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enero 10, 2014

LA DESIGUALDAD EN LAS CIUDADES PERUANAS

“Se debe terminar con las desigualdades económicas y sociales que nos amenazan... Incrementaré los impuestos a los ricos… Lucharé contra la injusticia... Enfrentaré la crisis de inequidad que vivimos…”
Quien realizó todos estos anuncios no era un político chavista latinoamericano, sino el nuevo Alcalde de Nueva York, Bill De Blassio, en su discurso al asumir el cargo el pasado 1° de enero. De Blassio, que fue elegido por el 73% de los votos, ha insistido repetidas veces que en Nueva York coexisten “dos ciudades”, una elitista (donde el 1% la pasa muy bien) y otra llena de necesidades.

Horas antes, en El Vaticano, durante la tradicional Misa de Acción de Gracias de fin de año el Papa Francisco denunció que muchos de los antiguos habitantes de Roma se contentan con tener una ciudad llena de monumentos para “tarjeta postal” (en su mayoría gracias a los Papas anteriores) y se olvidan de las necesidades cotidianas de todos los refugiados y migrantes que viven en la misma ciudad.

Mientras en otros países se escuchan estas denuncias contra la desigualdad urbana, en las ciudades peruanas parecemos acostumbrados a una desigualdad tan o más intensa que la existente en Roma o Nueva York. De hecho, cualquier líder político o dirigente social que empleara las expresiones del Papa o de De Blassio sería acusado en el Perú de fomentar el resentimiento y el conflicto social.

Este pacto de no hablar sobre lo que todos vemos está muy extendido en una ciudad como Lima, donde es lacerante la desigualdad. Es verdad que muchas familias de Comas, San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador actualmente pueden ser consideradas de clase media, pero no deja de ser chocante revisar los indicadores de cuántas personas no tienen acceso al agua potable, servicios adecuados de salud o una vivienda digna. Ahora, además, la desigualdad se puede apreciar de manera panorámica desde las alturas del Tren Eléctrico: se ve a Las Casuarinas y Pamplona en el mismo cerro, pero separadas por varios muros y una extensa de “zona de amortiguamiento” que impide el contacto. Allí, la metáfora de De Blassio sobre las “dos ciudades” se hace claramente visible.

Aún en distritos acomodados se aprecia la desigualdad, como en las urbanizaciones de La Molina o Surco donde no existen veredas y las trabajadoras del hogar, los jardineros o cualquier otro visitante arriesgan sus vidas, sin que esto preocupe mucho a las Municipalidades de esos lugares. Tampoco les molesta a los funcionarios municipales autorizar la construcción de nuevas viviendas donde se confina a la trabajadora del hogar a una habitación minúscula.

En realidad, las desigualdades de carácter social se reflejan y refuerzan desde la misma división de la ciudad en distritos, que origina que los recursos de los barrios más ricos se queden en ellas. “Sería absurdo que los impuestos que paga la gente de Leblón se gastaran allí”, me decían unos amigos de Río de Janeiro. En Lima ese absurdo es normal. De esta manera, en algunos distritos sobra tanto dinero que se gasta en para iluminar árboles (con reflectores encendidos hasta de madrugada). La división en distritos fragmenta la identidad como limeños y genera inclusive sentimientos de feudos, como los conflictos entre Magdalena y San Isidro por el control de una zona adinerada o la reciente “toma de posesión” de Surco de una parte de Chorrillos, cuyos habitantes sienten poco en común con el resto de su distrito.

Una de las peores consecuencias de la desigualdad urbana es que se convierte en caldo de cultivo para la delincuencia. Sucede así en Centroamérica, Brasil y Venezuela, pero también en las prósperas ciudades del norte del Perú, donde la violencia parece incrementarse de la mano con los nuevos centros comerciales. De hecho, el crecimiento económico, cuando sólo favorece a un sector de la población, puede incrementar la desigualdad. Otra consecuencia más extendida (al punto que muchos la consideran natural) es la desconfianza que unos peruanos sienten hacia otros por su color de piel, su apellido y, especialmente, el lugar donde viven.
La Mula.pe

En ese contexto, me ha conmovido saber que en la última noche del 2013, 400 voluntarios prepararon y repartieron alimentos a gente que vive en la calle… en Buenos Aires. En Lima, solamente los gatos del parque Kennedy reciben una atención similar. Es más, algunas personas sostienen que prefieren apoyar así a los animales, habiendo mucha gente pobre, porque los pobres, aún los niños, podían ser malos y los animales no.

