Son más las organizaciones de la sociedad civil, instituciones y gremios públicos y privados que se suman a la convocatoria realizada hecha por el Movimiento Cívico de Chiclayo - MCCH con el propósito de desarrollar el próximo uno de marzo la primera actividad de protesta contra el estado de la ciudad, la pérdida de la institucionalidad y la crisis que sume al gobierno local.
Como bien explica el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Otto Zoeger Navarro, “el paro no es una manifestación de rechazo hacia una persona, sino a la problemática que vive Chiclayo y que genera la postergación del desarrollo provincial”.
De acuerdo al primer pronunciamiento dado por el MCCH, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil observan y analizan con mucha preocupación que en los últimos años la incapacidad de los actores políticos en la gestión municipal nos ha llevado a una situación de desorden jurídico que ha devenido en ingobernabilidad y desorganización administrativa en nuestra provincia, y específicamente en nuestra ciudad capital, cuyos niveles de calidad de vida han caído, sin lugar a duda, de un modo alarmante; generando una situación de inseguridad, insalubridad e incertidumbre, agravada por las denuncias de una corrupción institucionalizada.
“Frente a esta lamentable situación, que ahuyenta las inversiones en todos los sectores productivos generando un alto costo social y económico; nos dirigimos a las autoridades nacionales y regionales, y a todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en Chiclayo para aunar esfuerzos en la solución inmediata de esta problemática”, reza el pronunciamiento.
LA INGOBERNABILIDAD
Como primer aspecto de la problemática local, el MCCH resalta el estado de ingobernabilidad, situación ya conocida de incongruencia de actuación y decisión por parte de los poderes del Estado que están llamados a resolver, de acuerdo a Ley, la institucionalidad.
“Pese a las resoluciones firmes emitidas por el Poder Judicial, observamos que el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional se encuentran enfrentados, motivados por evidentes presiones de intereses particulares, afectando la gobernabilidad y el desarrollo económico y social de la ciudad; mostrando una absoluta falta de respeto a los principios y valores que sustentan a nuestra población. Exhortamos a los magistrados a mostrar probidad en sus actos para la inmediata resolución de esta situación de incertidumbre, por respeto a la ciudadanía chiclayana. También exigimos a nuestro Gobierno Regional y a la representación congresal que asuman una clara posición en resguardo de los derechos de los chiclayanos”, declaran las organizaciones que conforman el movimiento.
OBRA DE SANEAMIENTO
Del mismo modo plantean un cuestionamiento técnico y administrativo en la obra de “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado del centro de Chiclayo”, donde – según afirman - la Municipalidad y EPSEL S. A. no asumen responsabilidad alguna, se evidencia la deficiencia en planificación, programación de la obra y supervisión, un inexistente o superficial plan de contingencia, al margen de los problemas ya conocidos e identificados como son los materiales, equipos y maquinaria empleados, los procedimientos constructivos, o la veracidad y validez de las fianzas presentadas.
“Todo ello genera grandes problemas de insalubridad que afectan la vida y arriesgan la salud de la población, y han impactado no solo en el sector intervenido y en el sistema de desagüe de la ciudad de Chiclayo, sino también en el caos de la movilidad urbana o en la supervivencia de las actividades económicas directamente afectadas. Además, hay que tener en cuenta que esta obra no resuelve de modo integral el problema de saneamiento básico en nuestra ciudad, debido a que el proyecto de emisores principales de desagüe no ha sido ejecutado”.
En virtud de ello, el Movimiento Cívico de Chiclayo señala que se requiere declarar la emergencia sanitaria de la ciudad en prevención y resguardo de la salud de los pobladores. También se exige la intervención del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, en aras de verificar el buen uso de los recursos públicos.
CIUDAD SIN PLAN
Respecto a la desactualización del Plan Urbano vigente, formulado en 1992, el movimiento resalta que en el año 2010 se formularon el nuevo Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT y Plan de Desarrollo Urbano - PDU, en un proceso participativo, multinstitucional y amplio que contó, como indica la ley, con la aprobación y levantamiento de observaciones finales hechas por el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
“Dichos planes tienen más de dos años esperando su aprobación por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ello ya tendría que haber generado una sanción a la municipalidad por la inobservancia de dichas normas. Ahora dichos planes requieren ser actualizados y aprobados con urgencia, así como supervisados por los colegios profesionales competentes”, dice el comunicado.
