Alarmas de guerra sucia

Parece que el gobierno busca justificar la represión y mano dura utilizando alarmas exageradas. Hace unas semanas, la alarma fue Sendero Luminoso (SL). La mayoría de medios de comunicación se prestaron a la alarma y presentaron la noticia como si se tratara de la evidencia de que este grupo subversivo volvería a tener el auge que tuvo en la década del 80. Esta alarma ya ha sido utilizada por el gobierno de turno en varias oportunidades.

Hace unas semanas volvió a ser mencionada al dar tanto espacio y propaganda a una marcha pro SL en la cual participaron pocos alumnos sanmarquinos. Recordemos que en ese momento la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encontraba en proceso de elecciones de sus autoridades que, cabe resaltar, parecía teñido de una serie de sospechas de corrupción, pero de estas sospechas muy pocos hablaron. Por otro lado, el mismo Presidente García manifestó que intervendría la UNMSM si era necesario para callar a los participantes de una marcha que no merecía tanta publicidad.

Pero la alarma que tiene como protagonista al terrorismo no acabó acá. Hace varias semanas el caso Lori Berenson ha sido presentado en una serie de medios como una supuesta “fuga de terroristas”¹. Los medios de comunicación olvidaron mencionar que el beneficio otorgado a Berenson resultaba completamente legal y que, además, las cárceles deberían ser espacios que fomenten la reinserción de los condenados que cumplieron sus sanciones a la sociedad. Sin embargo, algunos días atrás una nueva alarma relacionada con el caso de Berenson ocupó portadas: ¿por qué se le pagan 30 mil dólares?

En primer lugar, debe precisarse que el pago de los 30 mil dólares no ha sido otorgado a la excarcelada, sino a los padres de la misma. En segundo lugar, este pago ha sido ordenado por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2004 y no por capricho. Este pago no se realiza porque Berenson haya sido condenada, sino como pago de “costas judiciales” pues durante la época de Alberto Fujimori el Estado Peruano aplicó mal la justicia. Entonces, los 30 mil dólares se entregan a los padres de Berenson por las faltas al debido proceso realizadas durante el régimen de Fujimori.

Con los ejemplos mencionados en este texto podemos notar que, bajo el disfraz de resurgimiento del terrorismo, ciertos miembros del gobierno de turno y ciertos sectores conservadores buscan justificar la necesidad de mano dura y represión en el país. Siguiendo esta línea, el Ejecutivo pidió al Congreso que se le otorguen facultades para ver temas de justicia militar y terrorismo, a los cuales el Congresista Souza (Fujimorista) le aumentó los casos de militares y policías implicados en violaciones de DDHH.

El riesgo de este punto añadido por Souza y defendido por personajes de extrema derecha en el gobierno como el Ministro de Defensa, Rafael Rey, es que se permita la impunidad con quienes cometieron delitos de lesa humanidad. En este sentido, Carlos Mesa, Presidente del Consejo Supremo Policial-Militar (CSJM), anunció que se revisarán procesos a más de 700 militares condenados por violaciones a los DDHH, lo cual es ilegal. Pero, por si fuera poco, se ha confirmado que Mesa y tres otros integrantes del CSJM firmaron el Acta de Sujeción del 13 de marzo de 1999, en que se comprometieron a defender a los violadores de derechos humanos.

La represión injustificada, el ensañamiento con quienes cumplieron sus condenas y la impunidad con quienes cometieron delitos de lesa humanidad son parte de una historia que los peruanos debemos recordar: ¿quién dijo que el fujimontesinismo había acabado?
Otra Mirada