SI SE CUMPLE MANDATO DE DESALOJO: ¿A DÓNDE IRÁN LOS CINCO MIL AMBULANTES DEL MODELO?

El próximo lunes 16 se vencerá el plazo dado por la Segunda Sala Civil de Chiclayo para que la municipalidad de la provincia cumpla con la implementación de las recomendaciones que formuló el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI por el peligro inminente que representa la tugurización de las vías de acceso al Mercado Modelo debido a la presencia de los ambulantes. Desde la comuna se dice que el mandato debe ejecutarse y mientras el tiempo se acorta, todos se preguntan a dónde serán reubicados los informales.

Estos señalan, hasta la saciedad, que tienen derecho a trabajar, que con sus ventas diarias sostienen a sus familias y que es obligación del municipio, que les cobra por dejarlos ocupar las calles, buscar un lugar donde puedan desarrollar sus actividades comerciales sin generar el caos y la vulnerabilidad actual, problemas que se agravan por la deficiente seguridad pública, el desorden vehicular y el pésimo estado del sistema de saneamiento básico.

El asunto no es nuevo. Viene desde el 2006, cuando la fiscal Narda Aguilar Mendoza, de la Fiscalía Mixta de Chiclayo, interpuso la demanda contenciosa administrativa contra el gobierno provincial para que dé cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe N° 00417, formulado por la Unidad de Prevención del INDECI.

Concretamente, la comuna debe reordenar el interior del Mercado Modelo y el sector de tiendas, lo que incluye la liberación de accesos, revisión de instalaciones eléctricas y rutas de evacuación; así como liberar las plataformas Pardo, Cuglievan, Balta, Arica y los sectores de comercialización Callanca y Los Portales, considerando que estado actual vulnera los intereses y derechos fundamentales de todo aquel que concurre al primer centro de abastos diariamente.

Sin alternativa
Si bien el mandato judicial debe ejecutarse, porque el peligro en el Mercado Modelo es inminente, resulta por demás preocupante que hasta el momento la Municipalidad Provincial de Chiclayo no haya presentado, ni antes ni después, una propuesta o proyecto para la construcción de un nuevo mercado en la ciudad, donde además del acceso, la seguridad y salubridad estén garantizadas.

De acuerdo a la proyección del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Chiclayo necesita no menos de cinco mercados zonales y hasta el momento la comuna no ha plateado la iniciativa pública para hacer realidad la edificación de, por lo menos, uno.

César Uceda Morales, vicepresidente del Comité Único de Comerciales Ambulantes del Mercado Modelo, numera que con cinco mil los informales que a diario ocupan las calles circundantes al centro de abastos y por lo tanto la solución no debe ser únicamente el desalojo, sino la formalización de estos en uno o más mercados que la comuna debe construir.

“Una vez más se evidencia la incapacidad de gestión, porque el problema legal nació en el año 2006 con la denuncia de la fiscalía y consideramos que ha transcurrido el tiempo suficiente para que la municipalidad busque un terreno, construya otro mercado y nos venda los puestos. Nosotros no pedimos que nos regale , sino que nos ayuden a mejorar la condición en la que trabajamos. Sabemos que el estado actual de los exteriores del Modelo constituye peligro no solo para nosotros, también para los clientes, pero a dónde nos vamos, qué medida de solución nos tiene el municipio”, cuestiona el dirigente.

Dialogar a estas alturas
Esta semana, nuevamente los comerciantes salieron a las calles para protestar por la decisión judicial, pero también por la indiferencia mostrada por la comuna ante la problemática.
“No hay voluntad del alcalde por salvaguardar la seguridad de todos. Pedimos que se prolongue el plazo, que se suspenda el desalojo porque en la condición actual cualquier cosa puede pasar. Que el Poder Judicial nos escuche, que el alcalde nos escuche y que juntos vayamos a una mesa de diálogo a fin de encontrar una salida pacífica a este problema, porque lanzarnos así por así, sin siquiera ofrecernos una alternativa provisional para seguir trabajando, es una maldad, un acto insensible. Somos cinco mil vendedores con un mínimo de cuatro integrantes por familia, es decir más de 20 mil personas que quedaríamos en total desamparo”, señala.

Uceda Morales añade que los comerciantes son respetuosos de la ley y conscientes que el mandato judicial debe cumplirse, pero que las condiciones no están dadas para ello, sobre todo por la incapacidad municipal para presentar soluciones.

Durante el desarrollo del proceso judicial, la comuna local no respondió a tiempo la demanda del Ministerio Público, hecho que se corrobora con las declaraciones de extemporaneidad que el Poder Judicial determinó en reiteradas oportunidades.

Frente a la problemática, el gerente general de la municipalidad, Ciro Chávez Martos, ha señalado que la suerte está echada y los comerciantes serán desalojados en cumplimiento del mandato judicial.
Semanario Expresión

FALTA DE INSTITUCIONALIDAD, INFRAESTRUCTURA E INNOVACIÓN AÚN LIMITAN EL DESARROLLO

Es innegable que la última década del siglo XX significó el inicio de la recuperación económica del Perú. En los años 80 la crisis había llegado a niveles históricos y urgía la aplicación de medidas correctivas que ayudaran a impulsar el despegue de la producción y los ingresos nacionales, propósito que se logró en parte. Sin embargo, otros problemas no fueron tratados o se agudizaron, restando eficacia al modelo que aún se mantiene.

“Qué Dios nos ayude”, fue la frase que el ministro de Economía del primer gobierno de Alberto Fujimori, Juan Carlos Hurtado Miller, pronunció al finalizar su famoso mensaje a la Nación del ocho de agosto de 1990, hace exactamente 23 años.

De esa forma, el funcionario culminó su explicación del famoso ‘paquetazo’, la medida que el país entero conoció como ‘Fujishock’ y con la que se marcó el inicio de las reformas económicas que luego se consolidarían con la instauración del Nuevo Sol, en 1991, y el cambio constitucional de 1993.

El economista y docente universitario Lindón Vela Meléndez explica que la recuperación de la economía peruana se generó a partir de la adopción de un modelo económico que, en aquella época, se había convertido en una tendencia internacional a partir Consenso de Washington, mediante el que se definieron las líneas maestras para el manejo de canales de productividad.