En las próximas semanas, se celebrará un nuevo aniversario de nuestra ciudad con ceremonias protocolares, y una gran verbena, la última de la gestión de Susana Villarán. Lo importante sería aprovechar cada aniversario para saber qué se hace por reducir la desigualdad. El primer paso debería ser reconocer que existe e indignarse por ello.

agosto 23, 2012

EL GABINETE TIENE RUMBO: PILOTO AUTOMÁTICO

Este lunes el nuevo Primer Ministro presentó ante el Congreso su “Política General del Gobierno y Principales Medidas de Gestión”. Se trató de una presentación muy esperada puesto que, el cambio de gabinete fue consecuencia de una crisis política fuerte por diversos conflictos sociales como Espinar, Madre de Dios y Conga, que no fueron mencionados durante la exposición del nuevo Premier.
Este gabinete, auto-etiquetado como “el del diálogo”, hará frente durante los próximos meses a retos que en Otra Mirada hemos resaltado, como son: la crisis económica internacional y el manejo de los conflictos sociales, el gasoducto surandino y la macrosur, enfatizando los pasos concretos para desarrollar lo que el gobierno ha rotulado de “nueva minería”.

Sin embargo, en el discurso pronunciado no ha hecho alusión a estos temas de manera concreta, sino que ha dejado al aire y en términos abstractos estos ejes centrales para el desarrollo del país. Respecto a la crisis económica internacional, resulta preocupante esta suerte de indiferencia y parálisis, acompañada de una política de restricción de la inversión pública, acumulando un récord histórico en superávit (exceso de dinero guardado) fiscal.

Ha quedado en evidencia que en esta materia, como en varias otras, este gabinete ministerial mantendrá la política del piloto automático pese a que este ha demostrado su ineficacia a lo largo de los años. No ha habido tampoco un discurso claro respecto a las medidas para fomentar los mercados internos e incluir a los gobiernos locales y regionales en políticas de desarrollo y decisiones de carácter económico.

Es grave síntoma el silencio del Premier respecto al cuestionado viraje Presidencial al abandonar la industrialización del macrosur, al bloquear el proyecto del gasoducto y la petroquímica del surandino. Llama también la atención la figura del actual ministro de Economía, Luis Castilla, como un ente protagónico en esta exposición, un co-Premier, cuando corresponde el papel exclusivamente al Primer Ministro.

Con un ministro en la cartera de Economía que parece jugar su propio partido, y hacerlo con su propio discurso, no se puede esperar una inclusión de verdad, teniendo en cuenta que es la expresión más dura del continuismo neoliberal, y, entre otras políticas, ha demostrado no tener capacidad de gasto, generando un superávit altísimo en un país que presenta tantas demandas urgentes.

Respecto a los conflictos sociales, deja, cuando menos, un sinsabor la falta de políticas claras o elementos que conformarán lo que se ha denominado “Nueva Minería”. Nuevamente se perdió la oportunidad de anunciar al país a qué se llamará realmente Nueva Minería. De este modo, por un lado se pierde la oportunidad de demostrar al país que la “Nueva Minería” es posible y, por ello, brindar garantías y, por el otro, no se logra prever efectivamente futuros conflictos sociales, muchos de ellos vinculados a esta actividad.

El caso de los EIA es fundamental, teniendo en cuenta que dichos informes técnicos necesitan ser “legítimos” para poder garantizar el desarrollo armonioso entre la actividad y los ciudadanos que habitan la zona donde se practique. Esta oportunidad perdida para el gabinete ministerial sólo gesta desconfianza. Como vemos, se trata de vacíos importantes.

