julio 01, 2016

LAMBAYEQUE EN EL PUESTO 18 A NIVEL NACIONAL

La situación de Lambayeque no es la más auspiciosa para el desarrollo de su población, es la conclusión a la que se arriba luego de analizar los resultados del Índice de Progreso Social Regional Perú 2016, publicado recientemente por Centrum Católica y Social Progress Imperative, iniciativa global liderada por el economista estadounidense Michael Porter. 
Fernando D’Alessio Ipinza, director de Centrum Católica, destaca que el estudio recoge 51 indicadores sociales y ambientales que permiten evaluar la eficacia con la que el éxito económico del país se traduce en progreso social para las regiones. 
Se resalta además que la principal bondad del estudio está en la medición de las políticas públicas basadas en el impacto en las personas, pues no trata de calificar el gasto económico en temas específicos, sino los resultados concretos en la persona humana. “Es decir, ¿cuántos peruanos tienen acceso a agua en zonas rurales? o, ¿cuántas personas mueren por acciones violentas? o, ¿cuánta gente tiene derechos de propiedad?”, explica Juan Manuel Arribas, representante de la Red Progreso Social Perú. 
El documento muestra cuáles son las principales carencias, dónde se encuentran las brechas más trascendentales y por dónde orientar la inversión social. “Por ello se presentan perfiles de resultados que permiten identificar debilidades y fortalezas en cada territorio analizado, de forma tal que los actores que operan en él puedan generar estrategias locales conjuntas, entre sector público y privado, para coordinar esfuerzos y maximizar la eficacia y la eficiencia de la inversión social para beneficio de todos”, menciona D’Alessio Ipinza. 
EL PROGRESO SOCIAL
El documento indica que el crecimiento económico sostenido que el Perú ha experimentado en la primera década del milenio ha permitido que las regiones multipliquen su presupuesto en un corto plazo, lo que ha generado un desfase importante entre un rápido desarrollo y un incipiente proceso de generación de capacidades de gestión, planificación, estrategia y liderazgo entre las autoridades públicas y los hacedores de política a nivel regional. 
“La ejecución eficiente de la inversión pública en estos niveles de gobierno es una tarea central para convertir el crecimiento económico en calidad de vida para las personas”, señala. 
El documento menciona que pese a los esfuerzos del Programa de Presupuesto por Resultados del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el nivel de ejecución de gasto continúa siendo el indicador más popular para medir la eficiencia de una gestión pública. 
“Ello impide ver qué tan eficiente está siendo realmente una gestión o si están siendo capaces de traducir su progreso económico en progreso social. De ahí que el presente estudio puede aportar al debate respecto a qué significa tener más o menos Estado. La solución no pasa simplemente por aumentar las arcas presupuestales”, indica la investigación, precisando que es imprescindible que las decisiones que se tomen en torno a la inversión social sean tomadas de manera estratégica. 
LA MEDICIÓN
El Índice de Progreso Social se mide en función de tres grande indicadores: Necesidades Básicas Humanas, Fundamentos de Bienestar y Oportunidades. 
El primero agrupa a la Nutrición y Asistencia Médica Básica, que evalúa la desnutrición crónica y anemia en menores de cinco años, la tasa de mortalidad materna y las Enfermedades Diarreicas Aguas – EDAS en menores de cinco años. 
Estudia el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento rural,  y la brecha rural y urbana al servicio de saneamiento. 
A esto suma la evaluación del rubro de Vivienda, donde se considera el acceso a la electricidad, la brecha rural y urbana en acceso a la electricidad, el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, así como la calidad de aire dentro de la vivienda. 
También estudia lo referido a la Seguridad Personal, como tasa de homicidios, percepción de inseguridad, tasa de victimización y tasa de muertes y heridos por acciones de tránsito.
El segundo indicador es el de Fundamentos de Bienestar, que considera el estudio del Acceso al Conocimiento Básico, como la tasa de analfabetismo en adultos, la tasa de ausentismo en primaria y secundaria, la brecha de género en asistencia a secundaria y el logro en segundo grado en lenguaje y matemática. 
Asimismo, el Acceso a la Información y las Telecomunicaciones, donde se contiene la medición de la tenencia de telefonía móvil, los usuarios de Internet urbano y rural, y la densidad de teléfono fijo. 
En Salud y Bienestar evalúa el padecimiento de enfermedades crónicas, la mortalidad prematura por enfermedades no contagiosas, la tasa de obesidad y el porcentaje de personas que fuman. 
También estudia la Sustentabilidad del Ecosistema considerando aspectos como la huella ecológica, las hectáreas reforestadas, el aire contaminado en zonas urbanas y las aguas residuales tratadas. 
El tercer indicador es el de Oportunidades, donde se ha estudiado lo referido a Derechos Personales como la libertad de expresión, la titulación de la propiedad urbana y rural, el derecho a la participación ciudadana y los derechos políticos. 