“En el Perú, en los años 70 y 80 se aplicó un modelo que priorizaba mucho la existencia de la industria nacional y la participación empresarial del Estado, lo que generó una fuerte carga fiscal al país y la crisis subsecuente. Ya en el 88 y 89 empiezan a sentirse algunos cambios que formaban parte de un clima internacional, ante el cual aparece el famoso Consenso de Washington, planteado por expertos desde los Estados Unidos”, refiere.

Privatizar y limitar al trabajador 
El Consenso de Washington postulaba, entre otras cosas, la participación mínima del Estado, la apertura de las economías a otros mercados y la aplicación de cambios estructurales como reducir la rigidez del mercado laboral, haciéndolo más flexible, y aminorar la fuerza de los sindicatos. Los despidos masivos no estaban exentos.

“Todo lo que se diseñó en el Consenso de Washington empezó a aplicarse de manera radical en el Perú, a diferencia de otros países que lo hicieron de manera progresiva y no con todas las medidas. Seis o siete años después, los mismos creadores de este modelo reconocieron que era injusto, que nunca vio cómo solucionar el problema de la falta de institucionalidad en los países y las inequidades que se generaron. Pese a ello, el gobierno continuó con su política económica”, señala.

Problemas que persisten
Lindon Vela añade que la no solución de estos problemas genera que aún se arrastren y causen mella a la estructura del Estado, mientras otros países sí adoptaron medidas correctivas y han sido mucho más frontales contra la corrupción y la impunidad.

“Si no se solucionaron la falta de institucionalidad y la corrupción, de qué sirvió privatizar, más aún porque gran parte de los recursos de la venta de las empresas estatales se perdieron por la corrupción. Con esto quiero decir que nuestra economía, actualmente, estuviera en una posición más importante si desde el inicio se hubieran adoptado políticas de inclusión social productiva y lucha contra la corrupción, convertida hoy en día en un monstruo al que es difícil enfrentar”, asevera.

A decir del economista, no todo pudo ser malo y quizá los impulsores del nuevo modelo económico tuvieron buenas intenciones para actuar en un momento de crisis como el que atravesaba el país a inicios de los 90. Empero, rodearse de personajes oscuros y siniestros generó caos en el sistema al punto que esos mismos ‘salvadores’ de la economía terminaron procesados por corrupción y, muchos de ellos, en prisión.

País desigual 
“Aún así debe reconocer lo positivo que fue iniciar la apertura de la economía, decisión que ha hecho posible dar importantes pasos en el crecimiento del país, tendencia que se ha hecho permanente en el tiempo, pero que nos impone todavía muchos retos, porque si bien la economía crece, la desigualdad se mantiene o incluso se acentúa en ciertos sectores del país”, acota.

Como ejemplo de esto último, Vela Meléndez cita a Incahuasi y Cañaris, en Lambayeque, donde los índices de pobreza rural alcanzan al 60% de la población, realidad que no es concebible en una etapa de bonanza como la que atraviesa el Perú.

Situaciones como esa – indica el también gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – persisten por la ausencia de políticas de inclusión productiva.

“El gobierno actual nos ha puesto un cliché importante sobre la inclusión social, pero en la práctica los mecanismos no funcionan bien porque los programas sociales, que sirven para ir reduciendo las brechas, tienen un doble problema: las filtraciones por corrupción y burocracia. Urge entonces emprender reformas estructurales en el Estado que apunten a reducir la corrupción y, sobre todo, la impunidad, que genera el caldo de cultivo para que el corrupto siga viviendo a costa de los intereses del país”, manifiesta.

Las íes del atraso 
Añade que resulta irónico que existiendo buenas leyes para sancionar a los corruptos, por mala administración de estas, el Estado se convierte en cómplice de quienes delinquen con los recursos públicos.

“Por ello es que se generan las tres íes que afectan a la competitividad peruana: falta de institucionalidad, brecha en infraestructura y poca innovación. Con esto no quiero decir que todo es malo, porque la economía sí ha avanzado, pero también debemos reflexionar en cómo estamos creciendo y qué tan sostenible es nuestro crecimiento”, señala.

Lenta producción
Lindon Vela explica además que el crecimiento del país se debe a la acumulación de diversos factores, cuando lo más recomendable es crecer por productividad, lo que implica mejorar la salud y educación e impulsar la innovación e investigación en las universidades. Con ello – afirma – sería imposible que en veinte o treinta años se detenga el desarrollo nacional.

Otra característica del modelo actual es que en el Perú los mercados internos se han empezado a desarrollar de manera muy lenta en comparación a los demás países sudamericanos. En investigación tecnológica, por ejemplo, Colombia, Chile y México nos llevan ventaja.

“Es cierto, aún tenemos mucha dependencia de los factores externos y, por lo tanto, somos vulnerables a lo que sucede a nivel internacional. Por ello es necesario potencializar lo nuestro y aquí destaco lo dicho por el presidente de la República en su mensaje del 28 de julio, cuando señaló que tenemos que potencializar la industrialización, el desarrollo del mercado interno y la generación de tecnologías. Ojalá esto no se quede en el discurso nada más”, precisa.

Reajustes al modelo
Vela Meléndez comenta también que mantener más de 20 años el modelo económico que empezó el gobierno Fujimori ya no es, en estos momentos, lo más adecuado, por lo que se requiere empezar a reducir las brechas de inequidad, que generan conflictos sociales, así como emprender políticas públicas de reforma real y positiva en salud, educación e industria.

A ello suma la valoración del capital humano, que haría posible un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que tiene el país, que se constituyen en mecanismos de doble vía (exportación e importación), frente al que resulta más beneficio empezar a ofrecerle al mercado internacional productos con valor agregado, a fin de reducir la importación de estos y la venta, únicamente, de materia prima.

“El riesgo de seguir con el modelo actual, sin aplicarle los correctivos necesarios, es que en unos veinte años, que no es mucho tiempo, podríamos correr el riesgo de estancarnos”, manifiesta.

Asimismo, indica que si bien la asunción al gobierno del presidente Ollanta Humala no ha significado, hasta el momento, un cambio dramático para el país ni la adopción de modelos estatistas o similares al de Venezuela, tampoco contiene lineamientos de mejora en la economía, siendo la continuidad de todo lo cimentado en los gobiernos anteriores.

