junio 22, 2016

¿SE AVIVAN LOS FUEGOS PARA LA REVOCATORIA EN CHICLAYO?

Nos entristece enormemente la situación de nuestro querido Chiclayo, año y medio de la gestión Cornejo Chinguel y sus principales problemas no se solucionan. 
No necesitamos ser analistas políticos o de otras profesiones para darnos cuenta, por sentido común, que esta ciudad está alejada de lo que es una metrópoli que muestre desarrollo y orden para beneficio de sus vecinos y estos logren una mejor calidad de vida.
En 18 meses la gestión no ha podido superar ni siquiera las cosas mínimas. Vemos un centro caótico, con comercio ambulatorio que gana cada día las calles principales de la ciudad, pareciera que más de los días hay ferias en las avenidas y calles Balta, Ízaga, Elías Aguirre, San José, Vicente de la Vega, Pedro Ruiz, y ni hablar más de lo que hoy presentan Arica, Juan Cuglievan y Manuel Pardo. 
Es que la verdad no se siente que tengamos una autoridad municipal, o un primer vecino que sienta nuestros problemas y entonces volvemos al inicio de cómo, por quién y qué hemos hecho los chiclayanos para merecer tanta incapacidad de parte de los gobernantes de turno.
El problema del Mercado Modelo, que es una bomba de tiempo para todos los que a diario pisamos este centro de abastos, no será solucionado por las autoridades municipales, aun cuando hayan obtenido una Ley de Expropiación, está norma solo es política, para la foto, menos para solucionar el problema integral de los comerciantes y chiclayanos. 
La comuna no es sujeta de crédito en el sistema financiero para obtener partidas que puedan otorgar los bancos o cualquier entidad económica, a lo que se suman los procesos legales con demandas millonarias que deberá enfrentar por parte de los propietarios de las 36 tiendas del Modelo, a quienes nadie podrá anularles sus títulos como dueños. 
La inversión efectuada en el predio Mercados del Pueblo, donde se pretendió ingresar a más de 350 comerciantes, ha resultado un fracaso producto de la falta de capacidad técnica y de planificación. 
El Terminal Terrestre quedará seguramente estancado un período municipal más y, por lo tanto, el desorden y la tugurización vehicular continuarán, avergonzándonos con los turistas nacionales, extranjeros y los propios vecinos de la ciudad, lo que nos deja un sabor amargo. No hay un líder que nos represente para solucionar este enorme problema que nos presenta como ciudad desordenada. 
En la contrariedad de la limpieza, reconozco que el Proyecto Chiclayo Limpio hace denodados esfuerzos por mantener pulcra la ciudad. Sin embargo, la falta de autoridad y de compromiso sostenido entre todos los ciudadanos no permite avanzar en otra de las grandes dificultades que tenemos como ciudad: la institucionalidad. 
En lo últimos días hemos sido testigos de denuncias que ponen entre dicho la transparencia y buen manejo municipal. La duda que el manejo municipal sea profesional está ya en la mente de los chiclayanos. Lo digo porque el que avaló, acompañó en campaña, aquél que dijo que ponía las manos al fuego por el que ahora es el burgomaestre chiclayano, hoy lo acusa de posibles casos de corrupción. 
Me refiero a Guillermo Segura Díaz, quien abiertamente en rueda de prensa denunció  presuntas irregularidades en las compras y contrataciones de la gestión que dirige el alcalde David Cornejo Chinguel. El primer regidor con documentos en mano ha referido  que existen familiares directos de los gerentes de la administración Cornejo participando de los comités de selección e incluso compras por encima del valor comercial actual en distintas áreas de la comuna. 
La denuncia respectiva ha sido al cierre de esta edición presentada ante el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque. Segura Díaz no está solo, está acompañado de cinco regidores de oposición quienes aseguran haber investigado y cruzado información respecto a posibles malos manejos. 
Cuando creíamos que esas viejas prácticas montesinistas del ataque verbal y físico se habían ido con la dictadura fujimorista, volvemos a comprobar que los malos ejemplos han quedado en personas que dicen representar a los chiclayanos. 
Una denuncia bien formulada debe ser amparada y avalada por el burgomaestre Cornejo Chinguel, eso hablaría de su honestidad y de defender los intereses de Chiclayo, pero a luces comprobamos que no es así. ¿Cómo es posible que la hermana de su Coordinadora de Alcaldía haya ingresado en su gestión y que forme parte de importante comité de adquisiciones? La imagen que presenta ante la ciudadanía es que hay pues un sesgo de  favoritismo a personas que se aprovechan del aparato municipal. 
Guillermo Segura Díaz fue uno de los artífices de las denuncias contra los implicados en “Los limpios de la corrupción”, varios de ellos presos hoy en día, encabezados por el propio exalcalde Roberto Torres Gonzáles. Como abogado y político Segura tiene amplia experiencia en investigar hechos como los denunciados, frente a los cuales el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción deben actuar de inmediato, sin pérdida de tiempo. 
Entre tanto, los huecos que presentan las diversas pistas de nuestro querido Chiclayo, las veredas destrozadas, el desorden ambulatorio, la inseguridad ciudadana, el desorden vehicular, la falta del Terrapuerto y los principales proyectos para ver un Chiclayo desarrollado seguramente tendrán que esperar a que llegue una nueva elección municipal. 
Cuidado, que la desazón de la ciudadanía puede avivar los fuegos de una revocatoria que, sin dudarlo, resultaría exitosa. Quizá con Roberto Torres la población fue permisible y hasta cierto punto cómplice con su inacción, pero como dice el adagio popular: “solo una vez capan al chancho”. 
Siendo así, ¿quién salvaría a David Cornejo si ya no tiene el respaldo político y económico de Alianza Para el Progreso? ¿Acaso el aparato y los legisladores fujimoristas? Ojalá y si la revocatoria se emprende la respuesta no sea echar a andar la maquinaria municipal.

