EL GABINETE TIENE RUMBO: PILOTO AUTOMÁTICO

Este lunes el nuevo Primer Ministro presentó ante el Congreso su “Política General del Gobierno y Principales Medidas de Gestión”. Se trató de una presentación muy esperada puesto que, el cambio de gabinete fue consecuencia de una crisis política fuerte por diversos conflictos sociales como Espinar, Madre de Dios y Conga, que no fueron mencionados durante la exposición del nuevo Premier.

Este gabinete, auto-etiquetado como “el del diálogo”, hará frente durante los próximos meses a retos que en Otra Mirada hemos resaltado, como son: la crisis económica internacional y el manejo de los conflictos sociales, el gasoducto surandino y la macrosur, enfatizando los pasos concretos para desarrollar lo que el gobierno ha rotulado de “nueva minería”.

Sin embargo, en el discurso pronunciado no ha hecho alusión a estos temas de manera concreta, sino que ha dejado al aire y en términos abstractos estos ejes centrales para el desarrollo del país. Respecto a la crisis económica internacional, resulta preocupante esta suerte de indiferencia y parálisis, acompañada de una política de restricción de la inversión pública, acumulando un récord histórico en superávit (exceso de dinero guardado) fiscal.

Ha quedado en evidencia que en esta materia, como en varias otras, este gabinete ministerial mantendrá la política del piloto automático pese a que este ha demostrado su ineficacia a lo largo de los años. No ha habido tampoco un discurso claro respecto a las medidas para fomentar los mercados internos e incluir a los gobiernos locales y regionales en políticas de desarrollo y decisiones de carácter económico.

Es grave síntoma el silencio del Premier respecto al cuestionado viraje Presidencial al abandonar la industrialización del macrosur, al bloquear el proyecto del gasoducto y la petroquímica del surandino. Llama también la atención la figura del actual ministro de Economía, Luis Castilla, como un ente protagónico en esta exposición, un co-Premier, cuando corresponde el papel exclusivamente al Primer Ministro.

Con un ministro en la cartera de Economía que parece jugar su propio partido, y hacerlo con su propio discurso, no se puede esperar una inclusión de verdad, teniendo en cuenta que es la expresión más dura del continuismo neoliberal, y, entre otras políticas, ha demostrado no tener capacidad de gasto, generando un superávit altísimo en un país que presenta tantas demandas urgentes.

Respecto a los conflictos sociales, deja, cuando menos, un sinsabor la falta de políticas claras o elementos que conformarán lo que se ha denominado “Nueva Minería”. Nuevamente se perdió la oportunidad de anunciar al país a qué se llamará realmente Nueva Minería. De este modo, por un lado se pierde la oportunidad de demostrar al país que la “Nueva Minería” es posible y, por ello, brindar garantías y, por el otro, no se logra prever efectivamente futuros conflictos sociales, muchos de ellos vinculados a esta actividad.

El caso de los EIA es fundamental, teniendo en cuenta que dichos informes técnicos necesitan ser “legítimos” para poder garantizar el desarrollo armonioso entre la actividad y los ciudadanos que habitan la zona donde se practique. Esta oportunidad perdida para el gabinete ministerial sólo gesta desconfianza. Como vemos, se trata de vacíos importantes.

Tal parece que no hay el menor ánimo de enfrentar con seriedad ninguno de estos temas fundamentales. La reforma es simplemente nula. Lo que escuchamos el lunes sólo demostró que no hay preparación frente a la crisis mundial, no hay un rumbo general del país, políticas sectoriales financiadas ni definición sobre la descentralización. Un Gabinete con rumbo basado en el continuismo neoliberal, pese a algunas buenas intenciones sectoriales, es un mal presagio ante las urgencias del desarrollo del país en plena agudización de la crisis mundial.
Otra Mirada

EL GOBIERNO EN SU LABERINTO

El gobierno en su laberinto Entre viaje y viaje, el Presidente Humala apenas ha tenido tiempo para enterarse de las novedades. A su retorno de Chile, encontró varias: su bancada parlamentaria, a la que nunca le dio particular importancia, finalmente se rompió, mientras su Primer Ministro, siguiendo la moda de comunicarse con el país a través del tuits, arremetió contra los dirigentes que se oponen a ciertos proyectos mineros, llamándolos incendiarios.

En su trayecto a Europa tomó conocimiento de la posterior recomendación de su Premier de abandonar sus distintas ofertas electorales, desentendiéndose por lo tanto, de parte significativa del mandato que le diera el voto popular. Recomendación que corrige al Presidente quien acababa de asegurar que la Gran Transformación se haría, “les guste o no a los extremistas”. Mientras duran sus periplos, cuya importancia no desconocemos, el alcalde Mollohuanca fue trasladado a Ica, aprovechando el nuevo Código Procesal Penal y procedimientos de última hora que violan consideraciones elementales del debido proceso. Su excarcelación, decidida por la Corte Superior de Ica, no puede esconder la arbitrariedad de las razones esgrimidas por el Ministro de Justicia ni la actuación del Presidente del Poder Judicial, César San Martín. El primero de ellos, justificó la restricción de fondos públicos a la provincia cusqueña, argumentando que “existe riesgo de que los recursos del Estado estén siendo usados de manera incorrecta”. El segundo intentó, sin mucho éxito, explicar la supuesta legitimidad de las decisiones judiciales.