Para Lindon Vela, puede afirmarse que en lo que va de la administración Humala, planteamientos que ofreció en la campaña electoral del 2011, como inclusión productiva y lucha contra la corrupción, no se están cumpliendo de manera contundente y eso también origina el reclamo ciudadano.

“No se puede dejar de lado el problema de inseguridad que también es un peligro para nuestra economía porque retrae la inversión y desalienta al empresario, sea grande o pequeño”, refiere.

Brecha de infraestructura 
Finalmente, el economista sostiene que otro factor a mejorar para hacer mucho más beneficioso el modelo económico es la reducción de la brecha de infraestructura, aspecto en el que – manifiesta – se mantiene un déficit aproximado de 50 mil millones de dólares, casi lo equivalente a la totalidad de las reservas internacionales del país.

“Hacen faltan más carreteras que unan los centros de producción con los centros de consumo y, en el caso de la macroregión norte, consolidar el Corredor Bioceánico, porque se ha avanzando en el aspecto vial pero falta aún el desarrollo pluvial para llegar a Manaos, en el Brasil. Hace falta también la energización de la zona rural, donde se tienen que generar las condiciones para que haya energía trifásica. Además, priorizar la gestión del agua a través de la construcción de infraestructura hidráulica”, comenta.

Destaca que Lambayeque es una de las primeras regiones del país en contar con un Plan Hídrico, cuya ejecución total demandaría la inversión de 240 mil millones de dólares.
Semanario Expresión

ACIERTOS Y OMISIONES: EL MENSAJE DE HUMALA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Diversas reacciones ha generado el Mensaje a la Nación que el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, pronunciara el domingo 28 de julio ante el Congreso. Una de las críticas más severas se centra en el escueto tratamiento que el mandatario dio al problema de inseguridad que agobia al país.

Para Carlos Balarezo Mesones, secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lambayeque, el discurso de Humala Tasso fue coherente, sin anuncios que hayan generado sobresaltos a los agentes económicos, incrementando así la desconfianza de los inversionistas y de la propia población.

Lo mismo opina sobre lo dicho por el presidente en materia de Seguridad Ciudadana, señalando que a su juicio este ha hecho importantes anuncios.

“Se tiene que tener en cuenta que para disminuir la percepción de inseguridad y los índices de victimización no solo se trata de promulgar más leyes, construir más penales, sino también que las autoridades, a nivel del gobierno central, coordinen mucho más y articulen esfuerzos. Creo que, al respecto, está faltando mayor liderazgo del presidente de la República”, asevera.

El también jefe de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Lambayeque cita, por ejemplo, que cuando se capturó a la banda de la Gran Familia, liderada por Ángel León Arévalo, alías “Viejo Paco”, en Chiclayo, no se necesitaron nuevas leyes, sino el trabajo coordinado y enérgico del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la actitud decidida del Poder Judicial.

“Ese es el estilo de trabajo que debe consolidarse para derrotar a la inseguridad ciudadana, en lo que respecta al crimen organizado”, indica Balarezo Mesones.

Lo bueno
Resalta el anuncio presidencial de implementar el Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018, continuar con la Reforma Policial eliminando la corrupción, fomentar la participación de los ciudadanos a través de las Juntas Vecinales, implementar unidades de élite en la PNP, impulsar el Centro de Comando y Coordinación de Seguridad Ciudadana, así como la inversión de más de 650 millones para mejorar las comisarías y la compra de dos mil patrulleros inteligentes y dos mil motos.

“En su discurso el presidente Humala debió hablar más sobre qué tiene que hacer el gobierno en políticas de prevención, teniendo en cuenta que, de acuerdo a un informe reciente, más del 70% de los hechos delictivos los cometen personas, en su mayoría jóvenes, que se encuentran bajos los efectos de las drogas o el alcohol y aquí sí se necesita la participación activa del Ministerio de Educación y Salud para revertir esta gravísima situación. Creo que también se debe revisar el Nuevo Código Procesal Penal”, manifiesta.

Asimismo, señala que la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de otros penales también es una buena noticia, aunque – en su opinión - tienen que impulsarse más programas de resocialización, pues algunos presos ingresan como delincuentes primarios y salen prontuariados.

Lo que faltó
Señala que el mandatario nacional omitió mencionar sobre la eliminación del 2x1 en el servicio policial, medida que resulta sumamente importante toda vez que permitiría tener a más efectivos en las calles.

“El presidente tampoco habló sobre los avances que hay en impulsar la Gestión de Riesgos de Desastres como Política de Estado, teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de las principales ciudades del país a eventos climáticos y sísmicos, porque eso también es seguridad para la ciudadanos. Asimismo, el gobierno debería impulsar un programa, desde el Ministerio de Vivienda, que posibilite que las ciudades tengan un Plan de Desarrollo Urbano Sostenible que les permita crecer sin afectar el medio ambiente”, considera.

En ese sentido, Balarezo Mesones refiere que el gobierno central, a través de sus ministerios, debe tener más contacto con las poblaciones del interior del país, pues existe un grave problema de comunicación al carecer de operadores políticos a nivel de las regiones.

Ámbito regional
Comenta que la política que viene implementando el presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, es la de mantener las mejores relaciones con el gobierno central, para lo cual continúa elaborando proyectos de inversión y gestionando recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas que puedan ser invertidos en materia de seguridad.

“El Ministerio del Interior recientemente otorgó viabilidad a un nuevo proyecto del Gobierno Regional de Lambayeque, que permitirá dotar a la Policía Nacional de 150 motos, 30 vehículos policiales y más equipos de radio comunicación para equipar a 70 comisarías de la del departamento. Este proyecto será presentado al MEF para su financiamiento a través del FONIPREL, fondo que ha incorporado una sub-partida de 250 millones de soles para Seguridad Ciudadana, tal como lo anunció el presidente Humala en su discurso del 28 de julio último”, enfatiza.
Semanario Expresión

MÁS SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lambayeque tendrá su primera reunión descentralizada este martes en la provincia de Ferreñafe para tratar asuntos relacionados a garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

En la cita participará el presidente regional y jefe del Coresec, Humberto Acuña Peralta y el alcalde de Ferreñafe, Edilberto Bardales Roman, también presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec).

