junio 11, 2014

SOBREVALORACIÓN EN COMPRAS A HOSPITALES EN LAMBAYEQUE

A los 5 primeros procesos de licitación para la adquisición de equipos médicos que vienen siendo investigadas en la Gerencia Regional de Salud (Geresa), y cuyo resultado a la fecha se desconocen aún, se suman a la fecha otros 20 que la Oficina de Control Institucional dispuso se determine – a través de peritajes – si hubo o no sobrevaloración en los precios. Procesos de compras se consumaron en el 2012, cuando cuestionado Juan Carlos Contreras Guerrero se desempeñó como administrador de esta dependencia.
Según una fuente de información, la determinación de la Oficina de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud, de investigar las compras realizadas hace dos años, obedece a la marcada diferencia en los precios en que se adquirieron los equipos médicos que sirvieron para implementar no solo el Hospital Belén de Lambayeque, sino también el Centro de Salud de Mochumí, donde anteriormente se había dispuesto ya se practiquen hasta 5 peritajes a similar número de licitación para la compra de equipos.

Marcada diferencia por cuanto en el marco de la política de la Geresa por implementar los diversos nosocomios, Centros y Puestos de Salud en Lambayeque, tras la salida de Juan Carlos Contreras Guerrero en el cargo de administrador, se habría detectado que los precios de los años 2013 y 2014 con que se compraron equipos e insumos diversos – en comparación a las del 2012 – registraban una notoria diferencia, motivando a que se disponga su investigación.

Esta vez, según la información recabada por este medio de comunicación, se da cuenta que los 20 procesos bajo sospecha guardan relación con la compra de equipos e insumos médicos para el Hospital Belén y Centro de Salud de Mochumí hacia donde los investigadores centraron la atención por cuanto habrían saltado a la vista las groseras sobrevaloraciones de precios.

En el caso del Hospital Belén de Lambayeque, en atención al Plan Anual de compras colgado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), se proyectó la realización de hasta 38 procesos de licitación, los mismos que se cumplirían teniendo como fuente de financiamiento recursos ordinarios, directamente recaudados y propios; sin embargo, el olfato investigador de los funcionarios de la Oficina de Control Institucional los habría llevado a determinar que sobre este plan se practiquen peritajes y cruce de información sobre más de 15 procesos de licitación, que tienen que ver con el pago de servicios, compra de insumos diversos para laboratorio e insumos médicos para las diversas área de este nosocomio.

Mientras que en el caso del Centro de Salud de Mochumí, además que se dispuso anteriormente se investigase el gasto destinado para la rehabilitación de sus ambientes, por un monto superior a los 380 mil nuevos soles, la OCI dispuso se haga lo propio – en el mes de mayo de este año– con otro proceso que determinó la compra de equipos, realizada con recursos ordinarios.

Los peritajes a practicarse sobre todas estas compras dispuestas para ambos centros hospitalarios en el 2012 superan largamente el millón 200 mil nuevos soles, situación que complicar una vez más la situación del cuestionado exadministrador Juan Carlos Contreras Guerrero, pues a pesar que sobre éste pesan más de una investigación, a nivel administrativo, fiscal, judicial y de Contraloría – este personaje gozaría del respaldo de la gestión de Humberto Acuña Peralta, toda vez que luego de ser retirado por los múltiples cuestionamientos en la Gerencia Regional de Salud pasó a convertirse nada más y nada menos que en el responsable de la Oficina Regional de Programación y Promoción del Inversiones (OPI) del gobierno regional de Lambayeque, e incluso habría sido propuesto para ascender al puesto de gerente general tras la renuncia al cargo de Francisco Cardoso Romero, según trascendió.

Recordar que sobre Juan Carlos Contreras Guerrero pesa además una investigación fiscal, en la que se ha solicitado se le imponga una condena de 28 años de cárcel, dado a que según información contenida en el expediente Nº 853-2012 habría cometido - junto a un grupo de 14 trabajadores - irregularidades en la pretendida ‘compra’ de uniformes para los servidores administrativos de la Gerencia Regional de Salud. Sobre él pesan la imputación de los delitos de Colusión Agravada y Negociación Incompatible.

