LA INFORMALIDAD NOS DESBORDA

La multiplicidad de formas que reviste la informalidad en nuestro sector laboral ha ocasionado que de 16 millones que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) más de 11 millones sean informales (70%), pero es más grave aún que en 15 de las 25 regiones del país, el 80% de trabajadores es informal. Esta compleja problemática se encuentra inmersa en todos los ámbitos de trabajo, pero principalmente en sectores de servicios, comercio, manufactura, construcción, educación, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

De las más de 5 millones de micro y pequeñas empresas (mypes), el 84.7% son informales y no llevan registros de ventas. A pesar de ello, representan el 90% del tejido empresarial del país y 15% de la producción nacional, y así, emplearon en 2013 casi 8 millones de trabajadores (47.4% de la PEA), la mayoría, empleos de precaria calidad con jornadas ilegales e ingresos bajísimos y deleznables. Increíblemente, más de 12 millones de trabajadores peruanos están inadecuadamente empleados, sin perspectivas, derechos, ni protección social.

Nuestra informalidad refleja subdesarrollo, síntoma de políticas inadecuadas, desconfianza en el Estado, en sus instituciones y en el propio gobierno. Los sistemas de impuestos y regulación mal diseñados como altos costos laborales no salariales –59% del salario bruto–, la falta de una adecuada Ley del Trabajo, la atrasada infraestructura, la baja inversión pública y privada, la ínfima calidad educativa, la elevada corrupción y la carencia de empleo adecuado, incrementan la desigualdad y ajustan un perverso escenario de incentivos que fomentan y fortalecen la informalidad.

Bajo este panorama, este desborde de la informalidad, intensiva en mano de obra y sin requisitos de capacitación laboral, debe obligar al gobierno a reexaminar esta grave problemática y fijar como meta concreta su reducción en elevados porcentajes, porque ésta representa la principal causa de nuestra frágil productividad que adolece de mínima capacidad para introducir innovación en los procesos productivos, y, lo más grave, es que obstaculiza el progreso y desarrollo del país.

Para reducirla es indispensable insertar gradualmente a las mypes en el sector formal por tratarse del mayor segmento dinámico de nuestra economía, pero además, se requiere el serio compromiso de todos los sectores del gobierno para generar empleos dignos, mejorar la calidad educativa y formación del capital humano, invertir en infraestructura y promover los alicaídos desarrollo tecnológico, competitividad e innovación en el país.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de octubre de 2014

PARA SUPERAR LA POBREZA LAS POLÍTICAS LABORALES DEBEN LLEGAR A LAS ZONAS RURALES

A pesar del buen desempeño económico de la región, la disminución de la pobreza durante la última década (2002-2011) ha sido más lenta en las zonas rurales –donde cayó de 62 % a 49%- que en zonas urbanas, donde bajó de 38 a 24 por ciento.

En Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, más de la mitad de los asalariados rurales que se desempeñan en empresas privadas son pobres. Así lo indica la primera nota sobre Políticas de Mercado de Trabajo y Pobreza Rural, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el se advierte que los importantes déficits de trabajo decente y la debilidad de las instituciones laborales explican en parte la persistencia de la pobreza en las zonas rurales de la región. Generalmente, esa pobreza se asocia con la existencia de pequeños productores agrícolas de baja productividad y la mala distribución de tierras. Pero a pesar de que en la mayoría de los países la incidencia de la pobreza más alta se da entre los trabajadores por cuenta propia, en varios de ellos la mayoría de los pobres rurales son asalariados.

Según la nota de políticas, el porcentaje de asalariados rurales que no tiene contrato formal puede superar el 80 por ciento en algunos países de la región y muchos de ellos no reciben siquiera el salario mínimo estipulado por la ley.

“Los principales problemas que enfrentan las aéreas rurales son la informalidad de los empleos, el incumplimiento del salario mínimo, la débil sindicalización y negociación colectiva, las brechas de cobertura de la protección social y las modalidades de contratación de mano de obra”, explicó Adoniram Sánches, Oficial de Políticas de la FAO.

“Uno de los problemas graves para el resguardo de los derechos laborales que se presenta en varios países de la región, es la falta de respaldo escrito de los contratos de trabajo, lo que en la práctica además va de la mano de una ausencia de cobertura de la seguridad social” afirmó Gerhard Reinecke, de la OIT.
Esa situación “deja en total desprotección a los trabajadores y trabajadoras de la zona rural”, explicó Gerhard Reinecke, Especialista en Políticas de Empleo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina.