Evalúa la Libertad Personal y de Elección, medida a través del uso de anticonceptivos, la tasa de embarazo adolescentes, los índices de corrupción y el acceso a bienes de uso público. 
Hay también un rubro dedicado a la Tolerancia e Inclusión, donde se ha estudiado la violencia contra la mujer, la discriminación a minorías étnicas, a los inmigrantes y a las personas con discapacidad. 
Finalmente, estudia el Acceso a la Educación Superior, basándose en la tasa de matriculados, la tasa de graduados y el porcentaje de mujeres con educación superior. 
LAMBAYEQUE Y SU REALIDAD
El Índice de Progreso Social Regional del Perú lo lidera Moquegua, con 65.37 puntos de 100, seguido de Ica y Lima Metropolitana con 65.01 y 64.22, respectivamente. 
Lambayeque se ubica en el sexto lugar con 59.42 puntos, lo que se considera de acuerdo a la medición como Medio Bajo. 
Esto quiere decir que Lambayeque tiene niveles regulares de bienestar para las personas, en relación a la evaluación de los componentes que son esenciales para el bienestar humano, con necesidades básicas insatisfechas y falta de infraestructura e instrumentos que le permitan mejorar su calidad de vida y generar oportunidades para alcanzar su pleno potencial. 
PRIMER INDICADOR
En relación a Necesidades Básicas Humanas, Lambayeque se ubica en octavo lugar a nivel nacional con 66.76 puntos, siendo superado por Lima Metropolitana, Callao, Ica, Tacna, Moquegua, Tumbes y Arequipa. 
Por la calificación se considera que el nivel es Medio Bajo, siendo aún débiles el derecho a la vida, el acceso al agua y al saneamiento, a la vivienda de calidad, a la energía eléctrica y a la seguridad personal. 
Así, por ejemplo, Lambayeque es la séptima región del país en cuanto a Nutrición y Asistencia Médica Básica, con 73.55 puntos, y la novena en acceso al agua potable y saneamiento básico, con 51.88 puntos, pese a que durante el quinquenio 2006 – 2011 fue la que mayor presupuesto recibió a nivel nacional para la ejecución de obras de este tipo a través del Programa Agua Para Todos (650 millones de soles). En este aspecto Tumbes supera al departamento con más de 13 puntos. 
En Vivienda y Servicio Público se alcanza una calificación de 78.44 puntos, que posicionan a Lambayeque en el octavo lugar entre las 26 regiones evaluadas, lo que evidencia que se han acortado las brechas entre lo urbano y rural en términos de calidad de la vivienda, así como el nivel de hacinamiento. 
Asimismo, Lambayeque se ubica en el cuarto puesto en Seguridad Personal, con 63.19 puntos. Es superada únicamente por Amazonas, Ayacucho y Loreto. 
Según el estudio, este indicador estudia el nivel de victimización o percepción de inseguridad, además de la siniestrabilidad de accidentes de tránsito. 
SEGUNDO INDICADOR
La situación más compleja para Lambayeque se encuentra en el segundo indicador del estudio, referido a los Fundamentos de Bienestar. Aquí, la ubicación para la región es en el décimo octavo lugar, con 51.12, superada en el norte por La Libertad, Cajamarca y Piura. 
Por el resultado, el indicador en Lambayeque es bajo, significando que las personas tienen restricciones para aumentar su bienestar debido a las deficiencias que existen en diferentes aspectos relacionados a los servicios públicos. 
Por ejemplo, en Acceso a Conocimiento Básico la calificación es de 68.34 puntos, ubicando a Lambayeque en el puesto 15 de las 26 regiones evaluadas, representando los efectos de la tasa de analfabetismo, de asistencia a primaria y secundaria, los logros educativos en lenguaje y matemática y la brecha de género en la asistencia a secundaria. 
Respecto al Acceso a la Información y Telecomunicaciones, el puntaje obtenido es 55.04, ocupando la novena ubicación a nivel nacional, mientras que en Salud y Bienestar el departamento desciende al puesto 19, con 46.97 puntos. 
Finalmente, como parte del segundo indicador, Lambayeque logró un nivel Muy Bajo en cuanto a la Sustentabilidad del Ecosistema, al alcanzar únicamente 33.38 puntos. 
TERCER INDICADOR
Pese a que la ubicación de Lambayeque en el tercer indicador, que es el de Oportunidades, es en el quinto lugar a nivel nacional, es considerado – de acuerdo a los criterios del Índice de Progreso Social Regional Perú 2016 – como Medio Bajo, al obtener 60.37 puntos de 100. 
Esto se mide por las condiciones con las que las regiones aseguran que las personas gocen de libertades y derechos como ciudadanos, y para ello se han evaluado los siguientes criterios: 
Derechos Personales, en el que Lambayeque tiene 42.46 puntos, cayendo a la ubicación 15, por debajo de Cajamarca, Piura, La Libertad, San Martín y Tumbes, en la macroregión. Esta variable se mide por las facilidades que tienen las personas para ejercer su derecho a la propiedad privada, tanto en zonas urbanas como rurales; para la participación ciudadana y la expresión libre sobre asuntos sociales y políticos. La calificación para el departamento es considerada de Muy Baja. 