Para la sospecha
Al cierre de la presente edición, Expresión tomó conocimiento sobre la abrupta salida de la jefa del área de Logística de la dependencia regional, ingeniero María Gonzáles. Esta decisión quizá haya pasado desapercibida a no ser que esta profesional, cuya plaza de origen es el Hospital Regional de Lambayeque, venía cumpliendo un efectivo y articulado trabajo con los funcionarios de la Oficina de Control Institucional (OCI), que había motivado el cumplimiento de las pericias para determinar las sobrevaloraciones.

En otras palabras, según contó la fuente informativa, se cortó toda posibilidad de continuar fiscalizando otras situaciones que habían sido ya evidenciadas desde el área que jefaturó María Gonzáles hasta hace algunos días.

● Según se informó a Expresión, ingeniero Guillermo Castillo Díaz fue designado responsable para cumplir todas las pericias a compras en Geresa.

● Castillo Díaz también ha practicado pericias en la ex Dirección Regional de Cultura durante gestión de Carlos Mendoza y hace poco a los 10 volquetes adquiridos por Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Semanario Expresión

mayo 26, 2014

LATINOAMÉRICA: LA MÁS URBANIZADA DEL MUNDO, PERO NO LA MÁS PLANIFICADA

Es la ciudad perfecta. No hay casi crimen, ni embotellamientos, ni contaminación o suciedad, y la basura se recoge a tiempo. El transporte público es puntual y siempre hay dónde sentarse. Es el triunfo de la planificación urbana.

La buena noticia: hay varias ciudades del mundo que podrían competir por el título de la Mejor Planificada; la mala: que ninguna es latinoamericana, al menos por ahora.

Zúrich, Singapur, Seúl, Búfalo (en Nueva York) aparecen constantemente en las discusiones y rankings especializados como las ciudades mejores planificadas del mundo. Y lo que las une es justamente la idea de que la ciudad es el “hogar” de sus residentes y que está allí para servirlos, y no para actuar como su enemigo.

Esto cobra particular relevancia en Latinoamérica, la región más urbanizada del mundo, donde 80% de la población –unos 450 millones de personas- vive en ciudades.

Si bien la inseguridad ciudadana aparece sistemáticamente entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, hay otro tipo de inseguridad de la que se habla poco pero que también supone una amenaza para el bienestar de los ciudadanos. Se trata, en efecto, de la estructura y organización de las ciudades.

Y es que los avances sociales y económicos de Latinoamérica durante la última década no vinieron acompañados de una mejor planificación de las grandes urbes, y algunos resultados visibles son el caótico transporte privado y público, la rápida urbanización sin respeto a los códigos de construcción, la deficiente provisión de servicios públicos, y la tugurización de los espacios, entre otros.

Esta situación también ha generado problemas para afrontar eventualidades naturales, como lo ha sido el reciente incendio en Valparaíso, Chile, las recurrentes inundaciones en Buenos Aires o los frecuentes desprendimientos en las favelas de Río de Janeiro. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, las consecuencias de los fenómenos naturales representan un costo para la región de unos $2.000 millones anuales.

El déficit en planificación de las ciudades destaca aún más cuando se aprecia las siguientes estadísticas: para 2025 el 10% de la población mundial vivirá solo en 37 ciudades. Por ello, arquitectos, geógrafos, ingenieros y gobiernos de la región tienen el reto de planificar eficientemente sus centros urbanos para convertirlos en lugares más habitables y seguros.

“En Latinoamérica deberíamos pasar a una planificación más estratégica y sustentable que por un lado mitigue problemas existentes, como el riesgo de deslizamientos en montañas o falta de capacidad en los sistemas de drenaje, y por otro adapte a las ciudades para ser más resilientes frente a las amenazas climáticas”, explica Santiago E. Arias, especialista en planificación urbana del Banco Mundial.

Los más expuestos
Las amenazas a la seguridad en las ciudades no solo provienen de los efectos de los desastres naturales, sino también tienen que ver con la construcción improvisada: por ejemplo, al construir casas en montañas con riesgo a deslizamientos o a la vera de ríos que suelen desbordarse después de fuertes lluvias.

A pesar de que la mayor parte de los habitantes de las ciudades están expuestos a esta serie de peligros, son los más pobres quienes se llevan la peor parte, ya que generalmente viven en casas más precarias y desprotegidas. Según un informe de ONU-Habitat de 2012, alrededor de 111 millones de latinoamericanos viven en barrios marginales.