Políticas públicas para mejorar la calidad del trabajo rural
Casi todos los países de la región carecen de políticas públicas dirigidas hacia el mercado de trabajo en las áreas rurales, tanto por el desconocimiento de las particularidades de dichas áreas como por la falta de institucionalidad apropiada para apoyarlas.

Según la FAO y la OIT, los principales desafíos para mejorar los estándares laborales rurales y avanzar hacia el trabajo decente son:

• Aumentar los niveles de formalización de los empleos: se requiere asegurar la presencia efectiva de las instituciones laborales en todo el territorio.
• Mejorar el cumplimiento de los salarios mínimos: una política de salaries mínimos bien diseñada y aplicada tiene el potencial de impedir que los asalariados caigan debajo de la línea de la pobreza.
• Avanzar hacia la erradicación del trabajo infantil: la prioridad debe estar en eliminar las peores formas o las más peligrosas, es decir aquellos trabajos que afectan directamente la salud y la integridad de los niños.
• Promover el empleo femenino: requiere políticas tanto desde el lado de la demanda como desde la oferta, que contribuyan a mejorar sus niveles educativos y alivien sus responsabilidades familiares.

Notas sobre trabajo rural OIT - FAO

SI SE CUMPLE MANDATO DE DESALOJO: ¿A DÓNDE IRÁN LOS CINCO MIL AMBULANTES DEL MODELO?

El próximo lunes 16 se vencerá el plazo dado por la Segunda Sala Civil de Chiclayo para que la municipalidad de la provincia cumpla con la implementación de las recomendaciones que formuló el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI por el peligro inminente que representa la tugurización de las vías de acceso al Mercado Modelo debido a la presencia de los ambulantes. Desde la comuna se dice que el mandato debe ejecutarse y mientras el tiempo se acorta, todos se preguntan a dónde serán reubicados los informales.

Estos señalan, hasta la saciedad, que tienen derecho a trabajar, que con sus ventas diarias sostienen a sus familias y que es obligación del municipio, que les cobra por dejarlos ocupar las calles, buscar un lugar donde puedan desarrollar sus actividades comerciales sin generar el caos y la vulnerabilidad actual, problemas que se agravan por la deficiente seguridad pública, el desorden vehicular y el pésimo estado del sistema de saneamiento básico.

El asunto no es nuevo. Viene desde el 2006, cuando la fiscal Narda Aguilar Mendoza, de la Fiscalía Mixta de Chiclayo, interpuso la demanda contenciosa administrativa contra el gobierno provincial para que dé cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe N° 00417, formulado por la Unidad de Prevención del INDECI.

Concretamente, la comuna debe reordenar el interior del Mercado Modelo y el sector de tiendas, lo que incluye la liberación de accesos, revisión de instalaciones eléctricas y rutas de evacuación; así como liberar las plataformas Pardo, Cuglievan, Balta, Arica y los sectores de comercialización Callanca y Los Portales, considerando que estado actual vulnera los intereses y derechos fundamentales de todo aquel que concurre al primer centro de abastos diariamente.

Sin alternativa
Si bien el mandato judicial debe ejecutarse, porque el peligro en el Mercado Modelo es inminente, resulta por demás preocupante que hasta el momento la Municipalidad Provincial de Chiclayo no haya presentado, ni antes ni después, una propuesta o proyecto para la construcción de un nuevo mercado en la ciudad, donde además del acceso, la seguridad y salubridad estén garantizadas.

De acuerdo a la proyección del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Chiclayo necesita no menos de cinco mercados zonales y hasta el momento la comuna no ha plateado la iniciativa pública para hacer realidad la edificación de, por lo menos, uno.

César Uceda Morales, vicepresidente del Comité Único de Comerciales Ambulantes del Mercado Modelo, numera que con cinco mil los informales que a diario ocupan las calles circundantes al centro de abastos y por lo tanto la solución no debe ser únicamente el desalojo, sino la formalización de estos en uno o más mercados que la comuna debe construir.