Participarán también las autoridades miembros del Coprosec y los alcaldes distritales de Ferreñafe, así como los comisarios de la provincia.

El objetivo de la reunión es conocer de cerca la problemática de Ferreñafe en asuntos de seguridad ciudadana, por lo que se expondrá el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2013 del Coprosec y el plan de trabajo del comisario a nivel provincial.

La municipalidad de Ferreñafe adquirió recientemente un lote de vehículos y equipos de radio, los cuales son utilizados en un trabajo coordinado con la Policía y las juntas vecinales.
Andina

INSEGURIDAD SE APODERA DE HOMBRES DEL VOLANTE: TRANSPORTISTAS DEMANDAN A MPCH AGILIZAR PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Refieren que tramitación de expedientes es sumamente lento.

Mortificados por la lentitud con la que en la ciudad se resuelven los problemas más urgentes, dirigentes de diversos gremios del transporte – taxistas, mototaxistas y colectivos – demandaron a la autoridad municipal de Chiclayo actúe con rapidez en atender proceso de formalización del servicio público que brindan toda vez que la informalidad agrava su inseguridad.

Cuando se anunciaba desde el año 2009 que el proceso de formalización del servicio del transporte en la Capital de la Amistad iría viento en popa, cuatro años después el desaliento se ha apoderado de sus principales promotores. Los transportistas, aún esperanzados en la palabra del burgomaestre Roberto Torres Gonzáles aguardan que todavía éste pueda cumplir con disponer de todos los medios a su alcance para atender el álgido problema que padece este importante rubro.

Pese a ello, el malestar es cada vez más evidente, pues aun cuando años atrás mostraron toda su predisposición para contribuir a mejorar el servicio a la población, ésta se ha ido desvaneciendo con el tiempo, al punto que se convertiría en su peor enemigo si no hay muestra de emprender acciones urgentes.

En el caso de los mototaxistas, el dirigente de este gremio, Segundo Valdez Cruz, destacó el pasado 18 de julio del 2011 el trabajo emprendido por la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Chiclayo; sin embargo, a la fecha, enero del 2013, se muestra más que desconfiado en que próximamente se pueda concretar el proceso de formalización del servicio público.

El argumento de este descontento radica en que desde la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº 014-2012-MPCH, en julio del año pasado, que concretaría este proceso, de las 148 asociaciones de mototaxis que desde hace 12 años prestan servicio en el anillo vial de Chiclayo, solo 12 han sido formalizadas, pese a haber oportunamente alcanzaron el padrón de sus asociados a la Gerencia de Tránsito, con la esperanza que la ordenanza lo haga el resto.

“Si se hubiera agilizado la tramitación de los expedientes presentados desde julio del año pasado, los efectos de esta ordenanza municipal hubieran sido más que positivos, y hubiera permitido formalizar a 4 mil unidades trimóviles agrupadas en asociaciones, de unas 15 mil que actualmente circulan en Chiclayo distrito. Sin embargo, esto no ha ocurrido y podría quedar en un simple ofrecimiento municipal”, expresó Valdez Cruz.

A la fecha, del total de 4 mil mototaxistas por empadronar y a la postre formalizar, aproximadamente 3 mil han cumplido con presentar su expediente a la Gerencia de Tránsito, quizá desmotivados por la pugna interna que desataron Segundo Valdez Cruz y Miguel Guerrero Chuquipul por mantenerse en la secretaría general de este gremio; no obstante ello, no resta responsabilidad a la autoridad edilicia para afrontar el cumplimiento de la ordenanza en toda su extensión.

Según explica Valdez Cruz, la ordenanza municipal Nº 014-2012-MPCH comprendería el otorgamiento de permiso de autorización de paraderos, tarjeta de operatividad y permiso de circulación; sin embargo, todo ello continúa siendo un sueño por alcanzar, frente a un deseo por querer contribuir al orden de Chiclayo.

La molestia en los mototaxistas también se motiva por cuanto cada asociación – 148 en total – en cumplimiento de la establecido en la ordenanza municipal, tuvieron que pagar por derecho de trámite de formalización la suma de 380 soles por un período de seis años, mientras que cada mototaxista que solicitó su formalización procedió a efectivizar el monto de 80 soles por tarjeta de operatividad, pago que anualmente deberá cancelar.

“El cuello de botella está en la Gerencia de Tránsito y Transportes de la comuna chiclayana, donde los expedientes demoran extremadamente en su tramitación; sin embargo, a pesar de los contratiempos surgidos anhelamos que el proceso no se detenga, por el contrario, se agilice, pues a la fecha prestamos un servicio inseguro a la población”, acotó Valdez Cruz.

La ordenanza municipal Nº 014-2012, en todos sus extremos permitirá uniformizar y regular a todos los vehículos formales de la modalidad de mototaxis, por lo que el dirigente de los mototaxistas confía que acabada esta etapa, se proceda a la fiscalización de los vehículos trimóviles en aras de beneficiar al trinomio ciudad-transportista-usuario.

La preocupación por formalizar el servicio para que los mototaxistas puedan prestar un mejor servicio a los usuarios ha motivado a que esta experiencia sea replicada en otros distritos. Así por ejemplo, en José Leonardo Ortiz se espera formalizar a 8 mil vehículos trimóviles, 3 mil en La Victoria y están avanzadas las conversaciones con las autoridades ediles para próximamente emprender este proceso en Pimentel, Pátapo, Monsefú, Olmos y Lambayeque.

“La propuesta permitirá desterrar la informalidad, que fomenta la inseguridad, pues permite que la delincuencia se infiltre en nuestro gremio, razón por la cual sería bueno se reactive el llamado Mototaxi Cívico, lanzado en julio del 2011 y que lastimosamente no ha tenido los resultados esperados pese a los esfuerzos desplegados para que éste se concrete”, acotó Segundo Valdez.

Taxistas afectados 
Otro gremio de transportistas afectados también lo son los taxistas, quienes a pesar que en el 2009, con la aprobación de la ordenanza municipal Nº 017-2009-MPCH se proyectó la formalización del servicio público de taxi, poco o nada se ha hecho por beneficiar a los conductores y, por ende, a la ciudad.

