“El Estado peruano tiene la obligación de prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de sus fuerzas de orden y seguridad”, recordó el jueves 16 Amérigo Incalcaterra, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Tal declaración se efectuó ante la reciente promulgación de la Ley 30151, que modifica el Código Penal peruano y establece la inimputabilidad penal del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muertes”.
Citando a varios mecanismos de derechos humanosde las Naciones Unidas –tales como el Comité de Derechos Humanos – Incalcaterra mencionó que el Estado peruano tiene la obligación de adecuar su legislación a los estándares internacionales en relación al empleo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“La modificación del inciso 11 del artículo 20 delCódigo Penal se aparta de los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó Incalcaterra, “que exigen que todo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad respeten los principios de necesidad y proporcionalidad con el daño que se pretende evitar”.
El Representante de la Alta Comisionada ONU paralos Derechos Humanos señaló la importancia de que los alcances del uso de la fuerza se encuentren claramente estipulados a nivel nacional. “Una estricta reglamentación en materia de uso de armas de fuego es fundamental paragarantizar y proteger las actuaciones de las fuerzas del orden, pero principalmente para garantizar y proteger el goce de los derechos de las personas”, afirmó.
Incalcaterra expresó también que “esta enmienda podría dejar en la impunidad a violaciones de derechos humanos”, a lo que añadió que “toda denuncia de uso excesivo de la fuerza debe ser investigada de manera efectiva, pronta e imparcial”.
Asimismo, ofreció el apoyo técnico para asegurar la adecuación legislativa mencionada, así como para asesorar en la implementación de protocolos de actuación y en la formación de las fuerzas de orden.
Finalmente, el Representante sostuvo que “preocupan varias iniciativas legislativas en la región, que en nombre de la seguridad ciudadana puedan coartar derechos tan fundamentales como la vida y laintegridad física, y tener un efecto disuasorio del ejercicio legítimo de la protesta social”.
Servindi
Citando a varios mecanismos de derechos humanosde las Naciones Unidas –tales como el Comité de Derechos Humanos – Incalcaterra mencionó que el Estado peruano tiene la obligación de adecuar su legislación a los estándares internacionales en relación al empleo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“La modificación del inciso 11 del artículo 20 delCódigo Penal se aparta de los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó Incalcaterra, “que exigen que todo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad respeten los principios de necesidad y proporcionalidad con el daño que se pretende evitar”.
El Representante de la Alta Comisionada ONU paralos Derechos Humanos señaló la importancia de que los alcances del uso de la fuerza se encuentren claramente estipulados a nivel nacional. “Una estricta reglamentación en materia de uso de armas de fuego es fundamental paragarantizar y proteger las actuaciones de las fuerzas del orden, pero principalmente para garantizar y proteger el goce de los derechos de las personas”, afirmó.
Incalcaterra expresó también que “esta enmienda podría dejar en la impunidad a violaciones de derechos humanos”, a lo que añadió que “toda denuncia de uso excesivo de la fuerza debe ser investigada de manera efectiva, pronta e imparcial”.
Asimismo, ofreció el apoyo técnico para asegurar la adecuación legislativa mencionada, así como para asesorar en la implementación de protocolos de actuación y en la formación de las fuerzas de orden.
Finalmente, el Representante sostuvo que “preocupan varias iniciativas legislativas en la región, que en nombre de la seguridad ciudadana puedan coartar derechos tan fundamentales como la vida y laintegridad física, y tener un efecto disuasorio del ejercicio legítimo de la protesta social”.
Servindi
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