Para paliar los riesgos que acechan a este amplio grupo de personas, varios países de la región están desarrollando proyectos para reforzar la seguridad en las zonas con habitantes vulnerables. La iniciativa CAPRA, por ejemplo, intenta mejorar a las formas de evaluar las amenazas climáticas en Colombia, Perú, Chile y países centroamericanos y del Caribe.

También el Centro de Innovación Climática del Caribe está ayudando a que países pequeños de la región estén mejor preparados para afrontar los efectos del cambio climático, a través de la creación de empresas sustentables.

De todas formas, los expertos coinciden en que aún hace falta una planificación urbana que integre a todos los sectores para hacer de las ciudades latinoamericanas lugares más seguros.

 “Muchas ciudades de América Latina sufren los peores casos de congestión vehicular del mundo. Los problemas de agua y saneamiento han sido un gran problema en los tugurios. Más aún, el cambio climático aumentará los problemas de acceso al agua en la región”, afirma Xiaomei Tan, experta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés).

Estudios del Banco Mundial hablan de que territorios propensos a las sequías, especialmente en ciudades de Chile, México, Guatemala y El Salvador, serán aún más secos. De la misma manera, zonas con riesgo a inundaciones, como Argentina, Perú y Uruguay, deberán afrontar lluvias más intensas.

De una mejor planificación de las ciudades latinoamericanas dependerá que estas proyecciones tan poco alentadoras no se cumplan, y permanezcan solo como malos presagios.
El País

mayo 20, 2014

LA MISERIA DE LOS POBRETÓLOGOS

En las últimas semanas hemos observado un debate entre políticos y expertos sobre las últimas cifras de pobreza que ha publicado el INEI y que supuestamente nos colocarían en el mejor de los mundos. Para tanto ha dado el asunto que hasta un ex presidente nos ha dicho que ahora lo están haciendo bien pero que él antes lo hizo mejor.
Esta feria de vanidades se basa, sin embargo, en una falacia: a mayor crecimiento, menor pobreza y más bienestar de la población. Sostengo que eso es falso.

Primero, sobre el método para medir la pobreza. El INEI aplica el método de la pobreza monetaria; es decir, todo aquel que gana más de 292 soles al mes no es pobre, una cantidad sensiblemente retrasada frente a la realidad actual. Eso les da el 23% de pobres que actualmente tendríamos en el país, muy distante ciertamente del 54% que teníamos una década atrás. Pero basta con salir a la calle en cualquier ciudad del Perú para darse cuenta que mucho más de una cuarta parte de la población se encuentra en situación de pobreza. Además, no hay que olvidarnos que cuando García asumió como Presidente el 2006 despidió al jefe del INEI, empezó una persecución judicial contra el mismo y la siguiente jefatura de ese instituto cambió la forma de calcular a los pobres. ¿No habrá tenido eso que ver con la brusca baja del porcentaje de pobreza durante su gobierno?

Segundo, existe otro método para calcular la pobreza que es el de las necesidades básicas insatisfechas, según la mayor parte de los expertos más cercano a la realidad que el anterior. Por este método para el 2013 la pobreza está en el 36% y no en 23%, 13 puntos más que la medida del INEI. Pero claro, la exactitud socio-económica está gravemente reñida con las necesidades de la propaganda política.

Sin embargo, más allá de los métodos, ¿mide el porcentaje de pobres el bienestar de la población? El Banco Mundial (BM), inventor de la falacia, dice que sí, pero la mayor parte de las ciencias sociales que se ocupan del tema señalan lo contrario. La pobreza para el BM no es una categoría relacional sino aislada, no forma parte de una estructura donde hay agrupamientos sociales, llámense estos estamentos o clases. Es simplemente un grupo con carencias que hay que reducir. Pero lo que nos indica la academia es algo distinto, las carencias existen por la ubicación de los individuos en un sistema no por su condición aislada. El bienestar, por lo tanto, está en relación directa al mejoramiento relativo de su posición en el sistema social; es decir, no sólo por lo que ellos tienen (o no tienen) sino también por lo que tienen otros.