ACCIÓN INSTITUCIONAL
“El movimiento está conformado por un gran número de instituciones que buscan que la ciudadanía se defina en si quiere seguir en la situación en la que estamos o cambiar. Esta no es una cuestión lírica, nosotros nos comprometemos a realizar el seguimiento a las acciones del gobierno local y alcanzar, responsablemente, las propuestas para hacer posible ese cambio”, señala Otto Zoeger.
El presidente de la Cámara de Comercio explica que la decisión de convocar a un paro provincial se da como consecuencia del caso omiso hecho por las autoridades municipales a los reclamos y sugerencias institucionales que en el último año se han realizado de manera formal ante los problemas que aquejan a la ciudad.
“En el caso de la Cámara de Comercio los mismos socios, abrumados por el caos, el desorden, la inseguridad y el desgobierno que se vive en Chiclayo solicitaron que tomemos las acciones correspondientes y propusieron una medida de lucha, que en este caso se ve reflejada en el paro convocado para el uno de marzo. Chiclayo no merece ser la ciudad en la que actualmente estamos viviendo”, indica el dirigente gremial.
Zoeger Navarro enfatiza al precisar que el MCCH no tiene carácter político, porque está compuesto íntegramente por instituciones que representan a un grueso de la población que es consciente de la realidad local y que solo la acción cívica puede ayudar a revertir.
“Queremos una mejor calidad de vida para los que vivimos en Chiclayo, no pedimos el cambio de personas, sino que se restablezca el orden institucional y de gobierno en la ciudad. El accionar del movimiento no se limita a la paralización del uno de marzo, va más allá. Nuestro compromiso es con Chiclayo no con algún grupo político, nosotros no permitiremos a que nuestra iniciativa se sumen intereses partidarios”, señala.
PERJUICIO A LAS INVERSIONES
Por su parte, el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Víctor Rojas Díaz, refiere que el desorden de la ciudad no solo afecta a la tranquilidad de los vecinos y al sector turismo, también a las actividades productivas y el crecimiento de las inversiones en los negocios locales.
“La confianza en la gestión municipal está perdida y en realidad no hay ninguna señal de cambio en las actuales autoridades, de allí que buscamos que el Movimiento Cívico de Chiclayo no se agote después del uno de marzo, sino que se convierta en un canalizador de propuestas y seguidor de las acciones del gobierno local a fin de observar lo malo, pero también ayudar a que se concreten las buenas iniciativas”, precisa.
Víctor Rojas refiere que los problemas de Chiclayo hoy no solo se centran en las obras de saneamiento, la limpieza, la inseguridad, el transporte y el desorden, también en la inmoralidad y los índices de corrupción que se perciben al interior de la comuna. “Hay una sistema de corrupción instalado en el municipio”.
“Convocamos a los gremios, sindicatos, asociaciones, más organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas y a la colectividad en general para que el paro sea exitoso y Chiclayo deje de tener actividades por un día como expresión del malestar que se siente. La protesta debe ser generalizada contra la indolencia, la incapacidad y la inmoralidad con la que se conduce la gestión municipal”, asevera.
El presidente de AREX señala que su representada participa activamente de las iniciativas del Movimiento Cívico de Chiclayo porque sus asociados, al igual que los demás pobladores de la ciudad, también se ven afectados por la contaminación ambiental, problema que redunda en las actividades empresariales.
“También nos afecta el cierre desorganizado de las calles por las mal conducidas obras de saneamiento. Las oficinas de los empresarios exportadores están en la circunscripción de Chiclayo y estos se ven directamente perjudicados, además se han incrementado los costos para garantizar la seguridad, toda vez que este aspecto no es bien liderado por la comuna. También nos afecta la imagen que tiene Chiclayo frente a los que nos visitan; nuestros socios, por ejemplo, se preguntan cómo podemos producir alimentos para venderlos al exterior si la ciudad se sume en el abandono ambiental y la contaminación. Están dudando de la calidad de nuestros productos y eso nos perjudica”, afirma.
RIESGO GENERAL
De la misma opinión es Manuel García Peña, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI Lambayeque, quien asegura que la crisis de institucionalidad que existe en la comuna provincial genera riesgo legal y anarquía en el control, fiscalización y aplicación normativa en el manejo urbano, así como descuido del espacio público y la planificación del desarrollo metropolitano.
“Es una pena que Chiclayo atraviese un problema tan serio como la ingobernabilidad, que sumado al caos en el transporte, la falta de limpieza, la informalidad y el deterioro urbano nos ubica como una de las ciudades más vulnerables del país, con desventaja para competir, pues poco a poco la Capital de la Amistad deja de ser atractiva a la inversión, al turismo y a la instalación de grandes industrias. El freno a nuestro desarrollo tiene como responsable a la falta de planificación”, precisa.
