & Touche.Según publicó el Diario 16 en su edición matutina del jueves 4. La destitución de Calisaya Medina fue informada por el propio director ejecutivo de ProInversión, Jorge León Ballén, durante su presentación en la Comisión de Economía del Congreso, en la que expuso sobre el panorama de las inversiones en el país. Según la versión de León Ballén publicada por Diario 16, la consultora Deloitte & Touche desconocía que Calisaya laboraba en el “holding” azucarero del grupo Gloria (que gerencia Casa Grande), y al saberlo lo destituyó. “La presencia de Calisaya como miembro del equipo encargado de la valorización generó un conflicto de interés y favoritismo hacia una empresa, según una denuncia interpuesta por Felipe Mondragón, accionista y vicepresidente de la Asociación de los Trabajadores interesados en adquirir las acciones de esa empresa”, cita el diario.
De acuerdo a la denuncia, ProInversión otorgó la buena pro del concurso para realizar la valorización del paquete de acciones estatales (equivalente al 32.9%) a la consultora Deloitte & Touche en donde laboraba Calisaya Medina. Coazúcar –donde Calisaya es uno de los asesores principales– tiene más del 50% del mercado del azúcar y está interesado en participar en la subasta pública de la venta de las acciones estatales en la empresa agroindustrial Pomalca. “Por ello, la presencia de uno de sus asesores en la consultora que determinará el precio a pagar por esos títulos, no garantiza un buen valor para los papeles de propiedad del Estado”, señala Diario 16.
DETRÁS DE LAS BAMBALINAS
Una breve cronología de los hechos –en base a la fuente periodística que estamos citando– permitirá al lector comprender mejor este problema. El 26 de mayo del 2010, ProInversión otorgó a Enfoca, la buena pro del concurso para seleccionar una empresa que determine el precio de las acciones estatales a ser vendidas. “Sin embargo, la decisión fue anulada el 7 de junio al descubrirse el vínculo de Enfoca con el grupo Gloria, puesto que en la página web de la consultora se anuncia como uno de sus clientes al Complejo Agroindustrial Cartavio, de propiedad de Coazúcar”, señala Diario 16. Luego de ello, Proinversión no corrigió el procedimiento y convocó a un segundo concurso, para lo cual nuevamente invita a Enfoca y a Deloitte & Touche, proceso en el cual hay una notoria ventaja a favor de la segunda consultora por las razones señaladas.
¿TODO QUEDA ENTRE NOS?
Pero ahí no acabala historia. Según Diario 16, dentro del equipo técnico principal de Deloitte & Touche, tanto en el primer como en el segundo concurso, figura Calisaya Medina, quien trabaja como asesor de Coazúcar, según consta en sus boletas de remuneración entre julio y agosto del 2010, en las cuales se percibe una remuneración neta de S/. 12,764.25. “Este ´detalle´ fue omitido por Deloitte & Touche al momento de presentar a ProInversión el curriculum vitae de Calisaya como parte de su equipo técnico. Tampoco indica que Calisaya es asesor de Coazúcar desde marzo de este año”, dice el diario. Nosotros preguntamos: ¿fue pura casualidad o fue una jugada premeditada?
Según la denuncia, ProInversión conocía la posición laboral de Calisaya, pues en ambos concursos se adjuntó tres constancias de participación de proyectos, con fecha 20 de mayo de 2010, expedida por el denunciado en calidad de asesor de Gerencia General de Casa Grande, a favor de Carlos Loayza, Jorge Loayza y Salomón Helfgott, los tres integrantes del equipo técnico de Enfoca.
“Todo esto muestra que se otorgó la buena pro a una consultora que estaba impedida legalmente de participar en el concurso pues, según el acuerdo ProInversión 346-03-2010 que modifica el reglamento para la contratación de servicios y adquisición de bienes, establece los impedimentos para ser postores”, refiere la publicación.Por esta razón, Mondragón Flores interpuso denuncia penal contra el director ejec utivo de ProInversión Jorge León Ballén; el jefe de Asuntos Azucareros de ProInversión, Mario Hernández Rubiños, y el representante de Deloitte & Touche, Edmundo Beltrán Villamizar.
Sin embargo, León Ballén dijo durante su exposición ante la Comisión de Economía del Congreso que no había ningún impedimento para contratar a Calisaya, pero que la consultora prefirió curarse en salud”. Esta situación de presuntos malos manejos y favoritismo en la venta de las acciones estatales en Pomalca denunciada por Diario 16, es a todas luces un síntoma de que las cosas no están marchando bien.
Y lo que está en juego no es poca cosa. Según la página web de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), el Estado tiene el 32.9% de Pomalca a través del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) con el 15%, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el 8.6% y EsSalud con el 9.3%.
Por su parte el grupo Oviedo tiene el 14.1% y el resto está en manos de accionistas con menos del 5%. Asimismo Coazúcar controla las azucareras Casa Grande, Cartavio, Sintuco (en donde elevó su participación recientemente), Chiquitoy y San Jacinto, y expresó su interés en adquirir Cayaltí, en donde el Estado tiene una participación accionaria de 23.5%, según cifras publicadas por el Diario 16.
