A la luz de esta situación, el fallo de los magistrados Ana Sales del Castillo, Óscar Burga Zamora y Wilson Medina Medina es analizado por el presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero Hurtado; el Procurador Público Anticorrupción, Carlos Lazo Gutiérrez; el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco; el ex presidente de la II Sala Penal de Apelaciones, José María Balcázar Zelada; y el Abogado Constitucionalista, Tito Esteves Torres. Todos opinan que a Torres se le acabó el camino para presentar más recursos impugnatorios contra la resolución que dispone se ejecute la sentencia que se le impuso de dos años de pena privativa suspendida, dos años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de una reparación civil de seis mil nuevos soles. En otras palabras, agoniza jurídica y políticamente.
En el caso del titular de la Corte Lambayeque, éste ha sido muy enfático en precisar que las órdenes judiciales se acatan, y si bien la notificación de esta última resolución seguirá su cauce, resulta casi imposible que la defensa legal de Torres pueda presentar un recurso sobre ésta. De ahí que afirma que a la autoridad edil de Chiclayo no le queda otra sino que dar un paso al costado.
Por su parte, el Procurador Carlos Lazo afirma que muy a pesar de las maniobras jurídicas que realizaron sus abogados defensores, la suerte a Torres le sigue siendo adversa, dado a que con este fallo solo resta – por su parte – comunicar al Ministerio Público que solicite a la magistrada Yolanda Gil Ludeña, del 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, haga cumplir en todos sus extremos la sentencia impuesta contra el alcalde de Chiclayo, e inmediatamente se solicite su inhabilitación ante el Jurado Nacional de Elecciones, dado a que la sentencia queda firme y ejecutoriada y hasta podría ser convertida la pena de suspendida en efectiva, si rehúsa cumplir la condena.
Enmendar el daño inhabilitando a Roberto Torres es la posición siguiente del ex magistrado José María Balcázar Zelada, ex integrante de la II Sala Penal de Apelaciones, y quien el pasado 22 de mayo del 2012 lo sentenció por el delito de peculado de uso.
“Procediendo a inhabilitarlo quedaría restaurado el principio de autoridad en la ciudad y de manera inmediata debe darse cuenta al Jurado Nacional de Elecciones”, es lo que expresó Balcázar, añadiendo que con la resolución Nº 11 emitida por sus ex colegas, permite que el organismo electoral decrete su inhabilitación inmediata, pues la ley no le autoriza calificar ningún extremo de la sentencia del Poder Judicial, pues solo debe aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades.
A esperar marzo
En tanto, según lo expresado por el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco, deberá ser el fiscal Javier Quiroz Grosso quien deberá solicitar a la jueza Yolanda Gil – si es que no lo ha hecho – que ejecute la pena accesoria de la condena, que es la inhabilitación de Torres, pero recalca que ésta se dará en el mes de marzo cuando culminen las vacaciones del Poder Judicial.
“El sentenciado alcalde sostiene que no puede ejecutarse la pena de inhabilitación porque está vigente una medida cautelar, pero qué contradictorio es que continúa cumpliendo las reglas de conducta, pagando parte de la reparación civil y pidiendo incluso autorización para viajar a Lima a realizar gestiones inherentes a su cargo de alcalde de Chiclayo”, acota el fiscal.
Finalmente, para el abogado especialista en temas Constitucionales, Tito Esteves Torres, la situación jurídica del burgomaestre de Chiclayo se ha tornado sumamente complicada, al punto que con este nuevo fallo de la II Sala Penal de Apelaciones ‘el alcalde reina pero no gobierna’.
Esteves Torres, conocedor de estos asuntos de Constitucionalidad, explica que el alcalde Roberto Torres Gonzáles ‘reina’ por disposición del Jurado Nacional de Elecciones, pero no gobierna por disposición judicial recientemente emitida por los magistrados de la Corte Lambayecana.
Es más, en clara alusión a la incómoda situación legal por la que ahora atraviesa, le recomienda tener mucho cuidado con desacatar la orden judicial, dado a su condición de inhabilitado, pues bien podría correr el riesgo que le revoquen la pena suspendida por efectiva y sin que previamente exista un nuevo requerimiento. Esto, según lo establecido en el artículo 59º del Código Penal, vale decir o la prórroga del período de prueba o la revocatoria de la suspensión de la pena.
“Existía una controversia legal que ahora con el nuevo fallo de la II Sala Penal de Apelaciones quedó esclarecida, por lo que se desestima pedido de Roberto Torres para traerse por los suelos la sentencia que se le impuso por haber cometido el delito de peculado de uso".
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● Fuentes dignas de todo crédito dan cuenta que resolución que en marzo emitirá Tribunal Constitucional le será adversa a los intereses de alcalde Roberto Torres.
● Fallo de II Sala Penal de Apelaciones confirma resolución Nº 36 emitida por el 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo a cargo de la doctora Yolanda Gil, que sentencia a alcalde de Chiclayo.
● Ante la Unidad de Enlace del Jurado Nacional de Elecciones, el ex funcionario edil Antonio Durand, solicitó la inhabilitación del alcalde de Chiclayo, luego de conocer fallo de Segunda Sala Penal de Apelaciones.
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