Tal parece que no hay el menor ánimo de enfrentar con seriedad ninguno de estos temas fundamentales. La reforma es simplemente nula. Lo que escuchamos el lunes sólo demostró que no hay preparación frente a la crisis mundial, no hay un rumbo general del país, políticas sectoriales financiadas ni definición sobre la descentralización. Un Gabinete con rumbo basado en el continuismo neoliberal, pese a algunas buenas intenciones sectoriales, es un mal presagio ante las urgencias del desarrollo del país en plena agudización de la crisis mundial.
Otra Mirada

mayo 28, 2012

LA PROTESTA SOCIAL NO ES UN CRIMEN

De los gobiernos de Fujimori, Toledo y el segundo de García, hemos heredado un duro régimen jurídico que facilita la represión contra la población que protesta en los conflictos sociales. Desde la lucha contra el supuesto terrorismo agravado que metía en un mismo saco a un terrorista y a un dirigente social, pasando por el incremento de penas, hasta la impunidad de los efectivos policiales que matan a un protestante, se ha ido configurando lo que en el mundo de los derechos humanos se denomina “criminalización de la protesta”, es decir convertir a la protesta social en un crimen al cual perseguir.

Pero más aún, los cientos de muertos que se han producido en hechos como los de Bagua, Chala, Madre de Dios, Arequipa, Piura entre otras zonas sobrepasan esta criminalización de la protesta hasta convertirla en crimen contra la protesta. Hoy, que la Defensoría del Pueblo anuncia que la conflictividad socioambiental se ha incrementado en el último año de 93 a 117 casos, es preciso tener una nueva estrategia, que se centre en el diálogo y la prevención.

Uno de los conflictos sociales más importantes que deben resolver las autoridades es el derivado del proyecto minero Conga, que mantiene un grado alto de polarización. En el fondo de este asunto hay un problema mayor, que tiene que ver con la falta de credibilidad de la población. La convocatoria a un nuevo paro regional los últimos días del mes de mayo da un plazo para definir nuevas posiciones de todos los actores involucrados en este problema. Insistir en el camino del diálogo es indispensable, sobretodo si recordamos que en su mensaje a la nación sobre Conga el presidente Humala habló de una “nueva minería”, sin que hasta la fecha haya habido cambio legal alguno al respecto.

Pero mientras Conga sigue por definirse, hay más conflictos en desarrollo, en Espinar, en Cerro de Pasco, en La Oroya y en otras localidades. Ante estos hechos, Otra Mirada recomienda que los recursos de los que dispone el Ejecutivo deban ser invertidos en desarrollo antes que en represión. Si bien la lógica de la criminalización de la protesta, diseñada por las fuerzas reaccionarias del país, fue repotenciada por el gobierno de García, el actual gabinete encabezado por Oscar Valdez la viene reforzando, lo que es contrario a la oferta electoral de Gana Perú.

El peligro es que se aliente una institucionalidad autoritaria, en la que la cantidad de muertos aumente como producto de la represión en conflictos sociales. Estamos por superar la decena de muertes durante la gestión Valdés, pero eso no significa en ningún extremo mayor solidez del gobierno. Al contrario, estamos viendo las debilidades de un régimen que al mismo tiempo que decide movilizar a 2 mil efectivos de las fuerzas del orden a custodiar los intereses de Yanacocha en Cajamarca, no tiene una estrategia adecuada para enfrentar eficazmente al “senderismo” de los Quispe Palomino en el VRAE.
Otra Mirada

