¿Y las cifras de trabajo infantil?

De acuerdo a la última Encuesta Nacional del Trabajo Infantil (ETI) aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2007 el 42% del total de niños y adolescentes entre cinco y diecisiete años realizaron actividades económicas.

A continuación, pasamos a realizar un breve análisis al respecto.
De acuerdo a la información publicada por Gestión (Revisar el diario Gestión del 16.02.10), el 59% del trabajo infantil se concentra en actividades primarias (ganadería, agricultura, pesca y minería ) y geográficamente se centra en zonas rurales (58% del total). Al respecto, queda claro que el grueso del trabajo infantil en el país es rural, justamente el ámbito en donde persisten las mayores necesidades económicas.
Antes bien, un análisis del trabajo infantil en una realidad heterogénea como la nuestra, implica la revisión de un conjunto de aristas. Por un lado, está el ámbito rural en el cual la lógica de las relaciones sociales y productivas (Para mayor detalle revisar: Figueroa, Adolfo (1978) LA ECONOMÍA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EL CASO DE LA SIERRA DEL PERÚ), es disímil al de las ciudades. Así pues, en zonas rurales muchas de las actividades agropecuarias en las que participan los niños se dan generalmente en las unidades familiares campesinas. Es así que en la cosmovisión andina, el trabajo infantil es percibido muchas veces como algo positivo, pues forma parte del proceso de socialización del niño al mundo rural.
Por otro lado, esta la realidad del trabajo infantil en los lavaderos de oro; en la extracción de madera y en las canteras y ladrilleras. Estos tipos de trabajo que lindan con la explotación infantil debieran ser totalmente erradicados ya que atentan directamente con las actividades propias de un niño a cierta edad. Debemos tener presente que en última instancia el factor subyacente del trabajo infantil –sea rural o urbano- es la extrema necesidad económica que aqueja a las familias. Esta situación obliga a las familias a maximizar el uso de su fuerza de trabajo para sobrevivir, lo que implica enviar a los niños a trabajar.
Lo más preocupante de esta situación es que de acuerdo a las cifras del INEI (Revisar el diario Gestión del 16.02.10), el porcentaje de 42% de trabajo infantil se ha mantenido casi invariable desde 1994. Entonces, nos queda reflexionar con respecto al actual modelo de desarrollo económico que si bien nos ha llevado a una necesaria estabilidad macroeconómica, lo cierto es que ha dejado rezagados a los niños del país. Si bien hay esfuerzos que reconocer por parte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y del programa JUNTOS al parecer estos no son suficientes. ¿Acaso no resulta necesario replantear el ordenamiento de las prioridades en el país?
Así como nuestras autoridades económicas promueven fervorosamente la obtención del grado de inversión o el mejor posicionamiento de nuestra economía en el ranking del Doing Bussines, de la misma forma e intensidad debieran interesarse por los niños del país.
Finalmente, la permanencia a lo largo del tiempo del porcentaje de población infantil trabajando (desde 1994 hasta 2007), desnuda el estado de “orfandad” de los niños frente al Estado. Pero no nos quedemos en el Estado y reflexionemos también como sociedad y el valor que le damos cada uno de nosotros a la infancia como momento en donde los niños y niñas desarrollan su personalidad, sueños y capacidades. Desde Otra Mirada no solo hacemos llamado urgente al Estado en este tema, sino también a la sociedad peruana en su conjunto para que de esta forma la opinión pública se vuelva una permanente fuerza de presión social y así aliviar el trabajo infantil que perpetua los ciclos de pobreza y exclusión social de nuestro país.
Otra Mirada al Día

Las inequidades no han disminuido aún con 10 años de crecimiento

El presupuesto para el gasto social total del país se incrementó en 58% entre el 2005 y el 2009, llegando a S/. 37,728 millones, y los Programas Sociales Focalizados crecieron en 50% entre el 2007 y el 2009, llegando a S/. 5,763 millones. La cuestión es cuáles son los resultados de este gasto. Si bien la pobreza monetaria (aquella que se mide según el nivel de gasto familiar frente a una canasta mínima) se ha reducido en ese período, las grandes inequidades permanecen, a decir de Javier Escobal, investigador de Grade. "En su discurso inaugural, el presidente Alan García no solo estableció la meta de reducción de la pobreza total a 30%, sino también dijo que la diferencia entre el 20% más rico y el 50% menos pudiente se reduciría a la mitad en el 2011 y el Perú sería un país más justo", recordó.

