julio 16, 2010

¿Tierras sin límites?

En medio del debate sobre la necesidad de limitar la concentración de tierras agrícolas, el ex ministro Carlos Ferrero Costa, en un potente artículo titulado ¿Tierras sin Límites?, señala su postura a favor de esta limitación, criticando a un sector extremista liberal por no entender que los monopolios y las concentraciones dañan la democracia porque destruyen la igualdad de oportunidades al conceder privilegios al que más dinero tiene y también porque los grandes propietarios se convierten en un factor económico, cuya influencia política desequilibra el sistema democrático.
Además, en una reciente entrevista en el diario La República, ahonda sobre la necesidad de evitar la concentración, favoreciendo a los medianos y pequeños productores, quienes también pueden ser competitivos como los grandes empresarios.

A continuación, reproducimos el artículo.
“Que la propiedad de la tierra no tenga límites va a generar severos conflictos sociales cuya magnitud estamos obligados a prevenir. Como no alcanza para todos, acaparar la tierra genera sentimiento de discriminación entre aquellos que quieren acceder pero sin embargo no pueden. Esa exclusión que es una forma de violencia resiente profundamente a medianos y pequeños, además recorta la posibilidad de cumplir aspiraciones de vida personales y familiares de cientos de miles de agricultores.

Fernando Eguren nos ha recordado, citando al BM, que la gran propiedad no necesariamente es más productiva que la mediana o pequeña. Pero aun cuando lo fuese, pensamos que las teóricas ventajas de los latifundios puestas en la balanza pesan menos que sus nefastas consecuencias sociales. Por eso hasta sería justificado evaluar si no es preferible un menor crecimiento económico pero acompañado de un desarrollo que es integral porque incluye la justicia social.

Los extremistas del liberalismo no quieren entender que los monopolios y concentraciones son una irritante manera de dañar la democracia. Primero porque destruyen la igualdad de oportunidades al conceder privilegios al que tiene mucho dinero y segundo porque los grandes propietarios se convierten en un factor económico que deviene en una influencia política que desequilibra el sistema. Por eso llama la atención que los defensores de la propiedad sin límite no tengan presente el papel de la tierra en la historia del Perú y la significación que esta tiene en las convicciones e ideales del pueblo.

Ojo que nada de lo precedente implica desconocer las injusticias de una reforma agraria que fue mal implementada. Pero 40 años después todavía hay algunos que no han tomado conciencia de que el acaparamiento de la tierra por muy pocos genera el hondo descontento de muchos otros. Como dice la Gaudium et Spes (Concilio Vaticano), es principio de moral cristiana que la propiedad tiene una función social, proveniente precisamente del destino universal de los bienes. Ello significa que solo es legítima cuando sirve al bien común.

En este debate hay puntos pendientes, resumo algunos: 1) Las limitaciones a la extensión no deben ser genéricas sino por valles o cuencas; 2) Un límite gigantesco de 10 mil hectáreas solo tendría sentido en un valle de 200 mil, si existiera; 3) La autorización previa de fusiones es irreal porque hay tamaños de latifundios que no necesitan sumarse con otros para ser excesivos; 4) El tan mentado abuso de la posición de dominio, artilugio utilizado para evitar la acción previa y directa que corresponde al Estado, no deroga el art. 88 de la Constitución que de manera expresa autoriza límites a las tierras y que deliberadamente omiten los poderosos defensores de los nuevos latifundios”.
Otra Mirada

julio 15, 2010

Caudalosa y Pluspetrol: ¿Y la responsabilidad social?

El 19 de junio pasado, una barcaza que prestaba servicios a la empresa Pluspetrol sufrió un accidente, liberándose 400 barriles de petróleo en un tramo del río Marañón, aledaño a la comunidad nativa de Saramuro. Como si esta situación no fuera suficiente, seis días después, miles de metros cúbicos de relave minero perteneciente a la minera Caudalosa cayeron al río Opamayo, sorprendiendo a los pobladores del distrito de Huachocolpa, en Huancavelica. En ambos casos, preocupa no solo la grave contaminación de los ríos, sino también la forma irresponsable cómo se viene afectando la vida de miles de peruanos. ¿Por qué las historias se repiten? ¿Se pudo evitar estos desastres?

