COLEGIO SAN JOSÉ SE DETERIORA POR FALTA DE MANTENIMIENTO

La millonaria infraestructura del Colegio Nacional de San José, que le costó al Estado más de 59 millones de soles y que recién el año pasado fue ocupada por la comunidad educativa, presenta signos de evidente deterioro generado por la falta de mantenimiento, situación frente a la que docentes y padres de familia piden apoyo al Gobierno Regional de Lambayeque.

Los más de dos mil metros cuadrados de área construida por la empresa COSAPI, gracias a un convenio suscrito en junio del 2010 con el Ministerio de Educación, convierten al Colegio Nacional de San José en el centro de enseñanza pública más moderno del departamento, pero también en una enorme responsabilidad para quienes lo conducen, debido a que la magnitud de la infraestructura demanda no solo el cuidado estructural, también del mobiliario escolar y las áreas libres.

Justamente estos últimos espacios son los que presentan mayor descuido, pese al denodado esfuerzo que los únicos doce trabajadores de mantenimiento que tiene el plantel realizan.

Tarea complicada
“Necesitamos del apoyo de las autoridades para que nos ayuden a solventar el mantenimiento de esta enorme infraestructura que tenemos, cuyo cuidado no es sencillo, requiere de logística, de recursos y que todos podamos poner el hombro a fin de sacar a adelante a esta institución chiclayana”, refiere el director del plantel, Orlando Alarcón Díaz.

En el colegio existen aproximadamente tres mil metros cuadrados de áreas verdes que no reciben el tratamiento adecuado para su conservación. Lo grave, en este caso, es que existiendo un sistema de riego por aspersión es imposible su uso debido a que la presión en el flujo de agua que recibe el plantel es mínima, lo que afecta también a los servicios higiénicos ubicados en cada pabellón.

“Necesitamos también que el Gobierno Regional pueda ayudarnos a restaurar el viejo auditórium del colegio, ambiente que es un ícono para la institución y que se encuentra en un estado bastante precario”, refiere.

Alarcón Díaz comenta que también está pendiente la culminación del equipamiento con mobiliario educativo y tecnológico por parte del ministerio. “Hemos hecho varias gestiones y cursado documentos al Ministerio de Educación para que se concluya con el equipamiento, pero hasta ahora no recibimos respuesta”, comenta.

Falta de seguridad
La Sub Directora Administrativa, Justina Lisboa Zumarán, refiere que los doce trabajadores administrativos que tiene el colegio deben atender las necesidades de los tres turnos de enseñanza que se brindan en el San José (mañana, tarde y noche).

“No contamos con personal para guardianía ni portería, no tenemos personal para mantenimiento de jardines y esto ha originado que las extensas áreas libres del colegio se estén deteriorando. Nos urge contar con más recursos humanos para servicios”, asevera.

El colegio cuenta con ocho pabellones de aulas, áreas administravias, losas deportivas, un auditórium con capacidad para 800 personas, un coliseo, un estadio, una piscina, talleres, aulas multifuncionales, biblioteca y laboratorios.

“Requerimos un promedio de 60 trabajadores de servicio a fin de cubrir las necesidades del colegio y por ello pedimos el apoyo del Gobierno Regional”, señala.

Obras pendientes
Otros aspectos por resolver en el ‘Coloso del Norte’ son los referidos al techado del estrado del patio principal, labor que la constructora dejó inconclusa; el equipamiento de los talleres; la habilitación del aire acondicionado en el auditorio; la habilitación del Aula de Innovación Pedagógica – AIP para el nivel primario; el pintado de pabellones y la entrega oficial de la obra, construida en tres etapas, de parte de la Oficina de Infraestructura Educativa – OINFES del Ministerio de Educación al plantel.

“Como padres de familia estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para, de manera conjunta con la plana directiva del colegio, solucionar poco a poco las carencias y limitaciones que actualmente se tienen en el San José. Nuestros hijos si bien gozan de una infraestructura moderna y amplia, merecen estar en ambientes limpios, ordenados y seguros, por lo que se hace imperiosa la necesidad de cubrir la ausencia de personal de mantenimiento, que es lo que en estos momentos más nos preocupa”, indica Doris Puémape Escajadillo, presidenta de la Asociación de Padres de Familia – APAFA, reconocida recientemente de manera oficial por la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo.

+NOTICIAS
• Este año, aproximadamente cuatro mil 500 estudiantes de Primaria y Secundaria volverán a las aulas sanjosefinas.
Semanario Expresión

CORRUPCIÓN: GRAVE FLAGELO NACIONAL

Después de la inseguridad ciudadana, la corrupción genera total rechazo de la población, por tal motivo el presidente Ollanta Humala cierra el 2013 con la mayor desaprobación (61%) desde que inició su gobierno. Este flagelo, que afecta seriamente a la mayoría de instituciones públicas, nos trunca el desarrollo y afecta gravemente la gobernabilidad e institucionalidad y la legitimidad democrática.