*****
La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque agrupa a 650 empresas; AREX a 60 exportadoras, SNI a 70 industrias y la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil – ADOSCIL, también plegada al paro, a 150 instituciones.
Semanario Expresión
febrero 15, 2013
febrero 13, 2013
ROBERTO TORRES REINA PERO NO GOBIERNA
Para diversos juristas, algunos de ellos autoridades en el distrito judicial de Lambayeque, fallo reciente de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia es determinante para que en las próximas semanas alcalde Roberto Torres deje el cargo.
Muy al margen de lo que determinará el Tribunal Constitucional, lo dispuesto en la resolución Nº 11, cuyo contenido obra en el expediente judicial Nº 1488-2011-41—1706-JR-PE-06, en la práctica deja sin piso a Roberto Torres Gonzáles y sin esperanza alguna para mantenerse más tiempo en el cargo de alcalde, salvo el período vacacional en el que ingresó el Poder Judicial en febrero ha permitido alargar su permanencia.
A la luz de esta situación, el fallo de los magistrados Ana Sales del Castillo, Óscar Burga Zamora y Wilson Medina Medina es analizado por el presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero Hurtado; el Procurador Público Anticorrupción, Carlos Lazo Gutiérrez; el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco; el ex presidente de la II Sala Penal de Apelaciones, José María Balcázar Zelada; y el Abogado Constitucionalista, Tito Esteves Torres. Todos opinan que a Torres se le acabó el camino para presentar más recursos impugnatorios contra la resolución que dispone se ejecute la sentencia que se le impuso de dos años de pena privativa suspendida, dos años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de una reparación civil de seis mil nuevos soles. En otras palabras, agoniza jurídica y políticamente.
En el caso del titular de la Corte Lambayeque, éste ha sido muy enfático en precisar que las órdenes judiciales se acatan, y si bien la notificación de esta última resolución seguirá su cauce, resulta casi imposible que la defensa legal de Torres pueda presentar un recurso sobre ésta. De ahí que afirma que a la autoridad edil de Chiclayo no le queda otra sino que dar un paso al costado.
Por su parte, el Procurador Carlos Lazo afirma que muy a pesar de las maniobras jurídicas que realizaron sus abogados defensores, la suerte a Torres le sigue siendo adversa, dado a que con este fallo solo resta – por su parte – comunicar al Ministerio Público que solicite a la magistrada Yolanda Gil Ludeña, del 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, haga cumplir en todos sus extremos la sentencia impuesta contra el alcalde de Chiclayo, e inmediatamente se solicite su inhabilitación ante el Jurado Nacional de Elecciones, dado a que la sentencia queda firme y ejecutoriada y hasta podría ser convertida la pena de suspendida en efectiva, si rehúsa cumplir la condena.
Enmendar el daño inhabilitando a Roberto Torres es la posición siguiente del ex magistrado José María Balcázar Zelada, ex integrante de la II Sala Penal de Apelaciones, y quien el pasado 22 de mayo del 2012 lo sentenció por el delito de peculado de uso.
“Procediendo a inhabilitarlo quedaría restaurado el principio de autoridad en la ciudad y de manera inmediata debe darse cuenta al Jurado Nacional de Elecciones”, es lo que expresó Balcázar, añadiendo que con la resolución Nº 11 emitida por sus ex colegas, permite que el organismo electoral decrete su inhabilitación inmediata, pues la ley no le autoriza calificar ningún extremo de la sentencia del Poder Judicial, pues solo debe aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades.
A esperar marzo
En tanto, según lo expresado por el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco, deberá ser el fiscal Javier Quiroz Grosso quien deberá solicitar a la jueza Yolanda Gil – si es que no lo ha hecho – que ejecute la pena accesoria de la condena, que es la inhabilitación de Torres, pero recalca que ésta se dará en el mes de marzo cuando culminen las vacaciones del Poder Judicial.
“El sentenciado alcalde sostiene que no puede ejecutarse la pena de inhabilitación porque está vigente una medida cautelar, pero qué contradictorio es que continúa cumpliendo las reglas de conducta, pagando parte de la reparación civil y pidiendo incluso autorización para viajar a Lima a realizar gestiones inherentes a su cargo de alcalde de Chiclayo”, acota el fiscal.
