INPE VIDA es un programa que funciona desde el 2010 en los recintos penitenciarios como iniciativa del Ministerio de Justicia y de la organización De Vida, que luego de un estudio complejo detectó que la incidencia del consumo de sustancias tóxicas se presenta - en un porcentaje considerable - en las cárceles, por lo que la conformación de un comité multidisciplinario – según los impulsores - erradicaría las conductas delictivas.
Es así como nace este plan institucional que cuenta con un psiquiátra, psicólogo y asistenta social, para atender a los reos con problemas de drogas, los que voluntariamente se someten a terapias de rehabilitación, más aún cuando los funcionarios del INPE-Región Norte, están por entregar un pabellón para uso exclusivo de estas personas.
DROGA
La Cruz Toledo explica a Expresión que son dos años de labor intensa en los centros penitenciarios a nivel nacional que albergan a más de 800 internos, siendo urgente que la comunidad terapéutica sea utilizada por quienes consumen estupefacientes, como elemento previo para la configuración de la conducta delictiva.
Sostiene que al presidiario no se le impone integrar INPE VIDA, debido a que por voluntad propia debe unirse al grupo de rehabilitación, siempre y cuando cumpla con tener entre 20 y 25 años de edad; registrar dos ingresos a la cárcel como máximo; no padecer una enfermedad psiquiátrica; no ser procesado por el delito contra la libertad sexual y no estar proclive a solicitar un beneficio penitenciario.
Además, indica que en los recintos tugurizados se ha detectado que existen personas que consumen droga y a la vez padecen enfermedades psiquiátricas, como esquizofrenia y sicosis, por ejemplo, a quienes se les considera pacientes duales. “El tratamiento antidrogas a duras penas funciona, porque el personal no es estable. En mi caso voy una vez por semana, sin embargo la permanencia de los profesionales es necesaria para que haya una atención colindante a las conductas delictivas”, exclama.
La comunidad terapéutica está casi lista, incluso los ambientes y servicios higiénicos están definidos, recalca La Cruz, lo que significa adoptar por un sistema cerrado o semi cerrado para los 15 presidiarios del pabellón de delitos comunes que se rehabilitan, los que sí tendrían contacto con otros reos, aunque lo ideal es que estén separados completamente para que los resultados de las terapias sean satisfactorios.
En este local estarán las personas seleccionadas con sus respectivas historias clínicas para identificar su problema, anulando las características de una consulta ambulatoria e impulsando normas de comportamiento que permitan la reeducación del reo. “Hasta que no haya un buen mecanismo de control, esto va a continuar, es decir la droga va a seguir pasando al penal. Lo ideal sería tener la seguridad como de un hospital en el que se cierra el paso a los estupefacientes”, recalca.
JUSTIFICACIONES
Argumenta que hay una infinidad de justificaciones para que ingrese droga al centro penitenciario de Picsi. “Hay un pensamiento equivocado, debido a que algunos dicen que si no entra droga los presos se levantan, de tal manera que la sustancia tóxica da tranquilidad y como queremos que estén pacíficos es mejor que pasen sustancias tóxicas”, lamenta. La Cruz señala que la droga más psicopatizante y adictiva es la PBC, de tal manera que una persona en un mes puede ser adicta. En la actualidad en el mundo del consumo hay otras variantes, es decir si antes se presentaba en adolescentes y adultos jóvenes, ahora está en los pre adolescentes y gente mayor, enfatiza.
Sobre los riesgos en el contexto social, dice que involucra a internos y a trabajadores del INPE. “Cada interno debe ver en cada empleado del centro penitenciario una imagen de autoridad e imitación, para fomentar valores”, precisa. En este último mes, con el nuevo jefe penitenciario se aplicaron normas disciplinarias, detalla La Cruz Toledo, como es la reubicación de los internos, lo que dice es bueno. “Empero falta solucionar otros inconvenientes, teniendo en cuenta que al preso le cobran un sol para trasladarse de un lugar a otro”, explica.
A su apreciación, los adictos del penal no padecen el síndrome de abstinencia, caracterizado por la crisis de angustia, irritabilidad, palpitaciones, sudoraciones, agresión e incapacidad para contener sus impulsos.D ebe entenderse que un drogadicto es un enfermo psiquiátrico de la voluntad y los hábitos. “Sin embargo en la consulta los reos no demuestran que padecen el síntoma de abstinencia, lo que refuerza mi apreciación sobre el consumo de sustancias tóxicas”, añade.