Sabido es que en el parque automotor de Lambayeque, los vehículos menores como mototaxis y motos lineales ocupan el mayor número, sobrepasando los 135 mil, seguido de los automóviles como colectivos y taxis que superan los 32 mil unidades; sin embargo, según detalla Segundo García Vásquez, dirigente del Sindicato Único de Taxistas Independientes de Lambayeque – SUTIL – se requiere adoptar medidas urgentes para frenar su crecimiento, y éstas pasan por regular y formalizar el servicio, a través de un efectivo trabajo de la Comisión Técnica.

“A través de esta ordenanza municipal se fijó un plazo para que los técnicos de la comuna chiclayana determinaran el número de vehículos que formarían parte del parque automotor, no obstante ello, nada de esto se ha cumplido, generando que el caos impere en esta ciudad”, puntualiza García Vásquez.

La aplicación de esta ordenanza – refiere – solo ha permitido “formalizar” entre 3 mil y 3500 taxistas, quienes contradictoriamente no gozan de beneficio alguno, pues en el papel quedó uniformizar que los vehículos que brindan el servicio público de taxi puedan mostrar la identificación del conductor, del vehículo mismo y de la empresa a la que está registrado.

A la postre, asegura, ello a la fecha hubiera fomentado la seguridad en los transportistas, aglutinados en más de 80 empresas que prestan el servicio solo en Chiclayo. Pese a que la ordenanza municipal establecía la formalización, Segundo García Vásquez enfatiza que en compás de espera están otros 43 expedientes, que implica formalizar más de 3200 taxis, sin embargo esto no se da, muy a pesar que fueron ingresados en el 2011 a la Gerencia de Tránsito y Transportes de la comuna chiclayana.

“Lamentablemente el trabajo coordinado logrado en el 2010 no ha sabido mantenerse, menos el alcance de la ordenanza municipal que al final de cuentas fue encarpetada, duerme el sueño de los justos, no se logró la anhelada formalización y la piratería sigue a la orden del día”, enfatiza Segundo Vásquez.

Finalmente, el dirigente atribuye a que el error cometido en la comuna radica en los constantes cambios de funcionarios y personal de la Gerencia de Tránsito y Transportes, lo que ha conllevado al caos este sector, tanto en la documentación, como en el control de los vehículos en las calles. Definitivamente una situación insoportable se presenta, con un parque automotor que llegará a los 300 mil vehículos en Chiclayo, una ciudad donde falta señalización y un verdadero anillo vial.

“Es increíble cómo va aumentando el número de unidades del parque automotor, si comparamos los últimos meses hay un incremento del 50%. En poco tiempo la situación se va a volver insoportable, pues desde el 2011 a la fecha, un aproximado de 80 mil nuevas unidades apareció en el servicio público, la mayoría informales, ocasionando mayor caos y congestión en la ciudad”, sentenció.

● En Chiclayo el servicio de mototaxi no es formal desde el 2002, en que caducaron unos permisos provisionales otorgados en 1999.

● Para Ruperto Míñope, dirigente de la Coordinadora Regional del Transporte Público, elevado número de taxis y mototaxis son principales causantes del caos vehicular en el parque automotor de Chiclayo.

+ NOTICIAS
● En el 2012, la Comisión Especial de Regidores de Tránsito y Transporte de la Comuna estuvo integrada por los regidores Celinda Ortiz Prieto, Víctor Alfaro La Torre y Guido Sánchez Requejo.
● Proceso de formalización de unidades trimóviles permitiría que éstas circulen en un nuevo anillo vial, que comprende las calles y avenidas chiclayanas de Salaverry, Piura, Grau, América, Chinchaysuyo, Fitzcarrald y José Leonardo Ortiz.
Semanario Expresión

Protesta en la Capital de azucareros Lambayecanos

Un promedio de 5 mil trabajadores de las azucareras Pomalca y Tumán vienen organizándose para protestar en la ciudad de Lima, junto a otros gremios de la CGTP, insistiendo de esta manera en que el Congreso promulgue la Ley de Protección Patrimonial.

El dirigente azucarero Demetrio Ruiz Ríos indicó que sus agremiados “saldrán a las calles con el único objetivo de lograr que se amplíe la Ley de Protección para evitar que las empresas Pomalca y Tumán entren en una quiebra económica inminente”. Asimismo, sostuvo que la en total son 13 federaciones de trabajadores en todo el Perú que se han comprometido con participar en esta medida de lucha contra el Gobierno del presidente Alan García Pérez.

De otro lado, José Carlos Isla, gerente legal del Grupo Oviedo, anunció que están recopilando las pruebas suficientes para denunciar al representante de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) por emitir publicaciones que no se ajustan a la verdad. “Ellos (Fonafe) dicen que estamos entrampando el proceso de venta de las acciones del Estado, lo cual es totalmente falso- Quien está entrampando esta venta es Proinversión, no nosotros”, indicó, agregó además que el actual directorio de la agroindustrial Pomalca fue elegido legalmente y por ello rechaza por cuestionamientos que hacen algunos representantes del Estado.

Finalmente, Carlos Isla sostuvo que la acción civil que tomarán contra Fonafe será porque están dañando la buena imagen que tienen las empresas azucareras administradas por el Grupo Oviedo. “Si consideran que hay ilegalidades entonces que vayan al Poder Judicial, ellos (Fonafe) no son jueces para decir qué es legal y qué no”, sentencio.

Noticias Norte

ALUMNOS LOS PRINCIPALES PERJUDICADOS: TRABAJOS EN I.E SAN JOSÉ DE CHICLAYO GENERAN PÉRDIDA DE CLASES

Los problemas alrededor de la emblemática institución sanjosefina parecen ser más extensas que los años que lleva fundada. Esta vez, a vísperas de entregársele el sesquicentenario plantel a la empresa encargada de la “remodelación”, fuerzas intelectuales, ex alumnos y personas allegadas a la identidad sanjosefina han pronunciado su malestar respecto a la demolición inminente del plantel granate. Por estos días la dirección del plantel tiene que cumplir el compromiso de entregar la institución “desmontada”, quiere decir, rescatando el material que aún podría ser útil como puertas, ventanas, material de escritorio, documentación y todo material útil que pueda servir de reserva.