Finalmente, para el abogado especialista en temas Constitucionales, Tito Esteves Torres, la situación jurídica del burgomaestre de Chiclayo se ha tornado sumamente complicada, al punto que con este nuevo fallo de la II Sala Penal de Apelaciones ‘el alcalde reina pero no gobierna’.
Esteves Torres, conocedor de estos asuntos de Constitucionalidad, explica que el alcalde Roberto Torres Gonzáles ‘reina’ por disposición del Jurado Nacional de Elecciones, pero no gobierna por disposición judicial recientemente emitida por los magistrados de la Corte Lambayecana.
Es más, en clara alusión a la incómoda situación legal por la que ahora atraviesa, le recomienda tener mucho cuidado con desacatar la orden judicial, dado a su condición de inhabilitado, pues bien podría correr el riesgo que le revoquen la pena suspendida por efectiva y sin que previamente exista un nuevo requerimiento. Esto, según lo establecido en el artículo 59º del Código Penal, vale decir o la prórroga del período de prueba o la revocatoria de la suspensión de la pena.
“Existía una controversia legal que ahora con el nuevo fallo de la II Sala Penal de Apelaciones quedó esclarecida, por lo que se desestima pedido de Roberto Torres para traerse por los suelos la sentencia que se le impuso por haber cometido el delito de peculado de uso".
+ NOTICIAS
● Fuentes dignas de todo crédito dan cuenta que resolución que en marzo emitirá Tribunal Constitucional le será adversa a los intereses de alcalde Roberto Torres.
● Fallo de II Sala Penal de Apelaciones confirma resolución Nº 36 emitida por el 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo a cargo de la doctora Yolanda Gil, que sentencia a alcalde de Chiclayo.
● Ante la Unidad de Enlace del Jurado Nacional de Elecciones, el ex funcionario edil Antonio Durand, solicitó la inhabilitación del alcalde de Chiclayo, luego de conocer fallo de Segunda Sala Penal de Apelaciones.
Semanario Expresión
Muy al margen de lo que determinará el Tribunal Constitucional, lo dispuesto en la resolución Nº 11, cuyo contenido obra en el expediente judicial Nº 1488-2011-41—1706-JR-PE-06, en la práctica deja sin piso a Roberto Torres Gonzáles y sin esperanza alguna para mantenerse más tiempo en el cargo de alcalde, salvo el período vacacional en el que ingresó el Poder Judicial en febrero ha permitido alargar su permanencia.
A la luz de esta situación, el fallo de los magistrados Ana Sales del Castillo, Óscar Burga Zamora y Wilson Medina Medina es analizado por el presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero Hurtado; el Procurador Público Anticorrupción, Carlos Lazo Gutiérrez; el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco; el ex presidente de la II Sala Penal de Apelaciones, José María Balcázar Zelada; y el Abogado Constitucionalista, Tito Esteves Torres. Todos opinan que a Torres se le acabó el camino para presentar más recursos impugnatorios contra la resolución que dispone se ejecute la sentencia que se le impuso de dos años de pena privativa suspendida, dos años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de una reparación civil de seis mil nuevos soles. En otras palabras, agoniza jurídica y políticamente.
En el caso del titular de la Corte Lambayeque, éste ha sido muy enfático en precisar que las órdenes judiciales se acatan, y si bien la notificación de esta última resolución seguirá su cauce, resulta casi imposible que la defensa legal de Torres pueda presentar un recurso sobre ésta. De ahí que afirma que a la autoridad edil de Chiclayo no le queda otra sino que dar un paso al costado.
Por su parte, el Procurador Carlos Lazo afirma que muy a pesar de las maniobras jurídicas que realizaron sus abogados defensores, la suerte a Torres le sigue siendo adversa, dado a que con este fallo solo resta – por su parte – comunicar al Ministerio Público que solicite a la magistrada Yolanda Gil Ludeña, del 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, haga cumplir en todos sus extremos la sentencia impuesta contra el alcalde de Chiclayo, e inmediatamente se solicite su inhabilitación ante el Jurado Nacional de Elecciones, dado a que la sentencia queda firme y ejecutoriada y hasta podría ser convertida la pena de suspendida en efectiva, si rehúsa cumplir la condena.
Enmendar el daño inhabilitando a Roberto Torres es la posición siguiente del ex magistrado José María Balcázar Zelada, ex integrante de la II Sala Penal de Apelaciones, y quien el pasado 22 de mayo del 2012 lo sentenció por el delito de peculado de uso.
