En el primero de los casos, no es un secreto que el terrorismo en el país ha cambiado sus tácticas y ahora busca introducirse en la sociedad que quiso destruir con la violencia en las décadas del 80 y 90, adoctrinando con mentiras a la juventud; lo cual –desde donde se mire– es una malsana actitud. Pues bien, asumiendo la directiva de contrarrestar la presencia de quienes lo representan, sea en gremios, instituciones educativas o desde la sociedad civil, agentes de la Dircote de Lima han detectado en la región a varios de ellos.
El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) es uno de ellos, donde a raíz de la propalación de un reportaje en un medio de comunicación capitalino, ha permitido poner al descubierto el plan que en regiones como la nuestra se pretendería ejecutar, alineándose a docentes miembros del Comité Nacional de Reorganización y Reorientación del SUTEP (Conare), como Carlos Arturo Albújar Ortiz y José Wilson Romero Gastelumendi, Secretario General y de Organización en Chiclayo, respectivamente, que estarían ligados estrechamente a la nueva fachada política de Sendero Luminoso, y que por cierto, han sido denunciados por la Procuraduría Antiterrorismo.
De acuerdo con lo investigado por los agentes policiales, los principales dirigentes del Conare no solo se adhieren a los postulados del Movadef y el ideario de Abimael Guzmán ("pensamiento Gonzalo"), sino que participan en esta organización desde sus bases en varias regiones del país, con el fin de revivir a Sendero Luminoso, a través de su participación en las protestas que se organizan en el país y –lo más riesgoso– mantienen un vínculo muy estrecho con los escolares.
El Conare también agrupa a docentes que purgaron condena por terrorismo y aboga porque vuelvan a las aulas, pero ¿quiénes son, cuál es su pasado y en qué colegios estatales laboran?, son interrogantes que los agentes encubiertos detallan luego de un minucioso trabajo de seguimiento, al que este medio de comunicación tuvo acceso.
Además de los docentes Carlos Albújar Ortiz, que labora en la institución educativa 11001, ubicada en la calle Leoncio Prado–San Antonio; y de José Wilson Romero Gastelumendi en una institución educativa en el distrito de Picsi; la fuente revela también la participación activa -en la provincia de Lambayeque – de Isidro Guerrero Fernández, quien labora en la I.E 10112 del P.J San Martín. Junto a ellos también aparecerían “vinculados” Rolando Roger Aguilar Pacheco, secretario general del Comité Ejecutivo del SUTE Clasista Regional de Lambayeque, y Carmen Vásquez, de la Base de la I.E. José María Arguedas, del distrito de La Victoria. Su participación, según nuestra fuente policial, es so pretexto de la intensa brega magisterial, a pesar de haber manifestado su deslinde con posiciones como las del Movadef y Patria Roja, esta última a la que aparecería “ligado” Domingo Hurtado Sipión, actual secretario general del SUTEP.
Pero Conare Modavef no solo se ha articulado en los colegios. Información de Dirección contra el Terrorismo da cuenta además sobre la presencia de ideología radical en las esferas de la Gerencia Regional de Educación, específicamente en la UGEL Lambayeque, que en su momento tuvo como director a Carlos Díaz Junco, cuyo entorno más cercano estaba conformado por su hermano Elvis, libre tras purgar condena por terrorismo, laborando actualmente como docente en la I.E. “Sara Bullón” de Lambayeque.
En ese mismo entorno también se mantuvo el abogado Jorge Gilberto Casusol Acosta, exasesor jurídico de la UGEL Lambayeque (profesor en I.E. “Rosa Flores de Oliva en Chiclayo), quien también purgó condena por terrorismo; y como asesor externo en la misma entidad el docente Víctor Manuel Pozo Chávarry, director del colegio primario San Martín de Lambayeque. Asimismo, la Dircote también ha centrado su accionar en otras instituciones educativas como la Unidocente de Mórrope, Caserío Positos de Olmos, Narcisa Arenas de Motupe, que -según la información policial que se tiene– contaría en sus aulas a docentes militantes del Movadef y otras facciones.