“Una vez más se evidencia la incapacidad de gestión, porque el problema legal nació en el año 2006 con la denuncia de la fiscalía y consideramos que ha transcurrido el tiempo suficiente para que la municipalidad busque un terreno, construya otro mercado y nos venda los puestos. Nosotros no pedimos que nos regale , sino que nos ayuden a mejorar la condición en la que trabajamos. Sabemos que el estado actual de los exteriores del Modelo constituye peligro no solo para nosotros, también para los clientes, pero a dónde nos vamos, qué medida de solución nos tiene el municipio”, cuestiona el dirigente.

Dialogar a estas alturas
Esta semana, nuevamente los comerciantes salieron a las calles para protestar por la decisión judicial, pero también por la indiferencia mostrada por la comuna ante la problemática.
“No hay voluntad del alcalde por salvaguardar la seguridad de todos. Pedimos que se prolongue el plazo, que se suspenda el desalojo porque en la condición actual cualquier cosa puede pasar. Que el Poder Judicial nos escuche, que el alcalde nos escuche y que juntos vayamos a una mesa de diálogo a fin de encontrar una salida pacífica a este problema, porque lanzarnos así por así, sin siquiera ofrecernos una alternativa provisional para seguir trabajando, es una maldad, un acto insensible. Somos cinco mil vendedores con un mínimo de cuatro integrantes por familia, es decir más de 20 mil personas que quedaríamos en total desamparo”, señala.

Uceda Morales añade que los comerciantes son respetuosos de la ley y conscientes que el mandato judicial debe cumplirse, pero que las condiciones no están dadas para ello, sobre todo por la incapacidad municipal para presentar soluciones.

Durante el desarrollo del proceso judicial, la comuna local no respondió a tiempo la demanda del Ministerio Público, hecho que se corrobora con las declaraciones de extemporaneidad que el Poder Judicial determinó en reiteradas oportunidades.

Frente a la problemática, el gerente general de la municipalidad, Ciro Chávez Martos, ha señalado que la suerte está echada y los comerciantes serán desalojados en cumplimiento del mandato judicial.
Semanario Expresión

EL FUTURO YA LLEGÓ!

En el año 2010 había poco más de 596,4 millones de personas en Iberoamérica; de éstas, 157,3 millones tenían entre 15 y 29 años, representando al 26% de la población total.

Con el fin de escuchar directamente a la juventud de Iberoamérica, y de conocer sus percepciones sobre temas como la seguridad, la salud, la educación, los mercados laborales, la familia, el entorno de cara al futuro, el Banco Interamericano de Desarrollo, con la colaboración del Fondo Coreano, decidió apoyar estratégicamente a la OIJ en la realización de la 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes.

Las más de veinte mil entrevistas individuales realizadas en 20 países, que cubren una población entre los 15 y los 29 años, nos dan hoy un panorama claro de las principales percepciones y expectativas de las nuevas generaciones. La encuesta se levantó por medio de una muestra aleatoria de los números telefónicos de las viviendas de cada país, para entrevistar a mil jóvenes en cada uno de los veinte países en que se aplicó, con excepción de Brasil y México, donde se entrevistó a 1200 jóvenes en cada uno de ellos.

El principal reto que este valioso trabajo presenta para los organismos internacionales, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, es el de interpretar los mensajes y crear respuestas institucionales efectivas.

Algunos resultados
Para una tercera parte de los jóvenes entrevistados, la escuela como principal institución socializadora se encuentra severamente cuestionada en su forma más general, tendencia que se acentúa en el Cono Sur y en Brasil.

En cuanto a la percepción sobre el trabajo, los jóvenes entrevistados le asignan un lugar privilegiado al aspecto educativo para lograr acceso a un buen trabajo con una mayor confianza en ella en Centroamérica, en la región Andina y en Brasil, y menos en la Península Ibérica y en México.

Respecto a la confianza que tienen los jóevens en las instituciones se observa que México es donde los jóvenes creen menos en ellas, seguida por la Península Ibérica. En el otro extremo se encuentran Centroamérica y la Región Andina, lo cual nos podría hablar de dos procesos distintos que se están produciendo: el primero de deterioro y el segundo de resurgimiento de las formas institucionales. 