“Ninguna persona con conducta adictiva viene por su propio medio, sino porque atraviesa un problema o por la presión de la familia o porque va a perder algo”, subraya.Que exista el equipo de tratamiento y las terapias comunitarias, no es suficiente. Si no hay un sistema conjunto de estrategias pueden flaquear o quebrarse los objetivos. “Ante la carencia de educación en las personas, los planes caen en sacos rotos y seguirá filtrándose la droga en los penales”, señala.
COMUNIDAD TERAPÉUTICA
Para entender la importancia de la existencia de una comunidad terapéutica en el Perú se debe remontar a 1960, cuando empieza a mencionarse este tipo de instituciones, debido a la presencia de comunidades como Paz, Auto Stop y Amor Libre, cuyos hombres y mujeres practicaban el sexo sin el menor cuidado, al no presentarse en nuestro país la llamada Peste Rosa - SIDA.
Díez años más tarde aparece la historia del consumidor, por lo que el hospital Emilio Baldizán de Lima y el centro de rehabilitación Ñaña abre sus puertas a esa población. A la fecha se han propagado organizaciones que no cumplen las mínimas condiciones de salud, a excepción de Lima, donde las comunidades funcionan en los nosocomios Larco Herrera, Cayetano Heredia y De Vida.
Es esta última que en gestión con el Ministerio de Justicia enfoca su mirada a los penales, formulándose el proyecto de la comunidad terapéutica para ayudar a los reos a superar la adicción que se presenta a causa de una familia descompuesta, con pobre estructuración o paradójicamente la sobreprotección del sujeto.
“Al terminar la edificación del pabellón en el penal de Picsi las terapias grupales incrementarán por la interacción. Debe conocerse que si las autoridades adoptan por separar a este grupo del resto de presos, es para evitar que más personas se sumerjan en este vicio”, explica, agregando que existen medicamentos selectivos para recetar a los pacientes, pero por decisión personal no lo autoriza. “Es una opción mía, porque al entregar las medicinas, los internos la comercializan y es lo que quiero evitar”, señala.
SERVIDORES DE CALIDAD
A la par de INPE VIDA, está el equipo de tratamiento, del que no forma parte Jaime La Cruz y que está integrado por especialistas que en forma perenne evalúan a los internos. El psiquiatra, galeno del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, sostiene que este trabajo comienza hace 35 años ante la necesidad de las personas que cometían delitos, siendo recluidos en los centros penitenciarios sin recibir un tratamiento especial.
Argumenta que al formarse el equipo de tratamiento con profesionales, sus lineamientos son la reeducación rehabilitación y reinserción del interno en la sociedad, lo que significa otorgar al presidiario las herramientas y habilidades para que al cumplir la condena estudie y trabaje. “En este contexto hay una situación contradictoria. Si revisamos la literatura sobre educación, se entiende como instrucción y ese no es el objetivo. La educación consiste en cómo ingresar en el individuo y darle las características necesarias para que adquiera escalas de valores, formas de comportamiento y ética dentro de su vivir”, puntualiza.
Y para que esto exista -según el especialista- el personal que labora en los centros penitenciarios tendría que tener no sólo instrucción, sino educación. Indica que la profesionalización en los penales existe hace 10 años, pero que no brinda calidad a la persona, la que puede ser muy instruida al tener maestría y doctorado, lo que no significa que tenga educación.
“La calidad de personas se refleja en su desarrollo, su modo actuar y sus responsabilidades. La profesionalización del INPE no significó que el personal tenga aptitud para dirigir personas que necesitan educación”, detalla. Hay varios obstáculos para un trabajo responsable de los agentes penitenciarios y administrativos y es el hecho de que existe droga en el penal. ¿Por qué hay estupefacientes en las cárceles?, se pregunta Jaime La Cruz, respondiendo que es el mismo fenómeno cuando ingresan al recinto celulares y objetos punzo cortantes.
“Entonces los sistemas de control son deficientes, sin escala de valores ni formas de comportamiento. Pareciera ser que la corrupción está a todo nivel. Lo que pasa es que nuestros ojos están puestos en la corrupción negra, magnificada por la cantidad de soles, pero hay otra corrupción pequeña que está en los penales”, anota.
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