junio 23, 2011

MINERÍA Y CONFLICTO EN PUNO

En los últimos meses el país ha visto radicalizado un conflicto asociado a las concesiones mineras que data del 2008. La población de los distritos de Kelluyo, Huacullani, Pisacoma y Zepita (provincias de Chucuito y Yunguyo) se levantaron en protesta contra las actividades del proyecto Santa Ana demandando la cancelación del proyecto y el retiro de la empresa Canadiense Bear Creek Mining Company de sus jurisdicciones. Lo que inicialmente parecía ser la oposición a un proyecto minero concreto, se convirtió en una demanda general de cese y retiro de las concesiones mineras en el sur de la región sur de Puno.
Tres han sido los principales argumentos que han movilizado la demanda de las comunidades aymara, (i) el temor de contaminación de ríos y lagunas basados en experiencias previas de la región, (ii) denuncias de superposiciones de concesiones mineras e hidrocarburíferas sobre zonas reservadas y de valor socio‐cultural, (iii) el DS 083‐2007‐EM que declara de necesidad publica el Proyecto Santa Ana autorizando las operaciones de Bear Creek Mining Company BCMC como empresa extranjera en zona de frontera. En esta nota de análisis, el Grupo Propuesta Ciudadana expone que el conflicto tiene su origen en el sistema actual de concesiones mineras en el Perú, el cual por su carácter automático y carente de consulta genera condiciones para la germinación de conflictos con las actividades extractivas. 

En concreto, tres son las fallas que generan conflictos sociaoambientales: (i) la admisión inmediata e indiscriminada de petitorios mineros sin un criterio coherente de ordenamiento territorial regional y provincial, (ii) la ausencia de un mecanismo de consulta con las autoridades y poblaciones locales antes de la aprobación del petitorio, (iii) el sistema actual de autorización sobre terrenos superficiales hace que este sólo involucre a los propietarios y no incluye necesariamente la autorización de comunidades vecinas que pueden verse indirectamente impactadas por la concesión.
Enlace al Informe
Grupo Propuesta Ciudadana

agosto 13, 2010

Conflictos Sociales en el Perú

En el Perú existe una percepción contradictoria que hace pensar al mismo tiempo que somos un país abúlico y conformista, que permite abusos que otros pueblos no aceptan, y a la vez que somos gente violenta capaz de enfrentarse de la forma más dura y desesperada con las fuerzas de la represión. Y es verdad que hay de una y otra cosa. La aplicación del programa neoliberal ha sido ciertamente impuesto con una débil resistencia, por lo que se han perdido multitud de puestos de trabajo, los salarios se estancaron mientras la economía hacía crecer las utilidades y se recortaban los derechos laborales.

Pero año a año los conflictos han aumentado en número e intensidad, según ha ido dando cuenta puntualmente la Defensoría del Pueblo, con la peculiaridad de que más o menos un 50% de los casos registrados se refieren a demandas socioambientales y comunales, y sólo un 10% a conflictos de naturaleza sindical. El mapa muestra una amplia dispersión y la secuencia es intermitente, aunque en un espiral creciente a través del tiempo.

Todo eso indica indudablemente un cambio significativo en las tradiciones de lucha de los principales movimientos organizados del Perú, pero de ninguna manera indica alguna forma de pasividad o conformismo. Y la razón por la que ha variado la matriz de conflictos tiene que ver justamente con lo que ocurrió en los años 90 con los sindicatos y organizaciones representativas de diversos sectores sociales que fueron mermadas por disposiciones legales, despidos de dirigentes y activistas, y por la falta de atención a sus demandas. La idea de la época era que la “paz social” dependía de fragmentar los movimientos e individualizar los reclamos.

El mundo empresarial no sólo aplaudió sino que se inclinó ante la determinación con la que el gobierno Fujimori demolió las estructuras de defensa legal de los sectores populares. En el récord de huelgas del país, los años 90 marcaron efectivamente un descenso sustancial respecto a años anteriores. Pero ahí nomás se estaban engendrando las nuevas formas de conflicto que hoy hacen temblar a los que creían haber logrado el completo control de las demandas sociales.

El tipo de conflicto actual: disperso e intermitente, explosivo e impredecible, refleja la falta de una dirección nacional y de estrategias políticas. En realidad se trata de explosiones de impaciencia que brotan como erupciones volcánicas en diversos puntos del país y que reflejan que la gente llega a un límite y desde ese punto se lanza a una lucha de todo o nada. Lo que puede parecer un escalamiento demasiado rápido de los enfrentamientos y una tendencia a radicalizar cada vez más la pelea, no viene de que haya sido planificado así, sino por el contrario es consecuencia de la necesidad de ser escuchados por un Estado que tiende a ningunearlos y a tratarlos como si no existieran.

