SIN REFORMAS ESTRUCTUTRALES EL PAÍS NO AVANZA

Nuestro país requiere de reformas estructurales integrales que mejoren la gestión del Estado para ponerlo al servicio de la población y lograr el desarrollo, prosperidad y consolidación democrática, sin embargo, éstas no se concretan principalmente por falta en el gobierno de liderazgo político, capacidad de convocatoria y visión de largo plazo, pero además, porque el Congreso y los partidos políticos no ponen la suficiente voluntad y convicción para definir, formular, concertar, debatir, impulsar y ejecutar las reformas requeridas para avanzar a la siguiente etapa de desarrollo y progreso.

En el actual sistema político la falta reformas influye sobre el creciente deterioro institucional, el proceso de modernización, la gestión y ética pública y la consolidación democrática, requisitos indispensables para alcanzar altos niveles de crecimiento, desarrollo sostenido y bienestar poblacional con adecuada atención de servicios públicos de calidad y de demandas sociales.

Requerimos de muchísimas reformas estructurales para no quedarnos estancados, entre ellas: Políticas (ley de partidos políticos, financiamiento estatal para partidos e institucionalización de comicios internos, eliminación del transfuguismo, bicameralidad, distritos uninominales para elección de congresistas, alternancia de género en cargos de elección popular). Electorales (ley general de elecciones, eliminación del voto preferencial, voto voluntario, voto electrónico, ley de revocatoria, fiscalización de partidos, elevación del nivel de candidatos, derechos de participación y control ciudadanos, revocatoria de autoridades). Estas reformas políticas y electorales deberían concretarse antes del proceso electoral 2016.

También: Corrupción (imprescriptibilidad de delitos e inhabilitación total a ejercer cargos públicos con impedimento de postulaciones por voto popular); Narcotráfico (narcopolítica, lavado de activos). Laboral (legislación e inserción laboral, informalidad, sistema remunerativo, servicio civil –ley recién reglamentada en junio 2014–). Educación (calidad educativa básica infantil, gestión pedagógica descentralizada, visión de largo plazo, educación rural e intercultural bilingüe, carrera docente, infraestructura).

Además: Salud (acceso y calidad de servicios, seguro integral, asociaciones público-privadas, infraestructura hospitalaria, residuos sanitarios). Justicia (reforma integral de administración de justicia). Seguridad Ciudadana (estrategia integral, consejo nacional de seguridad ciudadana, fuerzas de seguridad, sistema 24 x 24). Tecnología (adopción tecnológica, innovación y competitividad, investigación y desarrollo), y Descentralización (rediseño).

Bajo este panorama la falta de adecuadas reformas estructurales no permite perfeccionar la institucionalidad pública ni consolidar la democracia. Nuestro desprestigiado sistema político y la falta de representatividad ciudadana de los partidos políticos, tan cuestionados en sus reglas y procedimientos, requieren de urgentes y profundos cambios.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de enero de 2015

DESAPROBACIÓN PELIGROSA

A fines del año que acaba de terminar, diversas encuestas señalaban una alarmante desaprobación del Congreso de la República: alrededor de 70% de peruanos desaprobaban esta institución. Este dato, sin embargo, no resultaba novedoso toda vez que en cada encuesta que se hace pública, el Congreso es siempre una de las instituciones con menor aprobación, que genera mayor desconfianza y que, según los encuestados, no cumple con su función.

El Congreso de la República, como espacio fundamental de representación en nuestro sistema democrático, debería constituir un frente en el cual los ciudadanos en su mayoría se sintieran representados, escuchados y partícipes de las discusiones que, finalmente, traen consecuencias para todos los peruanos. Alarma, por eso, cada paso en falso que puedan dar los congresistas. La ratificación del aumento del bono congresal de libre disponibilidad, ha sido el último y ha enardecido un ánimo de rechazo ya existente entre los peruanos que, en su mayoría, consideran que los congresistas no hacen sino servir a sus propios intereses.

Por ello, desde que el último escándalo salió a la luz, han empezado a circular en las redes sociales y cadenas de correos electrónicos, opiniones que sostienen que cerrar el Congreso sería una solución ya que, en sus propias palabras, “se lo merecen”. La pregunta es “¿quiénes?”.

Resulta ingenuo y ciertamente absurdo defender al 100% a un Congreso como el que tenemos en la actualidad. Los pasos en falso han sido varios, el último, mayúsculo y si a ello sumamos “las perlitas” develadas de ciertos congresistas (todas con nombre propio) el malestar ciudadano es comprensible y lógico. Sin embargo, dejando de lado el ánimo extremista, es preciso tener en cuenta lo siguiente.

En primer lugar, guste o no, la existencia de una institución como el Congreso de la República no es un capricho prescindible. Se trata del espacio en el cual se encuentran representadas las voces de todos los peruanos. Un espacio de debate sobre temas que atañen a todos, pero, sin duda, uno de sus roles fundamentales es el de fiscalizar al Poder Ejecutivo. Sin la presencia de un Congreso fuerte, no existe un contrapeso para este poder, contrapeso fundamental para que se desarrolle una democracia real y no una cáscara de democracia que adorne una dictadura, como ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Las consecuencias de este escenario las conocemos.

En segundo lugar, el Congreso es un espacio donde 130 congresistas son elegidos democráticamente por nosotros. Es fundamental reconocer nuestra responsabilidad en los representantes que tenemos. Si bien los partidos políticos elaboran sus listas, no siempre con los filtros idóneos (muchas veces con el filtro del dinero), somos nosotros los encargados de ejercer la memoria política que nos corresponde y no volver a permitir que un congresista que ha demostrado no ser el que merecemos ocupe un escaño el próximo período.

Finalmente, si bien podemos entender el descontento ciudadano respecto al Congreso de la República, no hacemos bien considerando que son los congresistas solamente los perjudicados con el cierre de esta institución. Sino que los perjudicados seríamos todos quienes nos quedamos sin nuestro espacio de representación, sin la posibilidad de reclamar por nuestros propios intereses y sobre todo, sin fiscalizar al gobierno de turno que, aunque elegido democráticamente, debe ser observado con responsabilidad durante todo su período.

A los ciudadanos y ciudadanas nos corresponde exigirles a los congresistas que cumplan con su labor y que expliquen las razones que conducen actos tan políticamente inaceptables  como el del aumento del bono congresal. En un país donde las desigualdades siguen siendo nuestro mayor problema y donde la mayoría no tiene los recursos para alcanzar calidad de vida, los llamados “padres de la patria” no hacen sino demostrar indiferencia con actos como el mencionado.
Otra Mirada