abril 08, 2014
PERÚ, RETRATO DE UNA CONTRADICCIÓN
marzo 31, 2014
RACISMO Y PODER EN EL PERÚ DE HOY
No hay peor racista que aquel que niega el racismo o lo minimiza, pues con ello no solo agrava la situación de discriminación constante que se sufre en el país, sino que además la normaliza. Argumentos tales como el racismo inverso o que los “prejuicios contra los blancos son igualmente nocivos” (Pasquel, 2014; Santillana, 2013) no solo muestran un total desconocimiento del grave problema del racismo en el Perú, sino que además reafirman el profundo racismo de muchas élites intelectuales y profesionales.
El racismo no es un simple problema de prejuicios o resentimiento que afectaría a todos por igual, como se pretende hacer creer. El racismo como discurso e instrumento de dominación nace en la colonia mediante el establecimiento de una jerarquía de poder que organiza la sociedad en términos sociales, políticos y económicos. La explotación y exterminio del indígena en las minas de la serranía y las haciendas durante la colonización y buena parte de la república, el exterminio y esclavitud a que fueron sometidos los indígenas amazónicos durante la fiebre del caucho (1879 – 1912) y muchos otros ejemplos históricos, se enmarcan en un sistema fundamentado en el racismo como base de la colonialidad del poder, tal como señala Aníbal Quijano.
El racismo justificó la negación de la humanidad y la inferioridad del indígena y del afroperuano. Esta jerarquía de poder es tan arraigada que los diferentes matices del color de piel siguen jerarquizando a los individuos incluso dentro de los grupos marginados. Como señala Marisol de la Cadena, no se trata solo de blancos, mestizos, indios y negros. Los mestizos más blancos son jerarquizados como superiores a los mestizos más indios, los indios que esconden su lengua materna y su indigenidad son jerarquizados como superiores a los indios que persisten en sus normas culturales. Esta situación se mantiene hasta hoy en la vida cotidiana, en donde los insultos racistas entre mestizos, indígenas y negros se enmarcan en esa jerarquía que tiene en su cúspide a las élites sociales.
Esa jerarquía de poder no es solo un problema de estereotipos en los programas de televisión o discriminación en el consumo. Es un problema que se enmarca en la lógica más profunda del poder público, tan normalizada que su ejercicio es simplemente ignorado. Por ejemplo, cuando Fernando Belaúnde escribió La conquista del Perú por los peruanos (1959) o Alan García escribió El perro del hortelano (2007), ambos observaron a la Amazonía como un espacio libre a explotar pasando por encima de sus habitantes. Estos discursos implícita o explícitamente retratan a los indígenas amazónicos como obstáculos al desarrollo y por ello lo instrumentalizan o lo hacen dispensables en el proyecto modernizador.
Y es que el racismo es tan grave que está en la base de muchas políticas públicas en el país hasta el día de hoy. El racismo se convierte en una violencia institucional que justifica el hecho de que, por ejemplo, la mayor parte de los territorios indígenas se encuentren concesionados sin ningún tipo de consulta ni respeto a sus habitantes. Ese racismo permite esencializar al indígena como “anti-minero”, “anti-desarrollo” o simplemente mediocre, sin que nadie se inmute.
En dicho contexto, banalizar el problema señalando que los blancos también son “víctimas” de prejuicios y que los indígenas son racistas al ser “resentidos”, es un argumento deleznable y profundamente racista pues pretende ignorar la jerarquía de poder instaurada en la consciencia colectiva, estructura institucional, procesos económicos y discursos sociales por más de 500 años en América.
Reconocer el problema del racismo y desmantelar su jerarquía de poder en términos políticos, jurídicos, económicos y sociales es fundamental en nuestro país. Para ello, un primer paso es desmantelar la fachada “multicultural” y “tolerante” de ciertas élites verdaderamente racistas.
