Enero: Normas que avanzan, normas que se estancan
27 muertos deja el incendio en un centro de rehabilitación para drogadictos en San Juan de Lurigancho. En abril otro incendio cobrará otras 14 muertes en otra comunidad terapéutica Chosica. Las ciudades peruanas no están preparadas para estos siniestros que a lo largo del año generarán mucha destrucción en lugares como Iquitos, Sullana y también en Lima. En relación a las comunidades terapéuticas, el gobierno emitirá en junio un reglamento para garantizar los derechos de las personas internadas.
Es publicada la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, que detalla las competencias y procedimientos de los Jueces de Paz, les otorga el derecho a contar con un seguro de vida, la inscripción en el SIS y que el Poder Judicial asuma el pago de los exhortos. En junio se concluye la redacción del reglamento de la norma, pero el Ministerio de Justicia no la promulga.
El Ministerio de Salud intenta disminuir el consumo de gaseosas y comida chatarra entre los niños, a lo que se suma después la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Los fabricantes de dichos productos promueven una ofensiva publicitaria asegurando que defienden el derecho de los padres de elegir cómo alimentar a sus hijos, sin reparar que las alarmantes cifras de obesidad infantil revelan la pérdida de autoridad de muchos padres para hacerlo.
Febrero: El racismo no es de uno o dos peruanos
Muchas personas reaccionan indignadas cuando un adolescente lanza un insulto racista en un cine de Chorrillos, sin reparar que estos hechos se producen todos los días, en colegios, comisarías, hospitales, empresas privadas, etc.
En este contexto de doble moral, se presenta la película Choleando, que muestra el racismo como una situación extendida y permanente. En marzo, la Defensoría del Pueblo anuncia que se difundirá a nivel nacional, como parte de la campaña contra la discriminación, logrando que la vean miles de policías, escolares y funcionarios públicos.
La Municipalidad de Lima abre una oficina para apoyar legalmente a las víctimas de accidentes de tránsito. Al finalizar el año, la Defensoría del Pueblo señala que las principales compañías de seguros tienen elevadas deudas a clínicas y hospitales por razón del SOAT… y que los hospitales estatales elevan sus tarifas en estos casos, haciendo que la cobertura de las víctimas disminuya.
Marzo: Comienza la triste labor de contar muertos.
Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque, que participaban en protestas en Puerto Maldonado en defensa de la minería informal, son los primeros muertos por la violencia policial en el 2012. Al finalizar el mes se incorporan a la lista Christian Alvarado y Luis García Guerrero, fallecidos durante un violento enfrentamiento de la policía con pescadores que incendiaron la comisaría de Sechura e hirieron de gravedad al comisario César Castro.
El Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, el Centro Cultural de la Universidad Católica y diversas organizaciones de la sociedad civil realizan acciones alusivas al Día Mundial contra la Discriminación Racial.
El congresista Leonardo Inga presenta el Proyecto de Ley 756 contra la discriminación, pero lamentablemente, a lo largo del año la discusión al respecto no avanza.
El Ministerio de Educación comienza el programa Escuelas Marca Perú, invirtiendo en más de 1,000 colegios que son los más pobres del país.
Abril: Tragedias en Paita, tragedias en el VRAE
La policía mata al pescador Robert Castillo y al adolescente Roberto Ramos, de 15 años, durante las protestas de los pescadores de Paita que exigen el incremento de la cuota de merluza. En realidad, el incremento estaba autorizado, pero el Ministro de la Producción, José Urquizo, se marchó del país por una semana sin firmar la resolución. Paita sufre una represión brutal e indiscriminada, como en los meses siguientes padecerían Espinar, Celendín y Bambamarca. Muchas personas quedan heridas de gravedad.
Hasta la fecha ninguna ha recibido apoyo de las autoridades para su tratamiento o rehabilitación.
Fallecen dos arequipeños con posiciones totalmente opuestas sobre los derechos humanos y la democracia: Jorge Santisteban de Noriega y Andrés Bedoya Ugarteche. Por ironías del destino, ambos son velados en la misma iglesia, con pocas horas de diferencia.
