
Este nuevo escenario compromete la gestión presupuestal y supone redirigir la inversión pública hacia proyectos cortos y de alto impacto en el empleo. Sin embargo, las demandas de corto plazo para paliar la crisis corren el riesgo
de crear una gestión presupuestal pragmatista, que pierda de vista objetivos de política que orienten la inversión hacia prioridades regionales y locales, sobre todo en los sectores que se verán más afectados.
El presupuesto participativo corre el riesgo de debilitarse como instrumento de gestión al competir con prioridades como las planteadas por el Ejecutivo a través del Plan de Estímulo Económico, o con los planes anticrisis que se gestan en las propias regiones. En consecuencia, puede acabar relativizándose la importancia
de esta herramienta para la planificación, relegándola a un proceso formal pero sin peso real en la gestión del presupuesto.
Cabe evaluar, entonces, el papel que ha venido cumpliendo el presupuesto participativo en la priorización de gasto a nivel regional y local,identificando las potencialidades y los retos en la formulación y programación de la inversión.
En este sentido, la complementariedad recíproca de la planificación de la inversión con la ejecución de los programas sociales, así como con las medidas anticrisis regionales y locales, será una de las consideraciones insoslayables entre los desafíos de la gestión presupuestal.
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