¿Por qué se toma una carretera, se ocupa lo cales se cerca los aeropuertos? Para crear una presión suficientemente fuerte que obligue a las autoridades a sentarse a negociar. Quiere decir que no hay una vía de negociación natural y ordenada, ni dirigencias reconocidas, porque esas fueron las reglas con las que el poder ha querido gobernar el país. Y no es cierto que esto sólo sea una manifestación de la acción de las comunidades campesinas que cuestionan a la minería y de las organizaciones indígenas que se enfrentan con las petroleras apoyadas por el Estado. Véase el caso de los sindicatos de Doe Run (La Oroya), Casapalca y otros, para comprender que también en este tipo de conflictos las formas de actuación no se distancian de las de otros sectores.

Así como alguna vez los campesinos y organizaciones populares, aprendieron del sindicalismo el concepto del paro y la huelga, hoy en día los movimientos masivos espontáneos dictan la línea y por eso casi todos los conflictos tienden a bloquear y confrontar para obligar a la intervención gubernamental. Los que creyeron que descabezando y desorganizando a los de abajo, podrían asegurar el reinado de los de arriba, se equivocaron redondamente, porque en el conflicto actual hay siempre que responder ante una masa enardecida y no solamente negociar y pactar con la dirigencia, como era antes.

Todo lo que se ha visto en Arequipa (2002), Moquegua (2008-1009), Bagua (2009), Chala, Madre Dios e Islay (2010), La Convención (2010), es un tipo de conflicto muy difícil de doblegar, ante el cual han fracasado las opciones de dejarlos durar “hasta que se cansen”, de “reprimirlos al toque para asustarlos” y otras variantes que infructuosamente han ensayado los gobiernos de turno. En la experiencia de la población está además la conciencia de que en casi todos estos casos, las salidas que se han impuesto han representado retrocesos del gobierno ante la presión social.

Esto, por cierto, ha reforzado la noción de que no hay manera de conseguir algo sino con una dura pelea. Lo que todo el mundo sabe es que sin luchas no hay victorias. Es decir si se sientan a esperar que el Estado atienda a sus demandas y dialogue con los que no se levantan, sólo conseguirán agotar inútilmente el tiempo.

Lo que hace el gobierno
A cada lucha social el gobierno aprista ha respondido con la misma lógica de dilatar, provocar, condicionar el diálogo, reprimir y retroceder. Es casi una plantilla que se repite desde el primer enfrentamiento con los cocaleros a comienzos del 2007, hasta la actual lucha contra la exportación del gas que compromete las provincias del Cusco:

1) Primero, deja correr el tiempo como si la lucha no existiera, con la colaboración de la prensa adicta que vela la noticia de cada conflicto;
2) Segundo, el presidente, agrava la situación y tensa las fuerzas, con declaraciones sobre los temas en debate que cierran la posibilidad del diálogo, y con puyas ofensivas contra los reclamantes;
3) Tercero, el gobierno y los medios se alarman de pronto de lo que antes no veían, empiezan a exagerar los riesgos, anuncian medidas de militarización y ponen como condición para “dialogar” que se levante la medida de lucha, cuando lo único que quieren “dialogar” es precisamente que se acabe la medida de lucha.
4) Cuarto, se desata la represión, que sólo exacerba los ánimos y se producen heridos (a veces muertos), detenidos y mayor violencia, mientras miembros del gobierno intentan dialogar con la dirigencia y las autoridades locales, aunque oficialmente la posición sea el no diálogo.
5) Quinto, se instala una mesa de negociación, se produce algún retroceso parcial, se ofrece investigar los actos represivos, se liberan los presos, etc. Aunque todas las heridas han quedado abiertas.

julio 12, 2010

Aumentan los Conflictos por el Medio Ambiente

Check out this SlideShare Presentation: El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el país señala que el 50,4% de los 250 casos registrados hasta el mes de junio está relacionado a problemas derivados de la explotación de recursos naturales. Entre estos conflictos se incluye la oposición de la población de Puno a la construcción de la hidroeléctrica de Inambari porque, según aducen, afectaría el ecosistema de la región. Según el reporte defensorial, en este caso no existe el diálogo entre las partes enfrentadas.