Después de años de indiferencia, la situación del VRAE llama la atención de la opinión pública, especialmente después que decenas de trabajadores son secuestrados por terroristas. Los rehenes son liberados, pero son retenidos por la policía un día más, hasta que el Presidente Ollanta Humala, de viaje en Venezuela, pueda tomarse una foto con ellos. Sucesivos ataques terroristas causan la muerte de varios policías y militares. Otros son abandonados a su suerte y ni siquiera las autoridades disponen la búsqueda de sus cuerpos. De esta manera, el señor Dionisio Vilca tuvo que internarse en la selva hasta ubicar el cadáver de su hijo, el suboficial César Vilca.
Se promulga el reglamento de la Ley de Consulta Previa, que es cuestionado por varias organizaciones. Pese a ello, el Viceministerio de Interculturalidad comienza la formación de los intérpretes en idiomas indígenas. La Municipalidad de Lima consulta a los shipibos de Cantagallo sobre su traslado a un lugar más seguro.
La Municipalidad de Chaclacayo promulga su Ordenanza contra la discriminación.
Mayo: Las Ordenanzas contra la discriminación entran en acción
Conmoción en Espinar: la policía mata a los campesinos Walter Sencia y Rudecindo Manuelo al reprimir las protestas contra la contaminación que origina la empresa minera Xstrata. Decenas de personas son detenidas y conducidas al campamento de la empresa. Lo mismo ocurre a Jaime Borda y Romualdo Tito, integrantes de la Vicaría de Sicuani, a quienes se acusa inicialmente de portar armas para los manifestantes. Todos son golpeados ante la indiferencia de varios fiscales. Jamás un integrante de un organismo de derechos humanos había sufrido estas vejaciones.
La Municipalidad de Miraflores sanciona con siete días de clausura a la discoteca Gótica por impedir el ingreso a Godfrey Arbulú. Por su parte, la Municipalidad de Abancay sanciona a la Universidad Alas Peruanas por una oferta de empleo que discriminaba por edad y a una agencia de empleo y una clínica que exigían
“buena presencia”.
Rechazo generalizado ocasiona la sanción del cardenal Juan Luis Cipriani contra el sacerdote Gastón Garatea, conocido defensor de los derechos humanos, a quien se le prohíbe decir misa en Lima.
La Municipalidad de Lima convierte a la antigua Casa Rímac en un centro de exposiciones fotográficas ligadas a la problemática de los derechos humanos y la exclusión.
Junio: Espinar: territorio ocupado
El gobierno se comporta con la provincia de Espinar como si fuera territorio enemigo: establece el Estado de Emergencia, congela las cuentas de la Municipalidad y detiene al alcalde Oscar Mollohuanca, vinculándolo a los hechos de violencia que él trataba de impedir. Siguiendo una arbitraria disposición judicial, se traslada a Mollohuanca a Ica donde el obsecuente Ministerio Público pide para él seis meses de prisión preventiva, sin fundamento alguno. Los magistrados de Ica que disponen su liberación son a su vez investigados por el propio Poder Judicial, como si hubieran incurrido en una infracción. El mes anterior, Mollohuanca ya había sido víctima de un perdigón disparado por la policía.
La Defensoría del Pueblo pide públicamente que se sancione con severidad a los policías responsables de torturas y malos tratos a los ciudadanos. Al día siguiente, una integrante de la Defensoría, la abogada Genoveva Gómez, es brutalmente golpeada por los policías de la Primera Comisaría de Cajamarca. Jamás había ocurrido algo así en todos los años de historia de la Defensoría del Pueblo, pero la violencia policial se encuentra totalmente desbordada en Cajamarca.
El programa Radicales Libres, el único espacio en la televisión donde se hablaba de derechos humanos, racismo y contaminación ambiental es abruptamente cancelado por RBC.
En este contexto dramático, el Congreso ratifica la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Julio: El gobierno toca fondo… pero se enmienda.
El gobierno desciende más y más en las violaciones de los derechos humanos: la policía mata en Bambamarca a Joselito Vásquez y en Celendín a Eleuterio García, José Faustino Silva, José Antonio Sánchez así como a César Medina, de solamente 16 años. Días después, en plena Plaza de Armas de Cajamarca es detenido Marco Arana. Los policías lo golpean salvajemente ocasionándole varias fracturas.