En Libertad Personal y de Elección, Lambayeque ocupa el octavo lugar a nivel nacional, con 61.11 puntos. Aquí se midieron los índices vinculados a la contracepción y natalidad en adolescentes, el nivel de corrupción en los trámites con instituciones públicas y el acceso a bienes de uso público para la recreación o el fomento de usos saludables. 
Asimismo, en Acceso a la Educación Superior la calificación es de 63.22, posicionando al departamento en el sexto puesto, considerado como Medio Bajo por el estudio. 
Finalmente, en el único aspecto en el que Lambayeque se ubica en una de las primeras posiciones (segundo lugar) es en el de Tolerancia e Inclusión, con 75.59 puntos, significando que existe una alta capacidad de la población para asegurar que todas las personas, sin importar su diversidad cultural, racial o lugar de nacimiento, sean aceptadas y tratadas como pares. 

junio 29, 2016

DESDE LA ÓPTICA JUDICIAL: LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS PROCESOS SANCIONADORES

El Estado tiene tres tipos de potestad para sancionar las infracciones y/o los delitos de corrupción o faltas contra la administración pública: el Derecho Penal, aplicable a cargo de los magistrados judiciales, el fuero administrativo, que se aplica a todos los ciudadanos, y el ámbito disciplinario que se hace efectivo internamente en cada institución.   
Estos aspectos son regulados en base al Código Penal y a la aplicabilidad del Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Disciplinario. 
“La constitución dice que todos los servidores públicos están al servicio de la nación, por lo tanto hay un mandato que nos obliga a tener un comportamiento adecuado de servicio hacia los objetivos que se pretende conseguir a través del Estado”, señala la doctora Susana Castañeda Otsu, presidenta de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
Explica que la sanción disciplinaria es aplicable cuando se determina la violación de las normas establecidas en cada sector de la administración pública. “La potestad administrativa sancionadora versa sobre infracciones de orden general y por eso tiene carácter externo, es decir se aplica a todos los ciudadanos. Por ejemplo, las multas que aplican los municipios y o la Policía de Tránsito. Por lo tanto, no es ilimitada ni global, sino que se constituye en un control de parte de la autoridad que incluso puede ser judicial, a través de los procesos contenciosos administrativos o los recursos de amparo, a los cuales puede recurrir el ciudadano cuando sienta vulnerados sus derechos”, menciona. 
Actualmente, en el Perú, la potestad sancionadora administrativa no tiene un reconocimiento expreso en la Constitución Política como sí ocurre en países como España. Sin embargo, sí existe reconocimiento con la jurisprudencia generada en los órganos judiciales, como sucede también en Colombia. 
SANCIÓN DISCIPLINARIA
Susana Castañeda refiere que la sanción disciplinaria está directamente relacionada a la conducta ética del servidor público, con un escenario de acción sobre la relación laboral que tiene que ver con la prestación de servicios, retribución y subordinación. En ese sentido, señala que es importante tener en cuenta las dos convenciones internacionales de lucha contra la corrupción a las que el Perú está suscrito. 
“Existen personas que prestan servicios sin retribución y las dos convenciones han definido el concepto de funcionario público extendiéndolo a toda aquella persona que preste servicios dentro de la administración estatal, remunerado o no. Una forma muy común de sacarle la vuelta a la ley era cuando los alcaldes convocaban a sus amigos como asesores y como no estaba definido el asunto de la remuneración no podían ser incluidos en los procesos como servidores públicos. Ahora sí”, precisa. 
La magistrada refiere que en el Perú existe un amplio conjunto de normas referidas a la potestad disciplinaria, partiendo por los artículos 1, 39, 40, 41, 45 y 139 de la Constitución Política; el Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento; el Decreto Legislativo N° 728; la Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública, y el Decreto Legislativo N° 1150, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional. 
“El Código de Ética de la Función Pública es muy importante porque ha definido conductas que pasan a ser infracciones pasibles de sanción”, relieva, mencionado además al Decreto Legislativo N° 1068, que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
“Todo lo que se ve en materia disciplinaria, excepto jueces y fiscales, será finalmente regulado por las opiniones, directivas y las decisiones que emita la Autoridad del Servicio Civil, integrada por personas que conocen el tema y son bastante competentes. Las decisiones del Tribunal de Servir constituyen un buen parámetro para los jueces al momento de decidir asuntos penales en los cuales hay previo pronunciamiento de la autoridad administrativa”, señala la jueza superior. 
JUECES Y FISCALES
Anota que en caso de que los reglamentos de los órganos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público carecieran de información específica sobre temas atípicos se debe aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
La normativa de sanción contra los jueces y fiscales se rige actualmente por el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece cuáles son las faltas y medidas correctivas en el aspecto disciplinario. 