Desde su Plan de Gobierno 2011-2016, la actual gestión levantó banderas de cruzada nacional, como política de Estado permanente y lucha sin cuartel contra mafias y grupos de poder, ofreciendo implementar la imprescriptibilidad e inhabilitación a perpetuidad para función pública y pena efectiva para condenas desde 2 años, pero ninguno de estos ofrecimientos ha sido cumplido.

El 4 de enero 2012, el gobierno creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), pero es la quinta Comisión similar desde el gobierno de Transición (hace 13 años), sin grandes logros que exhibir. En diciembre 2012 se aprobó el “Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016” (PNA), pero sus avances se desconocen (su página web señala: “Página en construcción”). En abril pasado publicaron la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo con 20 acciones para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, pero la mayoría requiere largos plazos de accionamiento.
 
El Congreso –que increíblemente no permite fiscalización de Contraloría– no aprueba imprescindibles leyes anticorrupción: Muerte Civil contra deudores al Estado; Imprescriptibilidad o aumento del tiempo de prescripción (debatiéndose hace 13 años; actualmente hay 20,000 casos, muchos a punto de prescribir); Inhabilitación permanente para la administración pública; Prisión efectiva para funcionarios, etc.

Bajo este panorama es muy grave la corrupción que nos azota:

1) El Ministerio Público investiga 7,000 casos de autoridades y ex funcionarios;
2) Por falta de presupuesto la Contraloría solo controla 280 de 3,300 instituciones del Estado;
3) La impunidad es impresionante, de 272 casos con sentencias condenatorias presentados por Contraloría, el Poder Judicial ha impuesto condena efectiva solo a 10, y 262 únicamente condicional;
4) Los sentenciados por corrupción solo han pagado por reparación civil S/. 12 millones (0.6%) de un total de S/. 2,000 millones;
5) Es indignante que según última encuesta de Ipsos, 73% de ciudadanos estaría dispuesto a coimear para agilizar trámites públicos, y según Proética, 58% no sabe dónde hacer denuncias, y el 86% considera que los resultados de denuncias son poco o nada efectivos.
Planteamientos

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PREOCUPADO POR LEY SOBRE USO DE ARMAS

“El Estado peruano tiene la obligación de prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de sus fuerzas de orden y seguridad”, recordó el jueves 16 Amérigo Incalcaterra, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Tal declaración se efectuó ante la reciente promulgación de la Ley 30151, que modifica el Código Penal peruano y establece la inimputabilidad penal del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muertes”.

Citando a varios mecanismos de derechos humanosde las Naciones Unidas –tales como el Comité de Derechos Humanos – Incalcaterra mencionó que el Estado peruano tiene la obligación de adecuar su legislación a los estándares internacionales en relación al empleo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“La modificación del inciso 11 del artículo 20 delCódigo Penal se aparta de los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó Incalcaterra, “que exigen que todo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad respeten los principios de necesidad y proporcionalidad con el daño que se pretende evitar”.

El Representante de la Alta Comisionada ONU paralos Derechos Humanos señaló la importancia de que los alcances del uso de la fuerza se encuentren claramente estipulados a nivel nacional. “Una estricta reglamentación en materia de uso de armas de fuego es fundamental paragarantizar y proteger las actuaciones de las fuerzas del orden, pero principalmente para garantizar y proteger el goce de los derechos de las personas”, afirmó.

Incalcaterra expresó también que “esta enmienda podría dejar en la impunidad a violaciones de derechos humanos”, a lo que añadió que “toda denuncia de uso excesivo de la fuerza debe ser investigada de manera efectiva, pronta e imparcial”.

Asimismo, ofreció el apoyo técnico para asegurar la adecuación legislativa mencionada, así como para asesorar en la implementación de protocolos de actuación y en la formación de las fuerzas de orden.
Finalmente, el Representante sostuvo que “preocupan varias iniciativas legislativas en la región, que en nombre de la seguridad ciudadana puedan coartar derechos tan fundamentales como la vida y laintegridad física, y tener un efecto disuasorio del ejercicio legítimo de la protesta social”.
Servindi

ALIANZA DEL PACÍFICO: INTEGRACIÓN O DEPENDENCIA?