Es liberado al día siguiente. La acción genera tanto descrédito para el gobierno que aún se especula si se trató de una torpe maniobra dispuesta al más alto nivel o un exabrupto de algunos torpes policías.
Cuando las cosas parecen marchar solamente hacia peor, el Presidente decide cambiar al Primer Ministro Oscar Valdés por Juan Jiménez Mayor y al controvertido Ministro del Interior Wilver Calle por Wilfredo Pedraza, con mucha experiencia en temas de derechos humanos, que anuncia claramente que no habrá más muertos en protestas sociales. Sin embargo, a fines de mes es detenido y torturado el joven periodista de Celendín Jorge Chávez Ortiz.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho publica su Ordenanza contra la discriminación.
Agosto: Nuevos tiempos… aunque no tanto
El Ministerio del Interior dispone el cese de Jaime Gonzales como jefe policial de Cajamarca, quien autorizó todos los crímenes cometidos en meses anteriores. Las tensiones en la región disminuyen con el anuncio de Yanacocha que suspenderá el proyecto Conga.
En Espinar fallece Félix Yauri, otro de los heridos por la represión policial de mayo. La empresa Xstrata anuncia que dará un fondo de 500,000 soles para las familias de las tres personas muertas. Los Ministros de diversos sectores y la empresa participan en el diálogo con la población de Espinar.
Pese a los anuncios del Ministro Pedraza, la policía mata en Monzón (Huánuco) a Juan Espinoza y Rider Roque, quienes participaban en una protesta contra la erradicación de cultivos de coca.
La población de Moyobamba protesta contra una periodista que lanza expresiones racistas contra los pueblos indígenas en un programa de la televisión local, que finalmente es cancelado.
Muere la antropóloga italiana María Heise, pionera de la interculturalidad en el Perú.
Septiembre: Comuneros fortalecidos
El caso de la niña Soraida Caso, aparentemente muerta por acción de las fuerzas de seguridad conmueve de manera inusual a la opinión pública. En cambio, la muerte del campesino Nemesio Poma, que participaba en las protestas contra la empresa Barrick recibe la indiferencia de siempre.
El Tribunal Constitucional declara que la comunidad nativa de Tres Islas (Madre de Dios) tiene el derecho de impedir el ingreso a madereros ilegales y mineros informales. Se reafirma la autonomía de las comunidades nativas, un importante precedente para muchas otras comunidades afectadas por intrusos.
Entretanto, en las alturas de Lambayeque, los campesinos de la comunidad de San Juan de Cañaris rechazan las actividades mineras que la empresa Candente proyecta llevar en sus tierras. La insistencia de la empresa y su intento de manipular a la población llevará a fuertes tensiones en los meses siguientes.
Sorpresivamente fallece Pilar Coll, quien fue la primera Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en los difíciles años ochenta. Ella mantenía un valioso trabajo de promoción de los derechos humanos y realizaba actividades pastorales en las cárceles peruanas hasta dos días antes de su muerte.
Octubre: La violencia llega a la capital
Una intervención policial improvisada en La Parada origina una agresiva respuesta de los comerciantes, respaldados por grupos de delincuentes. Dos de ellos, Kenji Castro y Gino Cárdenas mueren, en medio de violentos enfrentamientos. Días después, la Municipalidad de Lima y la Policía logran desalojar a los comerciantes sin usar violencia, pero dentro del mercado mueren dos personas en circunstancias ajenas al desalojo. Por toda Lima se difunden falsos rumores de saqueos, que causan pánico. Por su parte, muchas personas de diversos sectores sociales proclaman que les causa más tristeza la muerte de una yegua que las cuatro personas fallecidas.
Muere el dirigente cocalero Iburcio Morales después de un año de pedir un indulto humanitario o una orden de comparecencia. En plena agonía estaba esposado a su cama del hospital.
Se realiza un nuevo Operativo Cuerazos Peruanos en el Jirón de la Unión, esta vez para denunciar la publicidad racista de las tiendas Oeschle, Ripley y Saga Falabella.
RENIEC elabora varios documentos para que los registradores se familiaricen con los nombres indígenas. Los primeros textos publicados se refieren a los nombres en awajún y en quechua.