A los jóvenes se les consultó sobre su percepción respecto a los principales obstáculos que tiene su generación y las respuestas se concentraron en la delincuencia y la violencia, sobre todo en el caso de México, mientras que con una visión más estructural para la Península Ibérica son los problemas económicos y para Centroamérica los de empleo. En Brasil el punto más álgido lo tienen los aspectos vinculados a la drogadicción y al alcoholismo. Sin desmedro de estas diferencias, el hecho que el 33% de los jóvenes encuestados hayan expresado que la delincuencia y la violencia es su mayor preocupación, seguida por la drogadicción y el alcoholismo, con el 20%, y el desempleo, con el 16%, nos obliga a examinar las prioridades de nuestras políticas públicas. 

A partir de los resultados de la encuesta se elaboró además un Índice de Expectativas Juveniles basado en percepciones subjetivas de expectativas, visiones y temores sobre el futuro. Ésre aspira a reforzar la noción de que es indispensable complementar las medidas objetivas existentes sobre la situación de los jóvenes con medidas subjetivas sobre los que los propios jóvenes esperan como contexto para la construcción de su propio bienestar.
Para descargar el informe ejecutivo de la 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes has click aquí.
Revista Humanum

LAS CIUDADES INDUSTRIALES DE EUA LE ABREN LA PUERTA A LA INMIGRACIÓN

La preocupación de que los inmigrantes podrían quitarle empleos a los estadounidenses son prevalentes, pero algunas ciudades en Estados Unidos están tomando una perspectiva diferente: les están abriendo las puertas a los inmigrantes con la idea de revertir a largo plazo el descenso de la población.

Las ciudades, la mayoría en la región central norte y central atlántica de EE.UU., están apostando a que atraer personas nacidas en el extranjero puede impulsar la creación de empresas y reavivar vecindarios decaídos. Las medidas varían, desde proclamaciones para dar la bienvenida a inmigrantes, contratación de personal dedicado a captar a nuevos residentes y traducción de sitios web del gobierno, hasta esfuerzos de conectar a estudiantes internacionales con empresas locales.

“Hemos tenido a vecindades devastadas por la pérdida de población, y la única forma de reconstruirlas es trayendo a nuevas personas aquí”, indicó el concejal de la ciudad de Pittsburgh, Bill Peduto, un candidato a la alcaldía que en su plataforma de campaña incluye una propuesta para atraer inmigrantes.

Los esfuerzos son más evidentes en los estados del llamado cinturón industrial de EE.UU., una región fuerte en la manufactura, que hace un siglo era un destino principal para inmigrantes. Sin embargo, durante el auge de la inmigración de décadas recientes, los recién llegados descartaron en buena parte a Detroit, Cleveland y St. Louis conforme la industrial fabril allí —y en otras ciudades de la región— se debilitó. Optaron en lugar por ciudades como Phoenix y Dallas.

Entre 2000 y 2011, el cinturón industrial, que se extiende desde el oeste de Pensilvania hasta el Río Mississippi, comprendió a 18 de las 25 ciudades con la reducción más rápida de población en el país. Su proporción de residentes nacidos en el exterior se mantuvo bastante rezagada comparada al promedio nacional de alrededor de 13%, con menos de 5% en algunas ciudades.Pittsburgh y Dayton, en Ohio, por ejemplo, registraron una reducción de sus poblaciones, y no disfrutaron del auge inmigratorio nacional caracterizado por un aumento de 25% de residentes nacidos en el extranjero en la última década, comparado con un incremento de 8% de los residentes nacidos en EE.UU.

En St. Louis, la agencia local de desarrollo económico contrató en marzo a Betsy Cohen, una ex ejecutiva de la división Purina, de Nestlé SA, para que lanzara los primeros programas de la ciudad para atraer extranjeros. La población se ha reducido en casi dos tercios a 318.000 habitantes desde su punto máximo en los años 50.

En una mañana reciente, mientras escuchaba una lección de español en su auto, Cohen se dirigió a una reunión con líderes empresariales y gerentes locales en las afueras de St. Louis.“Imaginen esto: para 2020 —con su ayuda, con mi ayuda— tenemos la tasa más rápida de crecimiento de inmigración”, les dijo a un grupo de líderes empresariales de origen asiático.

Estas iniciativas contrastan con las de Arizona, Alabama y otros estados, en donde las preocupaciones de que los inmigrantes indocumentados podrían quitarles empleos a los trabajadores nacidos en EE.UU. y aumentar los costos del gobierno han contribuido a impulsar una implementación más estricta de las leyes de inmigración. Demandas y acciones judiciales de líderes empresariales y activistas de derechos civiles han moderado la tendencia a nivel estatal, y ahora el debate se ha concentrado en gran parte a nivel federal, en donde el Senado sopesa una reforma a la política inmigratoria.

