Un gobierno sin estrategia para el mundo rural

Desde que se implantó el modelo neoliberal con el fujimorismo autoritario y corrupto durante la década de 1990, el mundo rural de los Andes peruanos es visto como una traba para la modernización. En casi 20 años, la única respuesta para este sector ha sido la aplicación de programas sociales. Luego de tres años del segundo gobierno de Alan García, podemos afirmar que esta política no sólo se ha mantenido, sino que se ha profundizado.

El gobierno se ubica así en una posición más conservadora que los organismos multilaterales, los cuales señalan que es fundamental promover el sector agrario y la oferta alimentaria para enfrentar el hambre, reducir la pobreza y generar empleo. El ciego convencimiento presidencial en los beneficios de la gran inversión le impide ver la importancia que tienen los productores agrarios –costeños, andinos y amazónicos– para el desarrollo nacional.

La poca valoración del rol que pueden cumplir las pequeñas unidades productivas agrarias en la economía nacional se puso de manifiesto durante la crisis alimentaria que antecedió a la actual crisis económica mundial. El gobierno no aprovechó el fuerte incremento de los precios de los alimentos para potenciar a la pequeña y mediana agricultura que se orienta a los mercados regionales y al nacional. No se tomó ninguna medida para que una parte significativa de los ingresos adicionales se quedara con estos productores.

Muchos países se preparan hoy para enfrentar los problemas estructurales que origina el aumento de los precios de los alimentos, así como los efectos negativos del cambio climático sobre la oferta de los mismos. Mientras que estos gobiernos señalan como uno de sus objetivos estratégicos la seguridad alimentaria, en el Perú se recorta el presupuesto para el agro y el medio ambiente. A los dos programas definidos como estratégicos en el presupuesto del sector agricultura –sanidad agraria y productividad rural– se les otorgan fondos absolutamente insuficientes en relación con la importancia que tiene este tema para la sociedad peruana en su conjunto.

A las instancias más cercanas a los productores, que son los gobiernos regionales y locales, se les recortan los fondos, lo que bloquea su posibilidad de promover políticas concertadas en sus jurisdicciones. En cambio, se prioriza una estrategia centralista y clientelista, para lo cual se refuerza Agro Rural y se impulsan los denominados núcleos ejecutores. Nos encontramos con un gobierno que desconoce la importancia del desarrollo rural y la potencialidad que tiene el fortalecimiento de las instancias subnacionales de gobierno para abordar el desafío de la seguridad alimentaria.

Esto es particularmente grave si tomamos en consideración la política de apertura comercial extrema del gobierno que se expresa, por ejemplo, en los tratados de libre comercio que suscribe con las economías más fuertes del mundo. El efecto de estas medidas será el deterioro aún mayor de las condiciones de vida de los productores agrarios orientados al mercado interno. El “TLC hacia adentro” y las compensaciones prometidas a las organizaciones agrarias han quedado sepultados bajo la cifras de un presupuesto 2010 profundamente centralista y de un modelo que niega la posibilidad de implementar políticas efectivas de promoción y protección de las pequeñas unidades productivas agrarias, que es justamente donde se concentra la exclusión y la pobreza.

Transcurridos más de tres años del segundo gobierno aprista es imposible lograr cambios significativos. En ese sentido –y sin dejar de señalar posiciones y ejercer el legítimo derecho a la protesta–, nos parece de primera importancia construir desde hoy las condiciones para hacer realidad un nuevo pacto agrario nacional. Las confrontaciones democráticas de 2010 y 2011 son una excelente oportunidad para promover un amplio debate de propuestas sobre temas que nos parecen de primera importancia.

Un punto clave se refiere a las políticas necesarias para que las pequeñas unidades agropecuarias aporten de manera significativa a la seguridad alimentaria, elevando su productividad y mejorando los ingresos de las familias campesinas. Otro tema relevante está relacionado con medidas que propicien la transformación de la institucionalidad del sector, requisito para estar en mejores condiciones de enfrentar los desafíos que vivimos y los enormes riesgos que nos amenazan por el calentamiento global. El rol de los gobiernos regionales y locales, así como las formas de articulación y colaboración entre ellos y con el gobierno nacional son aspectos fundamentales a trabajar.