junio 20, 2016

LA ESTRATEGIA DE IZQUIERDA EN EDUCACIÓN

Reflexiones sobre el proyecto estatista de Jaime Saavedra
Todos los peruanos de buena voluntad deben estar orgullosos de que la Universidad Católica logre los mejores lugares para el país en los rankings internacionales de universidades. Aplausos. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para existan más universidades con logros parecidos? Existen dos respuestas: o promovemos la competencia académica abierta o empoderamos a la burocracia estatal (clara propuesta de la izquierda). La experiencia del mundo nos indica que solo los sistemas universitarios con acreditaciones independientes del Estado y protagonismo de la sociedad han organizados las mejores claustros del mundo. Occidente, Estados Unidos y los países emergentes del Asia, lo demuestran.                                                                                              
¿A qué viene todo esto? La izquierda ha lanzado una feroz ofensiva para convertir sus intereses ideológicos en la base de una nueva reforma de la educación. Cuando la izquierda creía en el asalto del poder la idea de la calidad académica le era indiferente. Eran los tiempos del predominio leninista y del pleno control de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Luego de que la izquierda se transformara en una fuerza democrática asumió el criterio gramsciano de la construcción de un bloque ideológico, cultural y político. Al margen de sus logros académicos, la Universidad Católica se ha convertido en el portaaviones de esta estrategia que busca transformar en sentidos comunes las propuestas izquierdistas. Por ejemplo, la zurda está logrando que las bases de la actual reforma educativa se desarrollen sobre el recetario estatista.
El ministro de Educación (MINEDU), Jaime Saavedra, y la burocracia del sector han demonizado de tal manera a la inversión privada en el sector que todos los males de los claustros superiores son endilgados a las universidades societarias. Pero, ¿cuál es el verdadero problema en la educación superior? Ante la existencia de una educación para ricos (Universidad Católica) y otra para pobres (universidades estatales), y el colapso de la educación estatal ante la masiva migración, en los años noventa se permitió la inversión privada para ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa. Se amplió la cobertura, se diversificó la oferta, las pensiones bajaron considerablemente, pero se olvidó una clave de los mejores sistemas universitarios: la acreditación de la calidad. La ex Asamblea Nacional de Rectores (ANR) abandonó este pilar de la reforma.
En este contexto, en los modelos estatal, asociativo y privado aparecieron buenos y malos ejemplos. En el modelo asociativo la Católica se consolidó como una excelente experiencia y la Garcilaso continuó deteriorándose. En el modelo societario surgieron claustros competitivos como la UPC, la San Ignacio de Loyola, la Científica del Sur y la Continental, y también universidades deficientes como la César Vallejo.
Sin embargo antes de que Saavedra iniciara “la reforma estatista” el sistema de acreditación promovido por el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) había logrado movilizar más de 3,000 comités de calidad en colegios, institutos y universidades. Al Minedu no le interesa para nada el primer movimiento procalidad educativa a nivel nacional, y hoy intenta ahogar a estos comités. El motivo: no le interesa un sistema de acreditación independiente del Estado, sino uno controlado por la burocracia estatal.
Cuando se acusa al Minedu de estatista, los funcionarios suelen replicar que no lo son porque promueven asociaciones público privadas y obras por impuestos para resolver temas de infraestructura educativa. Gravísimo error. El sector privado no es la base del cemento sino la base de la innovación para cualquier sistema educativo que pretenda engancharse con la IV Revolución Industrial. ¿A quién se le ocurre que el burócrata va a ser el guardián de lo académico, lo científico y cultural?
Para el proyecto estatista del Minedu, en realidad, deben existir dos tipos de universidades: las estatales y las asociativas (Católica). Es decir, a la larga una universidad para pobres y otra para ricos. Ante la migración masiva de los noventa se fomentó la inversión privada otorgando a las societarias los mismos beneficios tributarios de los que gozaba la Católica. El resultado fue sensacional: las privadas de excelencia tuvieron las tasas más altas de reinversión, con excelentes resultados académicos y buena infraestructura. La Católica se vio obligada a hacer lo mismo. Estaba surgiendo competencia.
Hoy el Minedu ha establecido las siguientes restricciones a las universidades privadas competitivas: tienen que volver a sacar el licenciamiento (décadas de esfuerzo dependen de los burócratas de turno), se han paralizado todos los procesos de acreditación y, jugando en pared con el Ministerio de Economía, se pretende recortarles los beneficios tributarios de los que goza la Católica. Si a estas restricciones le agregamos la prohibición de las acreditaciones en la educación básica, con el objeto de que un colegio privado no sea mejor que uno estatal, la arquitectura estatista aparece completa.
En el preciso momento en que en los estados de bienestar de Europa se busca diversificar la oferta en pensiones, educación y salud, y cuando la IV Revolución Industrial sacude el planeta, el ministro Saavedra y la izquierda nos proponen una reforma educativa del siglo XIX, creyendo que estamos en tiempos del imperio napoleónico.