“Procediendo a inhabilitarlo quedaría restaurado el principio de autoridad en la ciudad y de manera inmediata debe darse cuenta al Jurado Nacional de Elecciones”, es lo que expresó Balcázar, añadiendo que con la resolución Nº 11 emitida por sus ex colegas, permite que el organismo electoral decrete su inhabilitación inmediata, pues la ley no le autoriza calificar ningún extremo de la sentencia del Poder Judicial, pues solo debe aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades.
A esperar marzo
En tanto, según lo expresado por el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco, deberá ser el fiscal Javier Quiroz Grosso quien deberá solicitar a la jueza Yolanda Gil – si es que no lo ha hecho – que ejecute la pena accesoria de la condena, que es la inhabilitación de Torres, pero recalca que ésta se dará en el mes de marzo cuando culminen las vacaciones del Poder Judicial.
“El sentenciado alcalde sostiene que no puede ejecutarse la pena de inhabilitación porque está vigente una medida cautelar, pero qué contradictorio es que continúa cumpliendo las reglas de conducta, pagando parte de la reparación civil y pidiendo incluso autorización para viajar a Lima a realizar gestiones inherentes a su cargo de alcalde de Chiclayo”, acota el fiscal.
Finalmente, para el abogado especialista en temas Constitucionales, Tito Esteves Torres, la situación jurídica del burgomaestre de Chiclayo se ha tornado sumamente complicada, al punto que con este nuevo fallo de la II Sala Penal de Apelaciones ‘el alcalde reina pero no gobierna’.
Esteves Torres, conocedor de estos asuntos de Constitucionalidad, explica que el alcalde Roberto Torres Gonzáles ‘reina’ por disposición del Jurado Nacional de Elecciones, pero no gobierna por disposición judicial recientemente emitida por los magistrados de la Corte Lambayecana.
Es más, en clara alusión a la incómoda situación legal por la que ahora atraviesa, le recomienda tener mucho cuidado con desacatar la orden judicial, dado a su condición de inhabilitado, pues bien podría correr el riesgo que le revoquen la pena suspendida por efectiva y sin que previamente exista un nuevo requerimiento. Esto, según lo establecido en el artículo 59º del Código Penal, vale decir o la prórroga del período de prueba o la revocatoria de la suspensión de la pena.
“Existía una controversia legal que ahora con el nuevo fallo de la II Sala Penal de Apelaciones quedó esclarecida, por lo que se desestima pedido de Roberto Torres para traerse por los suelos la sentencia que se le impuso por haber cometido el delito de peculado de uso".
+ NOTICIAS
● Fuentes dignas de todo crédito dan cuenta que resolución que en marzo emitirá Tribunal Constitucional le será adversa a los intereses de alcalde Roberto Torres.
● Fallo de II Sala Penal de Apelaciones confirma resolución Nº 36 emitida por el 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo a cargo de la doctora Yolanda Gil, que sentencia a alcalde de Chiclayo.
● Ante la Unidad de Enlace del Jurado Nacional de Elecciones, el ex funcionario edil Antonio Durand, solicitó la inhabilitación del alcalde de Chiclayo, luego de conocer fallo de Segunda Sala Penal de Apelaciones.
Semanario Expresión
febrero 12, 2013
CARRETERA SAN JOSÉ - PIMENTEL
A inicios de marzo, la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lambayeque entregará a la población la nueva carretera San José – Pimentel, la cual beneficiará a más de 20 mil habitantes.
Así lo señaló el Director Ejecutivo de Caminos de la GRTC, Ing. Agustín Takayama Cieza, quién preciso que las labores se han intensificado en estos últimos días, debido al inicio del proceso de imprimación.
“Iniciaremos el proceso de imprimación el cual constituye la penúltima fase en la construcción de una carretera, y la fase subsiguiente sería la incorporación del pavimento asfáltico, para que se adhiera firmemente al suelo y la obra tenga la calidad que la exigencia de un fluido constante de transporte exige”, detalló.
Asimismo, el funcionario indicó que actualmente en la obra existen dos frentes trabajando simultáneamente debido a la construcción de un dren con una longitud de 1000 metros y 4.5 metros de profundidad.
“En una parte de la obra se encuentran los operarios trabajando con las motoniveladoras, rodillos, volquetes y cisternas, en otro extremo está la retroescavadora apoyando en la reconstrucción del dren La Pradera, la cual no fue contemplada en el expediente técnico, sin embargo de esta manera estamos cumpliendo con la promesa realizada a los pobladores de las zonas aledañas”, indicó.