Refirió que el indicador de desigualdad en el Perú era de 4.2% en el 2004 y se incrementó a 4.5 en el 2008 (y con la crisis el año pasado la situación no debe haber mejorado, incluso puede haber empeorado).

"Es decir, ha habido un deterioro de la equidad, pequeño, pero claramente no hay mejoras sustantivas en términos de este objetivo", acotó en un reciente diálogo "Las Perspectivas Macroeconómicas y las Metas Nacionales para la Reducción de la Pobreza en el Período 2011 – 2016", organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP).

Fuente: Gestión

La OEA se queda sin piso

Semanas atras, en la última reunión del Grupo de Río y la Comunidad del Caribe (CARICOM), se acordó crear un organismo que no incluya a Estados Unidos y Canadá.
Según el diario argentino Página 12, a pesar de algunas resistencias y matices, las 32 naciones participantes de la Cumbre de la Unidad de América Latina y El Caribe aprobaron la constitución de este nuevo organismo que impulsará la integración regional y cuyo nombre, provisoriamente, es Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Por ahora este espacio todavía no cuenta con un estatuto para conocer sus objetivos, sin embargo, ya se comenta la creación de una instancia paralela a la OEA. ¿Qué se juega aquí?

La OEA se constituye a inicios de la Guerra Fría (1948) como un organismo regional de sesgo pro norteamericano. Este organismo se fundamenta en la Doctrina Monroe (“América para los americanos”) que, al final, se convierte en un mecanismo con el que Estados Unidos ejerce su influencia en América Latina. Recordemos como en 1962, este país presionó a los demás estados miembros de la OEA para expulsar a Cuba y también como, el año pasado, este organismo no puedo lograr que sus miembros asumieran una postura unitaria para condenar el golpe de estado en Honduras, que, en cierta manera, contó con la tolerancia del gobierno norteamericano. Sin embargo, la CELAC también busca reforzar logros importantes de la OEA como es la labor del Sistema Interamericano de Justicia que Estados Unidos no ha respaldado.

El nacimiento de la CELAC explica los nuevos aires políticos en nuestra región respecto a las relaciones con Estados Unidos y forma parte de un mismo esfuerzo de integración con el Banco del Sur y UNASUR. No obstante, este nuevo organismo es más importante por la amplitud de su convocatoria, ya que se trata de una integración no sudamericana, sino latinomericana. Asimismo, si bien la CELAC es una iniciativa del actual presidente ecuatoriano Rafael Correa, esta ha sido retomada por el presidente mexicano Felipe Calderón, con lo que estamos frente a un organismo que viene integrando a gobiernos tanto de derecha como de izquierda.

Para el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, la CELAC permitiría una nueva dinámica en las relaciones interamericanas por la posible creación de diversos espacios de cooperación y diálogo político multilateral con Estados Unidos y le daría una mayor autonomía a la región. Además, con el CELAC se buscaría racionalizar la creación desordenada de organismos de coordinación para arribar a una instancia de integración regional mayor.

Por todo esto, el Perú debería mirar con mayor interés a sus vecinos de cara a esta nueva realidad latinoamericana y no excluirnos como, por ejemplo, ha ocurrido con el Banco del Sur. Aunque, días antes que se conformara la CELAC, el canciller José García Belaúnde señaló “que no se ha discutido con suficiente profundidad” la creación de esta nueva organización regional, esperemos que, de ahora en adelante, el gobierno aproveche al máximo esta importante circunstancia que tiene en sus manos y que deberá dejar en las mejores condiciones al nuevo gobierno que se instale en el 2011.
Fuente: Otra Mirada

¿Desplazar o arrasar?

Hace unas semanas, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley 3817/2009-PE, con el que se busca modificar el artículo 8º de la Ley sobre los Desplazamientos Internos (28233).

