enero 17, 2014

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PREOCUPADO POR LEY SOBRE USO DE ARMAS

“El Estado peruano tiene la obligación de prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de sus fuerzas de orden y seguridad”, recordó el jueves 16 Amérigo Incalcaterra, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Tal declaración se efectuó ante la reciente promulgación de la Ley 30151, que modifica el Código Penal peruano y establece la inimputabilidad penal del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muertes”.

Citando a varios mecanismos de derechos humanosde las Naciones Unidas –tales como el Comité de Derechos Humanos – Incalcaterra mencionó que el Estado peruano tiene la obligación de adecuar su legislación a los estándares internacionales en relación al empleo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“La modificación del inciso 11 del artículo 20 delCódigo Penal se aparta de los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó Incalcaterra, “que exigen que todo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad respeten los principios de necesidad y proporcionalidad con el daño que se pretende evitar”.

El Representante de la Alta Comisionada ONU paralos Derechos Humanos señaló la importancia de que los alcances del uso de la fuerza se encuentren claramente estipulados a nivel nacional. “Una estricta reglamentación en materia de uso de armas de fuego es fundamental paragarantizar y proteger las actuaciones de las fuerzas del orden, pero principalmente para garantizar y proteger el goce de los derechos de las personas”, afirmó.

Incalcaterra expresó también que “esta enmienda podría dejar en la impunidad a violaciones de derechos humanos”, a lo que añadió que “toda denuncia de uso excesivo de la fuerza debe ser investigada de manera efectiva, pronta e imparcial”.

Asimismo, ofreció el apoyo técnico para asegurar la adecuación legislativa mencionada, así como para asesorar en la implementación de protocolos de actuación y en la formación de las fuerzas de orden.
Finalmente, el Representante sostuvo que “preocupan varias iniciativas legislativas en la región, que en nombre de la seguridad ciudadana puedan coartar derechos tan fundamentales como la vida y laintegridad física, y tener un efecto disuasorio del ejercicio legítimo de la protesta social”.
Servindi

enero 16, 2014

ALIANZA DEL PACÍFICO: INTEGRACIÓN O DEPENDENCIA?

El tablero político de América Latina se sacudió estos últimos años con la aparición de la Alianza del Pacífico, bloque regional constituido por México, Colombia, Perú y Chile. No es casual: se trata de cuatro países que tienen Tratados de Libre Comercio con EE.UU., y cuyos últimos gobiernos han sido mayormente conservadores: Peña Nieto en México, Santos en Colombia, Humala en Perú y Piñera en Chile. ¿Cuáles son sus principios organizativos? ¿Qué tipo de integración buscan estos países?

A través de la “Declaración de Lima”, primer documento del bloque, los países miembros señalan la necesidad de “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes de servicios, capitales y personas”. Esta idea de integración llevó a que el bloque forme el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), entre cuyas funciones está elevar a los respectivos gobiernos “recomendaciones y sugerencias para la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económica-comercial entre nuestros países”.

¿Cuál es la visión que hay tras esto? La noción de que la integración entre los países sólo debe ser comercial, económica, y financiera, sin tener implicancias de unión en lo político, lo social, lo cultural. Esto es, sin lugar a dudas, una falacia, ya que detrás de toda acción –o inacción- en lo económico hay política. Hasta el neoliberalismo más ortodoxo de los ´90 se amparó en una política bien definida: la “reforma” del Estado en busca de su achicamiento, con el consiguiente desmantelamiento del aparato productivo, entre otros efectos.

Ahora bien, y relacionado con esto mismo, la creación de la Alianza del Pacífico ha tenido rápidas repercusiones en los organismos multilaterales de crédito. Uno de sus máximos exponentes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entregó “apoyo técnico a los gobiernos y representantes empresariales”, tal como figura en su página web. Vale recordar que EE.UU. cuenta con más del 30% del paquete accionario del BID, siendo fundador del mismo y garantizando su funcionamiento mediante su sede en Washington. El país que gobierna Barack Obama, además, es miembro observador de la Alianza del Pacífico, lo que cierra un círculo de intereses en común entre ambos.

LAS CRÍTICAS A LA INTEGRACIÓN PROPUESTA POR LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Numerosos políticos e intelectuales han realizado críticas a la conformación de la Alianza del Pacífico, con similares perspectivas: la denuncia a un intento de “paralización” de la integración regional –y su subordinación a Washington- como los principales motivos para oponerse a este bloque emergente.

Para el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, esta alianza de países “parece estar puesta para bloquear esta mirada hermanada del continente”, al haber nacido “muy fuertemente vinculada a los intereses de EE.UU” tal como declaró en diciembre pasado en España. Tras ello, explicó su visión sobre la integración, al decir que “somos un continente, somos hermanos de historia. Nos necesitamos mutuamente. Los mejores resultados para nuestros países van a venir si nos fusionamos en un gran horizonte compartido”.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa fue más enfático: señaló la existencia de una “reconstitución” de la derecha en el continente, expresada en cierta forma por estos países, al no proponerse “crear una gran sociedad con ciudadanos de la región; sino crear un gran mercado, crear consumidores”.

EL DILEMA INTEGRACIONISTA: ¿SUBORDINACIÓN O AUTONOMÍA?
Los próximos 30 días de América Latina y el Caribe serán importantes en lo relativo a la integración regional: en La Habana, Cuba, se realizará la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-, el 28 y 29 de enero; y, a su vez, el 31 de este mismo mes, en Caracas, Venezuela, tendrá lugar la XLVI Cumbre Presidencial del Mercosur. Sin intentar perder iniciativa, y mostrando su dinamismo, los presidentes de la Alianza del Pacífico planifican una reunión en Cartagena de Indias, Colombia, para el 10 de febrero. Como se ve, las frías agendas diplomáticas guardan también una disputa central sobre las relaciones que deben darse, entre sí, los países de nuestro continente.

Para finalizar, son necesarias algunas preguntas de cara al futuro cercano de nuestro continente: ¿Puede un bloque que, en teoría, busca la integración de los países de América Latina y el Caribe, actuar subordinado a los intereses de los organismos multilaterales de crédito como el BID? ¿Cuál son las motivaciones ideológicas de estos países para no integrar mecanismos de integración económica, política y social ya existentes, como CELAC, Unasur, Mercosur o ALBA? ¿Hasta dónde llegará este intento de intentar paralizar –y paralelizar- las herramientas de integración autónomas que, durante estas últimas décadas, se han dado nuestros pueblos o gobiernos?

El 2014 que acaba de comenzar podrá brindarnos algunas respuestas a estos interrogantes, a la luz de las próximas cumbres presidenciales, cuyos acuerdos nos darán mayores elementos para comprender los años venideros en la integración de nuestro continente.
Juan Manuel Karg