El tablero político de América Latina se sacudió estos últimos años con la aparición de la Alianza del Pacífico, bloque regional constituido por México, Colombia, Perú y Chile. No es casual: se trata de cuatro países que tienen Tratados de Libre Comercio con EE.UU., y cuyos últimos gobiernos han sido mayormente conservadores: Peña Nieto en México, Santos en Colombia, Humala en Perú y Piñera en Chile. ¿Cuáles son sus principios organizativos? ¿Qué tipo de integración buscan estos países?

A través de la “Declaración de Lima”, primer documento del bloque, los países miembros señalan la necesidad de “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes de servicios, capitales y personas”. Esta idea de integración llevó a que el bloque forme el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), entre cuyas funciones está elevar a los respectivos gobiernos “recomendaciones y sugerencias para la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económica-comercial entre nuestros países”.

¿Cuál es la visión que hay tras esto? La noción de que la integración entre los países sólo debe ser comercial, económica, y financiera, sin tener implicancias de unión en lo político, lo social, lo cultural. Esto es, sin lugar a dudas, una falacia, ya que detrás de toda acción –o inacción- en lo económico hay política. Hasta el neoliberalismo más ortodoxo de los ´90 se amparó en una política bien definida: la “reforma” del Estado en busca de su achicamiento, con el consiguiente desmantelamiento del aparato productivo, entre otros efectos.

Ahora bien, y relacionado con esto mismo, la creación de la Alianza del Pacífico ha tenido rápidas repercusiones en los organismos multilaterales de crédito. Uno de sus máximos exponentes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entregó “apoyo técnico a los gobiernos y representantes empresariales”, tal como figura en su página web. Vale recordar que EE.UU. cuenta con más del 30% del paquete accionario del BID, siendo fundador del mismo y garantizando su funcionamiento mediante su sede en Washington. El país que gobierna Barack Obama, además, es miembro observador de la Alianza del Pacífico, lo que cierra un círculo de intereses en común entre ambos.

LAS CRÍTICAS A LA INTEGRACIÓN PROPUESTA POR LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Numerosos políticos e intelectuales han realizado críticas a la conformación de la Alianza del Pacífico, con similares perspectivas: la denuncia a un intento de “paralización” de la integración regional –y su subordinación a Washington- como los principales motivos para oponerse a este bloque emergente.

Para el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, esta alianza de países “parece estar puesta para bloquear esta mirada hermanada del continente”, al haber nacido “muy fuertemente vinculada a los intereses de EE.UU” tal como declaró en diciembre pasado en España. Tras ello, explicó su visión sobre la integración, al decir que “somos un continente, somos hermanos de historia. Nos necesitamos mutuamente. Los mejores resultados para nuestros países van a venir si nos fusionamos en un gran horizonte compartido”.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa fue más enfático: señaló la existencia de una “reconstitución” de la derecha en el continente, expresada en cierta forma por estos países, al no proponerse “crear una gran sociedad con ciudadanos de la región; sino crear un gran mercado, crear consumidores”.

EL DILEMA INTEGRACIONISTA: ¿SUBORDINACIÓN O AUTONOMÍA?
Los próximos 30 días de América Latina y el Caribe serán importantes en lo relativo a la integración regional: en La Habana, Cuba, se realizará la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-, el 28 y 29 de enero; y, a su vez, el 31 de este mismo mes, en Caracas, Venezuela, tendrá lugar la XLVI Cumbre Presidencial del Mercosur. Sin intentar perder iniciativa, y mostrando su dinamismo, los presidentes de la Alianza del Pacífico planifican una reunión en Cartagena de Indias, Colombia, para el 10 de febrero. Como se ve, las frías agendas diplomáticas guardan también una disputa central sobre las relaciones que deben darse, entre sí, los países de nuestro continente.

Para finalizar, son necesarias algunas preguntas de cara al futuro cercano de nuestro continente: ¿Puede un bloque que, en teoría, busca la integración de los países de América Latina y el Caribe, actuar subordinado a los intereses de los organismos multilaterales de crédito como el BID? ¿Cuál son las motivaciones ideológicas de estos países para no integrar mecanismos de integración económica, política y social ya existentes, como CELAC, Unasur, Mercosur o ALBA? ¿Hasta dónde llegará este intento de intentar paralizar –y paralelizar- las herramientas de integración autónomas que, durante estas últimas décadas, se han dado nuestros pueblos o gobiernos?