Los asuntos de gobierno local, que competen a las municipalidades, representan el 14,4% (36 casos) del total de conflictos existentes en el país. La Defensoría del Pueblo también llama la atención respecto a que el 68% (169 casos) de las situaciones de crisis en el Perú está activo. Lo positivo es que el 56% de estos casos se encuentra en proceso de diálogo. El informe defensorial señala, además, que para este mes se han anunciado tres paros. Uno de estos se desarrollará en el sur, en rechazo a la hidroeléctrica de Inambari y para exigir el abastecimiento interno de gas.
Defensoría del Pueblo

mayo 11, 2010

Crecen los conflictos sociales

Por segundo mes consecutivo los conflictos sociales se incrementaron en el país. Catorce nuevos casos se manifestaron, siete conflictos se reactivaron, y del total de 260 problemas sociales ninguno fue solucionado. El reporte Nº 74 de Defensoría del Pueblo, correspondiente a abril, señala que la mitad de los catorce nuevos casos es de tipo socioambiental. Los otros seis responden a problemas laborales, mientras que uno tiene origen comunal.El documento también refiere que la mitad de los 260 conflictos sigue siendo de carácter socioambiental.
Los nuevos casos presentados en abril tienen que ver con la oposición a proyectos mineros, el incumplimiento de acuerdos de las empresas mineras, la exigencia de remediación ambiental, el cierre de operaciones mineras, así como exigencias laborales, denuncias por contaminación minera y despojo de tierras comunales.
El reporte de Defensoría del Pueblo registra a las mineras Yanacocha, Gold Fields, Rumi Maki, Qochapata, Sayapullo, La Poderosa, Raura, Aruntani y a otras como contraparte de los nuevos conflictos sociales. Estos casos se dieron en las regiones de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lima, Pasco, Áncash, Piura, Lima y Puno.
La República

febrero 10, 2010

Existe diálogo en el 50% de los 170 conflictos sociales activos

Puno concentra la mayor cantidad de enfrentamientos entre población y autoridades locales y regionales, según el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales. Dicho reporte señala que en el país hay 260 problemas, de los cuales 170 están activos y 90 latentes.

Además de Puno, las regiones de Junín, Lima y Cusco, con 20 problemas cada una, son las zonas que más disputas presentan.

La región altiplánica concentra un total de 22 controversias de las cuales siete son cuestionamientos a los alcaldes de San Román, Huancané, San Antonio de Putina, Sandia y Mariscal Cáceres. Los tres restantes son conflictos con las autoridades regionales puneñas.

“Las organizaciones aimaras cuestionan el desempeño de las autoridades municipales y exigen que sus decisiones sean consultadas en sus asambleas. Hay que tener presente que muchas de estas autoridades, incluido el presidente regional, fueron elegidas con votaciones bajas”, comentó Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, respecto a los indicadores en Puno.

UN POSITIVO DESCENSO
A enero de este año había siete casos menos en comparación con diciembre del 2009. Otro aspecto positivo es que el 50% de los 170 conflictos activos buscan solucionarse ahora por la vía del diálogo. Entre ellos, destaca el avance de la mesa de diálogo para resolver el problema limítrofe entre Moquegua y Puno.

El aspecto socioambiental sigue siendo el principal detonante de conflictos en el país. El 47% del total de casos son del tipo ambiental. En ese sentido, Rolando Luque demandó mayor atención a los problemas con la población indígena, que “aún espera resultados sobre la ley que desarrolla el derecho a la consulta previa [de estas poblaciones]”.

“Hay que tener cuidado de que este retraso no provoque más desconfianza y movilizaciones”, sugirió Luque.
Fuente: El Comercio