“También está el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la OCMA que tiene que ver con el control de los jueces, así como de los servidores del Poder Judicial. Otra norma importante es la Ley Orgánica del Ministerio Público que lamentablemente aún no está actualizada, sino más bien desfasada porque hace más de 20 años tenemos una nueva constitución. El ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno es muy relevante porque no solamente norma lo referido a las quejas contra los fiscales, sino que además da la potestad de que toda denuncia contra los magistrados, jueces o fiscales, sea vista por esta fiscalía que inicia la investigación preliminar y, posteriormente, por el Fiscal de la Nación que determinará si se inicia o no la investigación preparatoria”, explica. 
PRINCIPIOS A RESPETAR
La Presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima señala que tanto en la potestad administrativa sancionadora como en la potestad disciplinaria, existen principios que deben cautelarse como la legalidad, tipicidad, presunción de inocencia (que en ámbito administrativo se conoce como presunción de licitud), razonabilidad y el debido proceso. 
“A esto suma el de proporcionalidad al momento de aplicar las medidas cautelares en el ámbito disciplinario, teniendo en consideración que estas están normadas en la Ley de Carrera Judicial y en reglamento de la OCMA, por lo que al momento de su imposición se deberán tener en cuenta estos principios”, sostiene. 
Añade que el Tribunal Constitucional tiene abundante jurisprudencia relacionada a estos temas, como cuando señala que la prescripción de un delito penal no detiene el trámite del proceso disciplinario. 
“El Código Procesal Penal establece que cuando se inicia una acción penal contra una persona se suspende el procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo estos van a la par. Mientras que el proceso administrativo disciplinario tiene plazos muy cortos, el proceso penal demora muchísimo tiempo, no obstante que el nuevo código se dio para juzgar a la persona en tiempos razonables. Lo que debe precisarse es que muchos de los procesos administrativos disciplinarios prescriben por vulneración del principio de inmediatez”, comenta. 
Refiere también que el Tribunal Constitucional ha señalado que las sanciones contra los servidores públicos no pueden ser el resultado de un razonamiento mecánico de aplicación de las normas, por lo que se pide tener en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad, así como los antecedentes del servidor. 
“En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, tener un registro habilitado de las sanciones impuestas no solamente va a servir para la ratificación de magistrados, sino también para la imposición de sanciones, porque con la nueva Ley de Carrera Judicial se establece un sistema de penas de acuerdo a las sanciones que tenga el juez o el servidor jurisdiccional, remarca. 
Por otro lado, Susana Castañeda remarca la importancia de las comisiones encargadas de desarrollar los procesos disciplinarios al interior de las dependencias públicas, por el rol que desempeñan. 
“Nosotros decimos siempre que debe respetarse el principio de legalidad y el de tipicidad, donde precisamente hay muchos problemas de aplicación en el ámbito de las instituciones públicas cuando se desarrollan procesos disciplinarios y un ejemplo es lo que sucede con la Policía Nacional con su reglamento”, comenta. 
CONTROL INSTITUCIONAL
Castañeda Otsu también aborda la problemática existente en las contrataciones públicas, explicando que a nivel nacional existen dos mil 800 instituciones estatales que contratan permanentemente, con un promedio de cinco procedimientos al día. 
“El control del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE es aleatorio porque no tiene la posibilidad de verificar a todos, salvo cuando se presenta una denuncia. Un gran instrumento de lucha contra la corrupción es la transparencia y nosotros creemos que con la creación del SEACE se estableció un factor muy importante para evitar la corrupción en la administración pública. Sin embargo, aun existiendo el SEACE y otros filtros no entendemos cómo es que constantemente se tienen denuncias por colusión o negociación incompatible. Este es un asunto mucho más grave que el disciplinario, porque se trata de los recursos del Estado”, enfatiza. 
La magistrada cuestiona que el ex Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, haya declarado para un medio capitalino que desconocía de la existencia de un sub sistema de lucha contra la corrupción, el mismo que desde el año 2001 está establecido y conformado por la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría Pública Anticorrupción y los Juzgados Anticorrupción. 
“Los procuradores de la Contraloría hacen en este espacio acciones de control y están, constantemente, peleándose con los procuradores de las otras instituciones. En el ámbito penal vemos que cuando existe un proceso por delitos contra la administración pública en los que están inmersos alcaldes o gobernadores regionales, se apersonan los procuradores de los municipios y las regiones. Pero, ¿quiénes designan a estos funcionarios?, ¿no son los mismos procesados? Entonces no defienden a las instituciones sino a las autoridades, por eso la norma establece que quienes participen en estos casos sean los procuradores anticorrupción para que ejerzan la defensa del Estado”, ejemplifica.