Noviembre: Las heridas del pasado se mantienen abiertas
Mientras se reabre el proceso por las esterilizaciones forzadas a miles de campesinas e indígenas amazónicas durante el régimen de Alberto Fujimori, Marco Alvarez, alcalde de San Borja, es absuelto de los cargos de desaparición forzada de varias personas en Huancavelica, que le atribuyen los organismos de derechos humanos.
Se anuncia que las víctimas de la violencia política tendrán una reparación de 5,000 soles, que es realmente reducida para quienes quedaron afectados durante toda una vida.
Comienzan las transmisiones en quechua en Radio Nacional y en el programa Miski Taki, en TV Perú, también se da inicio a las clases en ese idioma.
La Municipalidad de Pueblo Libre promulga su Ordenanza contra la discriminación. En ese distrito se realizará el primer Operativo La Gentita que muestra la manera en que las personas reaccionan frente a una situación de discriminación.
La destrucción del Callejón El Buque muestra la indiferencia de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura en relación al patrimonio arquitectónico de los Barrios Altos. Semanas después, sin embargo, la Municipalidad inaugura el nuevo Museo Bodega y Quadra que muestra la vida en Lima en los últimos cinco siglos. Otra obra importante para el Centro Histórico es la peatonalización del Jirón Ica-Ucayali. Desde el sector privado destaca la restauración del Palais Concert por Ripley y de la Casa Welsch por Starbucks. Sin embargo, la hermosa Casa Courret ha quedado afectada por una desatinada intervención durante la Bienal de Fotografía de Lima.
Diciembre: Noticias alentadoras para terminar el año
Miles de personas participan en la carrera contra la discriminación organizada por la Defensoría del Pueblo. El futbolista Paolo Guerrero aparece en un anuncio antirracista organizado por esta institución y por el Instituto Peruano del Deporte. Por su parte, el Ministerio de Cultura hace un llamado a evitar el racismo en los regalos navideños.
La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Interculturalidad y el Gobierno Regional del Callao intervienen frente a un profesor que hacía comentarios racistas en clase.
El Ministerio de Educación presenta un documento fundamental sobre los idiomas indígenas destinado a promover con seriedad una educación bilingüe intercultural. Se promulga la Ley del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. El Ministerio del Interior anuncia el pago de la deuda pendiente a miles de esposas de policías y militares heridos por el terrorismo. Casi 250,000 adultos mayores reciben la Pensión 65. A nivel regional, el nuevo Metro de Huancayo hace sus primeros recorridos gratuitos.
Sin embargo, no todo en diciembre son noticias positivas: son asesinados los alcaldes de Casma y Angasmarca (La Libertad). En el segundo caso, los autores son capturados y confiesan que les pagó una empresa que perdió una licitación. Un incendio arrasa con centenares de viviendas en el paupérrimo barrio de Belén, en Iquitos. El servicio militar obligatorio es restablecido sin ningún debate al respecto. En Cajamarca, Marco Arana y Mirtha Vásquez vuelven a sufrir diversas formas de acoso.
Como pueden ver, hemos vivido un año muy duro, con muchos momentos difíciles y dolorosos, aunque también con señales de esperanza. Esperemos que el 2013 sea mejor para todos los peruanos, especialmente para los más pobres y olvidados.
Aportes y comentarios: (Sobre la RP 439, relativa a policías y militares)
Y lo que se dice sobre la corrupción, como una de tantas faltas, es verdaderamente ridículo (Un sacerdote).
No te olvides que el Presidente es militar. Yo estoy en contra de cualquier tipo de servicio militar obligatorio, como si fuera la única forma de servir a la patria, cuando por tantos años muchos de esos señores “se han servido de la patria” (Un abogado).
Son normas importantísimas que se han promulgado recientemente sin que medie una discusión pública, ante la autocensura de la prensa que es escandalosa. Algunas de estas normas se proponen
“defender la democracia” reivindicando hechos que ocurrieron en dictadura. Qué poca imaginación la de esta “democracia”. Y ojo historiadores, aquí se esta creando una nueva historia oficial con las normas sobre los colegios (Una historiadora).
Este es el comienzo del militarismo que nos espera. Nunca estuve de acuerdo con este gobierno (Una lectora peruana desde Dinamarca).
Por Wilfredo Ardito Vega*
Servindi