Empresas con oscuros historiales
Según el Osinergmin, la empresa Pluspetrol, entre los años 2008, 2009 y 2010, fue acusada reiteradas veces por causar accidentes, contaminación, negarse a entregar información y no levantar un conjunto de observaciones dadas por la unidad fiscalizadora. Pero solo en algunos casos se comprobó su responsabilidad y fue sancionada con el pago de multas. Sin embargo, la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO) ha señalado que no todos los accidentes causados por Pluspetrol suelen reportados al Osinergmin.

En el caso de la minera Caudalosa, un informe de IDL-Reporteros señala que, antes de que colapsara el depósito de relave minero de Caudalosa, esta compañía ya había sido notificada hasta en 14 oportunidades, entre 2007 y 2010, por la contaminación de ríos y la ampliación de esa misma relavera, sin el permiso correspondiente. Pese a las infracciones detectadas, nunca se logró imponer ninguna sanción.

Practicar la responsabilidad social
¿Por qué no se pone en práctica el concepto de responsabilidad social tan empleada por los gremios empresariales en el país? Para el Instituto Ethos de Brasil, la responsabilidad social es una forma de gestión ética y transparente entre la empresa y todas las partes interesadas, preservando los recursos ambientales, culturales y respetando la diversidad. Es decir, no se limitaría solo a convencer a los pobladores sobre los beneficios de un proyecto o pagarles una indemnización por el daño ocasionado, como parecen considerar la mayoría de empresas extractivas en el país.
Actualmente, la situación para ambas empresas se complica. En el caso de Pluspetrol, porque un reciente estudio reveló que el agua del río Marañón aún presenta un alto contenido de aceites y grasas sobrepasando en más de 100 veces los estándares nacionales de calidad ambiental, lo que viene afectando a más de 4000 nativos de la zona. En el caso de Caudalosa, sus actividades han sido suspendidas, porque los sedimentos de los relaves han llegando hasta el río Cachi, en Huanta-Ayacucho, recorriendo más de 110 Km. de distancia. En este caso, aún no se conoce cuánta población será realmente afectada.
Finalmente, lo que el gobierno debería hacer para que estas historias no se repitan es, al conocer los historiales de empresas extractivas que incumplen los estándares ambientales, suspender definitivamente sus actividades, lo cual sería una lección para las otras empresas a futuro, ¿se atreverá el gobierno?
Otra Mirada

julio 14, 2010

Alarmas de guerra sucia

Parece que el gobierno busca justificar la represión y mano dura utilizando alarmas exageradas. Hace unas semanas, la alarma fue Sendero Luminoso (SL). La mayoría de medios de comunicación se prestaron a la alarma y presentaron la noticia como si se tratara de la evidencia de que este grupo subversivo volvería a tener el auge que tuvo en la década del 80. Esta alarma ya ha sido utilizada por el gobierno de turno en varias oportunidades.

Hace unas semanas volvió a ser mencionada al dar tanto espacio y propaganda a una marcha pro SL en la cual participaron pocos alumnos sanmarquinos. Recordemos que en ese momento la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encontraba en proceso de elecciones de sus autoridades que, cabe resaltar, parecía teñido de una serie de sospechas de corrupción, pero de estas sospechas muy pocos hablaron. Por otro lado, el mismo Presidente García manifestó que intervendría la UNMSM si era necesario para callar a los participantes de una marcha que no merecía tanta publicidad.

Pero la alarma que tiene como protagonista al terrorismo no acabó acá. Hace varias semanas el caso Lori Berenson ha sido presentado en una serie de medios como una supuesta “fuga de terroristas”¹. Los medios de comunicación olvidaron mencionar que el beneficio otorgado a Berenson resultaba completamente legal y que, además, las cárceles deberían ser espacios que fomenten la reinserción de los condenados que cumplieron sus sanciones a la sociedad. Sin embargo, algunos días atrás una nueva alarma relacionada con el caso de Berenson ocupó portadas: ¿por qué se le pagan 30 mil dólares?