Según lo manifestado por el director encargado Julio Mantilla Julca, se conformará una comisión especial que se ocupe de supervisar lo que se obtenga con la venta de este material. “La comisión de Altas, Bajas y Enajenación junto a un supervisor de la Dirección Regional de Educación buscará un justo precio para vender todo este material, la cual servirá para cubrir gastos de movilización”, señala la autoridad sanjosefina.

MUCHA PRISA
Según fuentes cercanas a la dirección del plantel, indican que se estaría apresurando la entrega de la infraestructura con la finalidad de que la empresa COSAPI, una vez en posesión del terreno, pueda recibir la trasferencia del presupuesto. Sin embargo, esto está trayendo más de un problema al alumnado que se ve perjudicado en la pérdida de horas de clase para permitir se efectúen los trabajos de desmontaje.

En la semana de desmontaje, las clases en educación primaria tuvieron que ser suspendidas. Igualmente, los alumnos de secundaria que estudian en la mañana perdieron, al menos, tres días de clases por el mismo motivo. Para subsanar el impase de estar perdiendo horas de clase, se previó instalar aulas prefabricadas en donde se desarrollen las clases mientras las aulas de los pabellones son desmontadas; no obstante, muchos presentan inconvenientes en su traslado. Tanto en el Nicolás La Torre García, Ramón Espinoza Sierra y PROMAE, las aulas prefabricadas aún no se encuentran instaladas por lo que se optó por mantener a los alumnos a sus casas mientras se adecuan las aulas prefabricadas faltantes.

Otro grupo de alumnos que corresponden al turno de la tarde desarrollan sus clases en aulas de los pabellones, los cuales no poseen puertas ni ventanas producto del proceso de desmontaje. La pérdida de clase afectaría gravemente el desarrollo de clases de los alumnos que de acuerdo al cronograma de año, las clases estaría culminando el 10 de diciembre (cumplida las 40 semanas); sin embargo, este inconveniente haría que las clases se extiendan hasta el 20 del mismo mes, lo cual se ajustaría al mandato del Ministerio de Educación que a dispuesto que ninguna instituciones educativas acabe antes de esta última fecha.

DESLEAL A LA INSTITUCIÓN
Por su parte el ex director del sesquicentenario San José, Gonzalo Supo Capuñay salió al frente para señalar que la remodelación del colegio estba sujeta a intereses políticos y económicos, pasando por alto la tradición y gloria sanjosefina.

Supo Capuñay indica que su separación de la dirección granate se debió justamente por defender los intereses sanjosefinos. Declara que desde el 2009 han solicitado que el Instituto República Federal de Alemania, Dirección Regional de Educación y el C.I 030 sean reubicados, la cual han hecho caso omiso a su demanda. “No estamos en contra de la juventud ni niñez, solamente hemos pedido que estas instituciones sean reubicadas y se respete la intangibilidad del patrimonio sanjosefino”, declara el ex director.Expresa fuertemente que detrás de demolición de la infraestructura sanjosefina hay intereses políticos y económicos que no respetan tradición ni identidad. A pesar que en su oportunidad viajó hacia la ciudad de Lima para mantener una entrevista con el ex Premier Javier Velásquez Quesquén en donde consiguió el compromiso público de éste para respetar y defender el patrimonio sanjosefino, él no ha cumplido su palabra y siente que ha sido desleal con su palabra. “No es justo que se esté atentando contra el alma del colegio San José. Allí nos educamos muchas generaciones y acudimos todos los 24 de setiembre a remembrar los momentos estudiantiles”, señala Supo Capuñay haciendo la salvedad que los argumentos en defensa del patrimonio sanjosefino no son sentimentalismos añejos, sino que plantean que las construcciones se efectúen en áreas libres que tiene el plantel y se restaure la actual edificación.

AULAS PREFABRICADAS
El descontento con la manera como se viene manejando la institución granate genera malestar también por la forma como los alumnos están llevando las clases actualmente. Los aproximadamente tres mil alumnos de la institución granate se encuentran distribuidos en diferentes ambientes como en los pabellones que están en proceso de desmontaje de puertas y ventanas. En estas condiciones y de acuerdo a las observaciones in situ hechas por presidente del Instituto Americano de Investigación y Conservación - ICAM, César Maguiña Gómez la edificación actual, ejecutada hace más de 70 años, se adelantó a su tiempo, tomando en cuenta detalles de ingeniería que hacen que aún se mantenga en pie.

Estructuralmente el edificio se encontraría en buen estado, dado los materiales usados en su construcción. Debido a esto, Maguiña Gómez observa que las columnas se encuentran estables, cimentaciones y muros firmes, descartando el peligro de colapso que alguna vez se profirió. De igual modo descarta que el acero y concreto que sostienen su muros hayan llegado al fin de su vida útil, por cuanto esto sólo podría diagnosticarse con un monitoreo a través de instrumentos especializados.
Por lo apreciado en su visita a las instalaciones del San José, los deterioros que presentan algunos sectores del techado son subsanables al igual que la presencia de sales en algunas partes de los cimientos. La tecnología y materiales contemporáneos permitirían el reforzamiento de los sitios afectados, ocasionados – argumenta Maguiña Gómez – más por la falta de mantenimiento que por fallas en los materiales o estructuras.

DISEÑO A LA MEDIDA
Tomando en cuenta las particularidades y detalles en el diseño de construcción hecha por Karl Weiss hace más de 70 años, permiten un fácil control de las aulas a lo largo de todo el pabellón, lo que aventajaría a la propuesta de COSAPI que, de acuerdo al diseño presentado, crearía islas. Maguiña Gómez refiere que la estructura vigente debería constituir un modelo, un patrón arquitectónico para las nuevas edificaciones educativas del país, implementadas con la tecnología de punta, propia de la época.

MODERNIDAD SIN DESTRUCCIÓN
Los defensores del patrimonio sanjosefino alegan que su defensa no proviene de sentimientos pasados de moda ni anacrónicos que se oponen al desarrollo y modernidad. Lo que pretenden es defender el patrimonio cultural encargado por sus autores. En la misma medida, los defensores del patrimonio sanjosefino procuran que las construcciones que contempla el nuevo proyecto ocupen las hectáreas de terreno disponibles en la parte posterior del local; la misma que se estaría preservando para entregársela al Instituto República Federal de Alemania.