Por si fuera poco, el Presidente ha tenido que lidiar con otros acontecimientos que afectan su gestión. El relevo de tres generales del Ejército que ocupaban puestos estratégicos en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y su reemplazo por igual número de marinos, además de anunciar la intención de replantear la manera en la que se está conduciendo el enfrentamiento contra Sendero Luminoso en el VRAE, evidencia la fuerte crisis generada por la denominada Operación Libertad. La procesión en esta materia va por dentro y, curiosamente, ni los medios ni los principales analistas políticos le han prestado particular atención.

Más interés sigue suscitando el chuponeo del que fuera víctima el congresista Galarreta, mediante procedimientos que ponen en cuestión al Ministerio Público y al propio Poder Judicial, ubicando en el ojo de la tormenta, una vez más, al propio Presidente del Congreso. Así, es claro que el gobierno está viviendo un momento particularmente difícil, mientras los conflictos de Conga y Espinar –que fueron los que desnudaron muchas de sus limitaciones- se mantienen.

En Cusco parece abrirse la posibilidad de un diálogo, lo cual saludamos, pero en Cajamarca la violencia ha regresado y el día de ayer dejó al menos setenta heridos y varios detenidos tras enfrentamientos entre protestantes y policías. Sin una organización que le construya una base social y sin operadores políticos en la gestión, el gobierno está descubriendo, con un alto costo para el país y su imagen internacional, que el puro pragmatismo no alcanza para gobernar. Por lo demás, a estas alturas del partido, el Estado y la sociedad toda, debemos aceptar que detrás de las movilizaciones recientes hay una reivindicación de la dignidad y los derechos de las poblaciones comprometidas, así como expectativas legítimas por mejorar sus condiciones de vida.

No reconocer estas razones, supone negar el diálogo democrático y optar por la imposición del orden, con los enormes riesgos que ello supone para la gobernabilidad y el buen gobierno. Pero también contra la propia inversión privada. Los distintos comportamientos y declaraciones que ponen en cuestión la autoridad de quienes han sido legítimamente elegidos por el pueblo –sea el Presidente de la República o una autoridad local- favorecen únicamente a los extremos del espectro político, afectando nuestra frágil democracia. El Presidente debe asumir que se requieren cambios urgentes y que es necesario recuperar la política. El Premier y sus dislates entrañan un costo muy alto para el gobierno, que haría bien en retirarlo, aunque los problemas, como se ha evidenciado, van más allá de su falta de experiencia política y su particular visión del orden.
Otra Mirada

LA PROTESTA SOCIAL NO ES UN CRIMEN

De los gobiernos de Fujimori, Toledo y el segundo de García, hemos heredado un duro régimen jurídico que facilita la represión contra la población que protesta en los conflictos sociales. Desde la lucha contra el supuesto terrorismo agravado que metía en un mismo saco a un terrorista y a un dirigente social, pasando por el incremento de penas, hasta la impunidad de los efectivos policiales que matan a un protestante, se ha ido configurando lo que en el mundo de los derechos humanos se denomina “criminalización de la protesta”, es decir convertir a la protesta social en un crimen al cual perseguir.

Pero más aún, los cientos de muertos que se han producido en hechos como los de Bagua, Chala, Madre de Dios, Arequipa, Piura entre otras zonas sobrepasan esta criminalización de la protesta hasta convertirla en crimen contra la protesta. Hoy, que la Defensoría del Pueblo anuncia que la conflictividad socioambiental se ha incrementado en el último año de 93 a 117 casos, es preciso tener una nueva estrategia, que se centre en el diálogo y la prevención.

Uno de los conflictos sociales más importantes que deben resolver las autoridades es el derivado del proyecto minero Conga, que mantiene un grado alto de polarización. En el fondo de este asunto hay un problema mayor, que tiene que ver con la falta de credibilidad de la población. La convocatoria a un nuevo paro regional los últimos días del mes de mayo da un plazo para definir nuevas posiciones de todos los actores involucrados en este problema. Insistir en el camino del diálogo es indispensable, sobretodo si recordamos que en su mensaje a la nación sobre Conga el presidente Humala habló de una “nueva minería”, sin que hasta la fecha haya habido cambio legal alguno al respecto.

Pero mientras Conga sigue por definirse, hay más conflictos en desarrollo, en Espinar, en Cerro de Pasco, en La Oroya y en otras localidades. Ante estos hechos, Otra Mirada recomienda que los recursos de los que dispone el Ejecutivo deban ser invertidos en desarrollo antes que en represión. Si bien la lógica de la criminalización de la protesta, diseñada por las fuerzas reaccionarias del país, fue repotenciada por el gobierno de García, el actual gabinete encabezado por Oscar Valdez la viene reforzando, lo que es contrario a la oferta electoral de Gana Perú.

El peligro es que se aliente una institucionalidad autoritaria, en la que la cantidad de muertos aumente como producto de la represión en conflictos sociales. Estamos por superar la decena de muertes durante la gestión Valdés, pero eso no significa en ningún extremo mayor solidez del gobierno. Al contrario, estamos viendo las debilidades de un régimen que al mismo tiempo que decide movilizar a 2 mil efectivos de las fuerzas del orden a custodiar los intereses de Yanacocha en Cajamarca, no tiene una estrategia adecuada para enfrentar eficazmente al “senderismo” de los Quispe Palomino en el VRAE.
Otra Mirada