Semanario Expresión
noviembre 09, 2010
Municipalización peligrosa de la educación
El 21 de octubre, en medio de los avatares posteriores a las elecciones municipales y regionales, la Presidencia de la República emitió el Decreto Supremo (DS) No 022-2010-ED.
Este DS dispone la incorporación de las 606 municipalidades distritales del ámbito de intervención del Programa Social JUNTOS al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa. Amparada en la idea de “descentralización educativa”, esta norma constituye un peligro para la Educación dado que se trata de una maniobra electoral del Presidente García y el actual Premier y Ministro de Educación, José Antonio Chang, para presentar como un logro lo que en realidad es un gran fracaso. Esta jugada la hemos visto ya con el tema de la supuesta “erradicación” del analfabetismo y ahora con esta mentirosa municipalización de la educación.
En diciembre del año 2009 se presentó el Informe Defensorial No 148 sobre “Municipalización de la Educación” (ME). En este, la Defensoría presentó una serie de críticas respecto a esta implementación. Se informó que la ME se concentró solo en el Vice Ministerio de Gestión Institucional, dejando así lo pedagógico de lado. Además, se confirmó que de las 44 municipalidades habilitadas con viabilidad técnica para recibir el presupuesto, no todas lo recibieron. Pero pese a estas y otras críticas, el gobierno de turno se empeña en implementar la ME.
Mónica Gallirgos, Jefa del programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, exhortó al Ministerio de Educación a evaluar la pertinencia de esta incorporación de más de 600 municipalidades al plan piloto de la ME dado que no se ha realizado una evaluación integral de dicho plan en su etapa inicial cuando contemplaba tan solo 35 municipalidades. Confirmó que las observaciones realizadas por la defensoría no han sido subsanadas y que la más importante, respecto al diseño del plan de municipalización que debe contemplar la heterogeneidad municipal en el país, tampoco ha sido considerada. Por esto, no hay ningún mecanismo implementado que pueda compensar las diferencias municipales y evitar acentuar las inequidades de la educación.
En la misma línea, Foro Educativo ha emitido un pronunciamiento mediante el cual, demandan la derogatoria de este peligroso DS. Sustentan esta demanda afirmando que, por un lado, la educación que el Estado ofrece en las zonas rurales del país sigue siendo la de menor calidad y que transferir la gestión educativa de las escuelas más pobres a los municipios más pobres del país significará una carga administrativa más y no una mejora de la educación. Por otro lado, alertan que la educación nacional funciona con una normatividad inconclusa y contradictoria y que en este escenario confuso no puede municipalizarse la educación de manera óptima.
Un dato adicional lo agrega Sigfredo Chiroque. Él alerta sobre dos medidas adicionales que se encuentran en este decreto. Chiroque confirma que este DS permite la solicitud de incorporación voluntaria (Art. 2c) y dispone “la incorporación gradual progresiva al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa, además de la Educación Básica regular, de los demás niveles y modalidades del sistema educativo”. Esto quiere decir que se deja el campo libre para municipalizar la educación superior y que muchas municipalidades distritales podrían pedir “voluntariamente” ser incorporados a la ME. El problema es que, de esta manera, podrían tomar distancia de los alcances de una propuesta regional de educación, allí donde hay gobiernos regionales que toman distancia del gobierno y del sistema. Esto es, sin duda, un riesgo.
En Otra Mirada hemos estado pendientes de la improvisación en materia de educación del gobierno aprista. Si bien nos encontramos a favor de la descentralización de la educación, es imposible lograrla con éxito a nivel municipal por la debilidad institucional de muchos gobiernos locales. Los especialistas en el tema coinciden en que un punto necesario para la gran reforma educativa es la descentralización, sin embargo, esta debe realizarse a través de los gobiernos regionales o a través de los municipios de las grandes ciudades que cuentan con la posibilidad de manejarla. Esta medida gubernamental no solo ahondará las brechas en calidad educativa, sino que además, causará confusión y caos respecto a la potestad de los municipios. Esto puede permitir que la educación se desarticule y con ello se destruye lo poco avanzado.
Otra Mirada
Este DS dispone la incorporación de las 606 municipalidades distritales del ámbito de intervención del Programa Social JUNTOS al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa. Amparada en la idea de “descentralización educativa”, esta norma constituye un peligro para la Educación dado que se trata de una maniobra electoral del Presidente García y el actual Premier y Ministro de Educación, José Antonio Chang, para presentar como un logro lo que en realidad es un gran fracaso. Esta jugada la hemos visto ya con el tema de la supuesta “erradicación” del analfabetismo y ahora con esta mentirosa municipalización de la educación.