NO QUIEREN AHOGARSE
Los integrantes de la promoción 1981 - Ernesto López Mindreau, también han salido al frente para mostrar su incomodidad en la demolición de la piscina que esta promoción gestionó en 1999. El nuevo proyecto presentado por COSAPI contempla la demolición de la actual piscina para construir una nueva en la parte posterior, casi a la misma altura en donde estuvo la antigua piscina hasta inicio de los 90’. Los representantes de la promoción gestora de la actual piscina cuestionan que no se haya analizado ni mejorado los criterios emitidos en 1998para la edificación la piscina actual.

En ella se tomaba en cuenta que la edificación tenía que estar ubicada en un área estratégicamente visual; por tanto, se consideraba que el frontis debería dar a la calle Elvira García y García para dar realce al perímetro de la institución. En la misma medida debería tenerse en cuenta la seguridad de los usuarios; por cuanto, reubicar la piscina en la antigua ubicación daría pie a que se repitan lamentables experiencias que sufrieron promociones pasadas.
Por lo que exponen los ex alumnos de la promoción 1981, la imposición antojadiza de demoler la piscina actual obedecería a una acción lucrativa e irregular, pudiéndose dar otro uso a ese presupuesto o, en su defecto, construir otra piscina, incluyendo la remodelación de la actual, teniendo en cuenta que el material operativo como bombas, cisternas, tanques y motores se encuentran operativos y significaría un desperdicio darlos de baja.

+ NOTICIAS:
• La propuesta inicial de COSAPI señalaría que el teatro tendría una capacidad para mil 200 personas; sin embargo, ahora se estaría pensando en hacerla sólo para 800 espectadores.
• En el 2012, de acuerdo a las aulas que se entregarán, sólo habrá capacidad para mil 500 alumnos. Teniendo en cuenta que el universo estudiantil actual es de más de tres mil alumnos, tendría que buscarse mecanismos que racionalicen el número de alumnos. Además, las clases, de acuerdo a la norma que rige para todas las instituciones declaradas emblemáticas, serían en único turno.
Semanario Expresión

Critican Plan de Rutas - Mototaxistas chiclayanos

No tuvo reparos en criticar a la gestión municipal del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles, el dirigente de los mototaxistas, Miguel Guerrero, denunció el abuso de autoridad que viene cometiendo el citado burgomaestre quien pretendería crear un plan regulador de rutas a su antojo.

El dirigente de los mototaxistas refirió que está a punto de vencer la tarjeta de operatividad dada por la municipalidad provincial para tan solo 30 días calendarios. En tal sentido, denunció favoritismo con una sucesión de moto taxistas que llevan la publicidad de reelección del alcalde en la parte trasera de las unidades motorizadas.

Sobre el tema también señaló que la Policía Nacional y los inspectores de tránsito son los que se favorecen con el vencimiento de su tarjeta de circulación.

Servindi

¿Por qué protesta el distrito más rico del Perú?

Durante las fiestas patrias, mientras diversas organizaciones sociales de Cusco, Puno, Tacna y Arequipa se movilizaban en contra de la exportación del gas de Camisea, el Presidente Alan García ratificaba su decisión de renegociar el contrato del gas pero solo para conseguir que las regalías que se pagan por la exportación sean mayores a las del mercado interno. Esto significaba que el gobierno no daba marcha atrás en su objetivo de la exportación de este valioso recurso energético, medida rechazada por la macrorregión sur.

Ha pasado más de una semana desde que se iniciaran estas movilizaciones y, una vez más, los oídos sordos del gobierno vienen originando un escenario preocupante en el Cusco. El 27 de julio del presente, un grupo de manifestantes y efectivos policiales se enfrentaron violentamente en la Plaza de Armas del Cusco, hecho que dejó varios heridos y detenidos. Ese mismo día, en La Convención, la contundencia de la huelga alcanzó el 80% de respaldo ciudadano y hubo un fallecido que lamentar. El 30 de julio, la policía detuvo a 17 manifestantes que intentaron tomar la base denominada PC2 de Transportadora de Gas del Perú (TGP). Luego, el 1 de agosto, el gobierno declara en emergencia el distrito de Echarate y polariza aún más la situación. Mientras tanto, un clima a “segundo Baguazo” parece extenderse por esta zona del país.

Pero el intento de deslegitimar esta protesta también se ha iniciado. El martes, el primer ministro Javier Velásquez Quesquén señaló que Echarate, uno de los distritos cusqueños que cumple la huelga indefinida, “es el distrito más rico de todo el Perú”, ¿qué significa esta declaración del premier? ¿Se intenta mostrar esta protesta como una situación manipulada por intereses meramente electorales? Lo paradójico de las declaraciones de Quesquén es que mientras algunos distritos como este concentran ingresos exorbitantes, seguimos siendo un país pobre que depende de la extracción de sus recursos.

Desde Otra Mirada, nos hemos pronunciado reiteradamente sobre la legitimidad de la defensa del gas de Camisea y la necesidad de que todos los peruanos sepamos qué se pone en juego con la exportación de este valioso recurso (ver aquí y aquí). Lamentablemente, este escenario de protesta social, seguido de represión policial, es un libreto harto conocido y que siempre condenaremos. El gobierno tiene en sus manos cambiar el rumbo de la historia del país si atiende estas demandas para que no se radicalicen.

Por lo pronto, el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Canchis decidió plegarse a esta protesta desde miércoles en solidaridad de La Convención. Asimismo, se estaría alistando la “Marcha de los Pueblos” a Lima, que uniría organizaciones sociales y frentes de defensa del sur, centro y oriente del país.

Finalmente, lo que queda claro es que pueblos como el de Echarate vienen protestando en defensa de un recurso que primero debiera servir para desarrollar una matriz energética para el Perú. Esta es la tarea que le toca a nuestros gobernantes. Esperemos que el actual gobierno entienda este legítimo reclamo y apueste por el diálogo.
Otra Mirada

¿Tierras sin límites?