junio 27, 2016

YA SON VEINTINUEVE: LAMBAYEQUE PIERDE MILLONES DE SOLES POR OBRAS PARALIZADAS

Hasta diciembre del año pasado eran 22 las obras paralizadas en Lambayeque según el reporte de la Contraloría General de la República. Hoy, seis meses después, la cifra subió a 29, significando un millonario perjuicio al Estado y, en especial, para el departamento, por la postergación de proyectos que debieron concluirse a tiempo para beneficio de su población. 
De acuerdo al registro del portal Infobras, una aplicación de la Contraloría General de la República que permite dar seguimiento a los proyectos de inversión estatal, Lambayeque sigue siendo uno de los departamentos a nivel nacional con mayor cantidad de obras paralizadas, situación que involucra a dependencias regionales y municipales.
Las 29 obras paralizadas representan en total 151 millones 709 mil 769.2 soles, presupuestos que datan, en algunos casos, incluso desde el 2010 y que hasta el momento no han sido honrados con la culminación de los trabajos.
 MÓRROPE
En el distrito de Mórrope se encuentra paralizado el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de los caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo y anexos”, valorizado en nueve millones 216 mil 31.08 soles y que se inició el 12 de febrero del 2010 y debió concluir 240 días después.
El proyecto fue contratado a la empresa Construcciones Civiles SA – CONCISA, y hasta el momento solo registra un avance del 69. 58 %. 
Otra obra que no se ha concluido en el distrito es la “Ampliación y mejoramiento del servicio académico de la Institución Educativa Primaria y Secundaria Miguel Grau Seminario”, del caserío Tranca Sasape. 
Para este proyecto se asignó un presupuesto de siete millones 780 mil 995 soles y se contrató al Consorcio Unión para su ejecución. Los trabajos se iniciaron en diciembre del 2015 y deberían concluir en agosto de este año. 
PIMENTEL
En Pimentel hay tres obras en la misma situación: el “Mejoramiento y renovación del servicio de agua y alcantarillado y conexiones domiciliarias de las calles El Sol, Australia y El Dólar, en la Urbanización La Plata”, presupuestado 542 mil 961.58 soles, y la “Instalación de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias en el asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús y la ampliación Molina Alta”, por 14 mil 15.58 soles. 
Ambas obras se ejecutan por administración directa. La primera inició en julio del 2014 y la segunda en mayo del 2013. 
También está paralizado el “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en las calles: Prolongación Alfonso Ugarte, Bayóvar, Tupac Amaru, Primero de Mayo, Diego Ferré y Los Parques del sector Victoria Viuda de Dall’orso”, con 128 mil 397.76 soles, la misma que se encuentra a cargo del municipio. 
CIUDAD Y PUERTO ETEN
Otro proyecto es el “Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la zona este del distrito de Ciudad Eten”, con un presupuesto de cinco millones 351 mil 81.75 soles, encargado a la comuna local. 
Los trabajos se iniciaron en diciembre del 2013 y debieron concluir en agosto del año siguiente.
La obra solo alcanzó el 0.81 % de avance.
En el mismo distrito están paralizados los trabajos de “Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle Bolognesi, cuadra nueve”, para los cuales se asignó una partida de 166 mil 459.47 soles. El proyecto estuvo planificado para concluirse en 60 días, pero fue paralizado cuando tenía solo el 51.42 % de ejecución. 
Se ha reportado también la paralización de la obra “Mejoramiento de veredas en la Avenida José Antonio García y García”, primera y segunda cuadra, del distrito de Puerto Eten, con un presupuesto de 58 mil 882.70 soles.
SAN JOSÉ
Asimismo, está paralizada la “Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado” del distrito de San José, valorizado en 31 millones 782 mil 707 soles.
La obra fue dada por contrata al Consorcio San José y se inició en noviembre del 2014, estando programada su finalización para abril de este año. Los trabajos solo llegaron al 16.39 % de avance.
En San José también está paralizada la obra “Creación del paseo peatonal en el pasaje Atahualpa”, valorizada en 81 mil 697.39 soles, ejecutada por administración directa e iniciada en octubre del 2015.
Dichos trabajos debieron concluir en 45 días, pero fueron abandonados cuando el proyecto estaba al 48.76 % de su realización.
LAGUNAS
El “Mejoramiento del Parque Principal del pueblo tradicional de Mocupe”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Lagunas, también está paralizado.
La obra, para la cual se asignó un presupuesto de 58 mil 635.62 soles, comenzó en noviembre del 2015, pero está paralizada pese a que se estimó como plazo para su ejecución un mes.
Del mismo modo, la obra de “Mejoramiento de calles del anexo Úcupe, lado norte”, adjudicada al Consorcio Úcupe Norte, con un presupuesto de cinco millones 86 mil 460.74 soles, fue iniciada en octubre del 2014 y debió concluir en marzo del 2015. Sin embargo, solo se avanzó hasta el 80.01 % del proyecto.
