El próximo lunes 16 se vencerá el plazo dado por la Segunda Sala Civil de Chiclayo para que la municipalidad de la provincia cumpla con la implementación de las recomendaciones que formuló el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI por el peligro inminente que representa la tugurización de las vías de acceso al Mercado Modelo debido a la presencia de los ambulantes. Desde la comuna se dice que el mandato debe ejecutarse y mientras el tiempo se acorta, todos se preguntan a dónde serán reubicados los informales.
Estos señalan, hasta la saciedad, que tienen derecho a trabajar, que con sus ventas diarias sostienen a sus familias y que es obligación del municipio, que les cobra por dejarlos ocupar las calles, buscar un lugar donde puedan desarrollar sus actividades comerciales sin generar el caos y la vulnerabilidad actual, problemas que se agravan por la deficiente seguridad pública, el desorden vehicular y el pésimo estado del sistema de saneamiento básico.
El asunto no es nuevo. Viene desde el 2006, cuando la fiscal Narda Aguilar Mendoza, de la Fiscalía Mixta de Chiclayo, interpuso la demanda contenciosa administrativa contra el gobierno provincial para que dé cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe N° 00417, formulado por la Unidad de Prevención del INDECI.
Concretamente, la comuna debe reordenar el interior del Mercado Modelo y el sector de tiendas, lo que incluye la liberación de accesos, revisión de instalaciones eléctricas y rutas de evacuación; así como liberar las plataformas Pardo, Cuglievan, Balta, Arica y los sectores de comercialización Callanca y Los Portales, considerando que estado actual vulnera los intereses y derechos fundamentales de todo aquel que concurre al primer centro de abastos diariamente.
Sin alternativa
Si bien el mandato judicial debe ejecutarse, porque el peligro en el Mercado Modelo es inminente, resulta por demás preocupante que hasta el momento la Municipalidad Provincial de Chiclayo no haya presentado, ni antes ni después, una propuesta o proyecto para la construcción de un nuevo mercado en la ciudad, donde además del acceso, la seguridad y salubridad estén garantizadas.
De acuerdo a la proyección del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Chiclayo necesita no menos de cinco mercados zonales y hasta el momento la comuna no ha plateado la iniciativa pública para hacer realidad la edificación de, por lo menos, uno.
César Uceda Morales, vicepresidente del Comité Único de Comerciales Ambulantes del Mercado Modelo, numera que con cinco mil los informales que a diario ocupan las calles circundantes al centro de abastos y por lo tanto la solución no debe ser únicamente el desalojo, sino la formalización de estos en uno o más mercados que la comuna debe construir.
“Una vez más se evidencia la incapacidad de gestión, porque el problema legal nació en el año 2006 con la denuncia de la fiscalía y consideramos que ha transcurrido el tiempo suficiente para que la municipalidad busque un terreno, construya otro mercado y nos venda los puestos. Nosotros no pedimos que nos regale , sino que nos ayuden a mejorar la condición en la que trabajamos. Sabemos que el estado actual de los exteriores del Modelo constituye peligro no solo para nosotros, también para los clientes, pero a dónde nos vamos, qué medida de solución nos tiene el municipio”, cuestiona el dirigente.
Dialogar a estas alturas
Esta semana, nuevamente los comerciantes salieron a las calles para protestar por la decisión judicial, pero también por la indiferencia mostrada por la comuna ante la problemática.
“No hay voluntad del alcalde por salvaguardar la seguridad de todos. Pedimos que se prolongue el plazo, que se suspenda el desalojo porque en la condición actual cualquier cosa puede pasar. Que el Poder Judicial nos escuche, que el alcalde nos escuche y que juntos vayamos a una mesa de diálogo a fin de encontrar una salida pacífica a este problema, porque lanzarnos así por así, sin siquiera ofrecernos una alternativa provisional para seguir trabajando, es una maldad, un acto insensible. Somos cinco mil vendedores con un mínimo de cuatro integrantes por familia, es decir más de 20 mil personas que quedaríamos en total desamparo”, señala.
Uceda Morales añade que los comerciantes son respetuosos de la ley y conscientes que el mandato judicial debe cumplirse, pero que las condiciones no están dadas para ello, sobre todo por la incapacidad municipal para presentar soluciones.