En medio del debate sobre la necesidad de limitar la concentración de tierras agrícolas, el ex ministro Carlos Ferrero Costa, en un potente artículo titulado ¿Tierras sin Límites?, señala su postura a favor de esta limitación, criticando a un sector extremista liberal por no entender que los monopolios y las concentraciones dañan la democracia porque destruyen la igualdad de oportunidades al conceder privilegios al que más dinero tiene y también porque los grandes propietarios se convierten en un factor económico, cuya influencia política desequilibra el sistema democrático.
Además, en una reciente entrevista en el diario La República, ahonda sobre la necesidad de evitar la concentración, favoreciendo a los medianos y pequeños productores, quienes también pueden ser competitivos como los grandes empresarios.

A continuación, reproducimos el artículo.
“Que la propiedad de la tierra no tenga límites va a generar severos conflictos sociales cuya magnitud estamos obligados a prevenir. Como no alcanza para todos, acaparar la tierra genera sentimiento de discriminación entre aquellos que quieren acceder pero sin embargo no pueden. Esa exclusión que es una forma de violencia resiente profundamente a medianos y pequeños, además recorta la posibilidad de cumplir aspiraciones de vida personales y familiares de cientos de miles de agricultores.

Fernando Eguren nos ha recordado, citando al BM, que la gran propiedad no necesariamente es más productiva que la mediana o pequeña. Pero aun cuando lo fuese, pensamos que las teóricas ventajas de los latifundios puestas en la balanza pesan menos que sus nefastas consecuencias sociales. Por eso hasta sería justificado evaluar si no es preferible un menor crecimiento económico pero acompañado de un desarrollo que es integral porque incluye la justicia social.

Los extremistas del liberalismo no quieren entender que los monopolios y concentraciones son una irritante manera de dañar la democracia. Primero porque destruyen la igualdad de oportunidades al conceder privilegios al que tiene mucho dinero y segundo porque los grandes propietarios se convierten en un factor económico que deviene en una influencia política que desequilibra el sistema. Por eso llama la atención que los defensores de la propiedad sin límite no tengan presente el papel de la tierra en la historia del Perú y la significación que esta tiene en las convicciones e ideales del pueblo.

Ojo que nada de lo precedente implica desconocer las injusticias de una reforma agraria que fue mal implementada. Pero 40 años después todavía hay algunos que no han tomado conciencia de que el acaparamiento de la tierra por muy pocos genera el hondo descontento de muchos otros. Como dice la Gaudium et Spes (Concilio Vaticano), es principio de moral cristiana que la propiedad tiene una función social, proveniente precisamente del destino universal de los bienes. Ello significa que solo es legítima cuando sirve al bien común.

En este debate hay puntos pendientes, resumo algunos: 1) Las limitaciones a la extensión no deben ser genéricas sino por valles o cuencas; 2) Un límite gigantesco de 10 mil hectáreas solo tendría sentido en un valle de 200 mil, si existiera; 3) La autorización previa de fusiones es irreal porque hay tamaños de latifundios que no necesitan sumarse con otros para ser excesivos; 4) El tan mentado abuso de la posición de dominio, artilugio utilizado para evitar la acción previa y directa que corresponde al Estado, no deroga el art. 88 de la Constitución que de manera expresa autoriza límites a las tierras y que deliberadamente omiten los poderosos defensores de los nuevos latifundios”.
Otra Mirada

Caudalosa y Pluspetrol: ¿Y la responsabilidad social?

El 19 de junio pasado, una barcaza que prestaba servicios a la empresa Pluspetrol sufrió un accidente, liberándose 400 barriles de petróleo en un tramo del río Marañón, aledaño a la comunidad nativa de Saramuro. Como si esta situación no fuera suficiente, seis días después, miles de metros cúbicos de relave minero perteneciente a la minera Caudalosa cayeron al río Opamayo, sorprendiendo a los pobladores del distrito de Huachocolpa, en Huancavelica. En ambos casos, preocupa no solo la grave contaminación de los ríos, sino también la forma irresponsable cómo se viene afectando la vida de miles de peruanos. ¿Por qué las historias se repiten? ¿Se pudo evitar estos desastres?

Empresas con oscuros historiales
Según el Osinergmin, la empresa Pluspetrol, entre los años 2008, 2009 y 2010, fue acusada reiteradas veces por causar accidentes, contaminación, negarse a entregar información y no levantar un conjunto de observaciones dadas por la unidad fiscalizadora. Pero solo en algunos casos se comprobó su responsabilidad y fue sancionada con el pago de multas. Sin embargo, la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO) ha señalado que no todos los accidentes causados por Pluspetrol suelen reportados al Osinergmin.

En el caso de la minera Caudalosa, un informe de IDL-Reporteros señala que, antes de que colapsara el depósito de relave minero de Caudalosa, esta compañía ya había sido notificada hasta en 14 oportunidades, entre 2007 y 2010, por la contaminación de ríos y la ampliación de esa misma relavera, sin el permiso correspondiente. Pese a las infracciones detectadas, nunca se logró imponer ninguna sanción.

Practicar la responsabilidad social
¿Por qué no se pone en práctica el concepto de responsabilidad social tan empleada por los gremios empresariales en el país? Para el Instituto Ethos de Brasil, la responsabilidad social es una forma de gestión ética y transparente entre la empresa y todas las partes interesadas, preservando los recursos ambientales, culturales y respetando la diversidad. Es decir, no se limitaría solo a convencer a los pobladores sobre los beneficios de un proyecto o pagarles una indemnización por el daño ocasionado, como parecen considerar la mayoría de empresas extractivas en el país.
Actualmente, la situación para ambas empresas se complica. En el caso de Pluspetrol, porque un reciente estudio reveló que el agua del río Marañón aún presenta un alto contenido de aceites y grasas sobrepasando en más de 100 veces los estándares nacionales de calidad ambiental, lo que viene afectando a más de 4000 nativos de la zona. En el caso de Caudalosa, sus actividades han sido suspendidas, porque los sedimentos de los relaves han llegando hasta el río Cachi, en Huanta-Ayacucho, recorriendo más de 110 Km. de distancia. En este caso, aún no se conoce cuánta población será realmente afectada.
Finalmente, lo que el gobierno debería hacer para que estas historias no se repitan es, al conocer los historiales de empresas extractivas que incumplen los estándares ambientales, suspender definitivamente sus actividades, lo cual sería una lección para las otras empresas a futuro, ¿se atreverá el gobierno?
Otra Mirada