OLMOS
El distrito con más obras paralizadas es Olmos. Ahí se mantienen postergados los trabajos de instalación, ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico rural (agua potable y letrinas), para la cual se destinó una partida de siete millones 195 mil 926.59 soles, obra contratada al Consorcio Palo Santo y que debió concluir en noviembre del 2014.
Otro proyecto es la instalación del saneamiento básico en los caseríos de la zona noroeste del distrito, con un presupuesto de nueve millones 727 mil 534.33 soles. Esta obra adjudicada al Consorcio Los Algarrobos debió entregarse también en el 2014, pero solo avanzó hasta el 63.33 %.
En el 2013 se inició también un proyecto para la instalación de los mismos servicios en 14 caseríos del sur este de Olmos, por siete millones 3741 mil 948 soles, trabajos que avanzaron solo en un 80.96 %.
Hay otros tres proyectos que versan sobre agua y saneamiento para la zona rural que también están paralizados. Uno que debió beneficiar a 23 caseríos, con un presupuesto de 15 millones 944 mil 78.53 soles; otro para 33 caseríos con una partida de 13 millones 927 mil 367 soles, y otro para 30 caseríos con 19 millones 552 mil 24 soles de presupuesto.
TÚCUME
Del mismo modo, la “Construcción de 44 puentes rurales en los caseríos Puplan, Trapiche de Bronce y anexo, San Bernardino, Los Pocitos, El Horcón, Sequiones, Tranca Fanupe, pueblo joven Federico Villareal, Tabacal, Puente Tabla, Hacienda Vieja, Mendoza Campodónico, Granja Sasape, Los Chapoñanes, Alto Perú, Los Riojas, Los Dami”, en el distrito de Túcume, valorizado en 562 mil 49.43 soles.
Esta obra debió culminar en el 2014, pero solo se avanzó hasta el 23.69 %.
Aparece en la Contraloría General de la República como obra paralizada la “Instalación del sistema de agua potable del anexo Trapiche”, ejecutado por administración pública con 366 mil 197.85 soles de presupuesto. Los trabajos solo llegaron al 84.71 %.
MÁS DISTRITOS
En José Leonardo Ortiz está paralizado el “Mejoramiento del complejo deportivo en el pueblo joven María Parado de Bellido”, para el cual se presupuestaron 140 mil 4.58 soles.
El complejo debió concluirse en diciembre del 2013, pero los trabajos llegaron al 74 % de avance.
Asimismo, en Leonardo Ortiz no se ha concluido el proyecto “Creación de veredas de las calles del pueblo joven Villa Hermosa”, valorizado en 381 mil 882.70 soles.
Otra obra paralizada es la “Creación de la losa deportiva con graderías del centro poblado Santa Rosa”, del distrito de Pucalá, ejecutada en modalidad de administración directa, cuya entrega estuvo programada para noviembre del 2014. Los trabajos costaban 109 mil 228.65 soles.
En Ferreñafe está paralizada la “Instalación del servicio de protección contra inundaciones en la zona noroeste de la localidad – Acequia Tutumo”, presupuestada en cuatro millones 103 mil 650.39 soles, la que debió concluir en enero del 2015. Dicha obra también se ejecuta por administración directa.
La comuna de Ferreñafe tiene también pendiente la culminación del parque en el centro poblado Huayrul, en el distrito de Incahuasi, obra de 359 mil 103.22 soles.
En tanto, en Mochumí está inconcluso el “Mejoramiento de alcantarillas en los caseríos La Capilla, San Roque, La Calzada, El Salitral, El Cerezo, Collique y Huaca Reloj”, por 203 mil 386.36.
Por otro lado, el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, tiene pendiente el mejoramiento del Canal Espino, en Pítipo, por un millón 516.014 soles; y la Gerencia Regional de Agricultura, la construcción de defensas ribereñas en las márgenes del río Reque, estimada en nueve millones 544 mil 105.58 soles. 

junio 22, 2016

¿SE AVIVAN LOS FUEGOS PARA LA REVOCATORIA EN CHICLAYO?

Nos entristece enormemente la situación de nuestro querido Chiclayo, año y medio de la gestión Cornejo Chinguel y sus principales problemas no se solucionan. 
No necesitamos ser analistas políticos o de otras profesiones para darnos cuenta, por sentido común, que esta ciudad está alejada de lo que es una metrópoli que muestre desarrollo y orden para beneficio de sus vecinos y estos logren una mejor calidad de vida.
En 18 meses la gestión no ha podido superar ni siquiera las cosas mínimas. Vemos un centro caótico, con comercio ambulatorio que gana cada día las calles principales de la ciudad, pareciera que más de los días hay ferias en las avenidas y calles Balta, Ízaga, Elías Aguirre, San José, Vicente de la Vega, Pedro Ruiz, y ni hablar más de lo que hoy presentan Arica, Juan Cuglievan y Manuel Pardo. 