*Roger Merino es Ph.D. (c) en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Bath del Reino Unido, donde obtuvo el grado de Máster en Políticas Públicas Internacionales y Globalización. Es abogado por la UNMSM, con maestría en Derecho Comparado y Economía por la Universidad Internacional de Turín.
Servindi
El racismo justificó la negación de la humanidad y la inferioridad del indígena y del afroperuano. Esta jerarquía de poder es tan arraigada que los diferentes matices del color de piel siguen jerarquizando a los individuos incluso dentro de los grupos marginados. Como señala Marisol de la Cadena, no se trata solo de blancos, mestizos, indios y negros. Los mestizos más blancos son jerarquizados como superiores a los mestizos más indios, los indios que esconden su lengua materna y su indigenidad son jerarquizados como superiores a los indios que persisten en sus normas culturales. Esta situación se mantiene hasta hoy en la vida cotidiana, en donde los insultos racistas entre mestizos, indígenas y negros se enmarcan en esa jerarquía que tiene en su cúspide a las élites sociales.
Esa jerarquía de poder no es solo un problema de estereotipos en los programas de televisión o discriminación en el consumo. Es un problema que se enmarca en la lógica más profunda del poder público, tan normalizada que su ejercicio es simplemente ignorado. Por ejemplo, cuando Fernando Belaúnde escribió La conquista del Perú por los peruanos (1959) o Alan García escribió El perro del hortelano (2007), ambos observaron a la Amazonía como un espacio libre a explotar pasando por encima de sus habitantes. Estos discursos implícita o explícitamente retratan a los indígenas amazónicos como obstáculos al desarrollo y por ello lo instrumentalizan o lo hacen dispensables en el proyecto modernizador.
Y es que el racismo es tan grave que está en la base de muchas políticas públicas en el país hasta el día de hoy. El racismo se convierte en una violencia institucional que justifica el hecho de que, por ejemplo, la mayor parte de los territorios indígenas se encuentren concesionados sin ningún tipo de consulta ni respeto a sus habitantes. Ese racismo permite esencializar al indígena como “anti-minero”, “anti-desarrollo” o simplemente mediocre, sin que nadie se inmute.
En dicho contexto, banalizar el problema señalando que los blancos también son “víctimas” de prejuicios y que los indígenas son racistas al ser “resentidos”, es un argumento deleznable y profundamente racista pues pretende ignorar la jerarquía de poder instaurada en la consciencia colectiva, estructura institucional, procesos económicos y discursos sociales por más de 500 años en América.
Reconocer el problema del racismo y desmantelar su jerarquía de poder en términos políticos, jurídicos, económicos y sociales es fundamental en nuestro país. Para ello, un primer paso es desmantelar la fachada “multicultural” y “tolerante” de ciertas élites verdaderamente racistas.
*Roger Merino es Ph.D. (c) en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Bath del Reino Unido, donde obtuvo el grado de Máster en Políticas Públicas Internacionales y Globalización. Es abogado por la UNMSM, con maestría en Derecho Comparado y Economía por la Universidad Internacional de Turín.
Servindi
marzo 19, 2014
SUPERVISIÓN EN AVENIDA CHICLAYO FUE DEFICIENTE
A nombre de su orden profesional, el decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Hever García Ramírez, expresó su preocupación por la falta de control técnico en diversas obras que se ejecutan con recursos públicos, mencionando puntualmente el caso de la Avenida Chiclayo, cuya unidad ejecutora y supervisión estuvo a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque.“Todo proyecto de inversión pública se sustenta en un expediente técnico que debe ser aprobado, revisado y evaluado, y en el proceso constructivo, sea a través licitación pública o selección de una empresa ejecutora,es imprescindible que el trabajo de la supervisión sea efectivo. Y es aquí donde yo hago el llamado de atención. La empresa que construye no puede continuar si la supervisión no lo permite, porque desde el primer momento se tienen que observar si los trabajos están bien ejecutados, no al final”, argumenta.