Los economistas difieren sobre el impacto de los inmigrantes sobre la actual fuerza laboral y los salarios. Los promotores de los esfuerzos de reclutamiento en el cinturón industrial dicen que deben tener cuidado de evitar la resistencia de los ciudadanos que podrían sentirse rezagados.

Según los investigadores, la decisión de los inmigrantes sobre el lugar donde se establecerán es definida en gran parte por vínculos familiares y la disponibilidad de empleo, lo que complica las iniciativas en lugares donde el crecimiento es lento.
Actualidad Local

A QUIÉN LE IMPORTA LA DESIGUALDAD

En los últimos años parece haberse instalado una cierta noción de que América Latina y el Caribe pasan por un momento relativamente bueno, entre otras cosas porque, a pesar de que sigue siendo la región con mayor desigualdad en ingreso del mundo, ha logrado disminuir esta desigualdad de manera significativa.

El análisis reciente de J. P. Azevedo y otros muestra que casi la mitad de esta disminución está asociada a cambios en el ingreso laboral, y específicamente a incrementos en el ingreso laboral por hora trabajada de la población con menores ingresos. Otros factores asociados a esa disminución en la desigualdad, y que quizá se esperaba fueran mucho más importantes, parecen no haberlo sido tanto, como es el caso de las transferencias de ingreso, las pensiones o la dinámica demográfica.(1).

Al describir las posibles causas de la disminución en la desigualdad en la región, dicho análisis retoma a otros para sugerir factores tan diversos como un mercado laboral más fuerte con mayores salarios para los trabajadores no calificados, mercados internacionales favorables por sus altos precios en productos básicos, políticas fiscales progresivas e incluso acciones gubernamentales que han afectado directamente al mercado laboral mediante el aumento de salarios mínimos y pensiones. Es decir, una combinación de mercado y acción pública influyendo en medidas distintas de un lugar a otro.

Esta información tiene sin duda un gran valor en sí misma, pero es importante también porque da pie a otras preguntas un poco más difíciles de responder. Una de ellas tiene qué ver con la centralidad que tiene (o no) el combate a la desigualdad en la política pública de la región. Y es que al observar la evidencia antes descrita, no podemos saber en qué medida la reducción de la desigualdad que han experimentado diversos países latinoamericanos durante la última década es producto de un esfuerzo consciente contra la desigualdad per se. Lo que hoy se sabe simplemente es que ella ha disminuido y que de acuerdo al discurso más deseable y aceptado, eso es mejor que lo contrario. ¿Será entonces que la búsqueda de una mayor igualdad ha empezado a instalarse en nuestras sociedades, y particularmente entre los tomadores de decisiones de la región? ¿Será que de verdad a alguien le preocupa la desigualdad? ¿Será que a alguien le importa?

Las respuestas a estas preguntas no son obvias, pero uno debería detenerse a pensar en ellas cada vez que escuche a alguien sugiriendo que la desigualdad no importa. En cuanto a la disminución de la desigualdad en América Latina, lo más probable es que ella provenga de una combinación de factores puntuales, tendencias de largo plazo, negociaciones de actores afectados, algunos accidentes, y quizá sí, también en cierta medida del esfuerzo consciente de algunos; en otras palabras, es probable que provenga del inasible caos al que cada quien trata de entender a través de la visión del desarrollo que más le satisface. En cualquier caso vale la pena preguntarse si existe en la región una preocupación por la desigualdad, si no por una cuestión de principio, cuando menos porque aquí y allá se ha instalado la noción de que más desigualdad puede implicar cosas tan diversas como menor crecimiento económico, mayor polarización social, o mayor discriminación, todos estos fenómenos que a su vez pueden reforzar la propia desigualdad.

