UNA ESTRATEGIA PARA EL CONTROL CENTRALISTA DE LA ZEE

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Desde su primera línea estratégica, el fortalecimiento de capacidades, la norma contradice el objetivo. Lo primero que hace es establecer que la aprobación de los procesos de ZEE por el gobierno regional o local requiere la conformidad técnica del Minam. Con ello se desconoce la autonomía de los gobiernos regionales y locales definida por la Constitución. Asimismo se contradice las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y de las municipalidades, las cuales determinan como competencias de ambos niveles de gobierno la planificación y el ordenamiento del territorio de sus respectivas jurisdicciones.

El planteamiento contenido en la estrategia tiene por finalidad establecer procedimientos que permitan la injerencia del gobierno central en los procesos de ZEE y OT que desarrollan los gobiernos subnacionales. En esa misma perspectiva, el documento otorga al Minam la responsabilidad de implementar la ZEE y define a los gobiernos regionales y locales como instancias ejecutoras en los ámbitos político-administrativos de su competencia. Con ello se contradice el Reglamento de ZEE vigente, en el cual se determina que la autoridad ambiental tiene un rol rector, es decir de orientación, de definición de reglas generales y de evaluación de los procesos. Asimismo, con la propuesta se consolida un enfoque centrado en la dimensión ambiental, la cual es relevante, pero es una entre diversos componentes que forman parte de estos enfoques e instrumentos.
Es llamativo el uso que se hace de la participación como coartada para debilitar el rol de los gobiernos regionales y locales. Bajo el título de fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales, regionales y locales en los procesos de ZEE se entrega al Minam la responsabilidad de conducir un programa nacional de capacitación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lo que más llama la atención es que se define como los interlocutores de este proceso al Comité Técnico Consultivo de Ordenamiento Territorial (CTCOT)1 y a las comisiones técnicas regionales (CTR); se deja así de lado a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Las CTR se crean por ordenanza y están integradas por un representante del gobierno regional, por uno de la universidad, por dos representantes de los pueblos indígenas, dos de la empresa privada y dos de las ONG. Además, en este espacio participan las instancias de gobierno que otorgan autorizaciones sobre el uso del territorio, así como los alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales. Como se constata, al igual que la CTCOT, se trata de un espacio pensado para concertar políticas y estrategias.
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