García Ramírez, quien ocupa por segunda vez el decanato del Colegio de Arquitectos, insiste en que la supervisora del proyecto de la Avenida Chiclayo debió estar pendiente que el Consorcio Gamma Norte, encargado de la ejecución de la obra con un presupuesto de 53 millones de soles, garantice buenas prácticas constructivas, que se respeten las normas de diseño estructural o de compactación para vías.
Observaciones tardías
“En este caso se realizaron las valorizaciones mensuales y al final, cuando ya se encontraban en el proceso de recepción de obras recién aparecieron las observaciones. Ya no era el momento. En mi opinión, la supervisión en Avenida Chiclayo fue deficiente”, indica García Ramírez.
Comenta que en tramos de la vía, que tiene seis kilómetros de extensión y toma carácter de vía de interconexión provincial, existen paños de concreto que necesitan ser cambiados en su totalidad y otros con rajaduras en los que la colocación de aditivos no sería suficiente.
“Existe una carta fianza de cinco millones de soles y la obra ha sido llevada a un arbitraje. Sin embargo, se estima que los cinco millones serán insuficientes para levantar las más de mil observaciones que tiene la Avenida Chiclayo. Si la supervisión hubiera actuado de manera oportuna, quizá otra sería la historia”, acota.
La supervisión de la Avenida Chiclayo estuvo a cargo del ingeniero LeonidasPinellaOdar, quien el año pasado extendió la constancia de término y conformidad de obra a favor del consorcio constructor dejando el camino expedito para que una de las empresas que lo conforman se presente a la licitación de la obra de la carretera Pomalca-Sipán-Pampa Grande, aun cuando las observaciones no se habían levantado.
Unidos por el saneamiento
Por otro lado, el decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque destacó que las órdenes profesionales del departamento hayan respondido a la convocatoria del Colegio de Ingenieros para analizar juntos y buscar soluciones técnicas a los problemas del saneamiento básico de Chiclayo, iniciativa en la que también se ha logrado el concurso del Gobierno Regional.
“Tenemos que seguir en ese camino porque lamentablemente no hay credibilidad ni en EPSEL ni en la municipalidad provincial. Velar para que el saneamiento de Chiclayo sea el adecuado y las obras que se ejecuten en dicho aspecto sean correctas, es una función de la municipalidad, pero dados los antecedentes de la obra pésimamente ejecutada en el centro de la ciudad y en atención a los manejos poco claros de EPSEL, ya no hay credibilidad, más si se toma en cuenta lo que ha pasado con la licitación irregular de los emisores. Por esta razón los colegios profesionales pedimos que el Gobierno Regional asuma esta tarea y sea él quien ejecute las obras de saneamiento en Chiclayo”, asevera.
La respuesta del Gobierno Regional al pedido de los colegios profesionales es que asignará los recursos para los estudios de pre inversión de un plan maestro integral para el saneamiento de Chiclayo.
“Se necesita tener una visión holística de todo lo que es el saneamiento de la ciudad por componentes, es decir buscar la renovación de las lagunas de oxidación, de los emisores, de los colectores, de las redes domiciliarias y ampliar la capacidad de las lagunas de tratamiento de agua potable. Teniendo estudios de esta naturaleza será mucho más sencillo ejecutar los trabajos paso a paso y con un alto criterio técnico”, precisa García Ramírez.
+NOTICIAS
• El Colegio de Arquitectos fue la primera institución de la sociedad civil que el año pasado emitió un pronunciamiento público sobre la situación de Chiclayo y los trabajos de saneamiento en el casco urbano a cargo de la municipalidad.
Semanario Expresión
marzo 17, 2014
LAS COSAS SON COMO SON: LOS CAMINOS DE LA EDUCACIÓN
En nuestra nueva secuencia Las cosas como son, Federico Arnillas, Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y Javier Torres, Director de Noticias SER, conversan sobre el inicio del año escolar.