El 2014 que acaba de comenzar podrá brindarnos algunas respuestas a estos interrogantes, a la luz de las próximas cumbres presidenciales, cuyos acuerdos nos darán mayores elementos para comprender los años venideros en la integración de nuestro continente.
Juan Manuel Karg

LA DESIGUALDAD EN LAS CIUDADES PERUANAS

“Se debe terminar con las desigualdades económicas y sociales que nos amenazan... Incrementaré los impuestos a los ricos… Lucharé contra la injusticia... Enfrentaré la crisis de inequidad que vivimos…”

Quien realizó todos estos anuncios no era un político chavista latinoamericano, sino el nuevo Alcalde de Nueva York, Bill De Blassio, en su discurso al asumir el cargo el pasado 1° de enero. De Blassio, que fue elegido por el 73% de los votos, ha insistido repetidas veces que en Nueva York coexisten “dos ciudades”, una elitista (donde el 1% la pasa muy bien) y otra llena de necesidades.

Horas antes, en El Vaticano, durante la tradicional Misa de Acción de Gracias de fin de año el Papa Francisco denunció que muchos de los antiguos habitantes de Roma se contentan con tener una ciudad llena de monumentos para “tarjeta postal” (en su mayoría gracias a los Papas anteriores) y se olvidan de las necesidades cotidianas de todos los refugiados y migrantes que viven en la misma ciudad.

Mientras en otros países se escuchan estas denuncias contra la desigualdad urbana, en las ciudades peruanas parecemos acostumbrados a una desigualdad tan o más intensa que la existente en Roma o Nueva York. De hecho, cualquier líder político o dirigente social que empleara las expresiones del Papa o de De Blassio sería acusado en el Perú de fomentar el resentimiento y el conflicto social.

Este pacto de no hablar sobre lo que todos vemos está muy extendido en una ciudad como Lima, donde es lacerante la desigualdad. Es verdad que muchas familias de Comas, San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador actualmente pueden ser consideradas de clase media, pero no deja de ser chocante revisar los indicadores de cuántas personas no tienen acceso al agua potable, servicios adecuados de salud o una vivienda digna. Ahora, además, la desigualdad se puede apreciar de manera panorámica desde las alturas del Tren Eléctrico: se ve a Las Casuarinas y Pamplona en el mismo cerro, pero separadas por varios muros y una extensa de “zona de amortiguamiento” que impide el contacto. Allí, la metáfora de De Blassio sobre las “dos ciudades” se hace claramente visible.

Aún en distritos acomodados se aprecia la desigualdad, como en las urbanizaciones de La Molina o Surco donde no existen veredas y las trabajadoras del hogar, los jardineros o cualquier otro visitante arriesgan sus vidas, sin que esto preocupe mucho a las Municipalidades de esos lugares. Tampoco les molesta a los funcionarios municipales autorizar la construcción de nuevas viviendas donde se confina a la trabajadora del hogar a una habitación minúscula.

En realidad, las desigualdades de carácter social se reflejan y refuerzan desde la misma división de la ciudad en distritos, que origina que los recursos de los barrios más ricos se queden en ellas. “Sería absurdo que los impuestos que paga la gente de Leblón se gastaran allí”, me decían unos amigos de Río de Janeiro. En Lima ese absurdo es normal. De esta manera, en algunos distritos sobra tanto dinero que se gasta en para iluminar árboles (con reflectores encendidos hasta de madrugada). La división en distritos fragmenta la identidad como limeños y genera inclusive sentimientos de feudos, como los conflictos entre Magdalena y San Isidro por el control de una zona adinerada o la reciente “toma de posesión” de Surco de una parte de Chorrillos, cuyos habitantes sienten poco en común con el resto de su distrito.

Una de las peores consecuencias de la desigualdad urbana es que se convierte en caldo de cultivo para la delincuencia. Sucede así en Centroamérica, Brasil y Venezuela, pero también en las prósperas ciudades del norte del Perú, donde la violencia parece incrementarse de la mano con los nuevos centros comerciales. De hecho, el crecimiento económico, cuando sólo favorece a un sector de la población, puede incrementar la desigualdad. Otra consecuencia más extendida (al punto que muchos la consideran natural) es la desconfianza que unos peruanos sienten hacia otros por su color de piel, su apellido y, especialmente, el lugar donde viven.
La Mula.pe

En ese contexto, me ha conmovido saber que en la última noche del 2013, 400 voluntarios prepararon y repartieron alimentos a gente que vive en la calle… en Buenos Aires. En Lima, solamente los gatos del parque Kennedy reciben una atención similar. Es más, algunas personas sostienen que prefieren apoyar así a los animales, habiendo mucha gente pobre, porque los pobres, aún los niños, podían ser malos y los animales no.

En las próximas semanas, se celebrará un nuevo aniversario de nuestra ciudad con ceremonias protocolares, y una gran verbena, la última de la gestión de Susana Villarán. Lo importante sería aprovechar cada aniversario para saber qué se hace por reducir la desigualdad. El primer paso debería ser reconocer que existe e indignarse por ello.