Puno concentra la mayor cantidad de enfrentamientos entre población y autoridades locales y regionales, según el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales. Dicho reporte señala que en el país hay 260 problemas, de los cuales 170 están activos y 90 latentes.Además de Puno, las regiones de Junín, Lima y Cusco, con 20 problemas cada una, son las zonas que más disputas presentan.
La región altiplánica concentra un total de 22 controversias de las cuales siete son cuestionamientos a los alcaldes de San Román, Huancané, San Antonio de Putina, Sandia y Mariscal Cáceres. Los tres restantes son conflictos con las autoridades regionales puneñas.
“Las organizaciones aimaras cuestionan el desempeño de las autoridades municipales y exigen que sus decisiones sean consultadas en sus asambleas. Hay que tener presente que muchas de estas autoridades, incluido el presidente regional, fueron elegidas con votaciones bajas”, comentó Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, respecto a los indicadores en Puno.
UN POSITIVO DESCENSO
A enero de este año había siete casos menos en comparación con diciembre del 2009. Otro aspecto positivo es que el 50% de los 170 conflictos activos buscan solucionarse ahora por la vía del diálogo. Entre ellos, destaca el avance de la mesa de diálogo para resolver el problema limítrofe entre Moquegua y Puno.
El aspecto socioambiental sigue siendo el principal detonante de conflictos en el país. El 47% del total de casos son del tipo ambiental. En ese sentido, Rolando Luque demandó mayor atención a los problemas con la población indígena, que “aún espera resultados sobre la ley que desarrolla el derecho a la consulta previa [de estas poblaciones]”.
“Hay que tener cuidado de que este retraso no provoque más desconfianza y movilizaciones”, sugirió Luque.
Fuente: El Comercio
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