Para Torres, pese a que existen cifras de mejoras de rendimiento escolar en algunas regiones, todavía “en relación a la educación, siempre estamos insatisfechos”. Mientras que regiones como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, han demostrado un impulso, las regiones de la selva aún no logran avances significativos. Por su parte, Arnillas sostuvo que los desafíos son grandes en educación, el proceso es de larga duración, por ello es fundamental darle continuidad a las políticas públicas. Asimismo, desde todos los sectores implicados debe existir el compromiso que no habrá éxito en la educación si no hay un buen programa de alimentación escolar, por ello el programa Qali Warma debe tener el éxito que se requiere para los logros educativos. Torres también señala que recién se entiende que la salud tiene impacto directo en la educación, y que en las escuelas sí es importante que los directores se preocupen por la alimentación de los alumnos.
Arnillas reconoce que la estrategia intersectorial Aprende Saludable, ampliará la oferta de servicios vinculando educación, alimentación y atención preventiva de salud, y así ayudar en temas críticos de la población escolar.
Los candidatos a las próximas elecciones regionales deben pensar que si bien los niños no son electores, representan el capital para su región. Por ello, las actuales y futuras autoridades deben impulsar con más decisión una serie de políticas para este sector, uno de los más vulnerables del Perú.
Para Torres, pese a que existen cifras de mejoras de rendimiento escolar en algunas regiones, todavía “en relación a la educación, siempre estamos insatisfechos”. Mientras que regiones como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, han demostrado un impulso, las regiones de la selva aún no logran avances significativos. Por su parte, Arnillas sostuvo que los desafíos son grandes en educación, el proceso es de larga duración, por ello es fundamental darle continuidad a las políticas públicas. Asimismo, desde todos los sectores implicados debe existir el compromiso que no habrá éxito en la educación si no hay un buen programa de alimentación escolar, por ello el programa Qali Warma debe tener el éxito que se requiere para los logros educativos. Torres también señala que recién se entiende que la salud tiene impacto directo en la educación, y que en las escuelas sí es importante que los directores se preocupen por la alimentación de los alumnos.
Arnillas reconoce que la estrategia intersectorial Aprende Saludable, ampliará la oferta de servicios vinculando educación, alimentación y atención preventiva de salud, y así ayudar en temas críticos de la población escolar.
Los candidatos a las próximas elecciones regionales deben pensar que si bien los niños no son electores, representan el capital para su región. Por ello, las actuales y futuras autoridades deben impulsar con más decisión una serie de políticas para este sector, uno de los más vulnerables del Perú.
marzo 10, 2014
INSEGURIDAD CIUDADANA: ¿PRECEPCIÓN O REALIDAD?
Cuando el ex ministro del interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que el clima de inseguridad ciudadana que vive el país era una cuestión de percepciones, una lluvia de críticas lo llevó a retractarse. Este lapsus suscitó un interesante debate respecto a cómo leer las cifras que ubican al Perú a la cabeza del ranking de la percepción de inseguridad ciudadana en América Latina. ¿Se trata de percepciones o realidades?
Los principales problemas de inseguridad que afectan a los peruanos son la delincuencia común (robos y asaltos), el crimen organizado y el pandillaje. Estos fenómenos encuentran su caldo de cultivo en problemas estructurales como la desigualdad y la precariedad institucional. Para entender el impacto del delito y la violencia cabe distinguir entre la dimensión objetiva y subjetiva de la inseguridad ciudadana. La dimensión objetiva se relaciona con el delito y la violencia efectivas. La dimensión subjetiva depende de la percepción de inseguridad que se manifiesta en sentimientos de temor y vulnerabilidad. (Informe Mundial Violencia y salud, OPS, 2002).