Es que la verdad no se siente que tengamos una autoridad municipal, o un primer vecino que sienta nuestros problemas y entonces volvemos al inicio de cómo, por quién y qué hemos hecho los chiclayanos para merecer tanta incapacidad de parte de los gobernantes de turno.
El problema del Mercado Modelo, que es una bomba de tiempo para todos los que a diario pisamos este centro de abastos, no será solucionado por las autoridades municipales, aun cuando hayan obtenido una Ley de Expropiación, está norma solo es política, para la foto, menos para solucionar el problema integral de los comerciantes y chiclayanos. 
La comuna no es sujeta de crédito en el sistema financiero para obtener partidas que puedan otorgar los bancos o cualquier entidad económica, a lo que se suman los procesos legales con demandas millonarias que deberá enfrentar por parte de los propietarios de las 36 tiendas del Modelo, a quienes nadie podrá anularles sus títulos como dueños. 
La inversión efectuada en el predio Mercados del Pueblo, donde se pretendió ingresar a más de 350 comerciantes, ha resultado un fracaso producto de la falta de capacidad técnica y de planificación. 
El Terminal Terrestre quedará seguramente estancado un período municipal más y, por lo tanto, el desorden y la tugurización vehicular continuarán, avergonzándonos con los turistas nacionales, extranjeros y los propios vecinos de la ciudad, lo que nos deja un sabor amargo. No hay un líder que nos represente para solucionar este enorme problema que nos presenta como ciudad desordenada. 
En la contrariedad de la limpieza, reconozco que el Proyecto Chiclayo Limpio hace denodados esfuerzos por mantener pulcra la ciudad. Sin embargo, la falta de autoridad y de compromiso sostenido entre todos los ciudadanos no permite avanzar en otra de las grandes dificultades que tenemos como ciudad: la institucionalidad. 
En lo últimos días hemos sido testigos de denuncias que ponen entre dicho la transparencia y buen manejo municipal. La duda que el manejo municipal sea profesional está ya en la mente de los chiclayanos. Lo digo porque el que avaló, acompañó en campaña, aquél que dijo que ponía las manos al fuego por el que ahora es el burgomaestre chiclayano, hoy lo acusa de posibles casos de corrupción. 
Me refiero a Guillermo Segura Díaz, quien abiertamente en rueda de prensa denunció  presuntas irregularidades en las compras y contrataciones de la gestión que dirige el alcalde David Cornejo Chinguel. El primer regidor con documentos en mano ha referido  que existen familiares directos de los gerentes de la administración Cornejo participando de los comités de selección e incluso compras por encima del valor comercial actual en distintas áreas de la comuna. 
La denuncia respectiva ha sido al cierre de esta edición presentada ante el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque. Segura Díaz no está solo, está acompañado de cinco regidores de oposición quienes aseguran haber investigado y cruzado información respecto a posibles malos manejos. 
Cuando creíamos que esas viejas prácticas montesinistas del ataque verbal y físico se habían ido con la dictadura fujimorista, volvemos a comprobar que los malos ejemplos han quedado en personas que dicen representar a los chiclayanos. 
Una denuncia bien formulada debe ser amparada y avalada por el burgomaestre Cornejo Chinguel, eso hablaría de su honestidad y de defender los intereses de Chiclayo, pero a luces comprobamos que no es así. ¿Cómo es posible que la hermana de su Coordinadora de Alcaldía haya ingresado en su gestión y que forme parte de importante comité de adquisiciones? La imagen que presenta ante la ciudadanía es que hay pues un sesgo de  favoritismo a personas que se aprovechan del aparato municipal. 
Guillermo Segura Díaz fue uno de los artífices de las denuncias contra los implicados en “Los limpios de la corrupción”, varios de ellos presos hoy en día, encabezados por el propio exalcalde Roberto Torres Gonzáles. Como abogado y político Segura tiene amplia experiencia en investigar hechos como los denunciados, frente a los cuales el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción deben actuar de inmediato, sin pérdida de tiempo. 
Entre tanto, los huecos que presentan las diversas pistas de nuestro querido Chiclayo, las veredas destrozadas, el desorden ambulatorio, la inseguridad ciudadana, el desorden vehicular, la falta del Terrapuerto y los principales proyectos para ver un Chiclayo desarrollado seguramente tendrán que esperar a que llegue una nueva elección municipal. 
Cuidado, que la desazón de la ciudadanía puede avivar los fuegos de una revocatoria que, sin dudarlo, resultaría exitosa. Quizá con Roberto Torres la población fue permisible y hasta cierto punto cómplice con su inacción, pero como dice el adagio popular: “solo una vez capan al chancho”. 
Siendo así, ¿quién salvaría a David Cornejo si ya no tiene el respaldo político y económico de Alianza Para el Progreso? ¿Acaso el aparato y los legisladores fujimoristas? Ojalá y si la revocatoria se emprende la respuesta no sea echar a andar la maquinaria municipal.