Semanario Perú Norte
Así lo señaló el Director Ejecutivo de Caminos de la GRTC, Ing. Agustín Takayama Cieza, quién preciso que las labores se han intensificado en estos últimos días, debido al inicio del proceso de imprimación.
“Iniciaremos el proceso de imprimación el cual constituye la penúltima fase en la construcción de una carretera, y la fase subsiguiente sería la incorporación del pavimento asfáltico, para que se adhiera firmemente al suelo y la obra tenga la calidad que la exigencia de un fluido constante de transporte exige”, detalló.
Asimismo, el funcionario indicó que actualmente en la obra existen dos frentes trabajando simultáneamente debido a la construcción de un dren con una longitud de 1000 metros y 4.5 metros de profundidad.
“En una parte de la obra se encuentran los operarios trabajando con las motoniveladoras, rodillos, volquetes y cisternas, en otro extremo está la retroescavadora apoyando en la reconstrucción del dren La Pradera, la cual no fue contemplada en el expediente técnico, sin embargo de esta manera estamos cumpliendo con la promesa realizada a los pobladores de las zonas aledañas”, indicó.
Semanario Perú Norte
febrero 11, 2013
S/. 12 MILLONES DE SOLES PARA KAÑARIS E INCAHUASI INVERTIRÁ LA REGIÓN
El gobierno regional de Lambayeque invertirá este año más de S/. 12 millones en la ejecución de proyectos en los distritos andinos de Cañaris e Incahuasi, informó el vicepresidente regional, Juan Pablo Horna Santa Cruz.
Señaló que se trabajará en la electrificación rural con energía solar fotovoltaica que beneficiará a 40 localidades, entre caseríos y anexos del distrito de Cañaris. La obra demandará una inversión de S/. 3’691,108.
De igual modo, se contempla la ampliación de la cobertura de los servicios de radiodifusión y televisión en las zonas rurales de los distritos de Salas, Cañaris e Incahuasi por un monto de S/. 351,349.
El presupuestro de este año también incluye la recuperación del servicio ambiental (suelo en las zonas degradadas de bosque) de las comunidades campesinas Túpac Amaru II, San Juan, Micaela Bastidas, San Pablo, San Mateo, con cuatro millones de nuevos soles.
Horna Santa Cruz dijo que en el sector Salud se desarrollará el mejoramiento de los servicios de promoción y prevención del cuidado integral salud, nutrición y estimulación de la madre- niño de los distritos de Mórrope, Salas, Incahuasi y Cañaris, con una inversión de un millón S/. 838,000.
Además, se ejecutará el proyecto de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la microrred Uyurpampa en Incahuasi.
En el sector Educación se ha previsto la construcción de la institución educativa 10880 en el caserío Moyán, con una inversión de S/. 3’319,000.
Asimismo, la sustitución y mejoramiento de la I.E. 10071 del caserío La Succha, el mejoramiento de la I.E. 10876 y la ampliación de la escuela Totoras Pampa Verde.
En el sector Transportes, el presupuesto de 2013 incluye la construcción de la carretera Mamajpampa (Incahuasi) – Cañaris para integrar ambos distritos andinos que históricamente han vivido aislados.
Andina
Foto: Andina |
De igual modo, se contempla la ampliación de la cobertura de los servicios de radiodifusión y televisión en las zonas rurales de los distritos de Salas, Cañaris e Incahuasi por un monto de S/. 351,349.
El presupuestro de este año también incluye la recuperación del servicio ambiental (suelo en las zonas degradadas de bosque) de las comunidades campesinas Túpac Amaru II, San Juan, Micaela Bastidas, San Pablo, San Mateo, con cuatro millones de nuevos soles.
Horna Santa Cruz dijo que en el sector Salud se desarrollará el mejoramiento de los servicios de promoción y prevención del cuidado integral salud, nutrición y estimulación de la madre- niño de los distritos de Mórrope, Salas, Incahuasi y Cañaris, con una inversión de un millón S/. 838,000.
Además, se ejecutará el proyecto de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la microrred Uyurpampa en Incahuasi.
En el sector Educación se ha previsto la construcción de la institución educativa 10880 en el caserío Moyán, con una inversión de S/. 3’319,000.
Asimismo, la sustitución y mejoramiento de la I.E. 10071 del caserío La Succha, el mejoramiento de la I.E. 10876 y la ampliación de la escuela Totoras Pampa Verde.
En el sector Transportes, el presupuesto de 2013 incluye la construcción de la carretera Mamajpampa (Incahuasi) – Cañaris para integrar ambos distritos andinos que históricamente han vivido aislados.
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