Veamos el caso peruano. Según el Informe Seguridad ciudadana con rostro humano del PNUD, durante el 2012 la percepción de inseguridad individual llegó al 50%, es decir, 5 de cada 10 peruanos señalaron sentirse inseguros en el barrio donde viven (en algunas encuestas nacionales la percepción se dispara al 80%). En tanto, solo el 28% de peruanos afirmó haber sido víctima de un delito. ¿Cómo se explica esta diferencia entre la percepción y la victimización? El temor a ser víctima es un fenómeno social complejo que no refleja necesariamente los niveles de victimización real que afectan a los ciudadanos. La percepción de temor está relacionada con múltiples factores que incluyen la cobertura noticiosa del delito, los relatos ciudadanos y la falta de confianza interpersonal y en las instituciones. Sin embargo, para obtener un impacto positivo en política pública es importante tener en cuenta ambas cifras.
La mejor manera de responder a la percepción de inseguridad es mejorar el desempeño de las instituciones encargadas de la protección de los ciudadanos, donde un factor determinante es la confianza de los ciudadanos en la policía. Alrededor del 60% de peruanos no confía en la labor que cumple la Policía Nacional, donde la corrupción es percibida como el principal problema de dicha institución. ¿Qué pasó con el viejo proyecto de Reforma Policial? ¿Cuál es la estrategia para luchar contra la corrupción al interior de la Policía? Si bien hay una importante inversión económica en equipamiento, tecnología e inteligencia, estas sólo pueden ser realmente efectivas si se ponen a disposición de instituciones fuertes y con valores democráticos que responden a las necesidades de la ciudadanía.
Como señala el citado informe del PNUD, resulta fundamental atacar los factores subyacentes al delito y a la violencia con respuestas multisectoriales y un esfuerzo coordinado de las instituciones del Estado. Los programas de gobierno que promueven un desarrollo más distributivo y que estimulan la movilidad social son piezas claves para responder al desafío de la inseguridad ciudadana. Enfrentar la desigualdad social y la precariedad institucional resulta fundamental en un contexto donde las cifras del miedo ya se encuentran entre las principales preocupaciones de los peruanos.
Otra Mirada
Veamos el caso peruano. Según el Informe Seguridad ciudadana con rostro humano del PNUD, durante el 2012 la percepción de inseguridad individual llegó al 50%, es decir, 5 de cada 10 peruanos señalaron sentirse inseguros en el barrio donde viven (en algunas encuestas nacionales la percepción se dispara al 80%). En tanto, solo el 28% de peruanos afirmó haber sido víctima de un delito. ¿Cómo se explica esta diferencia entre la percepción y la victimización? El temor a ser víctima es un fenómeno social complejo que no refleja necesariamente los niveles de victimización real que afectan a los ciudadanos. La percepción de temor está relacionada con múltiples factores que incluyen la cobertura noticiosa del delito, los relatos ciudadanos y la falta de confianza interpersonal y en las instituciones. Sin embargo, para obtener un impacto positivo en política pública es importante tener en cuenta ambas cifras.
La mejor manera de responder a la percepción de inseguridad es mejorar el desempeño de las instituciones encargadas de la protección de los ciudadanos, donde un factor determinante es la confianza de los ciudadanos en la policía. Alrededor del 60% de peruanos no confía en la labor que cumple la Policía Nacional, donde la corrupción es percibida como el principal problema de dicha institución. ¿Qué pasó con el viejo proyecto de Reforma Policial? ¿Cuál es la estrategia para luchar contra la corrupción al interior de la Policía? Si bien hay una importante inversión económica en equipamiento, tecnología e inteligencia, estas sólo pueden ser realmente efectivas si se ponen a disposición de instituciones fuertes y con valores democráticos que responden a las necesidades de la ciudadanía.
Como señala el citado informe del PNUD, resulta fundamental atacar los factores subyacentes al delito y a la violencia con respuestas multisectoriales y un esfuerzo coordinado de las instituciones del Estado. Los programas de gobierno que promueven un desarrollo más distributivo y que estimulan la movilidad social son piezas claves para responder al desafío de la inseguridad ciudadana. Enfrentar la desigualdad social y la precariedad institucional resulta fundamental en un contexto donde las cifras del miedo ya se encuentran entre las principales preocupaciones de los peruanos.
Otra Mirada
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