Por ello, se considera a la desigualdad social como la categoría que nos permite acercarnos con mayor exactitud a medir el bienestar. Sin embargo, en este punto, nos hallamos en una situación deplorable. Si tomamos el índice gini ­-medida de la desigualdad- en su versión corregida, tenemos un gini aproximado de 0.6. Uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina. Esto no es una sorpresa si tomamos la cantidad de trabajo informal, cercano al 70% de la PEA y el escaso trabajo decente, que llega solo al 12% de la PEA. Una década de crecimiento con un promedio cercano al 7% que produce esta desigualdad, poquísimo empleo decente y enorme informalidad ¿puede ser calificado de bienestar? Ciertamente que no.

La razón fundamental para que la disminución de la pobreza no pueda ser calificada como bienestar es que esta no produce por si sola integración social. La integración social la produce la multiplicación del trabajo con derechos. El ejemplo más claro de esto es la actual ola de violencia criminal en la costa norte del Perú. Ya aparecieron los expertos que dicen que el crecimiento suele traer este tipo de crimen siempre. No señores, no siempre. El crecimiento asociado al capitalismo salvaje es el que más promueve la violencia criminal, justamente porque no brinda ninguna estabilidad en el empleo.

Por ello decimos que a mayor crecimiento y menor pobreza no hay necesariamente mayor bienestar, porque no se multiplica el trabajo decente ni se erosiona la desigualdad. Para que tengamos mayor bienestar hay que multiplicar el trabajo con derechos y de esa forma bajar nuestro índice de desigualdad, que no solo afecta la economía sino también la representación política. Recordemos lo que nos dijo el Presidente Lula cuando estuvo hace unos meses de visita en nuestro país: la gran política social de sus ocho años de gobierno fue crear 20 millones de puestos de trabajo decente, logro incomparable en la historia de Brasil y ejemplo para América Latina.
Otra Mirada

mayo 19, 2014

AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ EN AMÉRICA LATINA

El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC*) presentó un nuevo informe sobre violencia contra la niñez en 18 países de la región, que si bien reconoce importantes avances en esta materia, identifica importantes desafíos pendientes para acabar con todos los tipos de violencia de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes.

En la presentación del reporte, realizada hoy durante la reunión anual del MMI-LAC, participó la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Niñez, Marta Santos Pais, varios representantes del Comité de Derechos del Niño y los directores de las principales organizaciones y redes que trabajan por la infancia en la región.

Basado en consultas realizadas a los Gobiernos y la sociedad civil, el informe destaca las acciones que han realizado 18 países de América Latina en seguimiento a las prioridades identificadas globalmente para reducir la violencia hacia los niños en términos de políticas públicas y planes para combatir la violencia contra la niñez, la armonización de marcos normativos para la protección infantil, y la organización para mejorar los sistemas de registro de datos de casos de abuso y maltrato.

Entre los avances concretos, este informe subraya los progresos de los países de la región en adecuar sus legislaciones, así como en la ratificación de convenios internacionales relativos a la lucha contra la violencia hacia la niñez. Igualmente, se destacan las nuevas leyes de combate al ‘bullying’ o acoso escolar en al menos un tercio de los países, y la ratificación del Tercer Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño en Costa Rica y Bolivia que permitirá a su infancia y adolescencia denunciar ante Naciones Unidas posibles violaciones de sus derechos. Por el contrario, se identifica como el mayor desafío para casi todos los países el de mejorar su capacidad de almacenar y registrar los casos de violencia contra la niñez, ya que la falta de datos dificulta conocer los tipos de violencia, quiénes son sus víctimas y dónde se encuentran.

Para Marta Santos Pais, en la región persiste una brecha entre el marco normativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la realidad diaria de millones de niños, que siguen identificando la violencia como una de sus mayores preocupaciones. “La negociación internacional de la futura agenda de desarrollo nos ofrece una oportunidad única de incluir la eliminación de la violencia contra la niñez como un objetivo prioritario de desarrollo sostenible. Esto movilizaría recursos y esfuerzos que resultaría en grandes avances por la niñez”, apuntó Marta Santos Pais.