En primer lugar, debe precisarse que el pago de los 30 mil dólares no ha sido otorgado a la excarcelada, sino a los padres de la misma. En segundo lugar, este pago ha sido ordenado por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2004 y no por capricho. Este pago no se realiza porque Berenson haya sido condenada, sino como pago de “costas judiciales” pues durante la época de Alberto Fujimori el Estado Peruano aplicó mal la justicia. Entonces, los 30 mil dólares se entregan a los padres de Berenson por las faltas al debido proceso realizadas durante el régimen de Fujimori.

Con los ejemplos mencionados en este texto podemos notar que, bajo el disfraz de resurgimiento del terrorismo, ciertos miembros del gobierno de turno y ciertos sectores conservadores buscan justificar la necesidad de mano dura y represión en el país. Siguiendo esta línea, el Ejecutivo pidió al Congreso que se le otorguen facultades para ver temas de justicia militar y terrorismo, a los cuales el Congresista Souza (Fujimorista) le aumentó los casos de militares y policías implicados en violaciones de DDHH.

El riesgo de este punto añadido por Souza y defendido por personajes de extrema derecha en el gobierno como el Ministro de Defensa, Rafael Rey, es que se permita la impunidad con quienes cometieron delitos de lesa humanidad. En este sentido, Carlos Mesa, Presidente del Consejo Supremo Policial-Militar (CSJM), anunció que se revisarán procesos a más de 700 militares condenados por violaciones a los DDHH, lo cual es ilegal. Pero, por si fuera poco, se ha confirmado que Mesa y tres otros integrantes del CSJM firmaron el Acta de Sujeción del 13 de marzo de 1999, en que se comprometieron a defender a los violadores de derechos humanos.

La represión injustificada, el ensañamiento con quienes cumplieron sus condenas y la impunidad con quienes cometieron delitos de lesa humanidad son parte de una historia que los peruanos debemos recordar: ¿quién dijo que el fujimontesinismo había acabado?
Otra Mirada

julio 13, 2010

La Minería Empobrece? - Caso Angares

Angaraes es la provincia más pobre del departamento de Huancavelica, conocido mundialmente por su pobreza. Pese poseer buenas tierras y buen clima, a lo largo de más de 150 kilómetros de valle debajo de los 3000 msnm; sin embargo todos estos áreas no se pueden cultivar por la falta de agua, pese a que el rio está corriendo por las narices de las chacras; lo que sucede es que esas aguas están contaminada desde hace 50 años por la minería. Recientemente este problema se ha agudizado con el colapso de una presa que contenía relaves toxico, envenenamiento que ha matado todo signo de vida al lecho que se estaba recuperando, dado que anteriormente también era contaminada. Las consecuencias saltan a la luz, el 85% de la población se encuentra sumido en la pobreza extrema. El estado peruano, a través del ministerio de energía y Minas sólo se aparece para otorgar las autorizaciones; mas no para exigir y fiscalizar que las empresas mineras cumplan con el cuidado el medio ambiente, de modo que el agua pueda usarse rio abajo y así mediante el cultivo y la crianza de animales salir de esas estadísticas en la que no debería figurar, teniedno los valles del Opmayo, Lircay y del Urubamba.

El historial ambiental de la empresa minera Caudalosa es tan turbio como los 110 kilómetros del río Opamayo hoy contaminados por 25 mil metros cúbicos de relaves y que han colocado a esta zona de la región más pobre del país, Huancavelica, en emergencia.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el masivo derrame de relaves ha dañado toda esa extensión ribereña. El río Opamayo cambia de nombres conforme recorre los pueblos de la zona: el tramo más cercano a los depósitos de relaves se denomina río Escalera, luego se convierte en río Huachocolpa, Lircay y otros. Varios nombres pero una sola contaminación.
Antes que colapsara el depósito de relave, cerca de las 6 de la tarde del viernes 25 de junio, la compañía ya había sido notificada hasta en 14 oportunidades, entre 2007 y 2010, por la contaminación de ríos y la ampliación y funcionamiento de esa misma relavera, sin permiso del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pese a las infracciones detectadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería(Osinergmin), éste nunca logró imponer las sanciones.