Durante el desarrollo del proceso judicial, la comuna local no respondió a tiempo la demanda del Ministerio Público, hecho que se corrobora con las declaraciones de extemporaneidad que el Poder Judicial determinó en reiteradas oportunidades.
Frente a la problemática, el gerente general de la municipalidad, Ciro Chávez Martos, ha señalado que la suerte está echada y los comerciantes serán desalojados en cumplimiento del mandato judicial.
Semanario Expresión
El asunto no es nuevo. Viene desde el 2006, cuando la fiscal Narda Aguilar Mendoza, de la Fiscalía Mixta de Chiclayo, interpuso la demanda contenciosa administrativa contra el gobierno provincial para que dé cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe N° 00417, formulado por la Unidad de Prevención del INDECI.
Concretamente, la comuna debe reordenar el interior del Mercado Modelo y el sector de tiendas, lo que incluye la liberación de accesos, revisión de instalaciones eléctricas y rutas de evacuación; así como liberar las plataformas Pardo, Cuglievan, Balta, Arica y los sectores de comercialización Callanca y Los Portales, considerando que estado actual vulnera los intereses y derechos fundamentales de todo aquel que concurre al primer centro de abastos diariamente.
Sin alternativa
Si bien el mandato judicial debe ejecutarse, porque el peligro en el Mercado Modelo es inminente, resulta por demás preocupante que hasta el momento la Municipalidad Provincial de Chiclayo no haya presentado, ni antes ni después, una propuesta o proyecto para la construcción de un nuevo mercado en la ciudad, donde además del acceso, la seguridad y salubridad estén garantizadas.
De acuerdo a la proyección del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Chiclayo necesita no menos de cinco mercados zonales y hasta el momento la comuna no ha plateado la iniciativa pública para hacer realidad la edificación de, por lo menos, uno.
César Uceda Morales, vicepresidente del Comité Único de Comerciales Ambulantes del Mercado Modelo, numera que con cinco mil los informales que a diario ocupan las calles circundantes al centro de abastos y por lo tanto la solución no debe ser únicamente el desalojo, sino la formalización de estos en uno o más mercados que la comuna debe construir.
“Una vez más se evidencia la incapacidad de gestión, porque el problema legal nació en el año 2006 con la denuncia de la fiscalía y consideramos que ha transcurrido el tiempo suficiente para que la municipalidad busque un terreno, construya otro mercado y nos venda los puestos. Nosotros no pedimos que nos regale , sino que nos ayuden a mejorar la condición en la que trabajamos. Sabemos que el estado actual de los exteriores del Modelo constituye peligro no solo para nosotros, también para los clientes, pero a dónde nos vamos, qué medida de solución nos tiene el municipio”, cuestiona el dirigente.
Dialogar a estas alturas
Esta semana, nuevamente los comerciantes salieron a las calles para protestar por la decisión judicial, pero también por la indiferencia mostrada por la comuna ante la problemática.
“No hay voluntad del alcalde por salvaguardar la seguridad de todos. Pedimos que se prolongue el plazo, que se suspenda el desalojo porque en la condición actual cualquier cosa puede pasar. Que el Poder Judicial nos escuche, que el alcalde nos escuche y que juntos vayamos a una mesa de diálogo a fin de encontrar una salida pacífica a este problema, porque lanzarnos así por así, sin siquiera ofrecernos una alternativa provisional para seguir trabajando, es una maldad, un acto insensible. Somos cinco mil vendedores con un mínimo de cuatro integrantes por familia, es decir más de 20 mil personas que quedaríamos en total desamparo”, señala.
Uceda Morales añade que los comerciantes son respetuosos de la ley y conscientes que el mandato judicial debe cumplirse, pero que las condiciones no están dadas para ello, sobre todo por la incapacidad municipal para presentar soluciones.
Durante el desarrollo del proceso judicial, la comuna local no respondió a tiempo la demanda del Ministerio Público, hecho que se corrobora con las declaraciones de extemporaneidad que el Poder Judicial determinó en reiteradas oportunidades.
Frente a la problemática, el gerente general de la municipalidad, Ciro Chávez Martos, ha señalado que la suerte está echada y los comerciantes serán desalojados en cumplimiento del mandato judicial.
Semanario Expresión
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