La misma fuente informa también sobre acciones de vigilancia a otros docentes que purgaron condena por terrorismo y salieron libres, algunos cumpliendo sus penas y otros porque el Gobierno Central les otorgó libertad, y que hoy desempeñan funciones en instituciones educativas de la región. Entre ellos, se señala a Teresa Isabel Tirado Cancino (I.E. 10005 “Santa Rosa de Lima” en Pimentel, esposa de Gilberto Casusol Acosta), Elmer Atilio Paredes Abanto (Instituto Superior Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús”), Óscar Víctor Díaz Cisneros (I.E. 11534 –“José Campos Peralta en Pítipo"), Roberto Rodolfo Flores Ramírez (I.E. Manuel Mesones Muro de Ferreñafe), Juan Nicolás Parraguez Capitán (I.E. “Santa Lucía” de Ferreñafe) y Robert Guadalupe Campojó (I.E. “San Pablo” de Pacora), Romel Santiago, entre otros.
Exsubersivos en Cañaris
Por otro lado, otro reporte de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), obtenido en exclusiva por Expresión brinda detalles de cómo se “elucubrarían” algunos actos violentistas tras la consulta popular que se desarrollará en el distrito de Cañaris este fin de semana. Este informe señala que aprovechando la situación de convulsión que se vive por la lucha antiminera en diferentes partes del país, en esta localidad han sido detectados elementos insurgentes que buscan ganar un espacio haciendo un trabajo político-ideológico donde se ubica el proyecto minero Cañariaco, a cargo de la empresa Candente Cooper, zona donde residen aproximadamente unos cuatro mil comuneros agrupados en la Comunidad Campesina “San Juan Bautista”, cuyo presidente es Cristóbal Barrios Carrillo y el autodenominado Frente de Defensa y Protección del Medio Ambiente, a cargo de Segundo Narva Vásquez, presunto organismo de fachada de clara tendencia antiminera.
Respecto a Narva Vásquez, Inteligencia asegura que es un militante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pues registra antecedentes por terrorismo, habiendo cumplido condena desde 1992 hasta el 2003, reingresando al penal por los delitos de Robo Agravado y Secuestro, estando sujeto en la actualidad al cumplimiento de normas. “…se sabe que porta un arma de fuego, no radica en Cañaris; conjuntamente con Santos Cristóbal Barrios Carrillo son líderes del movimiento de oposición a la explotación minera, constantemente realizan reuniones, pegan y distribuyen afiches de clara tendencia subversiva, efectuando un trabajo de concientización, azuzando a los comuneros contra la minería en dicho lugar, acciones que de no ser controladas a tiempo es factible que se generalicen en hechos de violencia”, dice textualmente la Nota Informativa Nº 077-DIV-CH emitida el pasado 12 de julio con destino a la Dirección de Inteligencia Contra el Terrorismo en Lima.
Esta misma dependencia confirma además que Segundo Narva Vásquez frecuenta a los internos por Terrorismo del penal de Picsi, presumiblemente para efectuar coordinaciones; que periódicamente viaja hacia la ciudad de Cajamarca para sostener reuniones con los líderes del movimiento antiminero de dicha ciudad y para agenciarse de fondos para la lucha en Cañaris; habiendo incluso tomado parte activa en las protestas contra el proyecto Conga, tanto en Cajamarca como en Chiclayo.
Un hecho importante detectado por la policía y que es consignado en el mismo reporte policial, señala que Narva Vásquez cuenta con apoyo externo para sus propósitos. Con exactitud se precisa que el pasado 8 de julio de este año, se trasladó hasta la localidad de Cañaris a bordo de la camioneta con logotipo de una universidad lambayecana, de placa POB 123 Nissan Frontier, color blanco, registrada a nombre de la Corporación Universitaria de la Costa SAC; secundado por la camioneta Toyota Hi Lux, de placa PGN 138, cuyo propietario según SUNARP es el CTAR Cajamarca.
Dadas las condiciones que se registran en Cañaris, los agentes de Inteligencia señalan que “el movimiento de Segundo Narva está en alerta, por lo que viene solicitando el apoyo de las Rondas Campesinas de todos los caseríos aledaños para evitar de la manera que sea el inicio de trabajos en el lugar, lo que vendría a ser una apología a la violencia que puede entenderse como un tipo de terrorismo contra quienes no piensan como ellos”, por lo que -conocidos sus antecedentes- recomiendan se proceda a su inmediata captura, más aún si estando con normas de conducta que respetar, esté activando el movimiento antiminero en la zona, con el agravante de portar un arma de fuego, convirtiéndolo en una persona peligrosa y ofensiva, poniendo en riesgo la vida e integridad física de las personas que están a su alrededor.