¿Cuáles fueron esos casos? Delitos ambientales
El 16 de julio de 2009, la institución fiscalizadora realizó una supervisión especial que incluyó la visita de todas las relaveras de la unidad minera "Huachocolpa Uno" de Caudalosa. Entre estos depósitos figura los dos que colapsaron recientemente. El pastoreo ha continuado en la zona afectada pese a la peligrosa contaminación del suelo.
Hoy se sabe de la investigación preliminar del propio Osinergmin que la causa del accidente fue el exceso de relaves que hizo colapsar la infraestructura y que unos 25 mil metros cúbicos de líquidos tóxicos se derramaron en el río. A la luz de lo expuesto, se evidencia que fue por falta de prevención.
Tal documento fue la notificación a Caudalosa del “inicio del proceso sancionador” que no constituye una sanción o multa, sino una advertencia a la compañía de que se investigará el hecho y que se han detectado infracciones. Estos oficios son manejados en reserva entre Osinergmin y la empresa, no son mencionados en la web de esta institución a diferencia de las resoluciones con sanciones emitidas por su gerencia general y consejo directivo, la primera y segunda instancia en la vía administrativa.

Cóctel contaminante
Pero en la lista de infracciones hay más. Según el oficio N°1223-2009-OS-GFM con fecha 30 de junio de 2009, la planta concentradora de minerales de Huachocolpa operó entre enero y junio de ese año por encima del 50% de capacidad autorizada por el Minem. Esto quiere decir que se corría el riesgo de procesar los minerales sin contar con un plan ambiental de manejo de residuos considerando el volumen excedente que se producía. En este caso, tampoco se concretó la sanción.

Dimensión del colapso de la relavera
En 2008 se realizaron cuatro inspecciones en mayo, julio, setiembre y noviembre. En la mayoría de las muestras tomadas se detectó niveles altos de PH, STS, zinc y cobre en el río Escalera. Los oficios N°984-2008-OS-GFM, N°1243-2008-OS-GFM, N°188-2009-OS-GFM y el N°189-2009-OS-GFM y los expedientes respectivos de los casos confirman que estas concentraciones tóxicas eran reiteradas en los puntos de monitoreo a lo largo del año.
¿Por qué no se sancionó ni un solo caso por daño ambiental? “Ahí hubo un problema de tiempo. Pero, además, Caudalosa no es el único caso que vemos”, respondió el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.
Osinergmin sólo ha sancionado con 240 UIT a Caudalosa por tres accidentes fatales en las minas subterráneas de "Huachocolpa Uno" que cobraron la vida de cuatro trabajadores por problemas de ventilación durante las operaciones y el manejo de explosivos para la extracción del mineral. Las víctimas fueron Efraín Jayo Cuellar y Nils Oncevay Multato, Edilberto Trucios Acuña y Féliz Segama Huamani.
Las tres resoluciones de la gerencia general impuestas por estas muertes fueron impugnadas por Caudalosa, del grupo Raffo , al mismo estilo de la mayoría de empresas como ya ha revelado IDL-Reporteros en un reportaje a inicios de junio. El mismo patrón de faltas graves contra el medio ambiente y la vida se repite una y otra vez, sin que las autoridades tomen decisiones enérgicas para evitar desastres como el que finalmente sucedió.
IDL-Reporteros

julio 12, 2010

Aumentan los Conflictos por el Medio Ambiente

Check out this SlideShare Presentation: El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el país señala que el 50,4% de los 250 casos registrados hasta el mes de junio está relacionado a problemas derivados de la explotación de recursos naturales. Entre estos conflictos se incluye la oposición de la población de Puno a la construcción de la hidroeléctrica de Inambari porque, según aducen, afectaría el ecosistema de la región. Según el reporte defensorial, en este caso no existe el diálogo entre las partes enfrentadas.

Los asuntos de gobierno local, que competen a las municipalidades, representan el 14,4% (36 casos) del total de conflictos existentes en el país. La Defensoría del Pueblo también llama la atención respecto a que el 68% (169 casos) de las situaciones de crisis en el Perú está activo. Lo positivo es que el 56% de estos casos se encuentra en proceso de diálogo. El informe defensorial señala, además, que para este mes se han anunciado tres paros. Uno de estos se desarrollará en el sur, en rechazo a la hidroeléctrica de Inambari y para exigir el abastecimiento interno de gas.
Defensoría del Pueblo