En diciembre del año 2009 se presentó el Informe Defensorial No 148 sobre “Municipalización de la Educación” (ME). En este, la Defensoría presentó una serie de críticas respecto a esta implementación. Se informó que la ME se concentró solo en el Vice Ministerio de Gestión Institucional, dejando así lo pedagógico de lado. Además, se confirmó que de las 44 municipalidades habilitadas con viabilidad técnica para recibir el presupuesto, no todas lo recibieron. Pero pese a estas y otras críticas, el gobierno de turno se empeña en implementar la ME.
Mónica Gallirgos, Jefa del programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, exhortó al Ministerio de Educación a evaluar la pertinencia de esta incorporación de más de 600 municipalidades al plan piloto de la ME dado que no se ha realizado una evaluación integral de dicho plan en su etapa inicial cuando contemplaba tan solo 35 municipalidades. Confirmó que las observaciones realizadas por la defensoría no han sido subsanadas y que la más importante, respecto al diseño del plan de municipalización que debe contemplar la heterogeneidad municipal en el país, tampoco ha sido considerada. Por esto, no hay ningún mecanismo implementado que pueda compensar las diferencias municipales y evitar acentuar las inequidades de la educación.
En la misma línea, Foro Educativo ha emitido un pronunciamiento mediante el cual, demandan la derogatoria de este peligroso DS. Sustentan esta demanda afirmando que, por un lado, la educación que el Estado ofrece en las zonas rurales del país sigue siendo la de menor calidad y que transferir la gestión educativa de las escuelas más pobres a los municipios más pobres del país significará una carga administrativa más y no una mejora de la educación. Por otro lado, alertan que la educación nacional funciona con una normatividad inconclusa y contradictoria y que en este escenario confuso no puede municipalizarse la educación de manera óptima.
Un dato adicional lo agrega Sigfredo Chiroque. Él alerta sobre dos medidas adicionales que se encuentran en este decreto. Chiroque confirma que este DS permite la solicitud de incorporación voluntaria (Art. 2c) y dispone “la incorporación gradual progresiva al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa, además de la Educación Básica regular, de los demás niveles y modalidades del sistema educativo”. Esto quiere decir que se deja el campo libre para municipalizar la educación superior y que muchas municipalidades distritales podrían pedir “voluntariamente” ser incorporados a la ME. El problema es que, de esta manera, podrían tomar distancia de los alcances de una propuesta regional de educación, allí donde hay gobiernos regionales que toman distancia del gobierno y del sistema. Esto es, sin duda, un riesgo.
En Otra Mirada hemos estado pendientes de la improvisación en materia de educación del gobierno aprista. Si bien nos encontramos a favor de la descentralización de la educación, es imposible lograrla con éxito a nivel municipal por la debilidad institucional de muchos gobiernos locales. Los especialistas en el tema coinciden en que un punto necesario para la gran reforma educativa es la descentralización, sin embargo, esta debe realizarse a través de los gobiernos regionales o a través de los municipios de las grandes ciudades que cuentan con la posibilidad de manejarla. Esta medida gubernamental no solo ahondará las brechas en calidad educativa, sino que además, causará confusión y caos respecto a la potestad de los municipios. Esto puede permitir que la educación se desarticule y con ello se destruye lo poco avanzado.
Otra Mirada
noviembre 08, 2010
Exportaciones mineras de Perú crecen casi 40% en los primeros ochos meses de 2010
Perú exportó 802.200 toneladas métricas de cobre hasta agosto de este año, mientras que las ventas de oro al extranjero se elevaron 18% en términos de valor. Las exportaciones mineras de Perú subieron casi 40% en los primeros ocho meses del año a US$13.400 millones, informó el gobierno. En un comunicado publicado durante el fin de semana, el ministerio de Energía y Minas de Perú indicó que los valores de las exportaciones mineras del país registraron un incremento de 39,6% frente al mismo período del año pasado, principalmente por los mayores precios del cobre, el oro y el zinc.
Wall En el caso de las exportaciones de cobre, el ministerio indicó que el valor de éstas aumentó 67% a US$5.400 millones, impulsado por los mayores precios y ventas de volúmenes ligeramente más altos a China, Estados Unidos, Canadá y Japón.
En términos de volumen, Perú exportó 802.200 toneladas métricas de cobre hasta agosto de este año, un incremento interanual de 0,4%.
Las ventas al extranjero de oro desde Perú se elevaron 18% en términos de valor en los primeros ocho meses a US$5.000 millones, debido a los mayores precios y pese a los menores volúmenes, señala el comunicado. Perú exportó 4,3 millones de onzas de oro en los primeros ocho meses, una caída de 6,3% respecto del mismo lapso de 2009.
Las exportaciones de zinc subieron cerca de 81% en términos de valor a US$1.100 millones, mientras que el volumen creció 6,2% a 873.100 toneladas. El valor de las ventas peruanas al extranjero de plomo subió 56% a US$867 millones y el volumen creció casi 11% interanual a 457.400 toneladas.
El comunicado indicó que las exportaciones mineras representan poco más de 61% de las ventas totales de Perú al extranjero.
América Economía
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