Aunque conocido, no deja llamar la atención el hecho que Dircote reporta que sobre la estructura de un grupo de organizaciones que vienen desarrollando acciones de fuerza contra la actividad minera en Cajamarca y Lambayeque, aparecen las figuras de Gregorio Santos Guerrero (presidente regional de Cajamarca), Marco Arana Zegarra (exsacerdote, sociólogo y actual político ecologista) y Wilfredo Saavedra Marreros (exterrorista y extremista protestante), a quienes califican de “profundamente antimineros y comparten la intransigencia y radicalismo”.
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OPINAN ESPECIALISTAS
Dr. Jorge Vallejo Castello - Politólogo
“En las escuelas y sobre todo en varias universidades privadas, por temor a que el debate se desborde, simplemente se ha suprimido el diálogo sobre la realidad nacional y los temas complejos, incluyendo lo ocurrido con el terrorismo. Los medios de comunicación han guardado silencio por mucho tiempo; es así como tenemos toda una generación que no conoce del tema. Muchas organizaciones y partidos políticos se han limitado a cuestionar el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que es claro en señalar que Sendero Luminoso y el MRTA fueron los principales responsables en esos años que desangraron el país. Muchos de los presos por terrorismo están por cumplir sus condenas, ¿se habrán reconciliado con el país?, ¿hay una política de reconciliación nacional?, ¿se les ha hecho ver su error? Tarea pendiente es la labor de las dependencias de inteligencia nacional, aquellos que conspiran contra la democracia deben ser investigados dentro de los gremios, dentro del magisterio, desde las cárceles y demás. Todos pueden hacer vida política activa y difundir sus ideas y planteamientos, siempre y cuando se mantenga el irrestricto respeto por la vida y por el Estado democrático”.
Dr. Eddie Cóndor Chuquiruna –Coordinador Área de Gobernabilidad Democrática de Comisión Andina de Juristas
“Los peruanos tenemos que comprender que mientras haya injusticias e impunidad y nuestras instituciones muestren su fragilidad por donde se las mire, habrá motivos y justificaciones para que cualquier banda de criminales no solo justifiquen sus acciones, sino que actúe con libertad supina, como aparentemente viene ocurriendo en el caso de quienes promueven el llamado Movadef. En esa línea, más allá de lo que hagan, porque por mandato legal les corresponde hacerlo, las instituciones tutelares y promotoras del Estado de Derecho, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y, en este caso específico, la Procuraduría del Sector Educación, una buena sanción y castigo a iniciativas del orden de MOVADEV, debería ser el reproche moral colectivo de los lambayecanos; en la línea de demostrar -en la práctica- que desde otros ámbitos (una movilización social y pacífica, por ejemplo) también se puede aportar a la construcción de la paz y democratización de nuestro país. Miremos los ejemplos que en esos escenarios ha dado Colombia, en su proceso de pacificación. Deberíamos propender al ejercicio de una ciudadanía plena, pero entendiéndola como acciones individuales y/o colectivas que nos ayuden a evitar que la historia se repita y que sean los más vulnerables quienes más sufran. Por ello, promover ante estos hechos, el uso de medidas violentas desde el Estado, o permitir que estas se den desde fuera, es algo que debemos rechazar tajantemente”.
● Congresista Yehude Simon considera que Conare Sutep está integrado por quienes solo quieren aprovecharse de la justa lucha de los maestros para sacar ventajas políticas.
● El Presidente Regional Humberto Acuña descartó retirar del aparato estatal a exsubersivos, considerando que todos tienen derecho a laborar.
+ NOTICIAS
● Existe una página web de estudiantes de Comunicación Social, llamada Comude Comunicación, que linkea artículos vinculados al Movadef.
● José Peláez, Fiscal de la Nación, considera que fiscales y jueces deben comenzar a denunciar y sancionar con rigurosidad a las personas que incurran en el delito de apología al terrorismo.
● Congresista Daniel Mora refiere que desde la Comisión de Educación se ha pedido a ministra Patricia Salas “actúe para evitar que esta gente envenene las mentes de nuestros niños”.
Semanario Expresión
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