junio 20, 2016

LA ESTRATEGIA DE IZQUIERDA EN EDUCACIÓN

Reflexiones sobre el proyecto estatista de Jaime Saavedra
Todos los peruanos de buena voluntad deben estar orgullosos de que la Universidad Católica logre los mejores lugares para el país en los rankings internacionales de universidades. Aplausos. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para existan más universidades con logros parecidos? Existen dos respuestas: o promovemos la competencia académica abierta o empoderamos a la burocracia estatal (clara propuesta de la izquierda). La experiencia del mundo nos indica que solo los sistemas universitarios con acreditaciones independientes del Estado y protagonismo de la sociedad han organizados las mejores claustros del mundo. Occidente, Estados Unidos y los países emergentes del Asia, lo demuestran.                                                                                              
¿A qué viene todo esto? La izquierda ha lanzado una feroz ofensiva para convertir sus intereses ideológicos en la base de una nueva reforma de la educación. Cuando la izquierda creía en el asalto del poder la idea de la calidad académica le era indiferente. Eran los tiempos del predominio leninista y del pleno control de la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Luego de que la izquierda se transformara en una fuerza democrática asumió el criterio gramsciano de la construcción de un bloque ideológico, cultural y político. Al margen de sus logros académicos, la Universidad Católica se ha convertido en el portaaviones de esta estrategia que busca transformar en sentidos comunes las propuestas izquierdistas. Por ejemplo, la zurda está logrando que las bases de la actual reforma educativa se desarrollen sobre el recetario estatista.
El ministro de Educación (MINEDU), Jaime Saavedra, y la burocracia del sector han demonizado de tal manera a la inversión privada en el sector que todos los males de los claustros superiores son endilgados a las universidades societarias. Pero, ¿cuál es el verdadero problema en la educación superior? Ante la existencia de una educación para ricos (Universidad Católica) y otra para pobres (universidades estatales), y el colapso de la educación estatal ante la masiva migración, en los años noventa se permitió la inversión privada para ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa. Se amplió la cobertura, se diversificó la oferta, las pensiones bajaron considerablemente, pero se olvidó una clave de los mejores sistemas universitarios: la acreditación de la calidad. La ex Asamblea Nacional de Rectores (ANR) abandonó este pilar de la reforma.
En este contexto, en los modelos estatal, asociativo y privado aparecieron buenos y malos ejemplos. En el modelo asociativo la Católica se consolidó como una excelente experiencia y la Garcilaso continuó deteriorándose. En el modelo societario surgieron claustros competitivos como la UPC, la San Ignacio de Loyola, la Científica del Sur y la Continental, y también universidades deficientes como la César Vallejo.
Sin embargo antes de que Saavedra iniciara “la reforma estatista” el sistema de acreditación promovido por el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) había logrado movilizar más de 3,000 comités de calidad en colegios, institutos y universidades. Al Minedu no le interesa para nada el primer movimiento procalidad educativa a nivel nacional, y hoy intenta ahogar a estos comités. El motivo: no le interesa un sistema de acreditación independiente del Estado, sino uno controlado por la burocracia estatal.
Cuando se acusa al Minedu de estatista, los funcionarios suelen replicar que no lo son porque promueven asociaciones público privadas y obras por impuestos para resolver temas de infraestructura educativa. Gravísimo error. El sector privado no es la base del cemento sino la base de la innovación para cualquier sistema educativo que pretenda engancharse con la IV Revolución Industrial. ¿A quién se le ocurre que el burócrata va a ser el guardián de lo académico, lo científico y cultural?
Para el proyecto estatista del Minedu, en realidad, deben existir dos tipos de universidades: las estatales y las asociativas (Católica). Es decir, a la larga una universidad para pobres y otra para ricos. Ante la migración masiva de los noventa se fomentó la inversión privada otorgando a las societarias los mismos beneficios tributarios de los que gozaba la Católica. El resultado fue sensacional: las privadas de excelencia tuvieron las tasas más altas de reinversión, con excelentes resultados académicos y buena infraestructura. La Católica se vio obligada a hacer lo mismo. Estaba surgiendo competencia.
Hoy el Minedu ha establecido las siguientes restricciones a las universidades privadas competitivas: tienen que volver a sacar el licenciamiento (décadas de esfuerzo dependen de los burócratas de turno), se han paralizado todos los procesos de acreditación y, jugando en pared con el Ministerio de Economía, se pretende recortarles los beneficios tributarios de los que goza la Católica. Si a estas restricciones le agregamos la prohibición de las acreditaciones en la educación básica, con el objeto de que un colegio privado no sea mejor que uno estatal, la arquitectura estatista aparece completa.
En el preciso momento en que en los estados de bienestar de Europa se busca diversificar la oferta en pensiones, educación y salud, y cuando la IV Revolución Industrial sacude el planeta, el ministro Saavedra y la izquierda nos proponen una reforma educativa del siglo XIX, creyendo que estamos en tiempos del imperio napoleónico.