El Secretario General del MMI-LAC y Director para las Américas de ChildFund International, Paul Bode, destacó que “las niñas y adolescentes son las principales víctimas del abuso sexual en la región, y que los niños y niñas pertenecientes a poblaciones indígenas son los más expuestos a violaciones de sus derechos”. Resaltó también que “la pobreza y pobreza extrema son desafíos pendientes y deben abordarse como causas estructurales para eliminar la violencia contra la niñez”.

El estudio presentado hoy es un importante aporte de trece de las principales organizaciones que trabajan por la infancia en América Latina. El objetivo es motivar a los gobiernos a tomar aún más acciones para erradicar la violencia, así como promover un monitoreo cercano de la sociedad civil para garantizar el derecho de los niños y niñas a estar protegidos en el hogar, la escuela y la comunidad.

Para descargar el informe, la infografía regional y las infografías de los países analizados hacer click en los links:
Informe final: http://bit.ly/1inGHX3
Resumen Ejecutivo: http://bit.ly/1on70lt
Infografías por país: http://bit.ly/SwT6TU
Mapa regional interactivo: http://goo.gl/bdp9am
Fuente: El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC)

mayo 14, 2014

DESCIFRANDO LA POBREZA

En el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se muestra una disminución de la pobreza desde un 25,8% a un 23,9% del total de peruanos. El gobierno presenta esto como una señal de que el Perú sigue su camino al desarrollo y  la inclusión. Sin embargo, hay ciertas dudas que surgen una vez que se analiza el trasfondo de esas cifras.

Hace unos días, el ex presidente Alan García salió a criticar al gobierno alegando que la pobreza en sus primeros años de gobierno se redujo en mayor proporción de lo que se viene haciendo en el de Humala. Además, señala que, a diferencia del marco general, hay 8 regiones que presentaron un aumento de sus niveles de pobreza. Nosotros creemos que incluso estas críticas en aras de un autoensalzamiento son muy simples respecto a la realidad.

Para empezar, el INEI usa una “línea de pobreza” la cual es un monto monetario que le permitirá a una persona adquirir una canasta con insumos básicos para sobrevivir adecuadamente por un mes. El promedio para el país se encuentra en S/.292 mensuales lo que a todas luces es insuficiente para las actividades que una persona requiere hacer. La lucha por aumentar la Remuneración Mínima Vital, la cual actualmente es 2.5 veces mayor que la línea de pobreza, es una clara muestra de que hay problemas de concepción en este estudio.

El economista de la Universidad del Pacífico Enrique Vásquez ha desarrollado recientemente un estudio de la pobreza peruana desde un enfoque multidimensional. Para ello, incluyó en sus mediciones otros indicadores además de la monetaria que usa el INEI. Entre estas se encuentran la capacidad de acceso a la educación y a la salud que tiene la familia, el déficit calórico, y la infraestructura de vivienda básica como acceso a luz, agua y desagüe, etc. Esta es una medida más exacta ya que no basta con que una familia tenga la capacidad de gasto para comprar cosas básicas, pues hay que considerar si además es capaz de acceder y ofrecer una mejor calidad de vida en todo sentido.

Según este estudio, en el año 2012, mientras que el INEI mostraba un nivel de pobreza estimado en 25,8% del total de la población, el enfoque multidimensional mostraba que la pobreza afectaba al 36,6% de los peruanos. Esto demuestra que hay un grupo de pobres equivalente a 3’280,000 de personas aproximadamente que el Estado no consideraba como tales y, por lo tanto, no los incluía en sus planes de reducción de pobreza. Si nos enfocamos en el estudio de la pobreza multidimensional visto líneas arriba, nos daremos cuenta que la pobreza no se redujo de manera adecuada ni considerable tampoco en el gobierno de García pues desde el 2007 al 2011 sólo habría caído en 4,68 puntos porcentuales.

El gobierno dice tener interés en usar este nuevo enfoque de medición de la pobreza pues le permitirá reorientar de manera más eficiente sus políticas sociales y de inversiones para lograr una mayor inclusión dándoles a todos los peruanos las mismas oportunidades. Para ello, sería recomendable que el ministro Castilla empiece a modificar su manejo de la economía, de tal forma que los pobres no sólo tengan lo que les haga falta a manera de ayuda asistencial o subsidios, sino que también puedan ser capaces de ellos mismos salir adelante con empleos donde se aproveche su productividad.
Otra Mirada