¿Qué dice la información pública reciente sobre esto? El Barómetro de las Américas en su edición 2010, con información recogida en 26 países de América Latina y el Caribe, tiene dos preguntas que proveen algunas pistas. Cuando se les preguntó a los entrevistados cuál era el problema más grave que enfrentaba su país en aquél momento, apenas un 1.5% mencionó de manera espontánea a la desigualdad, porcentaje muy lejano de otros problemas mencionados también espontáneamente como el crimen o la delincuencia (19%), el desempleo o la falta de empleo (17%) y los problemas con, o crisis de la economía (15%). Pero cuando se les preguntó qué tan de acuerdo estaban con la noción de que su Estado o país debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres, el 44.5% respondió estar “muy de acuerdo”.

Quizá la desigualdad sí le importa a mucha gente. Quizá es sólo que normalmente no estamos conscientes de que existe en distintos ámbitos de nuestra vida, y se nos vuelve una preocupación cuando de algún modo la enfrentamos en alguna de sus expresiones más visibles. Si esto es así, algo debería cambiar, la desigualdad en sus distintas dimensiones sociales debería ser una constante en la discusión pública de América Latina y el Caribe, particularmente en el ámbito que afecta más directamente a la acción gubernamental. Desde la perspectiva del desarrollo humano, esta discusión debería girar en torno a la desigualdad de capacidades básicas, noción que va mucho más allá de la desigualdad de ingresos y que la hace mucho más útil, pero también más compleja. Además, precisamente debido a esta utilidad y complejidad, la discusión debería alejarse de la obsesión con la métrica perfecta y evitar a toda costa que ésta se transforme en un fin en sí mismo. Finalmente, se trata de una discusión que debería sostenerse con la certeza de que jamás podrá ser una discusión sencilla pues su naturaleza es inevitablemente moral. Con todo, y dada las desigualdades prevalecientes en la región, se trata de una discusión que deberá seguir siendo simplemente ineludible.
Por Alfredo Gozáles Reyes
Blog Humanum

LA CRISIS EUROPEA Y LA ECONOMÍA PERUANA

Es paradójico y al mismo tiempo desalentador que la crisis esté golpeando fuertemente a los países europeos, pues sus economías - aunque perfectibles - eran ejemplos de la aplicación de un eficiente modelo de desarrollo humano. En efecto, el acceso a servicios (educación, salud, vivienda, etc.) de calidad era el pilar de su progreso. Las brechas sociales se habían bajado notablemente mediante la inversión del Estado en el bienestar de sus trabajadores. Ahora se viene una ola de reformas, cuyo núcleo fundamental es precisamente bajar los presupuestos de los programas sociales y "flexibilizar" la legislación laboral al máximo, con los consecuentes conflictos en las calles. Al mismo estilo de nuestros países.

Para tener el panorama claro, lo primero que tenemos que hacer es identificar las grietas que determinaron esta crisis en un sistema aparentemente sólido. Veamos, el diagnóstico no ha sido el correcto. La primera ministra alemana Angela Merkel y su brazo derecho Wolfgang Schäuble responsabilizan al derroche fiscal, y recomiendan ajustar los presupuestos por el lado del gasto social. Está claro, que al igual que en Estados Unidos, el origen es el sobreendeudamiento público y privado. Lo que los economistas llaman una burbuja financiera.

Veamos. Entre el 2007 y el 2008 el boom de inversiones en el viejo continente se vio facilitado por dos factores. La existencia de una moneda común que protegía de los desajustes cambiarios, y las bajas tasas de interés. El capital comenzó a fluir de las potencias a los países de la periferia (Grecia, Portugal y España). Y valgan verdades las colocaciones excedieron largamente a la capacidad de retorno. Sin embargo, no fue el gasto público el mayoritario. Lo decisivo fue el masivo aumento del endeudamiento privado, por la distención excesiva de la banca para colocar créditos.

Pero, paradójicamente, la mayor parte del llamado "salvataje" ha ido a parar a éstos mismos bancos en una clara demostración de que las ganancias son elitistas y las pérdidas democráticas (léase las pagamos todos). Y lo peor de todo es que ese dinero no se inyectará a la economía productiva, pues sólo solucionara los libros contables de dichos bancos. La zona euro necesita mucho más que un rescate a la banca y los países más afectados deben recuperar su competitividad.

Según el premio Nobel Joseph Stiglitz los planes de austeridad no solucionan nada. Mientras el desempleo aumente y no se recupere la demanda, las empresas no invertirán por temor a no vender sus productos. Esto es una llamada de alerta para nuestro país. Somos percibidos como una de las saludables economías del planeta. No obstante, la nuestra es una economía con piloto automático, basada en un modelo primario exportador. Esto nos hace más vulnerables a los remezones mundiales como el europeo. Gran parte de nuestra estabilidad es en el fondo especulativa. De otra forma no veríamos al BCR salir presuroso cada vez que el dólar amenaza desplomarse.