En 2004, esta norma se dio para reconocer como desplazados a aquellas personas que se han visto obligadas a salir de su hogar como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada o por acción violenta de agentes imprevistos (desastres naturales). Sin embargo, con este proyecto de ley, se quiere modificar esta norma para facilitar el desplazamiento de población que “se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial”. ¿De qué se trata este asunto?
Una ley con nombre propio
De aprobarse este proyecto de ley, el gobierno podría imponer apresurada y verticalmente una serie de proyectos de desarrollo que requieren detallados estudios de impacto ambiental y social para conocer su viabilidad y poder ser ejecutados. Por ejemplo, el megaproyecto minero Toromocho, ubicado en la provincia de Yauli (Junín), donde la empresa Chinalco tiene previsto invertir 2.200 millones de dólares para la explotación de cobre, requeriría para su ejecución el desplazamiento de cinco mil habitantes hacia otra zona de la región. Asimismo, para la construcción de la hidroeléctrica de Inambari desarrollado por las empresas brasileñas OAS y Electrobas entre las regiones de Puno y Madre de Dios cuya electricidad irá mayormente al Brasil, se necesitaría reubicar por lo menos a tres mil personas.
Por otro lado, también existen concesiones para la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en la sierra y la Amazonía que, si actualmente son focos de conflictos porque se otorgaron sin la consulta previa debida, ahora, esta situación podría empeorar en la medida que la aprobación de este proyecto de ley promueva la devastación de estos territorios.
Desplazamiento libre e informado
Así, este proyecto de ley originaría más conflictos, pues tanto la Ley 28233 (artículo 8, inciso c) y el Convenio 169 de la OIT (artículo 16) señalan que, para los casos de desplazamiento territorial, este sería efectivo solo con el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno no se ha preocupado por formular y reglamentar una ley de consulta previa a favor de los pueblos indígenas y un mecanismo que permita que los procesos de consulta popular sobre proyectos de desarrollo sean vinculantes.
Por todo esto, si el gobierno realmente quiere promover proyectos de desarrollo de gran escala y socialmente justificados, debería proponer una ley específica para tratar este asunto, pero también debería preocuparse por implementar mecanismos de diálogo y consulta con todos aquellos que de alguna manera serán afectados por estos proyectos. Dar normas al caballazo genera más conflictos, ¿cuando aprenderemos esta lección?

Regiones mejoran la difusión de resoluciones y remuneraciones

Una puerta de vidrio que nos permita ver qué hacen las personas que están a nuestro servicio y cómo lo hacen. Así deberían estar diseñados los portales de las distintas entidades del Estado. Lo manda la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en julio del 2002. ¿Cuál es el panorama actual?

Según el Grupo Propuesta Ciudadana, que realiza evaluaciones periódicas sobre el tema en los gobiernos regionales, el año pasado estos han tenido una buena “performance”.

Veinte de las 25 regiones tienen buenos portales. Cuatro los tienen regulares. Y uno deficiente. La curiosidad salta por conocer a esa región discordante. Se trata de Áncash. Su portal tiene información irrelevante, incompleta y desactualizada.

La otra cara de la medalla la constituyen Huancavelica, Pasco, Lambayeque, Piura, Junín y Ucayali.

VOLUNTAD POLÍTICA
La buena o mala voluntad política es la razón principal para contar con portales buenos o malos, según Juan José Ccoyllo, de Propuesta Ciudadana.

Cita el ejemplo de Ucayali, cuyo presidente regional comprometió a las gerencias regionales a entregar información oportunamente al responsable del portal.

Ccoyllo señala entre las mejoras más notables la difusión de las resoluciones ejecutivas (84%); remuneraciones del personal (88%); y actas de sesión de consejo (60%). “Esta última información debe mejorar, así como la referida a los ingresos de la región, la peor difundida (44%)”, agrega.

GOBIERNO LOCAL
Otra es la situación de los portales de transparencia de las municipalidades provinciales y distritales del país. No todas están obligadas a tenerlos. Se excluye a las que no cuentan con posibilidades tecnológicas o presupuestales.

Pero no todo está perdido para las que carecen de recursos económicos. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico y de Informática (Ongei) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) les brinda apoyo gratuito para crearlos.
Fuente:El Comercio