El Presupuesto participativo es una de las principales reformas en cuanto a la planificación y programación del presupuesto público de los Gobiernos Regionales y Locales. Su objetivo es mejorar la calidad del gasto público y democratizar la gestión, al acercar a los pobladores a la toma decisiones al momento de resolver cómo se distribuirán los recursos. No obstante, ya con seis años de implementación ininterrumpida, se constatan serias dificultades para vincular la asignación presupuestal con la planificación territorial y el proceso de planeamiento estratégico sectorial e institucional multianual. A esta situación se le suma un contexto marcado por la crisis internacional, que comienza a afectar la economía del país a causa de la caída de las exportaciones. La reducción drástica de los ingresos regionales por concepto de canon, remesas y servicios como el turismo es un efecto proyectado a tener muy en cuenta.
Este nuevo escenario compromete la gestión presupuestal y supone redirigir la inversión pública hacia proyectos cortos y de alto impacto en el empleo. Sin embargo, las demandas de corto plazo para paliar la crisis corren el riesgo
de crear una gestión presupuestal pragmatista, que pierda de vista objetivos de política que orienten la inversión hacia prioridades regionales y locales, sobre todo en los sectores que se verán más afectados.
El presupuesto participativo corre el riesgo de debilitarse como instrumento de gestión al competir con prioridades como las planteadas por el Ejecutivo a través del Plan de Estímulo Económico, o con los planes anticrisis que se gestan en las propias regiones. En consecuencia, puede acabar relativizándose la importancia
de esta herramienta para la planificación, relegándola a un proceso formal pero sin peso real en la gestión del presupuesto.
Cabe evaluar, entonces, el papel que ha venido cumpliendo el presupuesto participativo en la priorización de gasto a nivel regional y local,identificando las potencialidades y los retos en la formulación y programación de la inversión.
En este sentido, la complementariedad recíproca de la planificación de la inversión con la ejecución de los programas sociales, así como con las medidas anticrisis regionales y locales, será una de las consideraciones insoslayables entre los desafíos de la gestión presupuestal.
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