Sin embargo, hay otros países de la periferia europea que todo indica no serán tocados por la crisis. Por un lado, no hay que negar que hablamos de gobiernos y poblaciones disciplinadas (no derrochadoras), pero el factor clave es su inversión en el capital humano. En países como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, la apuesta decisiva es por el binomio educación – tecnología. En éstos las reformas educativas a largo plazo, echaron a andar economías exportadoras de bienes de capital – la nuestra exporta bienes de consumo - trayendo un sólido bienestar para su población. Estos son los ejemplos que debemos imitar si queremos un blindaje relativamente seguro ante la crisis mundial, y sobre todo, si queremos encaminarnos hacia un desarrollo sostenible en los próximos años.

AUMENTO DE SALARIOS: VOTO A FAVOR

¿Deben aumentar los salarios en el Perú? En los últimos 20 años, la participación de los trabajadores en el PBI ha caído de 26 % a 21%: reciben una porción cada vez menor de la riqueza nacional creada. En la década pasada la productividad por trabajador creció 24% pero los salarios medios sólo crecieron 12%, apenas 1% por año.

Continuar con este desequilibrio tiende a agravar una distribución del ingreso ya muy desigual e injusta en nuestro país. Con 675 soles de salario mínimo, un trabajador gana al mes lo que el gerente general de una empresa top gana en una hora, y un inversionista grande gana en un minuto (hice los cálculos, la frase no es gratuita).

Viéndolo desde el otro ángulo, el de la competitividad, es necesario compararnos con otros países. Los salarios peruanos están retrasados respecto a nuestros competidores: una hora de trabajo en la manufactura cuesta, todo incluido, 2.50 dólares en Perú, 3.60 en Chile, 4.10 en Brasil y 23.70 en Estados Unidos.

Contra la propuesta de un aumento salarial no se puede argumentar la pérdida de competitividad. ¿Debe subir el salario mínimo? Para mantener a una familia de 5 personas encima de la línea de pobreza en Lima, es necesario tener un ingreso de 1,700 soles; ni trabajando padre y madre alcanzan esa cifra con los 675 soles actuales. Es posible un aumento: en la década pasada el salario mínimo real en Perú solo aumentó 10%, mientras en Chile lo hizo en 28% y en Brasil en 82%. Se dice que un aumento del salario mínimo afectaría a las microempresas, pero apenas 10 por ciento de ellas están formalizadas, así que de todas maneras el otro 90% no respeta las regulaciones laborales.

Formalizar en base a seguir con el "cholo barato" no es el camino para el progreso nacional. Acabar con la informalidad debe lograrse más bien elevando su productividad, abaratándoles el crédito, simplificando los trámites burocráticos y ofreciéndoles sistemas de seguridad social más atractivos. Quienes siempre se oponen a aumentar el salario mínimo, tienen en el fondo un prejuicio ideológico: creen que toda intervención estatal es mala y se debe dejar que el libre mercado defina los salarios. ¿Por qué están equivocados? Porque buenos salarios son fundamentales para el bienestar de millones, hacen crecer el mercado interno y sustentan las clases medias.

El trabajo no es como las papas o los camotes, con un mercado perfectamente competitivo en el que la oferta y la demanda se equilibran y arrojan un resultado óptimo. En el mercado de trabajo hay discriminación: en el Perú, una mujer con las mismas capacidades que un hombre gana 26% menos, y una persona de origen quechua-hablante, 13% menos. Hay también desempleo, dificultades en la supervisión del desempeño y relaciones sociales complejas entre personas que deben trabajar como equipo.

Además, cuando hablamos de trabajo estamos hablando de personas, que quisiéramos fueran ciudadanos con derechos. Se requiere una política salarial y de trabajo, por su importancia sobre el bienestar, el desarrollo económico y la democracia social. Tras varios años de crecimiento económico, ya es tiempo que los beneficios chorreen hacia los trabajadores. Los salarios deben aumentar, y mejorar el salario mínimo es una de las palancas para lograrlo.
Por Pedro Francke
Bajo La Lupa